Sentencia 5051 de julio 7 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

NULIDAD DEL MATRIMONIO

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS AL CÓNYUGE INOCENTE

EXTRACTOS: «1.1. Ahora bien, tratándose de un fallo relativo a las indemnizaciones reclamadas a consecuencia de la nulidad matrimonial, el juzgador debe, como en todo proceso, sujetarse a lo alegado y probado conforme a derecho a fin de que sea proferido con acierto.

1.1.1. En primer lugar advierte la Corte que dentro de los llamados “efectos civiles” que resultan comunes a las declaratorias judiciales de nulidad de los matrimonios civiles o católicos (art. 17 de la Ley 57 de 1887 y 7º de la Ley 20 de 1974, que resultan conformes con el art. 42 inc. 11 de la Constitución Política de 1991), se encuentran unos de carácter personal atinentes a la disolución del vínculo matrimonial y cesación del estado civil de cónyuge, con sus correspondientes obligaciones y derechos (art. 148 del C.C.), y otros, de carácter económico, como el de la disolución de la sociedad conyugal con la consiguiente inexistencia de gananciales (por inexistencia de sociedad conyugal para el matrimonio subsiguiente declarado nulo) solo en el evento de la nulidad decretada por preexistencia de vínculo matrimonial válido anterior y únicamente para las situaciones cobijadas dentro de la vigencia de la Ley 1ª de 1976, cuyo artículo 25 le diera una redacción diferente al numeral 4 del artículo 1820 del Código Civil. Todo ello sin perjuicio de la permanencia de las filiaciones legítimas establecidas y sus correspondientes efectos.

Sin embargo, uno de esos “efectos civiles” que pueden surgir con ocasión de dicha nulidad es el concerniente a las indemnizaciones, ya que “si hubo mala fe en alguno de los contrayentes, tendrá éste obligación de indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado, estimados con juramento” (art. 148 C.C.), razón por la cual en la sentencia de nulidad (o en la correspondiente en su caso) deberá indicar la condena al pago de perjuicios al cónyuge que por su culpa hubiere dado lugar a la nulidad del vínculo, a favor del otro si éste lo hubiere solicitado (art. 443 num. 3º del CPC actual, que corresponde al anterior art. 411, num. 3º del CPC). Al respecto observa la Sala que no se trata de un “efecto civil” consecuencial de la sola declaratoria de nulidad matrimonial, sino de aquel que se presenta con ocasión de la misma, por cuanto es un requisito ineludible de ella, pues, en el fondo, se trata de una responsabilidad civil especial en la que incurre el cónyuge que, por su “mala fe” (C.C., art. 148) o su “culpa” (art. 443, num. 3º, CPC) hubiere dado lugar o, mas bien, resultare culpable del vicio determinante de la nulidad, siempre que una vez declarada esta última se causen perjuicios materiales y morales al “otro” cónyuge (arts. citados) que, desde luego, no es otro que el cónyuge inocente (art. 151 C.C.) o desconocedor del vicio y, por tanto, cónyuge de buena fe.

1.1.2. Siendo así las cosas, no basta probar la existencia de una declaratoria judicial de nulidad matrimonial para deducir inexorablemente la responsabilidad civil especial mencionada, aun cuando aquella se funde en la preexistencia del vínculo matrimonial válido anterior (bigamia), porque, no siendo un efecto civil necesario de esa nulidad, se hace ineludible la comprobación de los elementos que la estructuran, relativos a la legitimación, al objeto o petitum y a la causa petendi mencionada. Ahora bien, la legitimación de esta pretensión indemnizatoria especial la tiene, por activa, solamente el cónyuge inocente del vicio que ha obrado de buena fe y por pasiva, el cónyuge culpable del vicio que dio origen a la nulidad, y que también suele llamarse de mala fe en sentido genérico. Sin embargo, así como la buena fe del cónyuge inocente demandante puede desvirtuarse con la demostración fehaciente de que contrajo matrimonio con el conocimiento real o probable y conciencia de que el otro contrayente se encontraba válidamente casado, de la misma manera también, demostrando la culpa imputable al demandado, puede ser objeto de desvirtuación la presunción de buena fe que en principio a este último podría ampararle. Pues bien, la prueba de la culpabilidad que se le atribuye al demandado, se establece generalmente, de una parte, por el conocimiento que se adquiere debido a la celebración personal y directa del primer matrimonio; y, de la otra, por el conocimiento que la misma persona tiene o ha debido tener de la permanencia y continuidad de su estado civil de casado por no haberse presentado un hecho extintivo, como por ejemplo la muerte de su cónyuge, independientemente que se exteriorice el estado de casado o, por el contrario, se oculte mediante el estado civil de viudo. Luego, si el contrayente de un matrimonio, a sabiendas de ser y permanecer casado, o no concurriendo en el error excusable que justifique la ignorancia de dicho estado, contrae nuevas nupcias, obra de mala fe o con culpa a pesar de que aparente ante el público que no lo era, esto es, que era soltero o viudo. Pero no puede decirse lo mismo de quien con fundadas razones creyéndose estar libre matrimonialmente (v.gr. por la muerte establecida del otro cónyuge), asume el estado civil de viudo y, con base en él, contrae segundas nupcias, pues en tal evento se obra sin culpa. Ahora bien, la mala fe o la culpabilidad de uno u otro cónyuge puede presentarse separadamente cuando los comportamientos correspondientes se adoptan independientemente el uno del otro aun cuando sean conocidos recíprocamente; pero también pueden darse concertadamente, esto es, cuando los cónyuges, además de conocer o estar en posibilidad de conocer la situación de casado de uno o de ambos, acuerdan contraer segundas nupcias que bien puede exteriorizarse o quedar oculta. Pero sea lo uno o lo otro, a pesar de la declaratoria judicial de nulidad, no hay indemnización alguna, pues la ausencia de inocencia de uno de los cónyuges impide su reclamación (Nemo propriam auditur turpitudinem allegans potest).

Fuera de lo anterior, resalta la Sala la necesidad de que realmente también existan perjuicios, sean morales o materiales, esto es, que haya afectaciones o deterioros a derechos o intereses jurídicamente protegidos por la ley; y además, que aparezca acreditado que todos los perjuicios son efecto de la conducta de mala fe o culposa, cometida por uno de los cónyuges en la celebración de las segundas nupcias estando casado anteriormente y que haya dado lugar a la declaración de nulidad».

(Sentencia de casación, julio 7 de 1998. Expediente 5051 Magistrado Ponente: Pedro Lafont Pianetta).

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