Sentencia 5066 de junio 19 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

TESTIMONIO DE MENORES

PROCEDENCIA

EXTRACTOS: «1. El artículo 285 del Código de Procedimiento Penal dispone: .

“Deber de rendir testimonio. Toda persona está en la obligación de rendir bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el proceso, salvo las excepciones legales”.

Por auto de junio 21 de 1989 (fl. 18) el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría decidió:

“De conformidad con las citas que le aparecen en estas diligencias, recepciónense los testimonios de la señora Gladys, y del menor Camilo ..., esposa e hijo, respectivamente, del sindicado Diego ...”.

En cumplimiento a ese auto el juez se trasladó al municipio de Mistrató y en primer término escuchó al menor de cinco años Camilo ..., a quien le fue incautada en un morral o mochila la cocaína. En el encabezamiento de dicha diligencia se lee:

“No obstante el Código de Procedimiento Penal en su artículo 285 establece que toda persona está obligada a rendir declaración bajo juramento, el que no se le toma al menor por su corta edad y consiguiente falta de discernimiento sobre su responsabilidad” (fl. 19).

Esa diligencia, que el juez tituló “conversación con el menor Camilo ...”, es la que tilda de “inexistente” el casacionista, con el argumento de que no es testimonio (por no poderse recibir con juramento) ni ninguno de los otros medios de prueba que relaciona el artículo 258 del Código de Procedimiento Penal (inspección, peritación, documentos, confesión e indicios).

Si por testimonio cabe entender, jurídicamente hablando, los hechos, circunstancias o cosas que se ponen en conocimiento de la autoridad respectiva y que interesan a una investigación o a un proceso, no se ve por qué un menor esté incapacitado para testimoniar.

En cuanto al juramento que debe presidir el testimonio, hay que señalar, con la delegada y la doctrina dominante, que su razón de ser no es otra que amenazar con una pena (la prevista para el falso testimonio) a quien mienta en la declaración: en tratándose, como en este caso, de un menor de cinco años, dicha función “motivante” que cumple el juramento se perdería, pues esa minoría de edad lo excluiría de cualquier medida de carácter penal. Tanto por virtud de los artículos 5º, 6º y 7º del Decreto ley 1818 de 1964 (vigente para la época en que el menor rindió testimonio o “conversó”), como del Código del Menor (Decreto 2737 de noviembre 27 de 1989), los menores de 12 años que incurran en “infracciones penales”, son objeto de medidas encaminadas a su “protección especial y a su formación integral”, impuestas por el defensor de familia, según los artículos 57, 169 y 277-13 del citado código.

Siendo ello así, resulta claro que la asunción del testimonio de Camilo ... al proceso, no adolece de vicio alguno, y entonces no se presenta el “error de derecho” en que se basa el cargo.

2. Ahora bien: como simple enunciado, el actor afirma que el menor no fue enterado de que no estaba obligado a declarar (o “conversar”), de conformidad con los artículos 25 de la Carta y 286 del Código de Procedimiento Penal.

Tiene razón el casacionista en cuanto a que dicha advertencia se le ha debido hacer al menor, explicándole, en los términos apropiados a tenor de su temprana edad, que el acusado era su padre y que nadie lo iba a obligar a testimoniar para causarle un mal o perjudicarlo. Pero por parte alguna se vislumbra que el menor Camilo haya sido presionado para obtener su declaración. Además, lo que se pretende mediante los artículos arriba citados, es que el testigo no sea requerido, compelido a declarar contra sí mismo o contra alguna de las personas que esa normatividad nombra, y en este caso, aconteció que el niño compareció a testimoniar en favor de su padre, manifestando incluso que “ahorita me van a dar doscientos pesos, un regalo me los van a dar por venir aquí, por decir lo que me dijeron”: así, el menor Camilo aseveró que un desconocido le “echó” la droga al morral.

De ahí que por ese segundo aspecto tampoco esa prueba deviene inexistente, o afectada por el yerro de derecho que adujo el demandante.

Sin perjuicio de la conclusión precedente, no sobra acotar que, como bien lo destaca la delegada, el testimonio cuestionado de ninguna manera fue pilar del fallo atacado».

(Sentencia de casación, junio 19 de 1991. Radicación 5066. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz).

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