Sentencia 5096 de septiembre 17 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 5096

Magistrado Ponente:

Dr. Nicolás Bechara Simancas

Santafé de Bogotá, Distrito Capital, diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

SE CONSIDERA:

1. Para concluir que en el caso de este proceso no se dio temeridad o conducta imprudente por parte del demandado al presentar contra el actor denunció penal por el delito de estafa, el tribunal consideró, en síntesis, que ello se debió a que aquél tuvo la “creencia razonada de estar frente a un ilícito” de su denunciado; creencia que el tribunal dedujo de las reflexiones siguientes: a) que el demandante inició contra el demandado el cobro judicial del cheque mencionado anteriormente en esta providencia por valor de $ 1.000.000, que el último había cancelado previamente en dinero efectivo al beneficiario Gilberto Plitt Uribe, suegro del ejecutante; b) que la versión del allá denunciante en el sentido de haber cancelado a Plitt Uribe $ 2.000.000 en dinero efectivo el 5 de julio de 1989, no fue contradicha por la hija de éste Victoria Eugenia Plitt, ni por el esposo de ella el aquí actor, quienes tampoco contradijeron el giro de los cheques por $ 1.000.000 que hizo el demandado a Plitt Uribe; c) que, en últimas, el demandado canceló posteriormente otros dos cheques de vencimiento postrero girados por él al mismo Plitt Uribe, sin que se le hubiese hecho reclamo alguno por el cheque materia del cobro ejecutivo, pagadero con anticipación; y d) que, a más de lo anterior, contabilizados los pagos hechos por el demandado, éste canceló “un total de cinco millones quinientos mil pesos ($ 5.500.000), que cubría el cheque materia de ejecución, sin tener en cuenta la suma de uno o dos millones de pesos (1 ó 2.000.000) que dice recibió en dinero en efectivo la señora Victoria Eugenia Plitt, esposa del denunciado”; esto último porque para el tribunal la deuda total del demandado con Plitt Uribe en razón de la negociación que originó el giro de los cheques fue de $ 5.000.000.

2. De esas consideraciones del Tribunal con las cuales éste confirmó la decisión desestimatoria expedida por el a quo, el recurrente omitió atacar las dos últimas, de donde resulta que siendo ellas pilares fundamentales del fallo de segunda instancia que por sí mismas serían suficientes para mantenerlo en pie, el ataque formulado en los dos cargos se torna incompleto, porque, como lo ha dicho la Corte, cuando se invoca la causal primera de casación es pertinente atacar todos los fundamentos de la sentencia que por sí mismos son suficientes para mantenerla, pues la acusación parcial que en este evento se haga la deja indemne frente a los embates de la acusación, sin que la Corte pueda asumir su complementación, que le está vedada por las limitaciones del recurso de casación.

3. Aún haciendo de lado la anterior deficiencia técnica de los cargos, suficiente por sí sola para desestimarlos, es preciso notar, con miras a su despacho de fondo, que la jurisprudencia de esta Sala ha precisado los casos en que tiene ocurrencia el abuso del derecho, distinguiendo entre los actos que mueven su ejercicio con malicia o con la única intención de causar daño, de aquellos que simplemente son producto de la temeridad o la imprudencia, constitutivos de los llamados actos excesivos; afirmando respecto de los primeros que comprometen la responsabilidad civil de su autor, pero dejando en claro que esa regla no puede establecerse como principio general en relación con los segundos en todos los eventos en que un denunció penal no prospere, pues de ser esto último así se expondría a graves peligros a quienes el ordenamiento y su conciencia los incita a poner ciertos hechos en conocimiento de la autoridad, fuera de que para incurrir en culpa el denunciante tendría que haber obrado de modo distinto a como lo hubiese hecho un individuo normal, es decir con ligereza o precipitud manifiestas. Dentro de la anterior línea de pensamiento también ha precisado la Corte que sería excesivo exigirle a un denunciante que se entregue personalmente a investigaciones profundas antes de señalar la persona que crea responsable, pues el interés público requiere que la justicia sea informada por los ciudadanos (Cas. ago. 19/38, G.J. Nº 1940, pág. 57).

4. En este orden de ideas y en cuanto concierne al correcto tratamiento del fenómeno jurídico del abuso del derecho, únicamente cuando el denunciante de una infracción penal actúa entonces con intención de perjudicar al denunciado, o lo hace sin el cuidado con el que normal y ordinariamente obran las personas prudentes, y de tal proceder se genera un daño; aquél incurre en la responsabilidad civil prevista en el artículo 2341 del Código Civil, quedando en la obligación de resarcir el perjuicio causado al sindicado.

5. Igualmente ha sostenido esta corporación que “no porque una investigación o proceso penal originado en una denuncia particular termine con auto de sobreseimiento definitivo, tiene por solo ello que reputarse como establecida la culpabilidad del denunciante, puesto que el sobreseimiento ha podido producirse a virtud de incidencias o factores sin repercusión sobre las circunstancias ante las cuales el agente estuvo colocado y que permitirían configurar de su parte una conducta juiciosa, arreglada a la mente de la ley” (G.J. T. XCVIII, 375) Dicho en otros términos, para deducir responsabilidad civil frente a quien ha denunciado a otro como autor de la comisión de un hecho punible, no basta la declaratoria de improcedibilidad de la acción penal o la terminación del proceso —resolución inhibitoria, cesación de procedimiento, preclusión de investigación, sentencia absolutoria—, sino que es necesario acreditar plenamente el ánimo de perjudicar o que por parte del denunciante existió un error de conducta al formular la denuncia, en virtud a que en este tipo de controversias es punto de partida la presunción de buena fe que ampara las actuaciones de los particulares en todas las gestiones que adelantan ante las autoridades públicas (C.N., art. 83).

6. Por otra parte, ha sido doctrina uniforme y reiterada de esta Sala que, cuando las sentencias suben a la Corte como consecuencia de la formulación del recurso extraordinario de casación, llegan amparadas en su integridad por la presunción de acierto, tanto en la apreciación de los hechos como en las consideraciones jurídicas o legales que de la situación litigiosa haya hecho el juzgador de segundo grado. Y como éste goza de una discreta autonomía en la estimación de los elementos de convicción incorporados al proceso, sus conclusiones al respecto asumen la singular característica de ser intocables en casación, en la medida en que por la parte impugnante no se demuestre con certeza que el ad quem, al efectuar tal apreciación incurrió en yerro evidente de hecho o en uno de valoración, puesto que la distinta estimación que de la prueba haga el impugnante mediante el referido recurso extraordinario no sirve para desquiciar e invalidar el fallo combatido, ni siquiera en el eventual caso o situación en que la Corte pueda apartarse del criterio que haya tenido el juzgador para llegar a la conclusión motivo del ataque y estructurales de la responsabilidad demandada, no reflejan, al menos con el grado de certeza que lo plantea la censura, distanciamiento significativo con la realidad del proceso, por las razones que seguidamente se señalan.

7.1. El Tribunal no dedujo la ausencia de temeridad o conducta imprudente del demandado, de darle simplemente valor de plena prueba a lo dicho por éste al presentar el denuncio penal, como lo aduce la censura, sino al estimar materialmente los elementos de prueba a que se refirió en su fallo y deducir de ellos la “creencia razonada” del demandado de estar frente a un ilícito penal cometido por el denunciado. En ningún pasaje de su decisión refirió pues el sentenciador, contrariando las normas de disciplina probatoria citadas como infringidas, por la censura, que los hechos denunciados tuviesen ese alcance legal.

7.2. Es cierto que no anduvo acertado el ad quem cuando a la abstención de declarar a que se acogió Gilberto Plitt Uribe (CPP, art. 286) al estar de por medio un yerro suyo, le dio la connotación de circunstancia corroborante de los hechos que perjudican la defensa de los intereses de su pariente, toda vez que el proceder del testigo no sólo es legítimo sino que constituye un derecho fundamental de raigambre constitucional que, por su naturaleza, jamás puede servir de estribo para deducir, de manera por demás contradictoria, que su ejercicio refuerza la imputación perjudicial que precisamente se autoriza evitar al declarante; empero, tal equivocación de índole probatoria queda en esta litis como argumento solitario del censor que no alcanza a incidir en el fallo acusado en casación, puesto que los demás medios de prueba que obran en el proceso, y cuya apreciación hecha por el sentenciador no ha perdido mérito, ofrecen suficientes elementos de convicción para concluir que la denuncia penal incoada por el demandado no fue inspirada por el abuso o la temeridad del denunciante.

7.3. No omitió ver el tribunal que el demandado no asistió a la diligencia de interrogatorio de parte y que por ende se produjo la presunción consagrada en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, como lo señala igualmente la acusación. Aquí lo que sucede en verdad es que siendo ésta una presunción legal y teniendo por lo mismo efecto relativo, la supuesta inobservancia del fallador sobre ella resulta inocua, en la medida en que, como es sabido, “toda confesión admite prueba en contrario” (CPC, art. 201), que es lo que reluce del análisis que hizo el Tribunal del haz probatorio.

7.4. En cuanto a que en el proceso ejecutivo el demandado confesó que no era cierto que hubiese hecho el pago del cheque cobrado por vía ejecutiva, la Corte tampoco observa el yerro fáctico de omisión probatoria que se le enrostra al tribunal, porque esa manifestación no emerge allí en la forma ni con la claridad que aseveró el recurrente. Por el contrario, las manifestaciones hechas allí por el demandado resultan equívocas al respecto como que en verdad se opuso a las pretensiones del ejecutante y formuló en contra de éstas distintas excepciones que por su naturaleza situaron la controversia en otro ámbito.

7.5. Dice el recurrente que el tribunal dejó de ver que el demandado no adujo recibo de pago en el proceso ejecutivo y que ello constituye indicio en su contra al tenor del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, como lo que planteó dicha parte en el mencionado proceso no fue la cancelación de la obligación sino la sustitución del título valor cobrado por otro, no se entiende por qué habría de presentar el documento echado de menos por la censura si, adicionalmente, fue con fundamento en la susodicha sustitución que aquel presentó la excepción de “cobro de lo no debido”. En estas circunstancias, la ausencia del documento reclamado en el ataque no muestra la contraevidencia de la decisión del juzgador.

7.6. Es cierto que el Banco Cafetero Sucursal Quimbaya hizo constar que Édgar García Holguín no tiene cuenta corriente allí. Empero, no puede concluirse, cual dice el recurrente, que ello hace contraevidente la decisión del tribunal, por cuanto aquél ratificó el préstamo de los $ 2.000.000 a que aludió el demandado (diciendo que fue para pagarle a Plitt Uribe) sin indicar exactamente si el cheque suministrado con tal propósito era de cuenta corriente suya o de un tercero, lo que torna equívoca la constancia en orden a establecer el referido yerro.

7.7. Tampoco cometió yerro fáctico el Tribunal en relación con la cesación de procedimiento recaída en favor del denunciado en el proceso penal, porque, como ya se anotó desde un comienzo, esta decisión per se no descarta la existencia de la denuncia razonada de un ilícito.

7.8. No es que el Tribunal hubiese preferido ver, según lo afirma la censura, que a términos de la denuncia penal el denunciante pagó a quien no era tenedor ilegítimo, del cheque cobrado judicialmente, sino que le dio particular trascendencia al negocio causal que originó su emisión, por ser esto en realidad lo fundamental para él en orden a establecer si en el actuar de aquél existió un motivo de justificación.

7.9. En fin, ciertamente que el Tribunal al apreciar las declaraciones de Victoria Eugenia Plitt y el demandante dedujo de ellas que, por no descalificar el pago que dijo haber hecho el demandado a Gilberto Plitt Uribe, eran corroborantes del dicho de éste al denunciar por estafa al actor. Con todo, esa conclusión no es para la Corte contraria a la realidad de los hechos, ni implica un juicio ilógico, o arbitrario, mucho más si se tiene en cuenta que el sentenciador lo apreció dentro del contexto ofrecido por un conjunto de pruebas, cuya apreciación como se ha visto se halla dentro de lo razonable.

En resumen, atendiendo los criterios que atrás se indicaron, se tiene que el ad quem terminó confirmando el fallo del a quo, luego de valorar en conjunto el caudal probatorio de conformidad con las reglas de la sana crítica, destacando las que consideró primordiales, las cuales no le ofrecieron el grado de convicción suficiente acerca de la temeridad y mala fe achacada al demandado con ocasión de la denuncia penal que éste le formulara, vale decir, sopesó en conjunto la prueba testimonial, y la conclusión derivada de las que tomó en cuenta no configura los yerros aducidos, puesto que no es absurda. Miradas bien las cosas, la censura lo que intenta en últimas es una ponderación diferente del haz probatorio, pero sin el alcance suficiente para poner de presente que la única conclusión posible es la sustitutiva que ella propone, pues lo que en el fondo comporta es un examen diferente, sin alcance para desquiciar el fallo del tribunal; amén de que, como también ya se anotó el ataque desplegado en casación no comprende la totalidad de los pilares en que se basa el fallo impugnado.

Viene de todo lo dicho, que los cargos no prosperan.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 6 de mayo de 1994 dictada en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia.

Costas del recurso de casación a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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