Sentencia 50675 de octubre 2 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Rad.: 50675

Acta 35

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones de la Corte

No existe discrepancia alguna frente a los extremos temporales de la relación laboral, esto es, que el actor prestó servicios a la entidad recurrente del 25 de noviembre de 1976 al 12 de noviembre de 1997, el cumplimiento de los 55 años de edad del actor el 23 de septiembre de 2007, así como que se encontraba en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 , por lo que le corresponde dilucidar a esta Sala, si el actor laboró por espacio de 20 o más años en calidad de trabajador oficial, para ser acreedor de la pensión de jubilación oficial en los términos establecidos en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, como lo concluyó el tribunal o, si por el contrario, no cumple con dicho requisito, como lo aduce el recurrente.

Pues bien, discrepa el censor de la sentencia de segunda instancia, en cuanto aplicó de forma indebida varias normativas, entre ellas, los artículos 1º de la Ley 33 de 1985 y el 36 de la Ley 100 de 1993, dado que se reconoció la prestación solicitada por el actor, bajo el entendido que durante la vigencia de la relación laboral, ostentó la calidad de trabajador oficial; y así mismo lo señalado por los decretos 663 de 1993, 130 de 1976, 092 de 2000 y 2331 de 1998, que tienen que ver con las variaciones de la naturaleza jurídica del Banco y, en consecuencia, con la calidad que tenía el actor.

El análisis del tribunal resulta equivocado, toda vez que si bien, para resolver el asunto tuvo en cuenta que cuando empezó a regir la Ley 100 de 1993, el actor tenía más de 40 años de edad, que lo ubicaba, con acierto, en el régimen de transición y por ello beneficiario de lo previsto en la Ley 33 de 1985, no observó que a la luz de esta preceptiva era menester demostrar los 20 años de servicio como trabajador oficial, conclusión ésta a la que llegó de deducir, erradamente, que la entidad bancaria “siempre tuvo participación estatal al margen que dicho capital fuera inferior al 10% ...”.

En efecto, el tema objeto de debate, ha sido examinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte en varias oportunidades, en las que se han analizado los efectos de los cambios de la naturaleza jurídica de la entidad demandada, especialmente en lo relativo al régimen pensional aplicable a sus servidores; en ese sentido se pueden rememorar las sentencias del 15 de febrero, 19 de julio, 3 de diciembre y 12 de diciembre, de 2007, radicaciones 28999, 31110, 29256 y 30452, respectivamente; en la última, se concluyó:

“1. Desde el 5 de julio de 1994, el Banco Cafetero, o Bancafé, mutó su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, de carácter oficial, que hasta el día anterior había ostentado, para convertirse en sociedad de economía mixta, sometida al régimen de las empresas privadas por tener un capital estatal inferior al 90%. Por ello, las personas vinculadas al Banco como trabajadores oficiales, a partir de esa fecha, cambiaron su estado jurídico laboral, para quedar sometidos al régimen general de los trabajadores particulares.

2. Esta calidad de trabajadores privados se conservó hasta el 28 de septiembre de 1999, porque desde ese momento, una variación del capital social de Bancafé, producido por la reinversión hecha por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, ente de naturaleza pública, trasmutó nuevamente su carácter de sociedad de economía regida por el derecho privado, al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado sometidas al derecho público. Este hecho lo consideró la Corte como trascendental, para sumar el tiempo laborado con posterioridad a la citada fecha, a efectos de establecer el total de días servidos en la entidad, con miras a la pensión oficial reclamada con sustento en la Ley 33 de 1985.

3. Sin embargo, por Decreto 92 de 2000 se reformó la estructura de Bancafé y se dispuso expresamente que el régimen de personal será el previsto en sus estatutos. Estos, habían sido autorizados y protocolizados mediante Escritura Pública 3497 del 28 de octubre de 1999, en cuyo artículo 29 se estableció que el Presidente y el Contralor del Banco tenían la calidad de empleados públicos y el resto de personal vinculado se sujetaría al régimen laboral aplicable a los trabajadores particulares.

4. Para la Corte, la transformación de la naturaleza del vínculo laboral de los servidores de Bancafé en 1994, esto es, de trabajadores oficiales a trabajadores particulares, no puede concebirse en perjuicio de los derechos adquiridos de personas que, antes del 5 de julio de 1994, ya habían completado al menos el tiempo de servicios exigido en la Ley 33 de 1985 para obtener derecho a la pensión oficial, consagrada en tal estatuto. De suerte que al cumplir la edad requerida en dicha ley, en nada le afectaba la mutación societaria acaecida en 1994.

5. Con base en la más reciente sentencia de la Sala de Casación, en el que también fue objeto de pronunciamiento el tema ahora examinado, el nuevo escenario producido a partir del Decreto 92 de 2000 tampoco puede afectar los derechos de aquellos trabajadores que, hallándose cobijados por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hubieren permanecido vinculados al Banco y completado los 20 años de servicios después del 28 de septiembre de 1999, cuando reasumió el carácter de empresa industrial y comercial del Estado.

Es decir, los empleados que el 1º de abril de 1994 ostentaban la condición de trabajadores oficiales, si reunían los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, podían agregar, al tiempo completado hasta el 5 de julio de 1994 como trabajadores oficiales, el que laboraron a partir del 28 de septiembre de 1999. De modo que si, al momento de su retiro, la sumatoria de los dos períodos trabajados como servidores oficiales (el anterior a 1994 y el posterior a 1999) arroja los 20 años de servicios, es de recibo la pensión jubilatoria de la Ley 33 de 1985, al celebrar el cumpleaños 55”.

Lo expuesto deja en evidencia la equivocación del tribunal al estimar que con la totalidad del tiempo de servicios del actor (nov. 25/76 a nov. 12/97) y al encontrarse cobijado por el régimen de transición, era acreedor a la pensión de jubilación oficial; pues al descontar el lapso de tiempo comprendido entre el 5 de julio de 1994 (cuando la naturaleza de la entidad varió) y el 12 de noviembre de 1997 (cuando terminó el vínculo) en el que los trabajadores del Banco Cafetero ostentaron la calidad de particulares, se tiene que el actor prestó sus servicios como trabajador oficial de la entidad demandada, 17 años, 7 meses y 10 días, que no satisface o supera el tiempo de servicio exigido por la Ley 33 de 1985.

De manera entonces, que le asiste razón al recurrente, si se tiene en cuenta que el derecho pensional reclamado, se causa además del cumplimiento de la edad (55 años), con la prestación de los servicios como trabajador oficial durante 20 años o más, requisito este último que no cumplió el actor.

En consecuencia, los cargos son fundados y habrá de casarse la sentencia recurrida.

En sede de instancia, son suficientes las razones plasmadas para confirmar la decisión absolutoria del Juzgado, en tanto concluyó que el actor prestó servicios como trabajador oficial durante menos de 20 años, situación que no le da derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación reclamada.

Dada la prosperidad de la acusación, no se impone costas en casación. En las instancias, estarán a cargo de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA la sentencia dictada el 12 de noviembre de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá, en el proceso que Miguel Antonio Valencia Gutiérrezpromoviócontra el Banco Cafetero - En liquidación.

En sede de instancia CONFIRMA la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, del 7 de noviembre de 2008.

Sin costas en el recurso extraordinario, las de primera y segunda instancia a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».