JUZGAMIENTO DISCIPLINARIO Y PENAL

POR LOS MISMOS HECHOS

EXTRACTOS: «El primer planteamiento defensivo que para este momento procesal suscita el representante judicial del acusado se inclina a conseguir la invalidación de lo actuado, pues a su juicio, el hecho de haber estado sometido el doctor S... a un proceso disciplinario generado en los mismos hechos que obligaron esta actuación penal, inhibe la posibilidad de un segundo juzgamiento, dado que de culminarlo se le estaría vulnerando su derecho constitucional a no ser juzgado ni condenado dos veces por el mismo hecho (non bis in ídem).

La tesis, para la cual procura apoyo la defensa en los antecedentes del artículo 29 constitucional tomados de los trabajos de debates de la Asamblea Nacional Constituyente, fue debidamente analizada dentro de la ponencia original llevada a la Sala por el Honorable Magistrado Sustanciador doctor Saavedra Rojas, y como en su respuesta se coincidió por unanimidad, nada tiene que añadirse ahora como parecer complementario.

Estas son, entonces, las razones en que la Corporación funda su afirmación de validez y legalidad de lo actuado, como la necesidad del fallo que motiva:

Es evidente que el nuevo texto constitucional en la parte final del penúltimo inciso del art. 29 dispone el derecho ciudadano “a no ser juzgados dos veces por el mismo hecho”. Argumenta la defensa, se reitera, que al haber sido juzgado disciplinariamente el procesado no puede ser ahora objeto de juzgamiento penal.

Ya la Sala antes y después de la vigencia de la nueva Constitución se había pronunciado al respecto y es así como con ponencia del Dr. Gómez Velásquez, dijo el 22 de mayo de 1990:

“Sabido es que la acción disciplinaria y penal no se excluyen y pueden adelantarse en forma autónoma. Esto lo dice la propia ley, y no significa que unos mismos hechos, pueden tener trascendencia penal y disciplinaria; tenerla sólo disciplinaria o únicamente penal. Así las cosas el juicio de valor que se emita para tener una conducta como atentatoria del régimen disciplinario, no es idéntico al que ha de vertirse cuando se trata de determinar si ese mismo comportamiento vulnera o no el estatuto penal. Aquí las opiniones se mueven sobre materia diferente, que está reglada por parámetros diversos. Y mal puede entonces ser idénticos los fundamentos jurídicos de una y otra decisión”.

El 4 de marzo de 1991 con ponencia del Magistrado que ahora ejerce la misma función, la Sala dijo:

“Nadie discute que la acción disciplinaria y la penal se pueden ejercer paralelamente, pues así lo dispone la propia ley y es por ello que con mucha frecuencia un mismo hecho es origen tanto de un proceso penal como de uno disciplinario; pero la aceptación de tales premisas no pueden llevarnos a aprobar que los juicios valorativos que haga el juzgador respecto de uno de ellos, sean diversos de los que deba realizar sobre los mismos hechos en el otro, porque a pesar de que la naturaleza de las infracciones y de cada uno de los procesos es diferente, los hechos originarios de las distintas acciones, son los mismos, y a pesar de lo afirmado con anterioridad, la verdad es que con menos exigencias que con la infracción penal, la falta disciplinaria igualmente requiere de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad y es prácticamente imposible que cuando se haya realizado la valoración penal de unos hechos para concluir en la existencia de un prevaricato por omisión, por ejemplo, posteriormente el mismo juzgador enfrentado a los mismos hechos pudiera hacer abstracción de tales elucubraciones y pudiera hacer una nueva valoración sin que tuvieran influencia sobre su intelección las que en sentido similar realizó con anterioridad. Habrá que reconocer que resulta difícil, por no decir imposible, que en el ejemplo colocado a manera de hipótesis, después de haber condenado por prevaricato por omisión, se pudiera absolver por mora en el proceso disciplinario.

Se acepta en principio la diferente naturaleza de las infracciones penales y disciplinarias, pero al mismo tiempo obliga reconocer su inmensa similitud, pues ambas deben estar precedidas de requisitos de legalidad, y consecuencialmente del de tipicidad; en las dos igualmente debe estar demostrada la antijuridicidad, esto es, la vulneración del bien jurídico protegido que es la administración pública afectada por la ineficiencia de la administración de justicia y, por último, ambas deben ser conductas culpables, como de manera reiterada lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia ...”.

Y más recientemente el 4 de diciembre de 1991 con ponencia del magistrado que funge como tal en esta oportunidad, la Sala reiteró:

“No comparte la Sala el criterio del recurrente, en cuanto a que expresa que por haber sido procesado y absuelto disciplinariamente por la Procuraduría por los mismos hechos, no puede ser objeto de un nuevo juzgamiento, porque si bien el principio del non bis in ídem, ha sido desde antiguo reconocido por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, también lo es que el mismo se ha predicado de la imposibilidad de ser juzgado penalmente dos veces por los mismos hechos y así expresamente se estableció en el art. 71 del Decreto 196 de 1971 al disponer:

“Si los hechos materia del proceso disciplinario fueren además constitutivos de delito perseguible de oficio, se ordenará ponerlos en conocimiento del juez competente acompañándole copia auténtica de lo necesario. La existencia de un proceso penal sobre los mismos hechos, no dará lugar a suspensión de la actuación disciplinaria”.

Y es por ello también que la jurisprudencia de nuestras corporaciones judiciales reiteradamente se ha referido a ello. Es importante recordar algunas de dichas manifestaciones. Es así como el Tribunal Disciplinario en sentencia del 8 de junio de 1982, dijo:

“En razón a que se ha insinuado un doble juzgamiento del doctor ..., que violaría el principio non bis in ídem, es necesario advertir que las acciones penal y disciplinaria son perfectamente compatibles, por expresa disposición del artículo 71 del Decreto 196 de 1971, máxime en este caso cuando el artículo 6º ibídem, exige como primer requisito para su aplicación la existencia de un fallo penal por el mismo hecho, y el examen de la modalidad y circunstancias de este es precisamente uno de los motivos del trámite disciplinario”.

La Corte Suprema de Justicia por su parte, en el tema ha sostenido:

“El reparo por non bis in ídem ha debido no ser involucrado en este cargo, sino formularse independientemente, ya que tiene soporte diferente a la falta de tipificación. Por lo demás, es evidente que, por los mismos hechos, procedían las acciones disciplinaria y penal. Dice al respecto el artículo 115 del reglamento de régimen disciplinario para las Fuerzas Militares: “Si se hubiere sancionado disciplinariamente un hecho del cual podría derivarse la comisión de un delito, se ordenará la acción penal correspondiente”.

“Dicha disposición es muy clara y no deja campo a la incertidumbre ni a una interpretación opuesta o diversa. Por otro lado, esa dualidad de procedimientos, común al resto de normatividades estatales, se explica sustancialmente porque el derecho penal propiamente dicho, y el derecho disciplinario tiene distinto origen, y consecuentemente, persiguen también fines distintos: mientras el primero se ejerce sobre todos los habitantes del territorio nacional con miras a hacer posible la convivencia, previendo y/o reprimiendo graves daños al conglomerado, el radio de aplicación del segundo está restringido a las personas que tengan relación con dependencias con el Estado, y tiende, por tanto, a mantener la buena marcha de los servicios públicos; de ahí que a las penas disciplinarias también se las conozca como “penas de servicio”. En estas condiciones, el servidor público que comete un hecho constitutivo a la vez de delito y falta disciplinaria, afecta un bien jurídico más que el simple particular, imponiéndose entonces su “doble juzgamiento”, sin que ello entrañe desconocimiento del mencionado principio”.

Podría pensarse como lo dice el recurrente que por haberse incluido expresamente el principio en la nueva Constitución y concretamente en el art. 29 en el sentido que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, la situación ha cambiado y que por tanto en la actualidad es imposible el juzgamiento disciplinario penal paralelo, pero ello no es así, porque el principio, tanto en la legislación anterior como en la actual se hace referencia es a la imposibilidad de doble juzgamiento penal por los mismos hechos y ello debe ser así, porque los bienes protegidos penal y disciplinariamente son diferentes y buscan diversas finalidades y es bien sabido que mientras el derecho penal tutela y garantiza derechos individuales, sociales y estatales de gran trascendencia, que son indispensables para la seguridad y como presupuestos necesarios de la armonía y desarrollo de las personas, de la sociedad y del Estado; el derecho disciplinario busca fundamentalmente como su nombre lo indica regular, disciplinar y velar por el correcto comportamiento de grupos humanos, sea que estén vinculados laboralmente a empresas estatales o privadas o que realicen actividades profesionales reguladas por el Estado, para de esta manera garantizar un apropiado servicio público para prever el desarrollo adecuado de empresas particulares, o el ejercicio de una profesión liberal dentro de los marcos de la ética; y de este modo brindar un eficaz servicio a los que requieran de ellos. Se hace referencia a los múltiples estatutos disciplinarios que regulan las actividades de los diferentes entes estatales o privados (reglamentos de trabajo) o los que disciplinan determinadas profesiones (el estatuto ético de los abogados o médicos, por ejemplo). Pero es obvio que la existencia de tales estatutos disciplinarios y el sometimiento a ellos de sus destinatarios, no impide que la conducta simultáneamente vulnere, además de las previsiones disciplinarias, las penales. Sería inconcebible, que un abogado que en ejercicio de la profesión se apodere de dineros de su cliente, por el hecho de ser juzgado disciplinariamente, no pudiera serlo por un delito contra el patrimonio económico.

Considera entonces la Sala que por buscar diversas finalidades sociales y políticas, la introducción constitucional del principio non bis in ídem no ha modificado la situación que se presentaba con anterioridad y que sigue siendo posible el doble juzgamiento penal y disciplinario.

Y que no se vaya a decir que se trata de una interpretación atrabiliaria o ilógica, porque ella es concordante con la preceptiva internacional de los derechos humanos y es así como el numeral 7º del art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos (Ley 74 de 1968) establece: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”.

Y el principio se repite en la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972), pues en su artículo octavo hace relación a las personas inculpadas de delito y por ello en el numeral 4º del literal h) debe entenderse como la prohibición del non bis in ídem desde el exclusivo punto de vista penal. Dice así la norma: “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.

No es entonces que la Sala se haya olvidado adrede —como mal intencionadamente lo afirma el recurrente— del proceso disciplinario que por estos hechos se adelantó contra el ahora sindicado, sino que responde a una interpretación reiterada y uniforme de la Corporación sobre este punto y que ha entendido no se ha modificado por las agregaciones que ahora aparecen en el art. 29 de la nueva Carta”.

Sostiene el defensor que fue voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente convertir en texto constitucional la jurisprudencia de la que fue ponente el Dr. Gaona Cruz(*), que en su criterio es clara prohibición del doble juzgamiento, así se trate de uno disciplinario y de otro penal y como argumento de fondo aduce que en tal sentido el constituyente Hernando Londoño dejó constancia expresa que figura en el acta 84, donde queda clara la imposibilidad del doble juzgamiento.

(*) Sentencia de marzo 7 de 1985, publicada en J. y D., tomo XIV, págs. 425 a 433 (N. del D.)

Pero la situación no es como quiere plantearla la defensa, porque en realidad, en el acta Nº 84 de la Asamblea Nacional Constituyente no aparece constancia de que lo afirmado por el defensor hubiera sido propuesto y menos aprobado; allí simplemente aparece el informe rendido por un miembro de la Asamblea que sí, en verdad plantea la posibilidad de que el non bis in ídem impida el juzgamiento paralelo por conductas disciplinarias y penales, pero ello no es más que un informe y por tanto no se le puede dar la trascendencia que pretende el mandatario.

Y por si fuera poco la jurisprudencia citada por cl constituyente Londoño Jiménez está enseñando precisamente lo contrario; es decir que sí es posible el juzgamiento paralelo de carácter penal y disciplinario y ello surge claro de la lectura de algunos de sus apartes como cuando se dice en la misma:

“Frente a nuestro régimen constitucional una misma persona puede ser coetáneamente sindicada, procesada y sancionada por haber incurrido tanto en la comisión de un delito, en su condición de agente del hecho punible, como de una falta disciplinaria, en su calidad de empleado oficial, con motivo de una misma actuación y omisión”. (Sentencia de junio 5 de 1975. G. J- CLII y CLIII Nos. 2393 y 2394 años 1975 y 1976, págs. 86-87).

Y más adelante en la misma sentencia se sostiene:

“6. La garantía de non bis in ídem, aunque no por la misma conducta, sino, en relación con ésta, con prohibición de doble sanción por la misma especie punible: v.gr. dos veces por el mismo delito o por la misma falta disciplinaria”.

Y prosigue la decisión:

“6. Naturalmente, aunque el derecho disciplinario y el derecho penal apuntan a veces a la misma conducta en forma simultánea su propósito específico es diverso y se encamina dentro de órbitas autónomas y propias; pues el fallador no es el mismo: juez disciplinario administrativo o de supervigilancia, en un caso, y juez penal, en el otro; el sujeto es considerado de manera distinta: como funcionario o empleado oficial, en un caso y como posible agente del hecho delictivo en el otro; la finalidad del averiguatorio es parcialmente disímil; la buena marcha y el buen nombre de la gestión pública, en un caso, y el bien jurídico de tutela contra el peligro o el daño social en el otro salvo en algunos delitos llamados “propios”; el rigor procesal es diferente: proceso disciplinario administrativo, en uno, y procedimiento penal judicial en otro; y el tipo de sanción es también diferente: inhabilidad, desvinculación, todo en razón de la función pública, en un caso, pena privativa de la libertad o hasta penas accesorias, en el otro” (Sentencia del 7 de marzo de 1985).

En las condiciones anteriores no se viola el principio del non bis in ídem cuando un ciudadano es procesado y sancionado en razón de la misma conducta, desde la perspectiva disciplinaria y penal, porque a pesar de ser emanaciones de la misma función punitiva, buscan la protección de bienes y derechos sustancialmente diversos, de un lado la buena marcha de la administración pública, concebida ésta como un servicio que presta el Estado a los ciudadanos para garantizar su bienestar y el desarrollo adecuado del hombre como tal, en una sociedad reglada y controlada, y de otro, la protección de un bien jurídico que por su trascendencia ha sido considerado como merecedor de protección penal, que al ser puesto en peligro o conculcado por la acción u omisión del sujeto agente, lo hace acreedor a las sanciones especialmente previstas.

En el primer caso, el ciudadano es sancionado en la calidad de funcionario que incumplió por acción u omisión deberes especialmente señalados en razón del cargo desempeñado y que tienen como finalidades primordiales la eficacia, y la correcta administración pública; y en el otro caso el ciudadano es castigado porque vulneró normas mínimas de convivencia social, que amenazan la estabilidad y seguridad del individuo, de la sociedad, del Estado». (Hasta aquí la transcripción de la ponencia del Dr. SAAVEDRA).

Carece, pues, la nulidad invocada, de arraigo alguno dentro del presente asunto».

(Sentencia de única instancia, octubre 16 de 1992. Radicación 5044. Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda).

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