Sentencia 5076 de octubre 6 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

CONFESIÓN FICTA

ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO

EXTRACTOS: «Bien cabe iniciar el análisis correspondiente memorando el lacónico y contundente contenido del artículo 201 del Código de Procedimiento Civil: “Toda confesión admite prueba en contrario”; disposición que a su vez invita a reflexionar, en cuanto viene al caso, en que si posibilidad tal es predicable de la confesión judicial que se hace expresamente, cuánto más podrá decirse de la ficta o presunta contemplada en el precepto 210 de ese mismo código.

Ciertamente, cual lo señaló la Corte en casación de 24 de junio de 1992, la confesión que el juzgador, en aplicación del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, declara ocurrida respecto del litigante que, citado en debida forma, dejó de comparecer sin justo motivo a absolver el interrogatorio cuya práctica se dispuso a instancia del adversario, tiene “(...) la significación procesal de una auténtica presunción de las que en lenguaje técnico se denominan legales o juris tantum, lo que a la luz del artículo 176 del Código de Procedimiento Civil equivale a decir que invierte el peso de la prueba, haciendo recaer sobre el no compareciente la obligación de rendir la prueba contraria (...)”. Sin embargo, no menos valedero resulta que se trata “... de un medio artificial de convicción que tendrá la misma fuerza que a las confesiones reales y verdaderas se les atribuye, en la medida en que, de un lado, no exista dentro del proceso prueba en contrario (CPC, art. 201), y de otro, que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 195 ibídem específicamente para la validez de toda prueba por confesión (...)”. (Cas. 16 de febrero de 1994). (se resalta ).

Sin que sobre todavía insistir en que en el evento de hallar el juzgador “...que en el proceso obraban otros elementos de convicción que infirmaban la presunción de veracidad respecto de los hechos narrados en la demanda y susceptibles de prueba confesión, bien podía, dentro de la discreta autonomía probatoria que le asiste, desconocerle efectos probatorios a la precitada confesión ficta, conforme a lo dispuesto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil”. (Sent. feb. 14/91).

Viene lo anterior a propósito de la forma en que, a manera de rezago de antiguas concepciones conforme a las cuales la confesión más que una forma de prueba es la relevación en favor del adversario de la carga de probar, subyace en la posición del recurrente la idea de que ese es medio probativo que se impone en el proceso en forma avasalladora, sin que exista dique que pueda contenerlo.

No otra cosa se desprende, en efecto, de la forma tesonera en que el impugnador resalta el hecho de que la no comparecencia del representante legal de la sociedad demandante en reivindicación a la audiencia en que había de dar respuesta al interrogatorio decretado a instancia de la otra parte, no dejaba al juzgador, frente a las previsiones del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, alternativa diferente a la de considerar demostrada, en virtud de la confesión ficta, la posesión material del demandado sobre el inmueble en litigio por un lapso superior a los veinte años, hecho este que constituía el sustento básico tanto de la excepción de prescripción extintiva que de la acción restitutoria éste alegaba, como de la demanda de pertenencia que en reconvención propusiera.

Pero, según se viene diciendo, criterio semejante implica hacer caso omiso del contenido del artículo 201 del estatuto procesal civil, y particularmente de la circunstancia de que en el presente asunto el Tribunal consideró desvirtuada la posesión veintenaria invocada por el demandado, dando con ello entonces implícitamente por infirmada la confesión, cuando halló, así en la prueba testimonial como en la documental que obra al folio 27 del cuaderno Nº 1, la demostración de que el demandado —se cita textualmente— “en abril 30 de 1972 pagaba arrendamiento (...) por lo que cuando se presentó esta demanda, esto es en octubre de 1985, no habían transcurrido los veinte años de que habla la ley”».

(Sentencia de casación, octubre 6 de 1998. Expediente 5076. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra).

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