Sentencia 5060 de septiembre 24 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

DECOMISO DE LA MERCANCÍA IMPORTADA

POR OMISIONES DEL TRANSPORTADOR

EXTRACTOS: «La ocurrencia del hecho que originó la actuación administrativa que culminó con los actos acusados no ha sido controvertida por la actora en las dos sedes donde se ha ventilado el asunto: en la administrativa y en la jurisdiccional que se encuentra en curso; y como, además, existen documentos públicos que la acreditan, cabe inferir que se está ante hechos ciertos, reduciéndose, entonces, la cuestión a la validez del decomiso derivado de la no presentación a las autoridades de aduana de los documentos de ley antes del desembarque de la mercancía de que se habla.

El hecho se subsumió en los artículos 72, inciso segundo, y 12 del Decreto 1909 de 1992 y 3º y 8º de la Resolución Reglamentaria 371 de 30 de diciembre 1992.

Las dos primeras disposiciones, las de mayor jerarquía normativa aplicables al caso, son del siguiente tenor:

“ART. 12.—(Decreto 1909 de 1992). El manifiesto de carga, los documentos de embarque, las guías aéreas o cartas de porte y los demás documentos de transporte de la mercancía que adicionen el manifiesto, serán entregados a la autoridad aduanera antes del descargue de la mercancía...”.

“ART. 72.—Se entenderá que la mercancía no fue presentada (...).

Cuando no se entregaron documentos de transporte a la aduana. En estos eventos, así como en los demás que se encuentran previstos en el literal a) del artículo 1º del Decreto 1750 de 1991, procederá la multa de que trata el inciso primero del artículo 3º del citado decreto, equivalente al 50% del valor de la mercancía, sin perjuicio de su aprehensión y decomiso”.

Al confrontar el hecho con las susodichas prescripciones, se observa que hay correspondencia entre uno y otras, de donde le es aplicable las consecuencias señaladas en éstas.

En efecto, los dos artículos del decreto en referencia, vistos de manera concordante, constituyen la norma según la cual la entrega válida a las autoridades de aduana de los documentos de embarque, o guías aéreas, es aquélla que se hace antes del descargue de la mercancía, y que la no entrega de documentos de transporte a la aduana, prevista en el artículo 72 transcrito, comprende el evento de la no entrega de los mismos antes del descargue de la mercancía, sin que interese las razones o motivos de tal omisión, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

En el sub lite, incuestionablemente, el 15 de agosto de 1994, los inspectores de la DIAN - Buenaventura encontraron que el contenedor Triu-4293743-3 X 40’, donde venía embalada la mercancía que fue objeto del decomiso mediante los actos aquí enjuiciados, consignado al importador J. Gómez y Cía. Ltda., fue descargado en el puerto de Buenaventura sin hacer entrega de los documentos pertinentes a la mencionada agencia estatal, o sea, “sin manifestarlo”, según se dice en el informe respectivo.

Como quiera que la consecuencia prevista para la situación que se examina, en tanto se encuadra en el supuesto normativo descrito, es el de, por una parte, la imposición de una multa equivalente al 50% del valor de la mercancía, que se entiende va dirigida al transportador y, de otra, la aprehensión y decomiso de la mercancía, que obviamente afecta al importador o propietario de la misma, la decisión acusada resulta jurídicamente válida, más cuando para tomarla se adelantó la actuación administrativa debida a la cual el importador fue vinculado en legal forma, según él mismo da cuenta en los hechos, mediante la previa formulación de cargos y el otorgamiento, a partir de este momento, de las oportunidades procedentes para la defensa de sus intereses.

La norma, en tanto posibilita el decomiso de la mercancía por omisiones del transportador, puede aparecer como excesiva o exageradamente formalista, pero sucede, de una parte, que el objeto de este control es la mercancía misma y que su suerte está directamente ligada al cumplimiento de las obligaciones sobre las que se ejerce dicho control, al punto que sobre ella pesa la condición de ser garantía prendaria de las mismas, por disponerlo así el artículo 8º del Decreto-Ley 2666 de 1984 que, bajo el título “relación de las mercancías con la obligación tributaria aduanera”, prescribe que la mercancía importada o en trámite de exportación constituirá prenda para garantizar la obligación tributaria aduanera; y, de otra, que el importador es el principal responsable de las circunstancias jurídicas en que la mercancía ingrese al territorio nacional.

Además, las normas que en el caso han sido aplicadas forman parte del régimen jurídico que gobiernan las obligaciones aduaneras, particularmente las del importador y que se presumen conocidas, es decir, del debido proceso a que está sometida la actuación administrativa correspondiente, por consiguiente, es de su cargo tomar las previsiones del caso para que se les dé estricto cumplimiento, procurando el cuidado y diligencia necesarios en las operaciones respectivas.

De suerte que si, como en el presente caso se pretende, se asumiera que el descargue de la mercancía importada sin la previa presentación de los documentos de ley sólo puede acarrear consecuencias punibles o sancionatorias para el transportador, de suyo la mercancía quedaría fuera del control aduanero y, por tanto, éste perdería toda su eficacia y razón de ser, ya que por vía de la sanción al transportador la mercancía escaparía a las consecuencias del incumplimiento de los requisitos previstos para su legítimo ingreso al territorio nacional y su nacionalización.

Así las cosas, no sirve como razón para no ordenar el decomiso de la mercancía el mero hecho de que se deba al transportador, y no al importador, el descargue de la mercancía sin el cumplimiento del requisito omitido en el caso sub judice, ya que el importador, en tanto interesado en ella, es el responsable de todo cuanto suceda frente al régimen aduanero, respecto de la misma, por las acciones u omisiones en que se incurra al llegar al territorio nacional.

Lo anterior no significa que la aplicación de las normas de derecho no pueda estar sujeta a excepciones, pero es sabido que éstas se dan por causas o circunstancias que así lo justifican, atendiendo principios como el de equidad y justicia, invocados por el actor, dentro de los cuales caben el caso fortuito o la fuerza mayor, puesto que nadie está obligado a lo imposible, pero la conducta omisiva de terceros de los cuales se vale el importador para el manejo de la mercancía, no es en forma alguna fuerza mayor o caso fortuito.

En resumen, las dos resoluciones demandadas por la actora fueron proferidas en el sentido en que lo imponían las normas en ellas aducidas, respecto del hecho o la situación que se presentó con la mercancía sobre la cual recayó el decomiso, sin que existan razones o circunstancias en el plenario que indiquen violación de las garantías y principios invocados por la actora».

(Sentencia de septiembre 24 de 1998. Expediente 5060. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

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