Sentencia 5065 de julio 22 de 1999 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EL INCUMPLIMIENTO DEBE GENERAR UN PERJUICIO ECONÓMICO

EXTRACTOS: «1. El contrato de seguro es aquel negocio “...bilateral, oneroso, aleatorio y de tracto sucesivo por virtud del cual una persona —el asegurador— se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta que se denomina prima, dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al asegurado los daños sufridos o, dado el caso, a satisfacer un capital o una renta, según se trate de seguros respecto de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre el patrimonio mismo, supuestos en que se les llama de daños o de indemnización efectiva, o bien de seguros sobre las personas cuya función, como se sabe, es la previsión, la capitalización y el ahorro. Salta a la vista, pues, que uno de los elementos esenciales en este esquema contractual es la obligación condicional contraída por el asegurador de ejecutar la prestación prometida si llegare a realizarse el riesgo asegurado, obligación que por lo tanto equivale al costo que ante la ocurrencia del siniestro debe aquél asumir y significa asimismo la contraprestación a su cargo, correlativa al pago de la prima por parte del tomador”. (Sent. ene. 24/94, CSJ. Exp. 4045).

El contrato de seguro de daños, es meramente indemnizatorio de todo o parte del perjuicio sufrido por el asegurado. Tal la razón para que el tomador, en caso de presentarse el riesgo, no pueda reclamar del asegurador suma mayor que la asegurada, así el daño haya sido superior, ni cifra que exceda del monto del daño, aunque el valor asegurado fuese mayor. El asegurado logra así, a través del contrato de seguro, la posibilidad de obtener la reparación del detrimento que sufre en su patrimonio a causa del acaecimiento del siniestro; su aspiración no puede ir mas allá de alcanzar una compensación del empobrecimiento que le cause la ocurrencia del insuceso asegurado; el contrato le sirve para obtener una reparación, mas no para conseguir un lucro.

El artículo 1088 del Código de Comercio estatuye que “respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”. Por tanto, en los seguros de daños el pago de la prestación asegurada consiste en resarcir, dentro de los límites pactados, las consecuencias económicas desfavorables o los perjuicios patrimoniales provocados por el siniestro.

Los seguros como el de cumplimiento —que por su naturaleza corresponden a los seguros de daños—, implican la protección frente a un perjuicio patrimonial que pueda sufrir la asegurada al ocurrir el riesgo asegurado. Empero, el solo incumplimiento por parte del obligado no constituye por sí mismo siniestro, a menos que se genere un perjuicio para el asegurado, por ser de la esencia de éste la causación y padecimiento efectivos de un daño, pues de lo contrario el seguro se convertiría en fuente de enriquecimiento para el asegurado, lo cual está prohibido para los seguros de daños en el artículo en cita.

Es que el siniestro en los seguros de daños, tanto más cuando ellos sean de carácter patrimonial (C. de Co., art. 1082), invariablemente supone la materialización de un perjuicio de estirpe económico radicado en cabeza del asegurado, sin el cual no puede pretenderse que el riesgo materia del acuerdo de voluntades haya tenido lugar y, por ende, que se genere responsabilidad contractual del asegurador. No en vano, en ellos campea con vigor el principio indemnizatorio, de tanta relevancia en la relación asegurativa.

De consiguiente, mal podría entonces en el presente caso afirmarse que se configuró el siniestro en el seguro de cumplimiento contratado en su oportunidad, por la simple y escueta ausencia de la constitución de hipoteca, como quiera que dicha inacción, per se, es inane para atribuirle responsabilidad al asegurador, pues como ya se acotó en los seguros de daños se requiere para que prospere la reclamación formulada por el asegurado, la presencia de un daño o perjuicio de naturaleza patrimonial, que debe acreditar éste en la forma debida.

En este orden de ideas, para hacerse acreedor al pago del seguro, el tomador debe demostrar, según lo ordena el artículo 1077 ibídem la ocurrencia del siniestro, y la cuantía de la pérdida. Por su parte, si el asegurador pretende excluir o reducir su responsabilidad, tendrá la carga de la prueba de los hechos o circunstancias constitutivos de exoneración o limitación de su responsabilidad en el pago del seguro.

En síntesis, siendo principio rector en materia de seguros que este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio (C. de Co., art. 1088), la obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro, de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.

2. En el caso de este proceso Fabio Bertrand solicitó dineros en mutuo a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, cuyo pago ofreció garantizar mediante la constitución de hipoteca en favor de la entidad sobre el inmueble ubicado en la carrera 3ª este Nº 13-07 de Cali. Mientras se producía la constitución de la garantía hipotecaria ofrecida, Fabio Bertrand obtuvo de la compañía Aseguradora Colseguros S.A. las pólizas de seguros visibles entre folios 5 y 10 del cuaderno 1 y a folios 22 del cuaderno 2, contratos en los cuales aparece aquella entidad como asegurada por los valores allí señalados y en los que se precisó que su objeto era “garantizar la futura constitución de hipoteca” sobre el citado bien. Las pólizas de ese modo suscritas por la asegurada, el contratista y la aseguradora fueron elaboradas en papelería preimpresa de esta última compañía bajo el rótulo “seguro de cumplimiento en favor de entidades nacionales-departamentales-distritales-municipales-intendenciales y comisariales”, en cuyas “condiciones generales” dejaron previstas las partes en punto de “amparo y definiciones” (parágrafo tercero de la cláusula primera) que “por medio de la garantía de cumplimiento, las entidades contratantes se precaven contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva”.

Significa lo precedente que, aun cuando en las pólizas se hubiese expresado que el objeto del contrato era “garantizar la futura constitución de hipoteca del inmueble ubicado en la carrera 3ª este Nº 13-07 Cali”, los alcances de la cobertura del seguro deben determinarse en armonía con las “condiciones generales” previstas como anexos de cada uno de los contratos celebrados, y en consonancia igualmente con lo dispuesto por el artículo 1622 del Código Civil, al mismo tiempo que de conformidad con el contenido de la primera parte del artículo 1088 del Código de Comercio, habida cuenta que todo seguro que revista la naturaleza de seguro de daño parte del supuesto de la presencia ulterior de un detrimento patrimonial, a fin de que pueda aludirse, con propiedad, a un siniestro indemnizable. Ello evidencia que, como auténticos seguros de daños que en realidad son las pólizas aludidas, la Aseguradora Colseguros S.A. se obligó, en frente del acaecimiento del siniestro (incumplimiento del mutuario Fabio Betrand en la constitución de la garantía hipotecaria ofrecida con reales y efectivas repercusiones económicas desfavorables para la asegurada), a responderle a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero por los perjuicios derivados para ésta de la ocurrencia de aquél, en cuanto estos no sobrepasaren el monto de los valores asegurados en cada una de esas pólizas, pero no necesariamente por el total de esos valores, ni tampoco, obviamente, por el tope de las obligaciones finalmente adquiridas y eventualmente incumplidas por Fabio Bertrand con la entidad crediticia. A este respecto es pertinente notar cómo, no obstante el monto en que cuantificó su aspiración económica la parte actora, en la petición segunda de la demanda ella dejó en claro que la condena deprecada en el litigio lo es a “título de indemnización”, característica esa de la pretensión que es deducible igualmente de los hechos cuarto y quinto del libelo.

Así lo entendió desde luego el tribunal cuando no obstante aseverar en su fallo que el “El objeto del seguro, como claramente se lee en las pólizas, fue el de ''futura constitución de hipoteca'' por parte del tomador y —según la demanda— era para garantizar varios préstamos que le fueron concedido (sic) por la entidad demandante”, en ese mismo pronunciamiento dejó por entero definido que “se ejercita en el plenario una pretensión indemnizatoria de índole contractual con apoyo en las pólizas de seguro de cumplimiento...”, criterio en apoyo del cual transcribe líneas adelante el contenido del artículo 1127 del Código de Comercio, alusivo al “seguro de responsabilidad”.

3. Si lo anterior es así, si en el presente litigio se ventila una pretensión resarcitoria por perjuicios de tipo contractual, resulta palmar, como lo aduce la recurrente, el error fáctico cometido por el tribunal cuando de cara a la actuación concluyó, después de aseverar que el riesgo consistía en la no constitución de la garantía hipotecaria a cargo de Fabio Bertrand y que ese fue precisamente el interés asegurable por el cual la compañía cobró las primas respectivas, que en virtud de los mencionados contratos de seguro pactados la compañía “Aseguradora Colseguros S.A.” se obligó y debía responder por el monto del valor asegurado en cada una de las pólizas ya aludidas, y no, como debía ser, por los perjuicios reales que el incumplimiento de Fabio Bertrand le acarreó a la entidad actora. De manera que al sacar el sentenciador ad-quem de los medios de convicción aquella conclusión, incurrió ciertamente en el yerro fáctico denunciado por la censura, pues no tuvo en cuenta ni el cabal sentido de la pretensión indemnizatoria suplicada en la demanda ni las “condiciones generales” por las que, según el acuerdo de las partes, debían regirse los prenombrados acuerdos en aspectos tales como el “de la garantía de cumplimiento del contrato”.

4. El cargo, por ende, se abre paso.

Sentencia sustitutiva

1. Resulta de lo expuesto que por la prosperidad del cargo formulado, la sentencia atacada ha de infirmarse y, por mandato de lo previsto en el inciso primero del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, debe dictarse por la Corte la que ha de reemplazarla.

2. Del examen del libelo incoatorio, infiérese que la demandante persigue se condene a su demandada por responsabilidad civil contractual, derivada del incumplimiento de unos contratos de seguros.

3. De acuerdo con el artículo 1077 del Código Civil, “corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso”, lo cual está poniendo de presente, como regla general, una doble carga probatoria, la de acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida que éste originó.

4. Si en el presente caso, evidentemente se trata de un seguro de daños como atrás se puntualizó, obviamente que para la prosperidad de las súplicas de la demanda era indispensable que en el plenario apareciese la prueba del perjuicio; como la misma brilla por su ausencia, la falta de demostración de este extremo lleva inexorablemente al fracaso de las pretensiones, pues se reitera, por parte alguna aparece probado el menoscabo o detrimento patrimonial, real y efectivamente sufrido de manera concreta por la demandante, en armonía con lo cual es pertinente resaltar que ni siquiera se acreditó el desembolso de los dineros dados en mutuo a Fabio Bertrand, pues a este respecto es por sí mismo elocuente, tal como está acreditado en el trámite de la actuación adelantada en segunda instancia (fls. 21 y 22 C. del tribunal), que la póliza número 8667033 por un valor asegurado de $ 30.000.000, se encontraba, aún en esa etapa procesal, en poder del presunto mutuario.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de dos (2) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y obrando como fallador de instancia,

RESUELVE:

1. REVOCAR en todas sus partes la sentencia de 20 de abril de 1993, proferida en este proceso por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali.

2. DESESTIMAR las pretensiones contenidas en la demanda formulada por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero contra Aseguradora Colseguros S.A.

Las costas de primera y segunda instancia son de cargo de la demandante. Tásense por quien corresponda. Sin costas en casación ante la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».

(Sentencia de casación, julio 22 de 1999. Expediente 5065. Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas).

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