Sentencia 5109 de junio 3 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

SOCIEDAD DE HECHO

EXISTENCIA Y DISOLUCIÓN

EXTRACTOS: «1. Es verdad averiguada que el fallo que declara la existencia y disolución de una sociedad mercantil de hecho, puede ser atacada en casación dentro de la causal primera, por violación directa o indirecta de normas sustanciales.

1.1. Sobre el particular tiene sentado la jurisprudencia que la sociedad de hecho es aquella que tiene una conformación y ejecución fáctica, bien porque haya surgido por los hechos, o cuando no se constituyó por escritura pública, lo que la distingue de las sociedades simplemente irregulares; vale decir, aquellas que no obstante haber cumplido su formalidad constitutiva mediante escritura pública, actúan sin el debido permiso de funcionamiento, distinción fundamental habida cuenta de que para las sociedades regulares y las irregulares como personas jurídicas que son, existe una normatividad societaria que prevé su forma de constitución, funcionamiento y disolución, y para las sociedades de hecho solo existe la regulación especial que persigue hacer las provisiones para solucionar las situaciones de facto. De allí que sostenga la jurisprudencia sobre la sociedad de hecho que ésta se encuentra en estado de permanente disolución, en contraste con las sociedades regulares e irregulares, cuyo nacimiento a la vida jurídica como personas debe finalizar con las causas de disolución que contengan sus estatutos o señale la ley. Sobre el tema dijo la Corte en sentencia del 8 de junio de 1994 lo siguiente:

“Para efecto de establecerse la regulación pertinente a la existencia y disolución de una sociedad de hecho deben tenerse presente las normas especiales pertinentes, más no las generales relativas a las sociedades constituidas como personas jurídicas, bien sea regulares o irregulares. Pues mientras éstas últimas, tienen una vida como contrato social, gozan de personalidad jurídica y pueden tener, en el caso de las regulares un funcionamiento normal conforme a sus estatutos y a la ley; las otras, las llamadas sociedades de hecho propiamente dichas, por el contrario, por no ajustarse a los requerimientos mínimos que indica el ordenamiento estatal, carecen de una vida como personas jurídicas y deben desaparecer del mundo jurídico, cuando quiera que, por su estado permanente de disolución, los interesados pidan su liquidación...”

1.2. Lo anterior indica entonces que la sociedad formada por los hechos, es de naturaleza social fáctica con duración del mismo carácter.

1.2.1. Lo primero indica que la sociedad de hecho, si bien encierra sobre todo un contrato societario implícito o explícito, que permite establecer muchos aspectos de su existencia, tal como ocurre con los aportes, ejecución, duración, etc., no es menos cierto que tiene una naturaleza fáctica cuando precisamente su formación societaria emerge de una serie de hechos que así lo indican. Por esta razón, la realización fáctica social constituye, a su vez, un elemento de suma importancia para la interpretación del desarrollo fáctico de las operaciones sociales; lo cual, a su turno, en caso de liquidación tiene relievancia para precisar el derecho que en este evento tienen los socios de hecho a que se les pague su participación (C. Co., art. 505). Pues esta participación contribuye a determinar su alcance: De una parte, el de la extensión real de la mencionada sociedad de hecho, tales como aportes, operaciones, duración, utilidades, etc.; y, de la otra, el del contenido del derecho social de que sea titular el socio de hecho que, por lo menos, se ciñe a las utilidades y pérdidas de las operaciones anteriores que tenía prevista la sociedad, y a sacar lo que hubiere aportado (C. Co., art. 2083).

1.2.2. De allí que dicha naturaleza también tenga incidencia en la duración de la sociedad de hecho, la cual si bien comienza desde el mismo momento en que el acuerdo explícito e implícito social se desarrollan en la práctica, no lo es menos que, por no ajustarse a las formalidades previstas en la ley para su existencia como persona jurídica seria y permanente, dicha sociedad desde su propio nacimiento carece de estabilidad y permanencia convencional o legal, porque desde ese mismo instante se encuentra, como lo ha dicho esta corporación, en “un estado permanente de disolución”, por lo que “cada uno de los asociados podrá pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación de la sociedad de hecho” (C. Co., art. 505). Por esta razón la extensión temporal de una sociedad de hecho estará ubicada entre su nacimiento fáctico y el desaparecimiento de algún elemento esencial en su conformación, como sería el mutuo acuerdo o la ruptura fáctica del acuerdo social u otra causa que determine la declaración judicial de su existencia. De allí que, ocurrida esta extinción, que bien puede producirse desde su mismo nacimiento, se hace indispensable proceder inmediatamente a la liquidación correspondiente, razón por la cual, como antes se dijo, se faculta a los asociados a pedir dicha liquidación, para que se liquide y pague la participación de ella, y, si fuere el caso, concluir conforme al Código de Comercio, las operaciones sociales de facto pendientes (arts. 505, 506 y 238, num. 1º). Luego, una cosa es la existencia temporal de sociedad de hecho, dentro de la cual puede solicitarse en cualquier momento su liquidación y otra muy distinta la etapa liquidatoria posterior.

1.2.3. Ahora bien, en tal caso cualquiera de los socios mercantiles de hecho tienen derecho a pedir que, una vez declarada la sociedad, se liquide y pague su participación de acuerdo con lo pedido y probado (C. Co., art. 505).

1.2.4. Luego, en esta materia corresponde al juzgador en desarrollo de la discrecional facultad valorativa que le otorga el principio de la sana crítica, establecer no solo la existencia de esos elementos de la sociedad y requisitos que sustentan la pretensión a fin de que pueda concluir en la convicción racional de la comprobación de los hechos que, según la ley, le otorgan el derecho al demandante, y precisamente en desarrollo del principio universal de la legalidad de las actuaciones públicas y del acierto de los fallos judiciales, se impone, por tanto, tenerse en principio como acertadas las estimaciones y conclusiones probatorias que en el fallo adopten los jueces de instancia.

1.2.5. De allí que las partes solo pueden en casación atacar estas valoraciones y conclusiones probatorias cuando se haya cometido error de hecho o de derecho, dándose el primero cuando el fallador se equivoca en la apreciación de las pruebas y a consecuencia de tal error deja de ver una de ellas, o supone la que no existe, o viéndola le distorsiona su verdadero alcance y, el segundo cuando incurre en yerro en la apreciación jurídica de las pruebas, ya porque ignora las normas que regulan su producción o ya porque desconoce las que tocan con su eficacia probatoria.

Para ello es indispensable que el casacionista demuestre en cada caso el error de hecho en la estimación probatoria que, además de señalar en qué consiste le individualice y que tenga alcance pleno en las fundamentaciones esenciales del fallo, que sea notorio o evidente y que sea trascendente para quebrar el fallo. Pero esta labor demostrativa tiene que ajustarse a la estimación probatoria que, en esta clase establecimiento de existencia y disolución de sociedad de hecho, es ordinariamente indiciaria, por lo que se requiere una comprobación especial. En efecto, reitera la Corte que la prueba indiciaria “se trata fundamentalmente de que el juzgador, por el hecho conocido pase a descubrir el hecho que se controvierte, no existe duda de que por regla general el debate sobre su mérito queda cerrado definitivamente en la instancia, y que la crítica en casación se reduce a determinar si por error evidente de hecho o de derecho estuvieron admitidos como probados o como no probados los hechos indicativos; si todas las conjeturas dependen exclusivamente de un indicio; y si la prueba por indicios es o no de recibo en el asunto debatido. Pero en lo que atañe a la gravedad, precisión, concordancia y nexo de los indicios con el hecho que se averigua, el sentenciador está llamado por la ley a formar su íntima convicción, que prevalece mientras no se demuestre en el recurso que contraría los dictados del sentido común o desconoce elementales leyes de la naturaleza”. (G.J. Tomo LXXX\/III, 76; CXLIII, 72)».

(Sentencia de casación, junio 3 de 1998. Expediente 5109. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

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