Sentencia 50440 de noviembre 8 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 365

Conjuez Ponente:

Dr. Guillermo Angulo González

Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Procede la Sala de Conjueces de la Corte Suprema de Justicia a resolver las pretensiones de la accionante, debidamente sometidas a la contradicción argumentativa del accionado, dentro del marco constitucional diseñado en el artículo 86 de la Carta y las disposiciones legales pertinentes, teniéndose en cuenta que, como lo ha sostenido esta corporación, “la competencia del juez de tutela se limita al examen y verificación del acto por el cual se presume, son violadas o amenazadas las garantías superiores”(7).

Bajo estos parámetros, se ocupará la Sala del estudio de los dos aspectos fundamentales que motivarán la decisión a tomar:

1. La legitimidad de la accionante.

2. El contenido de la resolución del 11 de agosto de 2010 de la Fiscalía 44 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y el ataque formulado a través de la acción pública.

1. La legitimidad de la accionante.

Considera la Fiscal 44 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá que la Procuradora 4ª Judicial II Penal, quien actúa como agente especial del Ministerio Público debidamente reconocida, dentro del proceso radicado bajo el 74.634 de la Fiscalía Octava de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima UNAIM, carece de legitimidad para interponer la acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, para lo cual acude al contenido normativo del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece:

“Legitimidad e interés. La acción de tutela puede ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el defensor del pueblo y los personeros municipales”.

Al respecto de la anterior censura, la Sala considera:

1.1. La Constitución Política al entregar al Procurador General de la Nación la dirección del Ministerio Público(8), le señala unas funciones generales dentro de las cuales se encuentra, de acuerdo con el numeral 7º del artículo 277 de la codificación constitucional, la de “... Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”, para cuyo cumplimiento de sus funciones “... la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial y podrá interponer las acciones que considere necesarias”(9).

1.2. Por su parte el artículo 122 de la Ley 600 de 2000(10), otorga al Ministerio Público la calidad de sujeto procesalcon todas las facultades que corresponden a estos, es decir, en igualdad plena frente a los actores del proceso penal, entregándole la obligación de garantizar el respeto a los derechos fundamentales, dentro de los cuales se incluyen el debido proceso y acceso a la administración de justicia, principios que, dentro de la estructura propia del sistema de tendencia acusatoria, consagra igualmente la Ley 906 de 2004, en sus artículos 109 y siguientes.

Resultaría paradójico en estas condiciones, que teniendo el agente especial del Ministerio Público la calidad de sujeto procesal, le estuvieran vedadas actuaciones que se le otorgan a los demás sujetos procesales, estableciéndose una odiosa discriminación y una abierta desigualdad procesal, que en esta forma aparecería como contraria a la Constitución y a la ley, y máxime cuando precisamente su función dentro del proceso penal está enmarcada por la defensa del orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales, para lo cual “podrá interponer las acciones que considere necesarias” de acuerdo al mandato constitucional.

En consecuencia, la doctora Vianey Eulalia Roldán Rojas en su calidad de Procuradora 4ª Judicial II Penal, designada y reconocida como agente especial del Ministerio Público dentro del proceso Radicado Nº 74.634 de la Fiscalía Octava de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima UNAIM, está legitimada para presentar la presente acción pública.

2. La Resolución del 11 de agosto de 2010 cuestionada mediante la acción de tutela.

Insiste la Sala en señalar que frente al ataque formulado contra la resolución del 11 de agosto de 2010 de la Fiscalía 44 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, solamente se referirá al examen y verificación del acto por el cual se presumen violadas las garantías fundamentales, teniéndose en cuenta que la decisión cuestionada, al dejar en firme la decisión tomada el día cinco (5) de noviembre de 2008 por el fiscal Jorge Emilio Echeverry, dio impulso al adelantamiento del proceso penal bajo las ritualidades de la Ley 906 de 2004, aspecto fundamental planteado como generador de violación al debido proceso y acceso a la administración de justicia por parte de la accionante.

Así se anuncia en las consideraciones de la Fiscalía 44 Delegada, cuando señala sobre el contenido de la resolución dictada el día 05 de noviembre de 2008:

“El día 5 de noviembre de 2008 (fls. 4 a 24 ibíd.), el titular de la Fiscalía 19 de Segunda Instancia, doctor Jorge Echeverry Mora, decretó la nulidad de toda la actuación bajo el argumento de que la misma debía adelantarse conforme a los lineamientos de la Ley 906 de 2004, y no de acuerdo a la Ley 600 de 2000 como se estaba haciendo. Sostuvo el doctor Echeverry que el epicentro del delito era sin duda alguna la ciudad de Medellín desde el año 2006, y que desde dicho municipio era que se ejecutaba la “dirección” del plan delictivo, por lo que estando vigente el sistema acusatorio en esa capital, era bajo dicho sistema que debía adelantarse la investigación...”(11).

Y en la parte resolutiva de la misma resolución, en el numeral tercero se dispone:

“Ordenar que al encontrarse en firme la determinación asumida por el doctor Jorge Echeverry con fecha 5 de noviembre de 2008, deban las partes y la fiscalía sujetarse a lo ordenado por este en dicha resolución...”(12).

Lo anterior indica, sin lugar a duda, que al declararse la nulidad de la resolución del 7 de noviembre de 2008 que declaró la inexistencia de la dictada el día 5 de noviembre de 2008 por parte del fiscal Echeverry Mora, adquiría plena validez la determinación tomada en esta última, en el sentido de reiniciar la investigación de acuerdo a las normas procesales de la Ley 906 de 2004.

Otras situaciones a las cuales se refiere la tutela, no resultan de estudio en esta oportunidad, si se tiene en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Tutelas, el día dos (2) de diciembre de 2008, al negar las pretensiones de la demanda suscrita por los procesados Camilo Torres Martínez, Jhon Fredy Manco Torres y Juan Felipe Sierra Fernández, reconoció que la decisión tomada por la Fiscalía 19 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el día siete (7) de noviembre de 2008, que declaró inexistente la resolución del día cinco (05) de noviembre anterior, dictada por el fiscal Jorge Echeverry Mora, no podía considerarse arbitraria “... toda vez que resulta razonable declarar inexistente una “resolución” dictada por una persona desprovista de autoridad, máxime que los funcionarios están en la obligación de corregir los actos irregulares”,con lo cual se puso punto final a la discusión en torno a la legitimidad de la decisión del día cinco (5) de noviembre de 2008, tomada por el fiscal Echeverry Mora y se entregó validez a la resolución del siete (7) de noviembre de 2008, mediante la cual el doctor Álvaro Eduardo Sarmiento García, ya Fiscal 19 Delegado ante el Tribunal de Bogotá, declaró la inexistencia del pronunciamiento anterior.

Y en cuanto a las irregularidades que se anuncian fueron cometidas en el trámite de la interposición del recurso de apelación contra la resolución de acusación dictada el día 31 de diciembre de 2009, tendrán que ser materia de estudio y decisión por el funcionario competente en el momento de resolver sobre el recurso.

Hechas las anotaciones anteriores, pasa la Sala a considerar:

2.1. El delito de concierto para delinquir, por su misma naturaleza, presupone, no solamente la pluralidad de sujetos activos, sino una actividad ordinariamente desarrollada en diferentes sitios geográficos, tanto del territorio nacional como de países extranjeros, amén de que por su estructura típica conlleva la permanencia y prolongación en el tiempo de la actividad delictiva.

Para el caso presente se señala en los informes procedentes de la Oficina de Enlace de la República Federal de Alemania, que la actividad delictiva venía realizándose, por lo menos, desde el mes de abril de 2006, si se tiene en cuenta que el vapor “Regal Star” estuvo a partir de dicha fecha cargado con el estupefaciente, en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia, de donde aspiraba a zarpar el día 25 o 26 de abril de 2006 con rumbo a los puertos europeos.

Pero es más: la investigación estableció la existencia de llamadas telefónicas de personas vinculadas a la actividad delictiva en Alemania, que estuvieron conversando con cómplices colombianos a través de teléfonos celulares panameños, desde el mismo puerto de Turbo, para informar que “todo estaba en orden” y convenir que en los días señalados serían enviados a Alemania de 600 a 700 kg de cocaína.

Es decir, que de acuerdo con la prueba originada por los organismos de inteligencia que actuaron en desarrollo de la operación “Del Mar”, no cabe duda que el epicentro de la actividad ilícita en Colombia, lo fue el municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia.

Así lo entendieron todos los funcionarios que adelantaron las respectivas investigaciones, y con base en ello, dieron impulso al proceso mediante la aplicación del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000.

2.2. Era lo jurídicamente procedente, porque si se trata de una actividad delincuencial que tuvo su epicentro en un municipio del departamento de Antioquia en el año de 2006, resulta evidente que para tal época no estaba en vigencia el procedimiento penal de la Ley 906 de 2004 en dicha región, puesto que en el Distrito Judicial de Antioquia, solamente a partir del 1º de enero de 2007 se inició su aplicación, conforme a la precisa disposición del artículo 530 de la misma Ley 906 de 2004(13).

2.3. Ahora bien: el momento y el lugar de la realización de la conducta fija las normas de procedimiento aplicables.

Es un principio integrante de la norma rectora de la legalidad, que a su vez integra el principio constitucional del debido proceso:

“Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las normas propias de cada juicio.

La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. La ley procesal tiene efecto general e inmediato”(14).

Por su parte el artículo 6º de la Ley 906 de 2004, establece:

“Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia denlas formas propias de cada juicio.

La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia.

Ese principio de legalidad, que como se dijo en precedencia, se encuentra integrado al debido proceso, hace que cuando se trata de conductas que se prolongan en el tiempo por la existencia del instituto jurídico de la “permanencia”, como lo es el concierto para delinquir, el procedimiento aplicable en el momento de la iniciación de la comisión del mismo, fije definitivamente las normas procesales por las cuales debe regirse toda la actuación procesal.

Así ha sido la posición pacífica de esta corporación al respecto:

En providencia del quince (15) de diciembre de 2008, Casación 30665, M.P. Alfredo Gómez Quintero, dijo la Corte:

“... Quiere la Sala dejar sentado su criterio en torno a un tema que no ha sido explorado aún por la jurisprudencia, a la que le corresponde trazar el rumbo de la actividad judicial de cara a la inexistencia de norma que, no solo demuestre la dimensión del problema jurídico sino que —por ello mismo— no ofrezca la respectiva solución: se trata del surgimiento y aplicación del nuevo sistema (L. 906/2004) respecto de un delito permanente cuya ejecución comenzó en vigencia de la Ley 600 de 2000 y continúa por algún tiempo ejecutándose bajo el imperio de la nueva normatividad, tema este que indudablemente constituye el arco toral de la queja en casación.

Cuando un delito permanente se ejecuta en vigencia de dos legislaciones procesales, en relación con las cuales se predica, además de la obvia sucesión de leyes, el tránsito de legislaciones, no hay duda que los procesos adelantados bajo el imperio de la normatividad vigente al momento de su comisión (ley procesal preexistente al acto que se imputa) deben adecuarse a la posterior reglamentación (salvo cuando esta de manera expresa indique a partir de qué momento o de qué actuación procesal debe aplicarse), como que ese es -justamente- el efecto del tránsito de legislaciones, esto es, una posterior que modifica o deroga la anterior, tal como la experiencia judicial lo enseña en relación con los cuatro últimos códigos de procedimiento. Así el artículo 678 del Decreto 050 de 1987 derogó el estatuto anterior (D. 409/71); a su turno por el artículo 573 del Decreto 2700 de 1991 se derogó el código precedente (D. 050/87); a su vez a través del artículo 535 de la L. 600/2000 se derogó el Decreto 2700 de 1991. Una de las características que identificaron las precitadas legislaciones apuntaba al hecho de que si se tramitaba un proceso por una de ellas, una vez en vigencia la normatividad sucesiva, aquel procedimiento había de adecuarse para conducirse por los cauces de la nueva.

Ahora, de cara a la ley de procedimiento recientemente expedida y que desarrolla el sistema con abierta tendencia acusatoria, el mencionado fenómeno no tuvo cabida, no obstante que en el artículo 533 de la Ley 906 de 2004, a pesar de titularse “derogatoria y vigencia” el desarrollo del dispositivo para nada se ocupó de derogar la legislación anterior, vale decir, la Ley 600 de 2000. Y esa omisión —a pesar del título— encuentra una explicación con raíces constitucionales: la Ley 906 no podía derogar la Ley 600, dado que al hacerlo dejaría sin efecto la progresividad o gradualidad expresamente dispuesta por el constituyente (A.L., 03/02, art. 5º), aparte de que de haber procedido así el legislador, una consecuencia inmediata habría sido la de tener que adecuar los trámites procesales de la Ley 600 a las previsiones de la 906, creando un híbrido o mixtura que de frente arrasaría con pluralidad de normas superiores. En esa no derogatoria encuentra explicación, precisamente, la simultaneidad de sistemas a la cual tuvo que acudir la jurisprudencia —en sustitución del tránsito de legislaciones— al acuñar los requisitos para la aplicación de la favorabilidad.

Ahora bien, de cara al delito permanente cuando en su ejecución ha mediado un cambio de sistema en el distrito judicial donde ha de adelantarse la actuación, no cavila el juicio para predicar que respecto de esa conducta punible resultan potencialmente aplicables las dos legislaciones, pues al fin y al cabo bajo el imperio de ambas se ejecutó el delito, dada la mencionada condición de permanencia. No empecé lo dicho, no resulta jurídicamente aplicable tal pregón, dada la distinta caracterización de uno y otro sistemas, referida —entre otros tópicos— a la permanencia de la prueba, los funcionarios que intervienen, los términos para adelantar las actuaciones, la forma de interposición y trámite de recursos, las funciones específicas de un juez de garantías, la imposibilidad para llevar a cabo negociaciones de pena, etc., todo lo cual conduce inexorablemente a que se deba seleccionar una de las dos legislaciones para aplicarla in integrum, evitando la mezcla de procedimientos...”.

Más adelante dice la Corte al respecto:

“Descartado, entonces, un tal fundamento en búsqueda del procedimiento a seguir en el caso planteado, se inclina la Sala para acudir a criterios objetivos y razonables, edificados estos esencialmente en determinar bajo cuál de las legislaciones se iniciaron las actividades de investigación, la que una vez detectada y aplicada, bajo su inmodificable régimen habrá de adelantarse la totalidad de la actuación, sin importar que (al seleccionarse por ejemplo la L. 600) aun bajo la comisión del delito —dada su permanencia— aparezca en vigencia el nuevo sistema”.

La anterior posición de la Sala Penal de la Corte, es reiterada, entre otras providencias, en Casación 32846 del tres (3) de diciembre de 2009, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez en la cual se reafirma la posición jurisprudencial en torno a la aplicación de la normatividad procesal en el caso de los llamados delitos permanentes y la implicación del cambio de procedimiento para efecto del juzgamiento.

En consecuencia y para el caso presente: habiéndose iniciado la investigación penal en vigencia de la Ley 600 de 2000, por cuanto que el delito de concierto para delinquir tuvo su epicentro en Colombia, en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia, en el año de 2006, cuando aún no había entrado en vigencia la Ley 906 de 2004 en dicha región, el procedimiento aplicado desde su inicio debe continuar hasta la culminación del proceso penal.

2.4. Ahora bien:

Corregido el error cometido en la resolución del día cinco (5) de noviembre de 2008 por el fiscal Jorge Echeverry Mora a través de la decisión tomada el día siete (7) del mismo mes y año por parte del doctor Álvaro Eduardo Sarmiento García quien reemplazó al destituido fiscal anterior, decisión avalada en sede de tutela por esta corporación, no aparecía comportamiento diferente a continuarse normalmente la actuación bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000.

No fue así, sin embargo:

El día 31 de diciembre de 2009, el despacho 22 de la Unidad Nacional de Antinarcóticos e Interdicción Marítima UNAIM, profiere, dentro de los lineamientos del procedimiento penal de la Ley 600 de 2000, resolución de acusación en contra de Camilo Torres Martínez, Jhon Fredy Manco Torres, Miguel Ángel Pérez Córdoba, Fermín Verbel Taboada y Diego Luis Torres Martínez por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, y contra Juan Felipe Sierra Fernández como coautor del delito de concierto para delinquir agravado, decisión contra la cual interpusieron recurso de apelación los representantes legales de los enjuiciados.

No obstante, al llegar al conocimiento de la segunda instancia para desatar el recurso interpuesto, la Fiscalía 44 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, lejos de entrar a estudiar el aspecto relacionado con la impugnación presentada, resolvió, de oficio, proceder a declarar la nulidad de todo lo actuado, a partir, inclusive, de la providencia del 7 de noviembre de 2008, y a darle plena vigencia a la resolución dictada por el fiscal Jorge Echeverry Mora el día 5 de noviembre, mediante la cual se decretó la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso penal, con el objeto de que se reiniciara la actuación bajo el imperio de la Ley 906 de 2004.

De esta manera se desconoció el respaldo que la Corte Suprema de Justicia había dado en sede de tutela a la decisión del Fiscal 19, doctor Álvaro Eduardo Sarmiento García(15); se produjo, como consecuencia de la decisión, la necesidad de regresar a la aplicación de un procedimiento equivocado (L. 906/2004), con flagrante violación del principio de legalidad; se minimizaron las diligencias investigativas realizadas con pleno sometimiento a la ley (600/2000), por los organismos competentes, en años de actuación bajo el imperio de la ley procesal aplicable, produciendo un perjuicio irremediable a la propia administración de justicia.

La decisión llevó al desconocimiento manifiesto y evidente de las formas propias del juicio, y de contera a una clara violación al derecho fundamental al debido y proceso, incurriendo por este camino en una vía de hecho, solamente posible de remediar a través de la acción de tutela.

Lo anterior, porque, efectivamente y como lo señala la accionante, no existe otro mecanismo procesal al cual acudir en defensa de los derechos violados, puesto que como se dice en la misma resolución del 11 de agosto de 2010:

“CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión por parte de la Secretaría de esta Unidad, a todos los sujetos procesales, conforme a lo dispuesto en la Sentencia C-641 de agosto 13 de 2002, proferida por la Corte Constitucional, CON LA ADVERTENCIA DE QUE CONTRA LA MISMA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO”.

2.5. Ahora bien: en relación con el hecho de tratarse de una providencia judicial, valga la pena recordar lo que al respecto ha dicho la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento:

“Reiteradamente, esta corporación ha sostenido que la acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es proteger los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular. Sin embargo la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, en principio, esta acción no procede contra decisiones judiciales por las siguientes razones:

“(e)n primer lugar, el hecho de que las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público inherente a un régimen democrático”.

Bajo este entendido, en ciertos casos y solo de manera excepcional, la acción de tutela procederá contra decisiones judiciales, cuando quiera que estas desconozcan los preceptos constitucionales y legales a los cuales están sujetas y cuando con aquellas se persiga la protección de los derechos fundamentales y el respeto del principio de seguridad jurídica”(16).

Para la Sala, esa es la situación planteada en el presente caso, en donde, mediante una decisión judicial, se han desconocido los preceptos constitucionales y legales que enmarcan el debido proceso, debiéndose, en consecuencia, acudirse a la protección de los derechos fundamentales y el respeto a la seguridad jurídica mediante la acción constitucional, por cuanto, como atrás se dijo, no existe ningún otro mecanismo de defensa judicial.

Corolario de lo anterior, la Sala declarará la procedencia de la acción de tutela interpuesta por la Procuradora 4ª Judicial II Penal en su calidad de Agente Especial del Ministerio Público dentro del proceso Radicado 74.634 de la Fiscalía Octava de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima UNAIM, contra la resolución del 11 de agosto de 2010, de la Fiscalía 44 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal - Sala de Decisión de Acciones de Tutela,administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la justiciadesconocidos por la decisión del 11 de agosto de 2010 de la Fiscalía 44 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

2. Como consecuencia de lo anterior REVOCAR integralmente la resolución del día 11 de agosto de 2010 de la Fiscalía 44 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el objeto de que ADQUIERA PLENA VIGENCIA la resolución del día siete (7) de noviembre de 2008 de la Fiscalía 19 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

4. DECLARAR que el presente proceso debe continuar adelantándose con sujeción a la ley procesal vigente para el Distrito Judicial de Antioquia en el año de 2006 (L. 600/2000).

4. DISPONER que de acuerdo con lo anterior, se proceda a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de acusación del 31 de diciembre de 2009.

5. Notificar esta sentencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

6. Remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión en el evento de no ser impugnada —artículo 31 del Decreto 2591 de 1991—.

Notifíquese y cúmplase».

(7) Radicación T-39595 del 2 de diciembre de 2008. M.P. José Leonidas Bustos Martínez.

(8) Artículo 275 de la Constitución Política: “El Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público”.

(9) Artículo 277 de la Constitución Política: “El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. 2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo. 3. Defender los intereses de la sociedad. 4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. 5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. 6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. 7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales. 8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. 9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria. 10. Las demás que determine la ley. Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial y podrá interponer las acciones que considere necesarias”.

(10) Artículo 122 Ley 600 de 2000: “Ministerio Público. El Ministerio Público actuará dentro del proceso penal en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, podrá intervenir en todas las etapas de la actuación, con plenas facultades de sujeto procesal y será ejercido por el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes...”.

(11) Folio 23 del cuaderno original de la tutela. Folio 6 de la resolución del 11 de agosto de 2010.

(12) Folio 32 del cuaderno de la acción de tutela. Folio 15 de la resolución del 11 de agosto de 2010.

(13) Artículo 530 de la Ley 906 de 2004: Selección de distritos judiciales.Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.

En enero 1º de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio.

Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1º) de enero de 2008”.

(14) Artículo 6º de la Ley 600 de 2000.

(15) Tutela 39595 del dos (2) de diciembre de 2008 de la Sala de Casación Penal - Sala de Decisión de Tutelas. M.P. José Leonidas Bustos Martínez. Folios 302 y ss. del cuaderno de la acción de tutela.

(16) Sentencia T-024 de 2010 del 26 de enero de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.