Sentencia 5107 de diciembre 16 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SANCIONES RELATIVAS AL MANIFIESTO DE CARGA

SE IMPONEN AL TRANSPORTADOR Y NO AL AGENTE MARÍTIMO

EXTRACTOS: «Para la Sala, el aspecto determinante para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de primera instancia, se circunscribe a establecer si un agente marítimo, como lo es la sociedad actora, es o no sujeto pasivo de las sanciones relativas al manifiesto de carga, en los términos previstos en el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992, cuyo texto se transcribe a continuación:

“ART. 4º—Sanciones relativas al manifiesto de carga. La empresa transportadora responderá por la presentación en debida forma de la información contenida en el manifiesto de carga y demás documentos anexos suministrados a la Dirección General de Aduanas.

Las mercancías que constituyan la carga, incluyendo las mercancías a granel, a bordo de un medio de transporte que ingrese al territorio colombiano, deberán estar relacionadas en el manifiesto de carga, salvo que estén amparadas con documentos de destino a otros puertos.

Cuando la empresa transportadora no presente manifiesto de carga o se hallare mercancía no relacionada en él, la mercancía se aprehenderá de inmediato para proceder a declarar su decomiso.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, cuando se presenten diferencias en el número de bultos o en el peso de la mercancía, y este hecho fuere imputabIe a la transportadora y no existiere una explicación satisfactoria, se impondrá a la empresa transportadora una multa equivalente al ciento por ciento (100%) del valor determinado por la aduana para la mercancía aprehendida.

Cuando se presente el manifiesto de carga sin los requisitos básicos contemplados en el reglamento, la multa a la empresa transportadora será hasta de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales” (lo resaltado fuera de texto).

Como se observa, en la norma transcrita se contempla la aprehensión y decomiso de las mercancías cuando la empresa transportadora no presente el manifiesto de carga o se halle mercancía no relacionada en él y contempla como sanción la multa, cuando se presenten diferencias en el número de bultos o en el peso, que el hecho sea imputable al transportador y que éste no explique satisfactoriamente tal circunstancia.

De ello resulta que el responsable de la infracción administrativa es la empresa transportadora, pero igualmente se observa que la mencionada infracción tiene como conducta antijurídica las irregularidades que contenga el manifiesto de carga, por lo cual resulta imprescindible hacer algunas precisiones.

Al respecto, además de lo previsto en el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992, ya transcrito, dispone el artículo 5º del mismo decreto:

“ART. 5º—Procedimiento para la aplicación de las sanciones relativas al manifiesto de carga.

El procedimiento para declarar el decomiso y aplicar las multas señaladas en el artículo anterior será el siguiente:

Una vez aprehendida la mercancía se formulará pliego de cargos a quien tenga derecho sobre la mercancía y a la empresa transportadora, cuando sea el caso, quienes podrán presentar descargos dentro del mes siguiente a su notificación. En todo caso no será aceptable la presentación posterior de manifiestos de carga o de los anexos que no fueron puestos a disposición de la autoridad aduanera al momento del descargue de las mercancías.

vencido el término anterior el jefe regional de aduana proferirá la resolución correspondiente, contra la cual sólo procederá el recurso de reconsideración” (subrayas fuera de texto).

De las normas transcritas se concluye que son distintas las obligaciones que se derivan del manifiesto de carga para la empresa transportadora, de las que se derivan del contrato de transporte para la misma empresa e, igualmente, que como el transportador es quien elabora el manifiesto de carga con base en la mercancía que es introducida en el medio de transporte, razón por la cual no pueden existir bienes que no hayan sido introducidos en él, es a la empresa transportadora a quien le corresponde asumir la sanción por el incumplimiento de ese deber.

Así, pues, sostiene la Sala que la responsabilidad de la empresa transportadora en la elaboración del manifiesto de carga es la razón que sustenta la previsión contenida en el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992, que se refiere expresamente a ella, por lo cual en el artículo 5º ibídem, al regular el procedimiento para la aplicación de las sanciones relativas al manifiesto de carga, se dispone que, aprehendida la mercancía, se formulará pliego de cargos a quien tenga derechos sobre ésta y a la empresa transportadora.

Conforme a lo anterior, para la Sala es claro que es el transportador quien debe responder ante las autoridades aduaneras por las infracciones cometidas en el manifiesto de carga y no el agente marítimo. Además, de las obligaciones que conforme a lo previsto en el artículo 1492 del Código de Comercio le son imputables al agente marítimo, no se desprende que el mismo sea responsable ante las autoridades aduaneras por las conductas imputables al transportador, tales como las que dan lugar a las sanciones reguladas específicamente en los mencionados artículos.

Al efecto, la Sala transcribe a continuación y reitera lo expresado por ella en sentencia de 8 de noviembre de 1996 (consejero ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, exp. núm. 3843, actor Gran Marítima Ltda. Granmar), al definir un asunto muy similar al sub examine.

“En total acuerdo con el fallador de primera instancia y la representante del Ministerio Público, para la Sala la norma anteriormente transcrita (D. 1105/92, art. 4º) no deja duda alguna de que la compañía Gran Marítima Ltda. no podía ser sujeto pasivo de la multa a ella impuesta a través de los actos acusados, por cuanto es muy claro el texto de la norma al señalar que las conductas omisivas allí descritas constituyen causal para sancionar a las empresas transportadoras, no a los agentes marítimos.

Ahora bien, el recurrente señala que con base en el numeral 3º del artículo 1492 del Código de Comercio, queda claramente establecida la relación del agente marítimo o naviero con el transportista o armador, añadiendo que en el ordenamiento aduanero no se hace diferenciación entre uno y otro.

Sobre el particular, en primer término, la Sala estima que deben ser precisados los conceptos de armador y agente marítimo, los cuales consagra el Código de Comercio, así:

“ART. 1473.—Llámase armador a la persona natural o jurídica que, sea o no propietaria de la nave, la apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que la afectan...”.

“ART. 1489.—Agente marítimo es la persona que representa en tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave”.

Si bien es cierto que el agente marítimo es la persona que representa en tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave (C. Co., art. 1489), ello en manera alguna puede considerarse como identificación entre uno y otro, así como tampoco con el transportista, pues las normas del Código de Comercio señalan las obligaciones que corresponden a cada uno de ellos.

El artículo 1492 del Código de Comercio al que alude el recurrente, consagra dentro de las obligaciones del agente marítimo, entre otras, la de: “Hacer entrega a las respectivas autoridades aduaneras y a órdenes del destinatario, de las mercancías transportadas por la nave” (num. 3º) y “Responder personal y solidariamente con el capitán de la nave agenciada, por la inejecución de las obligaciones relativas a la entrega o recibo de las mercancías” (num. 5º), obligaciones éstas que no implican que al agente corresponde verificar que lo declarado es lo realmente transportado, pues su obligación tiene que ver con la entrega de las mercancías en las mismas condiciones en que las recibió (...).

El apelante sostiene además que con base en los artículos 1618 y 1619 del Código de Comercio, el agente o transportador tienen la responsabilidad de que la mercancía coincida no sólo en cuanto a su peso, sino también en cantidad, identidad, etc., y que dicha responsabilidad y las obligaciones derivadas del contrato de transporte no están limitadas respecto de cualquier otra persona que no sea el contratante.

Estatuyen los artículos 1618 y 1619:

“ART. 1618.—En los casos en que el transportador pueda insertar reservas en el documento que entregue al remitente para acreditar el contrato de transporte, tales cláusulas o reservas no exonerarán al transportador de responder por el peso, cantidad, número, identidad, naturaleza, calidad y estado que tenía la cosa al momento de recibirla el transportador o hacerse cargo de ella; ni por las diferencias existentes en relación con tales circunstancias, al momento del descargue. Tampoco exonerarán tales cláusulas al transportador de responder por dichas circunstancias cuando sean ostensibles, aunque el transportador o sus agentes digan no constarles o no haberlas comprobado.

“Corresponderá al remitente la carga de la prueba”.

“ART. 1619.—Cuando el remitente haya hecho, a sabiendas, una declaración inexacta respecto de la naturaleza o el valor de la cosa, el transportador quedará libre de toda responsabilidad.

“El derecho que este artículo confiere al transportador no limitará en modo alguno su responsabilidad y sus obligaciones derivadas del contrato de transporte, respecto de cualquier otra persona que no sea el remitente”.

Como bien lo afirma la procuradora delegada ante esta corporación, una es la responsabilidad derivada del contrato de transporte a la cual se refieren los preceptos arriba transcritos, y otra la responsabilidad derivada del manifiesto de carga, esto es, la responsabilidad ante la autoridad aduanera, que es precisamente a la que se contraen los artículos 4º y 5º del Decreto 1105 de 1992, los cuales, se reitera, señalan como sujeto pasivo de las sanciones allí previstas a la empresa transportadora y no al agente marítimo.

Finalmente, la Sala considera que la apreciación del apelante en el sentido de que la compañía demandante puede repetir contra el remitente de la mercancía o hacer efectiva la garantía contra el importador es aplicable respecto de la empresa transportadora mas no respecto del agente marítimo, pues el artículo 1615 del Código de Comercio, establece que “El remitente garantiza, al transportador la exactitud de las marcas, número, cantidad, calidad, estado y peso de la cosa, en la forma en que dicho remitente los declare al momento de la entrega”.

No siendo aplicable el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992 a la compañía Gran Marítima Ltda., quien es agente marítimo y no empresa transportadora, se concluye que la sanción a aquél impuesta no podía serlo y por lo tanto la Sala confirmará la sentencia objeto del presente recurso”.

En consecuencia, como en el caso de autos se trata del cuestionamiento de actos administrativos mediante los cuales se le impuso una multa a la sociedad demandante Gran Marítima Ltda., como agente marítimo, por unas conductas omisivas de la Flota Mercante, sociedad transportadora, siendo el sujeto pasivo de dicha multa la citada sociedad transportadora, con ello se violaron, por aplicación errónea, los artículos 4º y 5º del Decreto 1105 de 1992, por lo cual debe procederse a confirmar la sentencia recurrida en apelación».

(Sentencia de diciembre 16 de 1998. Expediente 5107. Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez).

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