Sentencia 8956 de septiembre 4 de 1998 

CONSEJO DE ESTASDO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 8956

Consejero Ponente:

Doctor Delio Gómez Leyva

Actor: Luz Mary Charry Rodríguez C.

Impuestos nacionales (renta)

Santafé de Bogotá, D.C., cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Fallo

(...).

Consideraciones de la sección:

La Sala debe resolver en primer lugar lo atinente a las excepciones propuestas por la parte demandada, hoy apelante, consistentes en la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida designación de la parte demandada, y por falta de agotamiento de la vía gubernativa, atinente a hechos nuevos no discutidos en sede administrada.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo es requisito de la demanda “La designación de las partes y de sus representantes” requisito que para la demandada no cumple la demanda en cuanto a la designación de la parte demandada y su representante, ya que no menciona a la Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos Nacionales sino a la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Sobre el particular, la Sala estima que no le asiste la razón a la excepcionante, pues si bien es cierto que la demanda incurrió en una designación inapropiada de la parte demandada al señalar como parte demandada a La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando la correcta es la Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, también lo es que, igualmente, y con el mismo propósito a continuación indicó como tal a “... las autoridades de impuestos y aduanas nacionales cuya representación corresponde al señor director de impuestos nacionales o a quien él delegue”.

De este modo, como lo entendió el tribunal y la procuradora séptima delegada no es válido argumentar que se incumplió con el requisito consagrado en el numeral 1º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, máxime cuando como ocurrió en el presente caso, el mencionado lapsus no fue óbice para que el tribunal de instancia notificara a la administración de impuestos correspondiente la demanda y ésta a su vez se hiciera parte en el proceso, contestara la demanda exponiendo las razones de su defensa, lo cual desvirtúa la excepción propuesta en la medida en que no existió violación alguna al derecho de defensa de la entidad demandada, esto es, la Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por tanto, la excepción no está llamada a prosperar.

Ahora bien, en cuanto a la excepción por la alegada “falta de agotamiento de la vía gubernativa” por el planteamiento de hechos nuevos no discutidos en la vía gubernativa, la Sala estima, de una parte, que la sentencia apelada no ha vulnerado el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo como lo señala el apelante, pues contrario a lo que éste pretende hacer ver, el a quo, atendiendo al hecho de que el cargo atinente a la sanción por inexactitud fue aceptado, estimó innecesario avocar el conocimiento de dicho tema.

De otra parte, para la Sala es claro, que el cuestionamiento expuesto por el demandante en lo referente al valor de la sanción por inexactitud, no constituye un punto nuevo no discutido en sede administrativa, sino un mejor argumento, pues como se evidencia de los antecedentes administrativos, con oportunidad del recurso de reconsideración la actora objetó la sanción por inexactitud, luego no cabe duda que existe identidad en la pretensión tendiente a enervar la actuación en lo referente a la sanción por inexactitud.

Por ende, la decisión del tribunal en cuanto declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada deberá ser confirmada.

En lo referente al cargo de violación del artículo 647 del estatuto tributario contra la sanción por inexactitud, el cual acogió el a quo, e impugnó el apoderado judicial de la parte demandada hoy apelante, la Sala, se pronuncia en los siguientes términos:

Se advierte, que en el presente caso, la sanción por inexactitud se originó en la aplicación que del costo presunto efectuó la administración de impuestos nacionales de Medellín al cuestionar los costos y deducciones solicitados por la contribuyente los cuales no fueron debidamente demostrados por ésta, razón por la cual la diferencia entre el costo presunto y los solicitados fueron rechazados y considerados como “inexistentes”, y en consecuencia objeto de la mencionada sanción.

Al respecto la Sala observa que si bien en las sentencias que menciona la apoderada judicial de la parte demandada con oportunidad de los alegatos de conclusión, la sección confirmó la sanción por inexactitud que aplicó la administración sobre el valor de los costos declarados y no aceptados como consecuencia de la falta de comprobación de los mismos por la actora y la necesidad de aplicar costos presuntos, tal criterio ha sido reevaluado, habiéndose retomado la tesis inicialmente expuesta en la sentencia del 16 de marzo de 1990, que citó el demandante y que acogió el tribunal, según la cual “El incumplimiento de requisitos o falta de pruebas que el contribuyente deba cumplir o aportar podrá ocasionar el desconocimiento de los factores a que se refieren, pero en ningún caso dará lugar a la sanción por inexactitud.

En efecto, en la sentencia del 27 de junio de 1996 (Exp. 7656, M.P. Consuelo Sarria O.) reiterada en posteriores pronunciamientos, entre otros, en la sentencia de diciembre 13 de 1996 (Exp. 8031, M.P. Delio Gómez Leyva), la sección expresó:

“... cuando el motivo de la desestimación de determinados derechos o beneficios de orden fiscal, como costos, deducciones, descuentos o pasivos, obedece a la falta de prueba, contable o no, o al incumplimiento de requisitos formales, esto no implica necesariamente que el respectivo ítem fuera inexistente o falso o que proviniera de operaciones simuladas y que, se hubieran utilizado en la declaración tributaria “datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados” según la expresión del primer inciso del artículo 647, y, por consiguiente, que aunque resulten procedentes el rechazo del aludido ítem y la aplicación de multas por falta de información tributaria o por informalidades contables, no procede inexorablemente la sanción por inexactitud, a menos que, para el caso específico se establezca la inexistencia, falsedad o simulación, quedando así desvirtuada la presunción de veracidad de la declaración tributaria (Cfr., entre otras, las siguientes sentencias de la Sala: Sent., mar. 16/90, Exp. 1983, C.P. Jaime Abella Zárate; Sent., sep. 21/90, Exp. 2574, C.P. Jaime Abella Zárate; Sent., mar. 15/91, Exp. 2986, C.P., Jaime Abella Zárate; Sent., abr. 19/91, Exp. 3217, C.P., Guillermo Chahín Lizcano; Sent., jun. 24/92, Exp. 4068, C.P., Consuelo Sarria y Sent., mayo 27/94, Exp. 4797, C.P., Jaime Abella Zárate).

Si bien en las sentencias del 14 de octubre de 1994, expediente 5756, actor Julio César Posada Gómez; del 8 de marzo de 1996. expediente 7545, actor José Luis Wiesner González; del 8 de marzo de 1996, expediente 7503, actor Gustavo Adolfo Botero Isaza y del 7 de junio de 1996, expediente 7667, actor Julia Wiesner González, algunas invocadas por la recurrente, se mantuvo la sanción por inexactitud sobre el valor de los costos declarados y no aceptados, como consecuencia de la falta de comprobación de los mismos por la parte actora y la necesidad de aplicar costos presuntos, tal interpretación no implica que proceda la aplicación de la sanción por inexactitud siempre que la administración exija la prueba específica de los costos y el contribuyente no la presente o establezca, ni que pueda ésta, imponer sanción por inexactitud cuando se inadmita, por cualquier causa, un costo o deducción. Será necesario en cada caso, luego del análisis probatorio establecer si hay o no verdadera inexistencia de los costos rechazados.

De esta manera precisa la Sala el alcance de la jurisprudencia contenida en los fallos anotados, pues legalmente, para que proceda la sanción por inexactitud, se requiere que se den las circunstancias previstas en forma taxativa por la ley, sin que pueda la administración, por vía de interpretación, extenderla a hechos no previstos en ella, como son los rechazos de costos o deducciones, que siendo reales no son aceptables en las cuantías solicitadas por disposición legal, o con incumplimiento de los requisitos formales o por defecto en su comprobación, evento este que se da en el caso de autos.

En cuanto a la estimación de costos o su determinación presuntiva, en los términos del artículo 82 del estatuto tributario, cabe resaltar que la sustitución oficial del costo real por el estimado o presunto, no altera significativamente los elementos fundamentales de la tesis expuesta, toda vez que, por sí, la estimación o presunción no demuestra la inexistencia material, falsedad o simulación del costo real, como bien lo apunta el Ministerio Público, de suerte que cuando el inciso final de la citada disposición, dice que el procedimiento estimatorio o presuntivo en cuestión, opera “sin perjuicio de las sanciones que se impongan por inexactitud de la declaración de renta o por no llevar (se) debidamente los libros de contabilidad, es de entender que la procedencia de tales sanciones no deriva del solo hecho de la estimación o presunción oficial, sino que debe ser consecuencia inmediata del establecimiento claro de la inexistencia material, la falsedad o la simulación del costo real”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que en el sub lite, fue correcta la decisión del tribunal, dado que la sanción por inexactitud se originó en el rechazo de los costos y deducciones, y éste a su vez, en defecto de comprobación, habida cuenta que, aunque la contribuyente presentó los soportes contables para demostrar tales costos, los mismos no fueron aceptados en razón a que la inscripción de los libros de contabilidad era posterior a la realización de las operaciones, evento en el cual podría configurarse sanción por irregularidades en la contabilidad, pero no por inexactitud como lo estimó la administración.

Así las cosas, la sentencia del tribunal en cuanto declaró la nulidad en lo relativo a la sanción por inexactitud es igualmente acertada, razón por la cual debe ser confirmada en su integridad.

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