•Sentencia 5092 de mayo 27 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

PROCESOS LABORALES

NO PAGAN GASTOS DE SECRETARÍA

Consejero ponente:

Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

Ref.: Exp. 5092

Actor: José Antonio Galán Gómez.

EXTRACTOS: «El ciudadano y abogado José Antonio Galán Gómez, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, ha presentado demanda ante esta corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad parcial del artículo 4º del Acuerdo 169 de 23 de octubre de 1997, “por el cual se regula el arancel judicial en materias civil y laboral”, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

(...).

En la demanda se controvierte parcialmente el artículo 4º del Acuerdo 169 de 23 de octubre de 1997, el cual prevé:

“En los procesos civiles de mínima cuantía, en los laborales de única instancia, y en los casos de amparo de pobreza, no habrá lugar al cobro de las expensas de que trata el presente acuerdo” (las subrayas fuera de texto corresponden a la expresión acusada).

Las expensas a que alude el Acuerdo 169 de 23 de octubre de 1997 son: por concepto de expedición de copias y su confrontación (art. 1º); por certificaciones (art. 2º) y por notificación personal (artículo tercero).

De tal manera que la disposición parcialmente acusada sólo exonera de tales pagos a los procesos laborales de única instancia, razón por la cual, a juicio del actor, se está modificando, sin competencia para ello, el artículo 39 del CPL, porque éste no distingue entre juicios de única y de primera para efectos de la aplicación del principio de la gratuidad.

El artículo 39 del Código Procesal del Trabajo, que se invoca como quebrantado, estatuye:

Principio de gratuidad.—La actuación en los juicios del trabajo se adelantará en papel común, no dará lugar a impuesto de timbre nacional ni a derechos de secretaría, y los expedientes, despachos, exhortos y demás actuaciones cursarán libres de porte por los correos nacionales”.

Ciertamente del texto del artículo antes transcrito claramente se infiere que en él no se hace diferencia entre juicios de única o de primera instancia para la exoneración del impuesto de timbre, derechos de secretaría y de porte de correo.

Ahora, del texto de los artículos 1º, 2º, 4º y 7º del Decreto 2266 de 1969 y 14, numerales 1º y 2º, del Decreto-Ley 1265 de 1970, claramente se deduce que los derechos de secretaría comprenden: el valor de las copias, de las certificaciones y de las notificaciones personales, que corresponden a las “expensas”, a que se refiere el acuerdo contentivo de la disposición acusada.

La entidad demandada fundamenta su defensa en lo precisado por la Corte Constitucional en la sentencia T-522 de 22 de noviembre de 1994 (actor: Marino Aguilar Baldrich, magistrado ponente doctor Antonio Barrera Carbonell); y en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, concretamente, en el análisis que en ella se hizo del artículo 6º de la Ley 270 de 1996, que consagra el principio de gratuidad en la administración de justicia.

Si bien es cierto que en la primera sentencia citada la Corte Constitucional al hablar del principio de la gratuidad consideró que no era absoluto sino relativo y que de él no se exoneraban, entre otros, los gastos “necesarios para el desplazamiento de los funcionarios que deben realizar notificaciones”, no lo es menos que al concluir con los ejemplos que estaba relacionando, expresó: “... y, en general, todo gasto que propiamente no se encuentre comprendido dentro de las actuaciones a que alude el artículo 39 —se refiere al CPL— antes transcrito”.

Y como quiera que dentro de las actuaciones de secretaría, como ya se dijo, se encuentran las notificaciones, debe entenderse entonces que por estar comprendido dicho gasto dentro de los previstos en el artículo 39 del CPL, está exonerado, en virtud del principio de la gratuidad.

Ahora, en lo que atañe a la compulsación de copias, también en la referida sentencia se deja a salvo el principio de gratuidad previsto en el artículo 65 del CPL, conforme al cual la concesión del recurso de apelación, en tratándose de autos interlocutorios, se hará en el efecto devolutivo, enviando al superior copia de las piezas del proceso que fueren necesarias, “la cual se compulsará gratuitamente...”, sólo que se hace énfasis en que así debe hacerse si el respectivo despacho judicial cuenta con los medios técnicos necesarios para hacer la transcripción mecanográfica o la reproducción.

El texto inicial del artículo 6º de la Ley 270 de 1996, preveía:

Gratuidad. La administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las expensas, agencias en derecho y costos judiciales que habrán de liquidarse en todos los procesos sin excluir a las entidades públicas”.

En la sentencia C-037 de 1996, al estudiar la Corte Constitucional la exequibilidad de las disposiciones de la ley estatutaria de la justicia (270/96), en cuanto al artículo 6º ibídem precisó que:

“...al señalar la norma en comento que “en todos los procesos” habrán de liquidarse las agencias en derecho y las costas judiciales, se está desconociendo la posibilidad de que la Carta Política o la ley contemplen procesos o mecanismos para acceder a la administración de justicia que no requieran erogación alguna por parte de los interesados... Así las cosas, esta Corte advierte que será responsabilidad del legislador definir, en cada proceso, si se amerita o no el cobro de las expensas judiciales, así como el determinar, según las formas propias de cada juicio, si se incluye o no a las entidades públicas dentro de la liquidación de agencias en derecho, costas y otras expensas judiciales... Por ello, habrá de declararse su exequibilidad, salvo la expresión “que habrán de liquidarse en todos los procesos sin excluir a las entidades públicas”, la cual, por las razones anotadas, se declarará inexequible...”.

De lo que ha quedado reseñado, concluye la Sala, que del pago de expensas o gastos de secretaría están excluidos los juicios del trabajo en ambas instancias. Prueba de ello es el texto del artículo 65 del CPL, que se refiere al principio de la gratuidad frente a las copias de las piezas procesales para que se surta el recurso de apelación, el cual obviamente supone una segunda instancia; que sólo el legislador o el constituyente son los que pueden excluir de tal principio a algunos procesos. De ahí que la Corte Constitucional en la precitada sentencia declarara inexequible la expresión “en todos los procesos” porque desconoce la posibilidad de que el legislador o el constituyente exoneren de erogaciones a determinados procesos.

Por ello, la expresión “de única instancia”, que es objeto de esta demanda implica una modificación al CPL. Y como ello es del resorte del legislador, se transgreden las disposiciones constitucionales y legales a que alude el actor, razón por la cual es procedente declarar su nulidad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la expresión “de única instancia”, contenida en el artículo cuarto del Acuerdo 169 de 23 de octubre de 1997, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de mayo de 1999.

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