Sentencia 5050 de noviembre 13 de 1990 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

APLAZAMIENTO O SUSPENSIÓN DE LA PENA

PARA SENTENCIADO MAYOR DE 65 AÑOS DE EDAD

EXTRACTOS: «Estima la Sala necesario agregar un último comentario sobre algunas características y alcances de las figuras de la condena de ejecución condicional, en su forma pura y fundamental—artículos 68 a 71 del Código Penal— y a la muy afín del aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena—artículos 432 y 613 del Código de Procedimiento Penal—, en especial la hipótesis de tener el sentenciado más de sesenta y cinco (65) años de edad, como acontece en el caso sub-judíce.

- Ante todo conviene hacer las siguientes precisianes:

a) La hipótesis del sentenciado menor de dieciocho (18) años de edad, ha perdido toda aplicabilidad, pues este especial tratamiento punitivo tenía razón de ser cuando la legislación consagraba los dieciséis (16) años como límite cronológico de la imputabilidad penal. A partir del Decreto 2737/89, artículo 165—Código del Menor, expedido el 27 de noviembre y vigente a partir del primero de marzo de 1990— la indicada edad se aumentó a los dieciocho (18) años;

b) Las hipótesis 2 a (parto) y 3 a (grave enfermedad) del artículo 432 del C. de P.P, en armonía con el 613, no se condicionan a factores de personalidad, naturaleza y modalidades del hecho. Operan independientemente de estas apreciaciones, y se reducen a consultar el fenómeno del parto o de la grave enfermedad;

c) Asimismo el tiempo de duración de este beneficio (suspensión o aplazamiento de detención preventiva o sentencia), en el caso del numeral 2º, no podrá exceder de ocho meses en cálculo total (dos meses antes del parto; seis meses después de éste); y, en el evento del numeral 3º, estará constituido por la naturaleza y notas de la enfermedad grave, o sea, el necesario para que ésta pierda su característica esencial de gravedad. No está por demás recordar lo que la jurisprudencia aconseja como pautas sanas para evitar el deterioro o burla de la institución: deben señalarse términos precisos, no muy extensos, complementándose con periódicas revisiones médicas oficiales, para poder determinar adecuada y justamente si se mantiene o se revoca el beneficio;

d) Resulta obvio que, para los casos de los numerales 2º y 3º del artículo 432, no se determina un período de prueba como el que señala el artículo 68 del C. Penal, encontrándose la completa regulación de este instituto. para estas eventualidades, en lo dispuesto en los incisos 2, 3 y 4 del citado numeral 3º.

Pues bien, retomando el tema, lo que más caracteriza y diferencia la condena de ejecución condicional, artículos 68 y ss. del C. Penal, del aplazamiento o suspensión de la sentencia—artículo 613 del C. de Procedimiento Penal—por razón de edad superior a sesenta y cinco (65) años, en el procesado, es la oportunidad de su reconocimiento y los efectos de su negación. De la primera tiene que decirse que su concesión o rechazo debe abordarse, obligada y exclusivamente, al momento de proferirse el respectivo fallo, sea éste de primera o segunda instancia o en sede de casación, sin que sea factible, con posterioridad al mismo, introducirle modificaciones.

En cambio, el segundo de los beneficios, así se haya negado en la sentencia, es dable revocar la decisión y otorgarlo. Todo dependerá, por ejemplo, que se establezca con toda claridad la verdadera edad del sentenciado, o que la intensificación de purgamiento real de pena, así como su conducta carcelaria, hagan aconsejable olvidarse de aspectos como la personalidad, significación o modalidades de los hechos, o que lo avanzado de la edad del condenado o del deterioro de sus condiciones físicas o mentales, lleven a similar opinión, o que lo que se tuvo por antecedentes resulten dilucidados en cuanto a su menguada trascendencia o importancia penales. De manera que este tema probatorio o de valoración no se agota ni en la sentencia ni en la primera de las resoluciones adversas tomadas con posterioridad a la misma, pues es factible que uno y otro fenómeno se repitan. También debe anotarse que estas posibilidades pueden darse por actividad del juez, del ministerio público, del condenado o de quien fuera su defensor, mediante auto interlocutorio, susceptible de los recursos que como tal le corresponden.

En el caso de subseguir el reconocimiento (le este beneficio, el juez, en el proveído que así lo asuma, establecerá el período de prueba pertinente—artículo 68 C. Penal—, así como las obligaciones y alternativas que señalan los artículos 69, 70 y 71 ibídem.

Es innegable que la previsión del citado artículo 613, busca una aplicación justa y humanitaria de la sanción; ésta puede excepcionarse por el especial y comentado motivo. Ello indica su imprescindible y constante actualización, sin que sea dable imaginar que la interpretación o definición asumidas en la sentencia, se consolide a tal punto que constituya aspecto juzgado, imposible de remover posteriormente. Por el contrario, el legislador piensa y demanda, en el caso de la ancianidad, una permanente y ponderada revaloración de la inicial negativa del beneficio, para acompasar la situación a los cambios surgidos. Por vía de ejemplificación, en el caso examinado, podría decirse que la decisión fue acertada al momento de producirse el fallo, pero que, hoy en día, al precisarse lo de los inciertos antecedentes y disminuirse la primera evaluación acordada para éstos, puede variarse de opinión.

Otro tanto debe decirse al meditar en lo justo que pudo ser la negativa cuando el sentenciado contaba sesenta y cinco años de edad y volverse inadecuada por el avance de los años y la periclitación orgánica del sentenciado. Asimismo, lo que pudo sostenerse cuando no se había purgado ninguna o parte mínima de la pena, ya se muestra como excesivo e inhumano cuando parte de ésta se ha satisfecho, prevaleciendo entonces el tratamiento singular que el legislador ha convenido para quien llega a esta tercera edad penal.

Esta es la adecuada interpretación de los preceptos y lo que debe guiar al juzgador de la primera instancia en el control que al respecto debe ejercer sobre la ejecución de la sentencia».

(Sentencia de casación, noviembre 13 de 1990. Radicación 5050. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

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