Sentencia 506 de diciembre 11 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Rad.: 20029742 01/506-T, dic. 11/2002

M.P. Guillermo Bueno Miranda

Aprobado según acta 120 de diciembre 11 de 2002.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el que fuera reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, y en concordancia con lo previsto en la Ley 270 de 1996, artículo 112, numeral 4º, procede esta superioridad a resolver la impugnación formulada por la doctora XXX, representante legal del banco XXX contra la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2002 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, que tuteló al señor XXX su derecho fundamental al debido proceso.

Antecedentes

El señor XXX promovió tutela el 31 de octubre pasado contra el banco XXX en defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad con fundamento en los siguientes hechos:

El 23 de julio de 1998 adquirió con la entonces corporación de ahorro y vivienda XXX el crédito hipotecario XXX, cuyo saldo canceló en agosto de 2000, quedando extinguida la obligación por lo que se le expidieron los paz y salvo de rigor, solicitando entonces la cancelación del gravamen que pesaba sobre el inmueble con miras a tener la certeza de la cancelación total del crédito. Fue así como la doctora XXX actuando a nombre de la entidad financiera, suscribió ante el Notario Cuarto del Círculo de Bucaramanga la minuta de cancelación de la hipoteca.

Veinte (20) meses después acudió a solicitar un empréstito a otra entidad bancaria, encontrándose con que su nombre aparece reportado en las centrales de información por mantener deuda vigente con el banco XXX por valor de $ 6.000.000 mcte. “... en razón de una equivocación por parte de la entidad al momento de calcular el valor de la reliquidación ...” dejando de contera sin validez un instrumento público debidamente registrado, abusando de su buena fe, y de sus derechos al buen nombre y dignidad (fls. 1 al 4, c.o. 1ª instancia).

Pretensiones

Solicitó el accionante la protección de sus derechos fundamentales invocados, ordenando al banco XXX mantener el alivio inicialmente notificado “y teniendo en cuenta que mediante minuta ante notario y debidamente registrada, en un acto libre y voluntario, la corporación crediticia luego de haber recibido más de veintinueve millones de pesos y teniendo todos los medios tecnológicos que le permiten determinar el estado de mi crédito, sus sistemas determinan que de acuerdo a los abonos efectuados el crédito queda debidamente cancelado, proceda a levantar la garantía real, no es imputable a mi esta falla por lo que debe mantenerse como extinguida esta obligación y retirarse mi nombre de las centrales de riesgo” (fls. 1 al 4, c.o. 1ª instancia).

Actuación procesal

Por auto del 1º de noviembre de 2002 (fl. 10, c.o. 1ª instancia) se admitió la tutela incoada ordenando informar sobre el particular al actor, al representante legal de XXX seccional Bucaramanga —oficina principal— a quien debía requerirse copia de toda la documentación relacionada con la obligación XXX a cargo de XXX, informando sobre el estado actual del crédito y razón del mismo.

Además oficiar a la oficina de registro de instrumentos públicos de Bucaramanga para que dentro del término legal allegara un certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria XXX; y requerir a la central de información, si el aquí accionante aparece como deudor vigente y por qué concepto.

Intervención de los convocados al trámite de la tutela

El apoderado judicial de la sociedad Computec S.A. división Datacrédito informó que el accionante se encuentra registrado en la base de datos por una mora en la obligación adquirida con XXX desde enero del año en curso, según información remitida por la entidad informante sin que hasta el pasado 5 de noviembre hubiera sido modificada.

Consideró improcedente la tutela argumentando que revisados los archivos y el sistema, no se encontró ningún reclamo elevado por el actor ante esa entidad en relación con el estado de las obligaciones adquiridas con el sistema financiero, invocando de manera inmediata y directa a los jueces sin haber acudido a esa división, pues el artículo 15 de la Constitución Política faculta a todas las personas para solicitar la rectificación de las informaciones que sobre ellas se recojan en bancos de datos (fls. 16 al 19, c.o. 1ª instancia).

Por su parte la doctora XXX, representante legal del banco XXX, en cuanto a los hechos fundamento de la tutela, manifestó que si bien es cierto la obligación XXX fue cancelada en su totalidad según lo refleja el abono realizado el 9 de agosto de 2000 y en consecuencia fue levantado el gravamen hipotecario que recaía sobre el inmueble; a dicho crédito le fue reversada con posterioridad la suma de $ 4.256.445.66 por concepto de reliquidación con fecha retroactiva al 1º de enero de 2000, la cual fue debitada con fecha contable de 14 de diciembre de 2001 en la cual se realizaron los respectivos ajustes según consta en el recorrido del crédito que allegó.

Sostuvo que la Superintendencia Bancaria al revisar y encontrar que el proceso de reliquidación no se ajustaba a sus directrices, solicitó la realización de un proceso ceñido a lo dispuesto en sus circulares externas 7 y 48 de 2000, lo que conlleva a la reversión de la reliquidación. Concluido el mismo, el banco XXX procedió a realizar la reversión del alivio inicialmente abonado por valor de $ 4.256.445.66 la cual arrojó una reliquidación final del crédito de cero (0), es decir que generó un valor de alivio negativo. Tal ajuste contable se efectuó habida cuenta de que ese mayor valor indebidamente aplicado en su momento no es de propiedad del banco sino de la Nación, razón por la cual el mismo tiene la obligación de devolverlos a su legítimo dueño, con el fin de proteger los dineros públicos que la entidad aplica como intermediaria del Gobierno Nacional.

Finalmente se opuso a la prosperidad de las pretensiones del actor, por contar con otros mecanismos de defensa judicial esto es, los jueces ordinarios que deben ocuparse de evaluar y estudiar el monto de la reliquidación del crédito. Para corroborar su dicho, anexó fotocopia de la consulta de estado de la obligación del actor a 6 de noviembre pasado, de la tabla de reliquidación del crédito, formulario de movimiento de cartera en línea y consulta del estado de reliquidación (fls. 33 al 44, c.o. 1ª instancia).

Pruebas

Al libelo de tutela se anexó por el accionante las siguientes documentales:

— Copia del certificado XXX de la Notaría Cuarta de Bucaramanga, expedido el 20 de noviembre de 2000 indicando que mediante escritura pública XXX de fecha 17 de noviembre de 2000 comparecieron la representante legal de XXX y el aquí accionante, en cuyo numeral segundo expresamente se plasmó: “... Que por estar satisfechas las obligaciones a que se refiere la citada escritura, la exponente obrando en su calidad ya indicada de representante de la corporación XXX, declara cancelada la garantía hipotecaria protocolizada por escritura pública XXX del 15 de julio de 1998 ...” de esa misma notaría “registrada el 17 de julio de 1998 bajo el folio de matrícula inmobiliaria XXX de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bucaramanga” (fl. 5, c.o. 1ª instancia).

— Comunicación del 12 de septiembre de 2002 del banco XXX informándole “... que no es posible certificarle el paz y salvo, debido a que aún presenta capital vigente ...” (fl. 7, c.o. 1ª instancia).

— Comprobante de abono a XXX efectuado el 9 de agosto de 2000 por la suma de $ 2.203.000; y consulta de estado de la obligación del 18 siguiente que da cuenta de dicho pago (fl. 8, c.o. 1ª instancia).

— De otra parte la oficina de registro de instrumentos públicos de Bucaramanga, allegó el certificado de tradición y libertad del predio con matrícula XXX, en donde en la anotación 7 aparece la cancelación de hipoteca de XXX a XXX y otro, (fls. 28 al 31 vto.).

Sentencia de primera instancia

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander en sentencia del 14 de noviembre (fls. 46 al 53, c.o. 1ª instancia), tuteló al señor XXX el derecho fundamental al debido proceso y en consecuencia ordenó al banco XXX a través de su representante legal, XXX, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, revise la reliquidación de la obligación hipotecaria XXX y en su lugar mantenga la liquidación que estaba vigente el 9 de agosto de 2000, y proceda dentro del mismo término a comunicar tal situación a la firma Datacrédito para que la información que se tenga del actor fuera reflejo del estado de su obligación para la fecha en que se canceló la totalidad del crédito.

Previa reseña de la situación fáctica y la actuación procesal desplegada, puntualizó la colegiatura que la actividad financiera es una función pública bajo el control directo del Estado; los bancos privados deben sujetar las actuaciones con sus clientes a la garantía del debido proceso, y las entidades que manejan y administran los recursos captados del público en forma masiva, habitual y profesional, adquieren una posición dominante o de supremacía material con relevancia jurídica, que puede llegar a vulnerar derechos fundamentales de los usuarios del servicio, por lo cual pueden ser sujetos pasivos de la acción de tutela.

Agregó que en el asunto sometido a tutela se evidenció que se trata de un crédito que había sido cancelado en su totalidad de acuerdo con la información suministrada por el mismo banco accionado, al punto que la hipoteca constituida para garantizar la obligación fue debidamente cancelada, razón por la cual XXX no podía de manera unilateral y sin cumplir procedimiento alguno en el que fuera oído el deudor, así fuera administrativamente, entrar a “crear” una nueva obligación bajo el pretexto de modificar la reliquidación del crédito por instrucciones de la superintendencia.

Así las cosas, concluyó que el banco XXX incurrió con su actuación unilateral en el desconocimiento de los principios de confianza legítima y la buena fe conculcando el debido proceso del actor.

Impugnación al fallo de tutela

La impugnación formulada por la doctora XXX, actuando en calidad de representante legal del banco XXX, fue concedida por auto del 22 de noviembre de 2002 (fl. 78, c.o. 1ª instancia).

Adujo que debía negarse la tutela impetrada y declarar en su lugar la negación del derecho por cuanto la última reliquidación del crédito se ajustaba a derecho y estaba avalada por la Superintendencia Bancaria.

Como argumentos de oposición a la prosperidad de la tutela expuso:

1. La orden judicial se encuentra por fuera de la órbita del juez constitucional, no se ajusta a derecho ni a los procedimientos establecidos por la Superintendencia Bancaria y la Ley 546 de 1999; por cuanto la tutela no ha sido instituida para resolver las controversias surgidas entre las partes con ocasión a la ejecución de contratos, para lo cual cuenta el actor con otros medios judiciales para su defensa acorde con el contrato respectivo según su naturaleza y competencia, pues el caso particular debe ventilarse ante los jueces ordinarios, como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia T-235 de 2001; además que no puede predicarse vulneración del debido proceso, por cuanto la decisión de efectuar la nueva reliquidación no constituye un acto administrativo acusable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Resaltó que ha precisado la jurisprudencia que los instructivos expedidos por la Superintendencia Bancaria en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control, son de obligatorio cumplimiento para las entidades vigiladas, como lo es el banco XXX en razón a que justamente son el resultado del ejercicio de facultad que le ha sido asignada por la ley y en tal virtud, las sumas que por abonos de reliquidación se aplicaron a los deudores hipotecarios son dineros públicos, de modo que no es posible imputar tales valores al crédito argumentando la equivocación del banco al momento de reliquidar como la configuración de una violación al principio de la confianza legítima.

Lo anterior por cuanto el banco envió las comunicaciones al cliente informando el valor que finalmente correspondía a su crédito hipotecario sin abusar de la confianza legítima ni de su posición dominante por existir otro gravamen hipotecario a su favor “como lo afirma el fallo impugnado, siendo ésta reliquidada por otra entidad como es el BCH entidad responsable en realizar las reliquidaciones de los créditos cedidos a esta entidad”.

Aseveró que no existe procedimiento escrito conforme al cual el banco no deba actuar para reversar la reliquidación y ese vacío jurídico y la necesidad objetiva de no incurrir en hechos punibles como propiciar la apropiación de dineros públicos, lleva a que en aras de cumplir lo ordenado por la Superintendencia Bancaria a través de sus normas, a cumplir la obligación de corregir el error, tema sobre el cual no existen claras reglas jurisprudenciales.

2. El objeto de la tutela no debe propiciar la comisión de un hecho punible, violar la ley ni crear imposibles jurídicos. El error, su corrección y restablecimiento de la situación correcta no respondió al capricho o libre albedrío del banco, sino al acatamiento de lineamientos legales y de orientaciones impartidas expresamente a través de circulares externas del ente de control y en ese sentido los abonos realizados por el banco a favor de los deudores de vivienda a 1º de enero de 2000, en virtud de las reliquidaciones ordenadas por el capítulo VIII de la Ley 546 de 1999, constituyen un pago realizado por cuenta de la Nación.

“El pago en cuestión, por ministerio de la ley, se halla sujeto a la condición suspensiva negativa consistente en que el deudor no incurra en mora igual o superior a doce meses durante toda la vida del crédito. Solamente cuando se cumpla la condición referida en el párrafo anterior, el pago quedará en firme y el abono se consolidará. Por tratarse de un abono no consolidado, en caso de error en la liquidación advertido en razón de la validación que debe realizar la Superintendencia Bancaria, el valor abonado en exceso puede ser revertido por el banco XXX frente a una reliquidación nueva informada por la entidad cedente Banco Central Hipotecario”.

3. El error de la entidad no debe utilizarse a favor de los intereses de los particulares bajo la figura del debido proceso, pues “... respecto de un abono no consolidado en cuya estimación la entidad financiera ha incurrido en error al liquidarlo por un valor superior a aquél que el Ministerio de Hacienda habrá de reconocer con la validación de la Superintendencia Bancaria, no cabe predicar la condición de un pago en firme, y por tanto, el error puede corregirse mediante la reversión del abono en el saldo del crédito a favor del deudor. Y no puede ser de otra manera, porque de lo contrario la regulación terminaría prohijando ora la apropiación en beneficio del deudor, de recursos públicos, ora el castigo al banco en un pago que realiza por cuenta de la Nación”.

4. El pago de lo no debido no debe legalizarse por un error aritmético involuntario, ello con sujeción a la normatividad civil que regula el pago de lo no debido y el reembolso de lo que se obtiene sin causa suficiente para ello, además que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 6 de septiembre de 1935 “creó el principio de enriquecimiento sin causa como una fuente adicional de las obligaciones, según el cual nadie puede enriquecerse sin derecho y en perjuicio de otro”.

Insistió finalmente en la improcedencia de la tutela por existir otros medios de defensa judicial, como que el actor debe acudir a justicia ordinaria a fin de que se declare la nulidad del acto emanado de la entidad mediante la cual reverso la reliquidación inicial y para que se resuelvan los asuntos de índole patrimonial de naturaleza pecuniaria, exclusivo de un proceso litigioso. (fls. 59 al 65, c.o. 1ª instancia).

Consideraciones de la Sala

Antes de entrar en un cuestionamiento de fondo, se considera importante anotar que tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y aceptado la doctrina, la tutela no es más que un mecanismo que tienen las personas para acudir en defensa de sus derechos fundamentales constitucionales cuando éstos sean vulnerados o teman que se llegaren a vulnerar por la acción u omisión de las autoridades.

Para poder entender este mecanismo, es necesario tener en claro que una de las características de nuestro Estado, es precisamente el de ser de derecho, lo que lleva implícito el concepto previo de legalidad, pues de no ser así, estaríamos en presencia de las vías de hecho.

Así las cosas, es claro entender que la tutela como mecanismo no tiene por objeto desplazar las competencias ordinarias o especiales que fueron creadas por el constituyente y desarrolladas por el legislador.

Por ello, obsérvese que la acción de tutela no busca decidir el fondo de los conflictos, pues, insistimos, no es de su esencia, ya que su real objetivo es el de ser garante de los derechos fundamentales.

Es así como dentro de la distribución de nuestro nuevo ordenamiento jurídico quedó establecida como una función perteneciente a la jurisdicción constitucional, y los jueces cuando en tal condición actúan, lo hacen como integrantes de esta jurisdicción mas no dentro de las facultades ordinarias de competencia que le asignó el legislador, de tal manera que la máxima autoridad en esta materia lo es la Corte Constitucional.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir que la acción de tutela no puede asumirse como un sistema de justicia paralela al que ha consagrado el ordenamiento jurídico en rigor, pues de ser ello así, nos veríamos avocados a que existieran pronunciamientos encontrados entre las jurisdicciones ordinarias o especiales y la constitucional.

De esta manera, es claro que la acción de tutela se caracteriza porque no es simultánea con las acciones ordinarias; tampoco paralela ni menos adicional o complementaria, acumulativa ni alternativa; tampoco es una instancia ni un recurso de donde se infiere, insistimos, que la acción de tutela no desplaza las acciones ordinarias; por ello las personas tienen el deber de acudir primeramente ante los escenarios jurídicos naturales que el legislador previó en cada caso.

De la procedencia de la acción

Como quiera que en el asunto en estudio la tutela se instauró contra un particular como lo es el banco XXX, debemos ante todo remitirnos a la lectura del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que consagra los específicos casos en que procede la tutela contra particulares, así en su numeral 8º se textó “Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas”.

Pues bien, sabido es que la banca financiera es una función pública que está bajo el control directo del Estado, y que la circunstancia de que éste autorice a los particulares para desarrollar tal actividad, en manera alguna significa que la misma pierda su esencia.

En este orden de ideas, es claro que los bancos privados cuando desarrollan esta función, se les da en materia de tutela, el mismo tratamiento que si se tratara de autoridades públicas, de tal suerte que por esta vía se puede predicar de ellas que en el ejercicio de sus funciones puedan ocasionalmente vulnerar el debido proceso.

Es por ello que cuando la Constitución Política en su artículo 28 consagró el debido proceso como un derecho fundamental de los asociados, lo reguló tanto en las actividades judiciales como en la administrativa; de ahí que si un particular como lo es un banco ejerce una actividad propia del Estado, es natural que esté obligado en sus actuaciones a acatar el debido proceso, al menos en cuanto al núcleo esencial se refiere, es decir, dar la posibilidad de defensa, de contradicción, ejercer el principio de legalidad, y en fin, desarrollar su actividad en todo momento bajo el acatamiento del rigorismo de la ley, de tal suerte que no le es permitido ejercer su actividad bajo su propio arbitrio y capricho.

Por todo lo anteriormente expuesto es claro que la tutela sí es procedente contra los particulares que ejerzan la función pública (Banca financiera), y que por tanto el juez de tutela está habilitado para conocer de aquellas acciones que se fundamenten en violaciones a los derechos fundamentales.

Del caso en estudio

Tiene por objeto esta tutela establecer si XXX al haber reversado unilateralmente una reliquidación del crédito al aquí accionante después de haberse terminado la relación contractual y levantarse la respectiva garantía hipotecaria, con dicho proceder pudo haber infringido el derecho fundamental que tienen los asociados a que en el desarrollo de la actividad administrativa se les respete el debido proceso, e igualmente se busca establecer si se vulnera el derecho al buen nombre al remitirse información financiera negativa a los bancos de datos sin que medie relación contractual, que establezca o soporte la mora de alguna obligación crediticia.

Para el efecto es necesario tener en cuenta que entre XXX y el actor existió una relación contractual con ocasión de un crédito de vivienda que le otorgara años atrás al aquí accionante, obligación crediticia que fue saldada conforme a los mecanismos establecidos por el legislador para el efecto, que para el caso en estudio no es otro distinto que el respectivo registro que da cuenta de la escritura de cancelación de la hipoteca.

Obsérvese entonces cómo estando claro que la propia entidad financiera aquí accionada levantó la respectiva hipoteca que garantizaba el pago de la deuda y que ésta se registró en debida forma, causa sorpresa que aún ésta continúe haciendo cobros sobre una deuda que jurídicamente no existe, con fundamento en situaciones posteriores a la terminación del contrato.

Ahora bien, es tan claro y contundente la prueba que en los actuales momentos entre el accionante y la accionada no existe relación contractual vigente, que en verdad causa sorpresa al observar el comportamiento de la autoridad accionada quien sin soporte legal pretende hacer unos cobros fundado única y exclusivamente en su capricho y arbitrariedad, alejado de cualquier procedimiento legal y si por el contrario abusando del poder que tiene para efectuar a los bancos de datos moras de deudas, que como anotáramos, no tienen respaldo.

Ello por cuanto no se entiende que una entidad financiera especializada en la prestación de sus servicios, dotada de medios técnicos; y de personal especializado curtido en este tipo de trámites, en forma absurda y sin ningún fundamento legal, pretenda convertir a alguien en moroso de una obligación inexistente, haciéndose más arbitrario su proceder al reportarlo como tal a los bancos de datos, no entendiéndose cómo dicha entidad financiera en lugar de acudir a los medios judiciales a obtener protección o declaración de los presuntos derechos económicos que dice tener, prefiere obtener su cobro por las vías de hecho, de la arbitrariedad y de la imposición hasta el punto de acudir a medidas extremas como el del reporte de datos.

Así las cosas, la Sala deja en claro que no está cuestionando el derecho que tiene la accionada a obtener lo que supuestamente se le debe, sino el procedimiento empleado para ello, pues es natural que si la misma considera que el deudor le debe algo, está en todo su derecho de acudir a los mecanismos procesales pertinentes, pero no a tomar medidas a su arbitrio alejadas de cualquier procedimiento autorizado por el legislador.

Así las cosas expuestas, la Sala no hará ningún pronunciamiento sobre la protección solicitada en relación con la petición de reversar el crédito, pues entiende que si está demostrado que en los actuales momentos no existe obligación originada en relación contractual alguna por estar ésta finiquitada, la protección es inocua; no sucediendo lo mismo con la información que ésta suministró a los bancos de datos en donde reporta al accionante como moroso de una obligación financiera, que como anotáramos, no existe, razón por la cual tutelará al actor su derecho fundamental al buen nombre consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política y como consecuencia de ello ordenará a XXX para que en forma inmediata a partir de la notificación de esta decisión, proceda a oficiar a los bancos de datos donde haya reportado la información financiera negativa y en especial a Computec S.A., división Datacrédito, para que actualicen su información en cuanto que “el señor XXX no registra mora en la obligación crediticia contraída con XXX”.

Por las anteriores consideraciones se modificará la sentencia recurrida en cuanto que no se ordenará la revisión de la reliquidación de la obligación hipotecaria XXX, y se confirmará en cuanto se debe actualizar la información a Datacrédito y a los demás bancos de datos.

Por último y como quiera que se observa un proceder anómalo en XXX en la forma como arbitrariamente cobra sus acreencias, se ordena compulsa de copias de esta decisión ante la Superintendencia Bancaria para que por su conducta en calidad de órgano de vigilancia, tome las medidas a lugar a efectos de que situaciones como la que originaron la tutela no se vuelvan a presentar.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

ART. 1º—MODIFICAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander el 14 de noviembre, que tuteló al señor XXX el derecho fundamental al debido proceso vulnerado por el banco XXX, en cuanto que revocará la decisión de reliquidar la obligación y la confirma en cuanto protegió el derecho al buen nombre al accionante, y en consecuencia se ordena a XXX que en forma inmediata proceda a oficiar a los bancos de datos donde haya reportado la información financiera negativa y en especial a Computec S.A. división Datacrédito, para que actualicen su información en cuanto que “el señor XXX no registra mora en la obligación crediticia contraída con XXX”, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ART. 2º—Una vez notificada esta providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narváez—Jorge Alonso Flechas Díaz—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

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