Sentencia 508 de diciembre 5 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 20029655 01/508-T, dic. 5/2002

M.P. Guillermo Bueno Mora

Acta 116

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el que fuera reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, y en concordancia con lo previsto en la Ley 270 de 1996, artículo 112, numeral 4º, procede esta superioridad a resolver la impugnación formulada por el ciudadano Antonio Monroy Rincón, contra la sentencia proferida el 8 de octubre de 2002 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, que no concedió la tutela interpuesta contra los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, por no advertir ninguna vía de hecho, ni la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso.

En principio la presente tutela correspondió en reparto al Magistrado Rubén Dario Henao Orozco cuya ponencia fue derrotada, al igual que la del magistrado Fernando Coral Villota, correspondiendo por sorteo a este despacho en Sala del 4 de los corrientes.

Antecedentes.

El pasado 26 de septiembre el señor Antonio Monroy Rincón instauró la referida tutela, fundando su accionar en los siguientes hechos:

Prestó sus servicios al municipio de Piedecuesta desde el 17 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1997, desempeñándose siempre como obrero del municipio, albañil de la Secretaría de Obras Públicas y celador de los establecimientos educativos del orden municipal.

Desde el comienzo y con el ánimo de disfrazar el contrato de trabajo, el municipio empleó formatos de “contrato de prestación de servicios” queriendo desnaturalizar el vinculo existente, el que sin lugar a dudas fue laboral y no el de prestación de servicios, pues en realidad siempre existió por encima de cualquier actividad intelectual propia de los contratos de prestación de servicios, la del duro trabajo de obrero, albañil y celador.

Amparado en el artículo 53 de la Carta Política, esto es la prevalencia del contrato realidad sobre el de las formalidades propias establecidas por las partes, a través de apoderado judicial instauró demanda laboral ordinaria, de la que conoció el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, radicado 2000-043 que despachó el 14 de diciembre de 2001 desfavorablemente las pretensiones, declarando la nulidad de lo actuado y rechazando la demanda por falta de competencia, por lo que se interpuso el recurso de apelación para ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, que fue concedido por auto del 21 de enero de 2002.

La corporación, en proveido del 16 de agosto de 2002 confirmó el fallo del inferior dejando de apreciar en su verdadera dimensión las pruebas documentales que certifican su condición de trabajador oficial en los cargos ya enunciados, rezagando el principio constitucional de primacía de la realidad, dando preponderancia a los aspectos formales por encima de los sustanciales o de fondo.

Alegó la configuración de vías de hecho debido a que a pesar de estar probado el contrato, el juez de segunda instancia dejó de apreciar los elementos probatorios que conllevan a concluir que frente a su caso, debió proferirse sentencia condenatoria toda vez que su vinculo contractual con el municipio de Piedecuesta fue de carácter laboral y no de prestación de servicios.

Para corroborar su dicho sostuvo:

Obra a folio 57 certificación del 29 de octubre de 2001 expedida por el Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento, acreditando que laboró como celador.

A folio 59, certificación del 5 de agosto de 1998 expedida por el jefe de personal de obras públicas de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta, acreditando que “... dirigió la construcción de los acueductos veredales de La Aguada, Chucuri Alto, El Polo y Las Amarillas”.

A folio 70, copia de la Resolución 696 del 21 de mayo de 1990 emitida por la Alcaldía de Piedecuesta, dando cuenta que laboró entre el 17 de abril y el 16 de mayo de 1990 en la remodelación, construcción y mantenimiento de parques y zonas verdes.

Respecto a los documentos obrantes a folios 71 a 75, 90 y 91 correspondientes en su orden a copias de las resoluciones expedidas por la alcaldía de Piedecuesta 803 del 21 de junio de 1990, dando cuenta que laboró a partir del 22 de mayo de 1990 en la remodelación, construcción y mantenimiento de parques y zonas verdes; 980 del 30 de agosto de 1990 indicando que laboró entre el 30 de julio y el 29 de agosto de 1990; 1102 del 10. de octubre de 1990 señalando que laboró entre el 30 de agosto y el 29 de septiembre de 1990; 1454 del 26 de diciembre de 1990 indicando que laboró entre el 10. y el 30 de diciembre de 1990; 1231 del 30 de octubre de 1990 indicando que laboró entre el 30 de septiembre y el 29 de octubre de 1990; y copias de las ordenes de prestación de servicios del 30 de marzo de 1994 certificando que prestó el servicio de auxiliar administrativo desarrollando labores como albañil de la Secretaría de Obras Públicas entre el 10. de abril y el 30 de junio de 1994; y fechada 30 de marzo de 1994 certificando que prestó el servicio de auxiliar administrativo desarrollando labores como albañil entre el 10 y el 31 de julio de 1994, replicó el actor expresamente que debían confrontarse todas, con la certificación obrante a folios 62 donde en su orden establecen que entre el 22 de mayo y el 21 de julio de 1990; el 30 de junio y el 29 de octubre de 1990; el 30 de junio y 29 de octubre de 1990; el 10. de noviembre y el 30 de diciembre de 1990; el 30 de junio y el 29 de octubre de 1990; el 10 de abril y el 31 de julio de 1994 y el 10 de abril y el 31 de julio de 1990, respectivamente “... Iaboré al servicio del municipio como auxiliar administrativo. Este es precisamente el punto dejado de evaluar, pues atendiéndose a lo formal, tomaron como válido e/ titulo de auxiliar admirustrativo por encima de /o que realmente se dio en mi relación con e/ Municipio, es decir, trabajador oficial de obras públicas” (negrillas fuera de texto).

Pretensiones.

Solicitó el accionante revocar la sentencia emitida el 16 de agosto de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga —Sala Laboral— dentro del proceso promovido contra el municipio de Piedecuesta, y en su lugar ordenar que se le reconozca el pago de prestaciones sociales e indemnización moratoria como trabajador of icial que fue del mismo entre el 17 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1997 (fls. 1 al 4 del c.a. 1ª instancia).

Actuación procesal.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bucaramanga en auto del 27 de septiembre de 2002 (fl. 6, c.a. 1a. instancia) admitió la tutela incoada de cuyo inicio ordenó enterar al accionante, a los magistrados de La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y al titular del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad.

Además, solicitar a la Secretaría de la Sala Laboral de la corporación accionada, o a quien correspondiera, allegar copia auténtica de la totalidad del proceso ordinario laboral promovido por Antonio Monroy Rincón contra el municipio de Piedecuesta.

Intervención de los convocados al trámite de la tutela.

La Juez Cuarta Laboral del Circuito de Bucaramanga, en oficio 1639 del 30 de septiembre de 2002, se limitó a informar que en ese Despacho cursa el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el aquí accionante contra el municipio de Piedecuesta, el cual se encontraba en el tribunal superior de la ciudad —Sala Laboral— desde el 29 de enero de 2002, surtiéndose el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de diciembre de 2001 (fl. 15, c.a. 1a. instancia).

Por su parte la magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, doctora Ethel Cecilia Mesa de Marino, ponente de la sentencia proferida en el proceso que origina la presente tutela, manifestó que la alegada incursión en vías de hecho por parte del aquí accionante carecen de sustento fáctico porque de la misma providencia atacada se evidencia que se hizo un detenido estudio de todas las pruebas que constituyeron fundamento de la decisión adoptada, confirmando la sentencia del inferior; “todo y conforme se dijo, si bien existían documentos que indicaban que el demandante se había desempeñado en los primeros años de la relación de trabajo en labores propias de los trabajadores oficiales como albañil y celador, el expediente se dolia de prueba que respondiera a las labores que realizó como auxiliar administrativo a partir de 1994 y hasta 1997, lo que lo ubica en la regla general de calidad de empleado público, a la que responden todos los servidores del orden municipal por disposición del Decreto 1333 de 1986, excepción hecha de aquellos ocupados en labores de construcción, mantenimiento y sostenimiento de obras públicas”.

Agregó que la falta de prueba indicativa de las labores propias que habla desempeñado el demandante como auxiliar administrativo, determinó la decisión de la corporación “luego de detenido estudio de las probanzas arrimadas al proceso. Es por lo que se estima que la tutela no es procedente. Ningún derecho de las partes se viola cuando a la decisión precede el análisis de las pruebas en que se edifica la providencia” (fls. 17/18, c.a. 1ª instancia).

Pruebas.

El Tribunal Superior el Distrito Judicial de Bucaramança, aportó copia auténtica de la totalidad del proceso ordinario radicado en la Sala Laboral, promovido por Antonio Monroy contra el municipio de Piedecuesta (c. anexo).

Como el accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso por el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del proceso ordinario promovido por él contra el municipio de Piedecuesta, por medio del cual confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad que resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, y en su lugar, rechazó la demanda presentada por el actor por falta de competencia del juzgado para conocer del asunto, centraremos la atención en la sentencia del 16 de agosto de 2002 obrante a folios 123 al 134 del cuaderno anexo.

Concretó el tribunal que el problema jurídico planteado radicaba en establecer si la labor desarrollada por el actor al servicio del ente municipal, se encontraba dentro de la regla general que rige las relaciones de trabajo en los entes territoriales o si por el contrario se ubica dentro de la excepción a la regla.

Que no obstante a folio 57 obraba certificación emitida por el Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento del sur indicativa que se desempeñó durante algún tiempo como celador, la administración pública del municipio de Piedecuesta y la Contraloría del ente territorial le dieron la calidad de auxiliar administrativo “como se deduce de las certificaciones a folios 2 y 4 del informativo”.

En igual sentido se expresó el jefe de personal de la alcaldía municipal de Piedecuesta cuando certificó el 5 de agosto de 1998: “Laboró como auxiliar administrativo y en los muchos cargos esempeñados por el funcionario anteriormente mencionado, dirigió la construcción de los cueductos veredales de Aguada, Chucuri, Alto, El Polo y las Amarillas, desempeñándose a cabalidad con las exigencias de la comunidad y del buen funcionamiento de la red instalada”.

“Son varias las referencias a la asignación del actor como auxiliar administrativo y bajo cargo de tal denominación se desempeñó durante varios años como se desprende del documental a folios 65 y 66, en igual sentido a folio 63 se aportó orden de prestación de servicios del 12 de agosto de 1997, para que se desempeñara como auxiliar administrativo y a folio 64 y 67 reposan copias de la Resolución 92 de 1990 de enero 17 en la que designa al actor como supernumerario”.

“Si bien durante el año de 1990 se le nombró en diferentes ocasiones como supernumerario, sólo en algunas de las designaciones se expresó la naturaleza de las labores a desempeñar, y que corresponden en efecto al mantenimiento de obras públicas, tal orden de cosas se desprende de los folios 70 a 75; pero en los nombramientos que se le hicieran como supernumerario en los años de 1991, 1992 y 1993, no se especifican las labores a desempeñar en el cargo, folios 76 a 89”.

“En las órdenes de prestación de servicios por los meses de marzo y julio de 1995 la vinculación es como albañil, pero en las que corresponden a los años 1995, 1996 y 1997, se le vincula como auxiliar administrativo. Folios 92 a 106”.

“Ahora bien, el cargo de auxiliar administrativo, como el de supernumerario por si solos no indican las labores que desempeñó el mandante durante el tiempo de su vinculación con la administración municipal de Piedecuesta, salvo las referencias que ya se hicieron cuando en 1990 fue designado supernumerario. Por lo que correspondía al actor entrar en la demostración de las situaciones fácticas en las que desarrolló su labor durante todo el tiempo de servicio”.

“No se cuentan con elementos de juicio para señalar que el actor, como auxiliar administrativo, laboró en tareas propias de sostenimiento, construcción y mantenimiento de obras públicas, de las que se pudiera deducir eventualmente su calidad de trabajador oficial, haciendo prevalecer el contrato realidad sobre el de las formalidades impuestas por la administración municipal, que seria lo procedente en casos como el que ocupa la atención de la Sala porque de acuerdo al principio general establecido inicialmente en el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 y posteriormente por el Decreto 1333 de 1986, las relaciones entre quienes prestan sus servicios a la Nación, departamento y municipio son de origen legal y reglamentario, con la consecuencia que ello conlleva, a excepción de quienes laboran en la construcción, sostenimiento y mantenimiento de obras públicas, que son trabajadores oficiales, es decir, tienen vinculación contractual”.

“De lo anterior se concluye que por virtud del Decreto 1333 de 1986, en concordancia con el Decreto 3135 de 1968, el demandante ostentaba la calidad de empleado público, porque no demostró que sus labores fueran propias de construcción, sostenimiento y mantenimiento de obras públicas; lo que permite afirmar que se encontraba ligado a la administración por una relación legal y reglamentaria y no de carácter contractual, es decir, debe de ser considerado empleado público. En consecuencia la primera conclusión a la que llegó el ad quem, para tomar la decisión tiene respaldo jurídico”.

Se anotó que luego del trasegar procesal mediando prueba oportuna y legalmente incorporada al juicio, se deducía la calidad de empleado público del demandante, ameritando una invalidez de la actuación que exigía finiquitaria, habida cuenta la falta de jurisdicción para dilucidar el litigio con fallo de mérito, criterio fundamentado en que “la afirmación de la demanda sobre la existencia de un contrato de trabajo, hace que por ese solo hecho surja la competencia para la jurisdicción laboral y se acoja en consecuencia el conocimiento del proceso; pero lo que resulte probado después, será materia de decisión posterior independientemente que de haberse planteado excepción previa de falta de jurisdicción en procura de separar al juez de la litis, obstáculo que debe de resolverse en la primera instancia, ésta resulte con mérito para descartar a la jurisdicción ordinaria del conocimiento del conflicto” citando a renglón seguido apartes de la sentencia de casación del 14 de marzo de 1975.

Se agregó: “Basta la simple afirmación de la existencia de un contrato de trabajo para que la competencia recaiga en la jurisdicción laboral. No sucede lo mismo respecto de la prueba de la existencia del contrato de trabajo, pues en ese evento si, la sola afirmación resulta insuficiente, será punto central del debate a lo largo del proceso, conforme a los principios reguladores de la carga de la prueba, acreditando que se laboró o no bajo las especificaciones de la norma laboral. A su vez la disconformidad con lo pretendido legítima al demandado para proponer excepción que podría denominarse, inexistencia de contrato”.

Recalcó la Sala que ante eventualidad de tal rigor, y advertida la insuficiencia o precariedad de la prueba de la calidad de trabajador oficial, como en el caso de marras, y puesto que el juez de conocimiento asumió competencia legal que legitima de eficacia su actuación y que le permitió acreditar para desvirtuar la calidad de trabajador oficial que se sostuvo en principio “y puesto que prueba de tal entidad fue oportuna y legalmente allegada al proceso, lo que se impone como legal, porque se ajusta a la recta obediencia de la disposición procesal, es la nulidad de lo actuado por ausencia de jurisdicción para conocer siquiera del debate procesal”.

“Nulidad insaneable que debe de ser declara a través de auto y no de sentencia como lo efectuó la Juez de conocimiento, porque siguiendo los lineamientos del 302 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias son las que definen el fondo del litigio porque resuelven sobre las pretensiones de la demanda o las excepcidnes que no tienen el carácter de previas, así como las que resuelven los recursos de casación y revisión, las demás providencias son autos, denominados de trámite o interlocutorios”.

Finalmente se adujo; “La declaratoria de nulidad, de contera, hace honor con la oportuna interposición de la acción, no la hace nugatoria y le permite al actor ajustar sus cargas procesales o acudir a otra jurisdicción, en la que si tendrá ocasión de debatir su derecho. Puesto que realizado el discernimiento normativo y probatorio no se estableció que el actor hubiese ejercido funciones de construcción, sostenimiento o mantenimiento de vía pública, se confirma la decisión proferida en la primera instancia, con la salvedad que ya se hizo...”.

Sentencia de primera instancia.

El ad quem, en sentencia del 8 de octubre de 2002 (fls. 20 al 27 del c.a. 1ª instancia) no concedió la tutela incoada por el señor Antonio Monroy Rincón contra los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, por no evidenciar ninguna vía de hecho ni la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso.

Puntualizó la Sala que el fallo de corporación accionada no constituye una vía de hecho dado que no padece ninguno de los defectos (sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental) que la jurisprudencia relaciona para que la decisión judicial se torne en un acto simplemente arbitrario o caprichoso, producto de la sola voluntad del operador de justicia.

Ello por cuanto revisada la actividad de evaluación probatoria efectuada por la Sala Laboral del Tribunal como juez ordinario de la segunda instancia, se encontró que a lo largo de la decisión judicial se hizo una evaluación de los medios de prueba documental allegados al proceso, de manera que no resultaba cierta la afirmación del actor en el sentido de que se dejaron de apreciar los documentos que acreditaban su condición de trabajador oficial y su vinculo contractual de naturaleza laboral.

Se anotó: “En forma expresa la providencia del Tribunal hace referencia a ta prueba documental echada de menos por el actor y considera que si bien las resoluciones de reconocimiento y pago correspondientes al año de 1990 y las órdenes de prestación de servicios por los meses de marzo y julio de 1995 indicaban que la vinculación del demandante era en actividades propias del mantenimiento de obras públicas, las demás pruebas y en especial en las órdenes de prestación de servicios que correspondían al resto del año de 1995 y a los años de 1996 y 1997 se le vinculaba como auxiliar administrativo o como supernumerario sin indicar las labores que debía desempeñar durante el tiempo de su vinculación con la administración municipal, razón por la cual concluye que no se cuenta con elementos de juicio para señalar que el demandante como auxiliar administrativo o supernumerario habla laborado en tareas propias de “sostenimiento, construcción y mantenimiento de obras públicas” de las que pudiera deducirse su calidad de trabajador oficial y hacer prevalecer el contrato realidad sobre las formalidades impuestas por la administración municipal”.

Tampoco podia predicarse la vulneración del debido proceso dado que la parte demandante tuvo la oportunidad de controvertir las decisiones que fueron debidamente notificadas, y las providencias se insiste, se sustentaron en el análisis jurídico que le mereció el asunto al juzgador de turno, sin que por ello pueda decirse que la autoridad accionada se hubiera desviado “por completo” del procedimiento laboral consagrado en la ley.

Impugnación al fallo.

La impugnación formulada contra el fallo por el accionante, se concedió por auto del 25 de octubre de 2002 (fl. 36, c.a. 1a. instancia).

Como razones de disentimiento reiteró el señor Antonio Monroy Rincón los argumentos expuestos en el libelo de tutela en punto a que las labores que desempeñó en el municipio de Piedecuesta fueron como albañil, obrero de la Secretaría de Obras Públicas y celador de los establecimientos educativos del orden municipal, a las cuales no le dieron validez alguna los juzgadores de turno, para a contrario sensu, generalizar la calidad de auxiliar administrativo y de supernumerario, con efectos retroactivos, aun frente a las probanzas obrantes a los folios 57, 59, 70 al 75, 90 y 91 que demuestran lo contrario. “Es decir, se da la condición de auxiliar administrativo a los cargos que de manera expresa aparecen en el expediente como labores propias de los trabajadores oficiales, como es el de mantenimiento y construcción de obras públicas”.

Recalcó que solo pudo probar su calidad de obrero en los folios precitados, pero los falladores no condenaron al municipio de Piedecuesta al pago de las prestaciones sociales a pesar que la parte demandada, ni siquiera excepcionó la prescripción frente a esas declaraciones y condenas, de manera que la sentencia cuestionada “viola mis derechos fundamentales al desconocer una relación de trabajo plenamente demostrada, y a la cual no le da consecuencias jurídicas” (fl. 35 del c.a. 1ª instancia).

Consideraciones de la Sala.

Antes de entrar en un cuestionamiento de fondo, se considera importante anotar que tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y aceptado la doctrina, la tutela no es más que un mecanismo que tienen las personas para acudir en defensa de sus derechos fundamentales constitucionales cuando estos sean vulnerados o teman que se llegaren a vulnerar por la acción u omisión de las autoridades.

Para poder entender este mecanismo, es necesario tener en claro que una de las características de nuestro Estado, es precisamente el de ser de Derecho, lo que lleva implícito el concepto previo de legalidad, pues de no ser así, estaríamos en presencia de las vías de hecho.

Así las cosas, es claro entender que la tutela como mecanismo no tiene por objeto desplazar las competencias ordinarias o especiales que fueron creadas por el constituyente y desarrolladas por el legislador.

Por ello, obsérvese que la acción de tutela no busca decidir el fondo de los conflictos, pues, insistimos, no es de su esencia, ya que su real objetivo es el de ser garante de los derechos fundamentales.

Es así como dentro de la distribución de nuestro nuevo ordenamiento jurídico quedó establecida como una función perteneciente a la Jurisdicción Constitucional, y los jueces cuando en tal condición actúan, lo hacen como integrantes de esta jurisdicción más no dentro de las facultades ordinarias de competencia que le asignó el legislador, de tal manera que la máxima autoridad en esta materia lo es la Corte Constitucional.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir que la acción de tutela no puede asumirse como un sistema de justicia paralela al que ha consagrado el ordenamiento jurídico en rigor, pues de ser ello así, nos veriamos avocados a que existieran pronunciamientos encontrados entre las jurisdicciones ordinarias o especiales y la constitucional.

De esta manera, es claro que la acción de tutela se caracteriza porque no es simultánea con las acciones ordinarias; tampoco paralela ni menos adicional o complementaria, acumulativa ni alternativa; tampoco es una instancia ni un recurso de donde se infiere, insistimos, que la acción de tutela no desplaza las acciones ordinarias; por ello las personas tienen el deber de acudir primeramente ante los escenarios jurídicos naturales que el legislador previó en cada caso.

De las vías de hecho.

Así las cosas expuestas, es claro entender que en principio no procede la acción de tutela contra sentencias ejecutoriadas u otras providencias que han puesto fin al proceso judicial, excepción hecha respecto de éstas últimas, en aquellos casos en que sea indispensable reaccionar ante las denominadas “vías de hecho”, para evitar perjuicios irremediables y defender los derechos fundamentales de las personas.

Lo anterior por cuanto la certeza que impone la cosa juzgada no constituye un valor absoluto frente a la vigencia y defensa de los derechos fundamentales, de suerte que si está de por medio la protección de tales valores, procede la tutela contra sentencias que sean el resultado de una “vía de hecho”, lo cual ocurre cuando el juez la adopta contrariando ostensiblemente el contenido y voluntad de la ley o desconociendo ritualidades cuya observancia consagran una garantía del derecho de defensa de las partes en el proceso. La cosa juzgada como resultado de una vía de hecho, pierde su valor de decisión intangible y poco vale como cosa juzgada y no porque se desconozca su principio de dar seguridad jurídica a las decisiones, sino porque precisamente en aras de esta seguridad, no se puede dar cabida a la arbitrariedad, so pretexto de una investidura, sino que ésta lo es en la medida en que las decisiones judiciales correspondan a un estudio juicioso, ponderado, y valorativo de las pruebas, que plasmen la realidad de la justicia solicitada y en la que se haya acatado los procedimientos que previamente estableció el legislador para resolver las controversias, de manera que cualquier decisión judicial que esté amparada en estos elementos esta lejos de ser considerada como una vía de hecho.

Al respecto consideramos importante transcribir la tesis que sobre el particular fue expuesta por la Corte Constitucional en Sentencia T-073 de febrero 17 de 1997, con ponencia del magistrado doctor Vladimiro Naranjo Meza, en cuanto al debido proceso dijo:

“La Constitución consagró el derecho fundamental al debido proceso, entendido éste como el conjunto de garantías que procuran la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio. La norma constitucional lo consagra para todo tipo de actuaciones, de manera que las situaciones de controversia que se presenten en cualquier proceso estén previamente reguladas en el ordenamiento jurídico, el cual debe señalar las pautas que procuren el respeto de los derechos y obligaciones de las partes procesales para que ninguna actuación de las autoridades tenga origen en su propio arbitrio, sino que obedezca a los procedimientos descritos en la ley y los reglamentos. El debido proceso propende por una debida administración de justicia, la cual, a su vez, constituye una de las más importantes garantías para el amparo de los intereses legitimos de la comunidad y contribuye a la permanencia del Estado Social de Derecho”.

En cuanto a la tutela contra providencias judiciales, en la misma sentencia se dijo: “La acción de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que éstas se hubiesen proferido mediante una “via de hecho”, que amenace o ponga en peligro derechos fundamentales de una de las partes dentro del litigio. No se trata de que a través de la acción de tutela, el juez a quien corresponda ordenar la protección de los derechos fundamentales, entre a resolver sobre la materia objeto del debate; simplemente, su labor se circunscribe a evaluar la conducta asumida por el funcionario que administra justicia, y únicamente, si su conducta sobrepasa los parámetros de interpretación lógica y, por ende, se torna en arbitraria, abusiva y contraria al orden jurídico. Obsérvese entonces, que no cualquier irregularidad procesal en que pueda incurrir el juez en el desarrollo del proceso se convierte en una “via de hecho”, máxime cuando el afectado cuenta con los mecanismos ordinarios para solicitar la protección de sus derechos.”

En cuanto a la autonomía en la interpretación judicial se afirmó: “El respeto al principio democrático de la autonomía funcional del juez, pretende evitar que las decisiones judiciales sean el resultado de mandatos sobre el funcionario que las adopta. Los jueces dentro de la órbita (le sus competencias, son autónomos e independientes y en sus providencias “sólo están sometidos al imperio de la ley”; la valoración probatoria y la aplicación del derecho frente al caso concreto, son circunstancias reservadas al juez de la causa que las ejerce dentro de la libertad de interpretación que le otorgan la Constitución y la ley y, además, acorde con las reglas de la sana crítica. Así el criterio del control formal de la denominada “vía de hecho” es evidentemente restrictivo, so pena de incurrir en el uso desmesurado de esta figura, desconociendo los recursos y acciones ordinarias dispuestas en la ley para calificar las actuaciones de los jueces y vulnerando su autonomía; esto último, con perjuicio para la seguridad jurídica y la intangibilidad de las actuaciones judiciales ...”.

“... Cuando en ejercicio de la función de administrar justicia el juez interpreta la ley, siguiendo su criterio y evaluando los elementos de juicio aportados al proceso, no puede configurarse quebrantamiento alguno del orden jurídico. El juez de tutela no está habilitado para administrar justicia en forma paralela al juez que por competencia le corresponde conocer del asunto como el que se revisa, pues ello implicaria una intromisión de competencias y funciones que amenazaria el principio de la seguridad jurídica, elemento fundamental del Estado Social de derecho”.

Del caso en estudio.

Pretende el accionante que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad, en atención a que en su entender, la autoridad jurisdiccional accionada incurrió en vía de hecho al confirmar la decisión de primera instancia que decretaba la falta de jurisdicción por no haberse demostrado la calidad de trabajador oficial; fundando dicha afirmación en que en tal providencia se dejaron de valorar pruebas y además no se valoraron en su verdadera dimensión al hacer prevalerte aspectos formales sobre los sustanciales, como lo fue el que verdaderamente él ostentaba la calidad de trabajador oficial.

Para dilucidar el objeto materia de tutela, la Sala observa que las vías de hecho alegadas por el actor son inexistentes, dado que de la lectura conjunta y armónica de la decisión proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, se observa con meridiana claridad que tal proveido fue lo suficientemente motivado y razonado, hasta el extremo de que se hizo no solamente una relación pormenorizada de las pruebas allegadas al proceso, sino que igualmente se analizaron las mismas bajo los conceptos de la razonabilidad, lo cual despeja cualquier duda que se surja de dicha decisión en cuanto que la misma pudo haber tenido un carácter subjetivo o arbitrario.

Nótese entonces cómo en uno de sus apartes de valoraron aspectos relativos a los cargos desempeñados como auxiliar administrativo y supernumerario, los cuales se encontraban probados documentalmente, hasta el extremo de que se analizaron en períodos anuales haciendo una critica a tales situaciones en cuanto no estaba demostrado a través de ésta prueba documental, que las funciones desempeñadas en calidad de tal, correspondían a las propias de los trabajadores oficiales (mantenimiento y construcción de obras), lo que de suyo comportaba entonces según palabras del propio tribunal una inversión en la carga de la prueba.

Quiere decir entonces lo anterior, que no es que el Tribunal no haya valorado las pruebas, sino que del propio estudio que de las mismas hizo, concluyó que al demandante, correspondiéndole probar la condición de trabajador oficial, no lo hizo en su integridad, por cuanto dejó vacios en uno de sus extremos como lo era el de acreditar su actividad en uno de los cargos aludidos, siendo de su resorte tal carga probatorio y no estando acreditado en el proceso, la Sala concluyó que dicha condición de trabajador oficial no estaba demostrada de donde se infería que no tenía competencia por falta de jurisdicción.

Ahora bien, si observamos la actuación procesal laboral en forma detenida, nos damos cuenta que el demandante solicitó recaudar los testimonios de Antonio Ortiz y Fermin Quiñonez, con el objeto de que depusieran sobre los hechos de la demanda, (fl. 13), a lo cual se accedió mediante auto del 14 de mayo de 2001 una vez fracasada la audiencia de conciliación (fls. 35/36), quienes no concurrieron a la citación según consta en la segunda audiencia de trámite vista a folios 39 y 40 demostrándose entonces de plano que la carga de probar las situaciones echadas de menos por el tribunal estaba en cabeza del demandante y que no obstante habérsele decretado la prueba testimonial sus propio testigos no concurrieron a la diligencia respectiva, de tal manera que mal puede argüirse vía de hecho en la valoración probatoria por parte de la autoridad accionada, pues se insiste, éste la hizo en forma integral, valga decir, sobre todo lo recaudado legal y oportunamente como en efecto da cuenta la providencia, y lo cierto es que independientemente de que se comparta o no lo allí consignado, tales juicios de valoración lo son en ejercicio del uso de la razón fundado en la autonomía judicial que para el efecto otorga la Carta Política a los funcionarios judiciales cuando administran justicia.

En este orden de ideas, se insiste, no existió ninguna vía de hecho en los puntos de vista esgrimidos por el aquí impugnante, sin embargo esta Sala hace reparos en el aspecto formal de la decisión que es objeto de tutela por cuanto, por la forma como fue concebida se está vulnerando al actor, ahora si, los derechos, fundamental al debido proceso, y acceso a la administración de justicia, como se verá a continuación:

Nótese como el actor en su demanda ordinaria laboral pretende que se declare que entre “demandante y demandado existió un contrato de trabajo a término indefinido” y como consecuencia de ello se declare que el mismo fue terminado en forma unilateral y que no se le cancelaron las prestaciones legales tales como primas de servicios, vacaciones, compensatorios, etc.

Luego si por ley la jurisdicción laboral tiene competencia para pronunciarse sobre los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, es natural entender entonces que el juez está en la obligación de emitir un fallo de fondo que resuelva, bien sea favorable o desfavorablemente las pretensiones del actor; ocurriendo que si éste último lo que demanda en concreto es que se haga tal declaración, mal puede la jurisdicción laboral abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo argumentando para ello que el demandante no tenta calidad de trabajador oficial declarando la nulidad de la actuación, pues con ello finalmente se está dejando al demandante en un limbo jurídico al ver como la administración, no obstante tener competencia para pronunciarse de fondo se niega a ello con el argumento de la falta de jurisdicción.

En este orden de ideas y tal como se extrae de la propia lectura de la providencia del tribunal, en donde incluso hace referencia a las orientaciones jurisprudenciales que ha dado la Corte Suprema de Justicia en su respectiva Sala desde 1975, con meridiana claridad allí afirmaba que basta la sola afirmación del demandante de que es trabajador o que su relación es contractual para que se conozca por esa via, de tal suerte que peca el tribunal al confirmar la nulidad por falta de jurisdicción argumentando que dentro del proceso, a través del recaudo probatorio se demostró que el demandante no tenta la calidad de trabajador oficial, pues si en verdad era así, lo correcto era emitir un pronunciamiento de fondo negando la pretensión al trabajador y absolviendo a la parte demandada.

Lo anterior es de trascendental importancia entratándose del derecho al acceso a la administración de justicia, pues es una verdad que el administrado tiene el derecho de obtener un pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones concretas, y a su turno la administración de justicia tiene el deber de responder éstas, accediendo o no a las mismas, mediante decisiones judiciales que hagan tránsito a cosa juzgada, y como ello no ocurrió así, el demandante se quedó finalmente sin administración de justicia.

Cobra mayor relevancia lo hasta aquí dicho en cuanto a si la jurisdicción laboral agota el procedimiento ordinario establecido para ese tipo de acciones, valga decir, emite fallos o decisiones de fondo, los mismos admiten la posibilidad de recurrir en casación si reunen los requisitos para tal recurso extraordinario, en donde eventualmente se podrían controvertir precisamente los aspectos que hoy son objeto de tutela, no ocurriendo lo mismo con la decisión que confirmó la falta de jurisdicción, pues como bien lo aclarara el propio tribunal en ese entonces, la misma no tiene el carácter de sentencia.

Las anteriores argumentaciones son suficientes para la Sala manifestar que al actor se le vulneró el acceso a la administración de justicia y el debido proceso, en cuanto sus pretensiones no fueron decididas de fondo por los juzgadores de turno, por lo que se revocará la sentencia de tutela impugnada y en su lugar se dejará sin efectos la providencia emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga fechado 14 de diciembre de 2001, así como la de la Sala Laboral del Distrito Judicial de Bucaramanga, del 16 de agosto de 2001 a través de las cuales se decretó la nulidad de la actuación procesal por falta de jurisdicción, para que en su lugar se proceda en forma inmediata por la primera instancia a emitir decisión de fondo en cuanto se indique al demandante si ostenta o no la alegada calidad de trabajador oficial, y las consecuencias que ello genere.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

ART. 1º—REVOCAR la sentencia de primera instancia que negó la tutela incoada por el señor Antonio Monroy Rincón contra los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ART. 2º—TUTELAR al señor Antonio Monroy Rincón los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, y como consecuencia de ello declara sin efectos la providencia emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga fechado 14 de diciembre de 2001, así como la de la Sala Laboral del Distrito Judicial de Bucaramança, del 16 de agosto de 2001 a través de las cuales se decretó la nulidad de la actuación procesal por falta de jurisdicción, para que en su lugar se proceda en forma inmediata por la primera instancia a emitir decisión de fondo en cuanto se defina al demandante si ostenta o no la alegada calidad de trabajador oficial, y las consecuencias que ello genere, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ART. 3º—Una vez notificada esta providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Bueno Mora—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Miguel Botía Posse—Abraham Casallas, Juan Manuel Charry Urueña, conjuez.

Yira Lucía Olarte Avila, Secretaria Judicial

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