Sentencia 5074 de octubre 8 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

CONFLICTOS COLECTIVOS

FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EXTRACTOS: «Estima la Sala que previamente al examen de los medios probatorios en que fundamenta los pretendidos yerros fácticos que se le anotan al fallo cuestionado, es pertinente hacer referencia sobre las facultades de los representantes de las partes y en especial del patrono o empleador en la discusión de los conflictos jurídicos y económicos.

Dentro del ámbito del derecho individual del trabajo, el artículo 32 del C. S. del T., subrogado por el artículo 1º del Decreto 2351 de 1965, preceptúa que las personas que representan al patrono lo obligan frente a sus trabajadores, como son todos aquellos que ejerzan funciones de dirección o administración, tales como directores, gerentes administradores, síndicos o liquidadores y quienes ejerciten actos de representación con la aquiescencia expresa o tácita del patrono.

Esta clase de representación vino a adicionar las normas del derecho común al crear una nueva, que la doctrina ha llamado en razón de la brevedad como de tipo “legal-laboral”.

En el área del derecho colectivo, el artículo 435 ibídem, subrogado a la vez por el artículo 2º de la Ley 39 de 1985 y no de la Ley 30 de ese año que impropiamente señala la censura, dispone que los negociadores de los pliegos de peticiones deberán estar investidos de plenos poderes que se presumen para celebrar y suscribir, en nombre de las partes que representan, los acuerdos a que lleguen en la etapa de arreglo directo, los cuales no son susceptibles de replanteamiento o modificaciones en etapas posteriores del conflicto colectivo.

En el entendimiento que la presunción antes anotada tiene la condición de legal y por ello presupone la posibilidad de ser desvirtuada, también debe tenerse en cuenta que la misma disposición, establece que los acuerdos a que se lleguen en la primera etapa, no son susceptibles de cambios en etapas posteriores, lo que necesariamente lleva al convencimiento que lo convenido en ella no puede ser materia de desconocimiento por voluntad de uno de los contratantes.

Pensar lo contrario, seria desconocer los efectos que la propia ley le da con razones lógicas a las etapas del conflicto colectivo y a la facultad que deben tener los representantes para comprometer a sus mandantes desde su comienzo, y en ese sentido debe entenderse la finalidad del texto legal cuando dispone que lo acordado en una etapa no puede ser objeto de nuevas discusiones y pareceres contrarios a lo ya aprobado.

Situación diferente se puede dar cuando en forma expresa las partes o una de ellas, presuponen la aceptación ad-referendum o sea una instancia superior a la de los propios representantes de las partes que intervienen directamente en el conflicto dentro de la preceptiva del artículo 435 del estatuto sustantivo del trabajo.

No debe olvidarse el principio de la buena fe que en el campo de la contratación colectiva siempre está ínsito en todo su trámite hasta su finalización, que culmina con la celebración de la convención colectiva y que no permite que una de las partes que lo ha firmado con posterioridad, con argumentos que no fueron materia de contradicción en su debida oportunidad, se presenten para tratar de invalidar por sí sola lo ya convenido de acuerdo a la ley y con la propia voluntad de las partes en la negociación colectiva.

Cuando se ha cumplido con todas las ritualidades en la discusión del conflicto colectivo no se dan los vicios procedimentales que generan la nulidad de lo actuado; lo contrario conllevaría a la inseguridad jurídica y quedaría al arbitrio de una de las partes el desconocer sus efectos, a los cuales precisamente se ha comprometido.

Por último, es conveniente reiterar como lo ha sostenido esta Sección en decisión anterior que “las disposiciones provenientes de otros horizontes jurídicos diferentes del laboral, sólo pueden aplicarse en el campo social cuando en este no exista norma exactamente aplicable al caso controvertido y siempre y cuando que ellas no se opongan a las leyes laborales o no sean contrarias en sus principios a los que son propios y se hallan ínsitos en la naturaleza del régimen jurídico laboral” (Sentencia de noviembre 17 de 1989. Rad. 3360. Mag. Dr. Hernán Guillermo Aldana)».

(Sentencia de casación, octubre 8 de 1992. Expediente 5074. Magistrado Ponente: Dr. Ernesto Jiménez Díaz).

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