•Sentencia 5099 de febrero 19 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

ACCIONES DE LOS ACREEDORES SOCIALES

CONTRA LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD

EXTRACTOS: «De conformidad con los artículos 2341 y 1614 del Código Civil, producido un daño que no sea efecto del incumplimiento de una obligación de antemano existente entre la víctima y el agente de cuyo obrar culpable, intencionado o no, pretende deducirse responsabilidad, pesa sobre este último el deber jurídico de indemnizar en forma tal que tenga plena aplicación el principio rector del resarcimiento integral en que los citados preceptos se inspiran, mientras que a la luz de los artículos 200 y 832 del Código de Comercio —el primero tanto en su redacción original como después de la modificación en dicho texto introducida por el artículo 24 de la Ley 222 de 1994—, es entendido que entre otros supuestos que no necesitan ahora de comentario especial, consagra la legislación en favor de los acreedores de una sociedad mercantil, cuando los derechos de los que son titulares resulten lesionados como consecuencia de la actuación dolosa o simplemente culposa de los administradores y representantes de la compañía, un recurso complementario que les permite a los primeros dirigirse en acción individual de reparación de daños contra los segundos, sean estos personas naturales o entidades moralmente personificadas, para obtener la indemnización de los perjuicios así ocasionados, recurso que como es bien sabido, tiene su fundamento último en el mismo artículo 2341 del Código Civil pues el sentido del artículo 200 del Código de Comercio no es otro distinto, al hacer explícita la regla en referencia, que el otorgar a los susodichos acreedores un medio de protección directa cuya utilización, desde luego, no excluye la responsabilidad orgánica de naturaleza contractual que pueda predicarse de la sociedad deudora, lo cual, valga advertirlo, no quiere significar en manera alguna que gracias a la disposición comentada, pueda entonces obtenerse doble indemnización para un único daño, sino que en su caso el acreedor perjudicado dispone de dos vías posibles de reclamación apoyadas en sus respectivos títulos, y si la sociedad en cuestión llega a verse forzada a pagar mediando malicia, negligencia no intencionada o simple imprudencia de sus administradores, le queda la posibilidad de resarcirse haciendo uso de la acción social de responsabilidad contra ellos que así mismo instituye el artículo 200 tantas veces citado.

(...).

SOCIEDAD EN COMANDITA

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS GESTORES

EXTRACTOS: «De estarse al texto del artículo 323 del Código de Comercio, unido a las explicaciones que acerca de su contenido suministra la doctrina (G.J., t. CCXXV, pág. 588), bien puede decirse que el rasgo de mayor relevancia en la estructura formal de las sociedades en comandita, es la existencia en ellas de dos clases de socios: los socios comanditados o “colectivos” a cuyo cargo se encuentra la gestión de la empresa asociativa y frente a terceros son garantes solidarios de las deudas sociales, por un lado, y por el otro los socios comanditarios, ajenos a la administración y cuya responsabilidad se limita al monto del aporte prometido. Pero no debe olvidarse que ligados unos y otros por la “affectio societatis”, expresada en una permanente voluntad de colaboración que implica la organización de intereses convergentes no obstante la distinta posición de cada clase de socios, y una vez constituida legalmente la compañía, se le da vida a un ente jurídicamente personificado con su propia representación y dotado de plena autonomía patrimonial, lo que significa en síntesis, que en cuanto a esta última característica concierne, no es dable confundirla con la que singularmente es predicable de cada uno de los socios, ni menos todavía con el fenómeno a que da lugar la llamada “sociedad mercantil de hecho” al tenor de los artículos 499 y 501 del Código de Comercio (G.J., t. CVII, pág. 704); aquélla se hace propietaria de los bienes que han sido objeto de aporte para el desarrollo de la empresa, puede igualmente adquirir otros activos durante la vida social después de constituida con arreglo a la ley, y como persona jurídica que es, ostenta la titularidad de los derechos y obligaciones que de su patrimonio forman parte, patrimonio éste cuya función económica, por lo tanto, se separa con toda nitidez de la del patrimonio personal de los asociados hasta el punto de que, incluso en las sociedades de marcada configuración personalista como son la colectiva y la comanditaria respecto de los gestores, el primero de dichos patrimonios es prenda común de los acreedores sociales quienes por principio y frente a los acreedores personales de los socios, tienen preferencia a ser pagados con los bienes pertenecientes al ente colectivo deudor.

Así, pues, fundados en el anterior principio, dando por supuesta en consecuencia la separación patrimonial existente entre la compañía y sus socios individualmente considerados, los artículos 294 y 352 del Código de Comercio establecen el régimen de responsabilidad al cual quedan sometidos los socios gestores en una sociedad en comandita, instituyendo dichas normas una forma de responsabilidad que siendo solidaria e ilimitada por las resultas de las operaciones realizadas “bajo la razón social”, ya que al tenor de los preceptos citados ha de entenderse que las vicisitudes patrimoniales de la entidad y de modo específico las deudas por ella contraídas se comunican a los socios que tengan la condición señalada, también es subsidiaria o de segundo grado en el sentido de que a estos últimos, ante eventuales pretensiones de los acreedores de la sociedad, les favorecen las consecuencias que se siguen de la separación de patrimonios producto de la personificación jurídica cuya existencia, se insiste, no puede desconocerse mientras funcione regularmente y, por lo tanto, no aparezca acreditado que del instrumento legal en cuestión se abusó para alcanzar finalidades ilícitas de naturaleza tal que no quede otro camino distinto, en procura de restaurar la vigencia integral del orden jurídico así quebrantado, que levantar el velo que aquella personificación comporta y descubrir el sustrato real de sus miembros, investidos de facultades directivas, para deducirles directamente la responsabilidad que indiquen las circunstancias.

Poniéndolo en otros términos, quiere lo anterior decir que si por virtud de las disposiciones citadas, cierto es que en las compañías comanditarias las operaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad solidaria e ilimitada que asumen los socios gestores, también ha de tenerse en cuenta que en atención a esas mismas disposiciones y no mediando situaciones anómalas de verdadera excepción que por fuerza conduzcan a eliminar la interposición del ente personificado, los susodichos socios no quedan obligados a ninguna prestación personal para con los acreedores sociales si estos últimos no afirman y prueban, cosa que pueden hacer aún de manera extrajudicial, que “vanamente” hicieron excusión en los haberes colectivos, configurándose de esta suerte, entre la sociedad y la clase de socios tantas veces mencionada, un vínculo accesorio de garantía análogo al que se da entre un deudor principal y su fiador, vínculo cuyo genuino alcance lo ha precisado la jurisprudencia al señalar que la posición que a dicho fiador corresponde es la de un deudor accesorio “....y es deudor accesorio quien presta su garantía personal en guarda de la obligación contraída por el deudor principal, pero que no participa de los derechos ni de las demás relaciones que surgen directamente del contrato, y que tan sólo responde del cumplimiento, esto es de las obligaciones contraídas por aquél. Ningún provecho o ventaja reporta del contrato. Este es el fiador. Tal diferencia que proviene de la naturaleza de las cosas se halla establecida en disposiciones positivas como el artículo 1499 del Código Civil. La solidaridad —prosigue la Corte— que no es un elemento de la esencia ni de la naturaleza de los contratos, sino apenas una modalidad de las obligaciones, en nada los afecta en lo que respecta a su sustancia ni elimina la diferencia que se deja apuntada. Un fiador solidario puede ser perseguido por el total de la cosa debida pues a ese fin responde la solidaridad. Pero no por ello se torna jamás en sujeto del contrato mismo, porque ningún derecho adquiere del acreedor ni lo ligan a él otras relaciones de derecho que no sea la de responder por la cosa debida; él es únicamente, respecto del acreedor, un sujeto pasivo de las obligaciones pendientes de su fiado...” (G.J., ts. XXXVII, pág. 556, y LIX, pág. 724).

Se tiene, pues, que la responsabilidad de los gestores en una sociedad en comandita es subsidiaria en el grado que fija el artículo 294 del Código de Comercio, y esto así entendido, no se remite a duda, por consiguiente, que no es posible exigirles a aquéllos la ejecución o el cumplimiento de obligaciones a cargo de la entidad sin antes haber requerido de esta última, en forma directa, el pago correspondiente».

(...)

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE TERCEROS

EN EL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

EXTRACTOS: «Quedó definido que la demanda a la cual ha de circunscribirse el acto jurisdiccional decisorio que al proceso le ponga fin, pretende obtener que se condene a los demandados —Luis Javier Mario Posada Ochoa y la sociedad Comercializadora Movifoto Ltda.— a asumir solidariamente el deber de reparar a la institución bancaria actora (Banco del Comercio), los daños por esta última experimentados como consecuencia del incumplimiento de obligaciones preestablecidas de origen contractual en el que se afirma, incurrió la compañía Industrias Gráficas Movifoto S. en C. S. de la cual dichos demandados eran socios, atribuyéndoles a estos conductas dolosas ordenadas a obtener indebidos beneficios que habría de reportarles el ameritado incumplimiento.

Así, pues, si ha de entenderse, siguiendo las enseñanzas de autorizados expositores (Savatier, Tratado, tomo 1, num. 108), que para efectos de identificar el tipo de responsabilidad civil llamado a operar en función de las circunstancias particulares del caso, juega papel de primera importancia la noción de “falta contractual” de la que se dice consiste en “.... la inejecución previsible y evitable, por una parte contratante o por sus causahabientes frente a la otra parte contratante o sus causahabientes, de una o varias obligaciones nacidas de un contrato que a ambos extremos vincula..”, salta a la vista que no es una situación de esta naturaleza la que funda la pretensión de tal modo formulada ya que la atribución de la obligación de resarcir los perjuicios en cuestión, cuyo reconocimiento constituye el objeto de la señalada pretensión, no se radica en la sociedad deudora ligada contractualmente con el banco acreedor, sino en terceros ajenos a dicha relación, planteando por ende un supuesto de responsabilidad civil predicada de quienes sin ser parte contratante, debido a su obrar subjetivamente merecedor de reproche les son imputables, no obstante, las consecuencias dañosas de una infracción contractual —incumplimiento o cumplimiento defectuoso— en que a la postre se traduce la lesión del derecho de crédito del que aquel acreedor es titular, fenómeno que por lo demás, en su concepción teórica al menos y según se dejó apuntado líneas atrás en esta misma providencia, nada tiene de raro o sorprendente pues bien sabido es que se admite por el común de los doctrinantes, la existencia de un deber de respeto de los derechos patrimoniales de fuente contractual por parte de terceros, deber que es sin duda caracterizada expresión del imperativo general de rango constitucional (C.P., art. 95, num. 1º) que exige miramiento por todas las situaciones que forman la esfera jurídica ajena.

En este orden de ideas, punto de partida imprescindible para decidir sobre el mérito de la pretensión indemnizatoria incoada en la especie por el Banco del Comercio, es que la tutela por este último reclamada de la jurisdicción del Estado, corresponde a los dominios de la responsabilidad civil extracontractual y por eso, con la perspectiva que suministra el correspondiente régimen jurídico cuyos lineamientos básicos se encuentran en el título XXXIV del libro cuarto del Código Civil, lo primero por establecer, antes de ocuparse de la existencia de los perjuicios y su magnitud posible en vista del tipo de compromisos de crédito asumidos para con la institución bancaria demandante por la sociedad Industrias Gráficas Movifoto Ltda., es el hecho ilícito delictual o cuasidelictual que además de mostrarse como elemento desencadenante del daño que entraña el incumplimiento de dichos compromisos por la compañía deudora, represente en términos de derecho factor de imputación adecuado para declarar que son los demandados quienes, frente al acreedor lesionado a raíz del aludido incumplimiento, deben afrontar en definitiva la reparación económica que de ellos se demanda; en otras palabras, condición esencial de la cual depende, unida ella desde luego a otras exigencias de no menor trascendencia, que respecto de esa pretensión pueda recaer sentencia estimatoria, es que la evidencia que de los autos se desprenda, apreciada con un amplio criterio científico de unificación y balanceo de los diferentes argumentos de prueba en juego como lo indica la jurisprudencia (G.J., t. LXXIII, pág. 299), lleve en realidad al firme convencimiento de que a los demandados o a sus órganos directivos, en el caso de la Sociedad Comercializadora Movifoto Ltda., les es imputable la responsabilidad debido a que, mediando en ellos la finalidad deliberada de perjudicar al acreedor o por lo menos una grave omisión de la diligencia que les era exigible en la administración que a su cargo tenían, hicieron imposible la ejecución satisfactoria de las prestaciones adeudadas, consistentes en el reembolso de los recursos financieros por dicho acreedor facilitados, o menoscabaron la solvencia de la sociedad deudora hasta el extremo de impedir el pago corriente de tales obligaciones.

Y es lo cierto que después de adelantar un pormenorizado estudio del material probatorio disponible, incluyendo naturalmente la abundante información documental atinente a algunos de los procesos judiciales tramitados en la ciudad de Medellín y a los cuales dieron origen las tempestuosas relaciones de negocios sostenidas, desde 1981, por el Banco del Comercio con el conjunto de sociedades con personalidad jurídica propia conocido como “grupo Movifoto” y sometido en aquel entonces a la dirección económica unificada del empresario Luis Javier Mario Posada Ochoa, aquel requisito no aparece demostrado y por este motivo la demanda no puede prosperar. En efecto, partiendo de la base de que al tenor de este escrito el factor de imputación de la responsabilidad reclamada, en el cual apoya sus pretensiones el banco demandante, es la conducta dolosa de los demandados o de sus representantes en cuanto ella, se dice, determinó el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la compañía Industrias Gráficas Movifoto S. en C. S, y si ha de entenderse al propio tiempo, siguiendo el texto del artículo 63 del Código Civil, que como modalidad de la culpa aquiliana en sentido lato, el dolo se da cuando el acto u omisión dañosos están caracterizados por la nota de intencionalidad en el agente demandado en forma tal que éste, como lo explica la jurisprudencia, “... haya deseado verdaderamente que se realice el perjuicio y haya obrado con ese propósito...” (G. J., t. LXII, pág. 699), era de cargo del actor suministrar la prueba terminante y decisiva de la concurrencia de estos elementos de valoración subjetiva, indispensables de suyo para persuadir a los sentenciadores acerca de la justificación de la condena en cuestión; luego faltando esta prueba, aquella afirmación tocante con la razón de ser de la obligación indemnizatoria que a los demandados se les pretende atribuir dentro de este marco específico, queda sin respaldo y en consecuencia, no es posible su reconocimiento.

En síntesis, de lo expuesto en los párrafos precedentes se desprende que, visto el contenido de las pretensiones deducidas le asiste razón a la parte demandada al invocar en su defensa la que denominó “excepción de inexistencia de título que dé origen a la acción de perjuicios”, habida cuenta que el proceso no aporta los elementos de hecho necesarios para tener por configurada y probada a cabalidad, una situación apropiada para producir, de acuerdo con la ley, el efecto jurídico concreto en el cual toma pie el banco demandante para formular dichas pretensiones, deficiencia esta de fácil comprobación que irremediablemente conduce al fallo desestimatorio por el que propugna el demandado apelante».

(Sentencia de casación, febrero 19 de 1999. Expediente 5099. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

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