Sentencia 5110 de julio 23 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

CALIFICACIÓN DE INCAPACIDADES

OBJECIÓN A LOS DICTÁMENES MÉDICOS

EXTRACTOS: «Contrariamente a lo que sostiene la entidad de previsión social recurrente, en el caso bajo examen el Tribunal no infringió directamente los artículos 217 y 218 del Código Sustantivo del Trabajo ni el artículo 3º del Decreto 832 de 1953, puesto que dichos preceptos no eran las normas aplicables en el sub lite.

En efecto, las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que invoca la recurrente regulan la hipótesis de que el empleador, el trabajador o las personas beneficiarias de la prestación no acepten la certificación médica que los facultativos contratados por el primero están obligados a expedir determinando si el trabajador queda o no incapacitado para desempeñar sus labores, al realizarse el accidente o al diagnosticarse la enfermedad profesional; y al terminar la atención médica, a calificar la incapacidad que pueda resultar o, en caso de muerte, “a expedir el certificado de defunción, dictaminando en él sobre la relación de causalidad entre la enfermedad profesional o accidente y la muerté'', según las textuales palabras del artículo 217.

El certificado de que trata esta norma, que debe igualmente expedirse para la declaración de invalidez en los casos de enfermedades profesionales de acuerdo con el artículo 280 ibídem, se produce por fuera del proceso y, por ello, cuando el empleador, el trabajador o sus beneficiarios no aceptan el certificado médico, “pueden solictar, sobre los puntos que rechazan, el dictamen de los médicos de la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial, o en su defecto, de los médicos legistas”. Es este dictamen rendido sin el control del juez, puesto que se produce por fuera del proceso judicial, el que resulta “de obligatoria aceptación”.

Pero cuando ya trabado el litigio judicial, por determinación del juez o por haberlo pedido una de las partes, se acude a los médicos de la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial para que actúen como peritos, el dictamen que emiten, como cualquiera otra peritación, no necesariamente debe ser acogido por el juez, puesto que, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del CPT, en el procedimiento laboral rige el principio de la libre formación del convencimiento y el juez no está sujeto a una tarifa legal de pruebas.

En el caso que se juzgó, por petición del demandante el juez del conocimiento decretó la peritación médica y dispuso que la misma fuese practicada por un médico vinculado al Ministerio de Trabajo, quien por concepto rendido el 11 de septiembre de 1989 dictaminó que Mario Alberto Hernández Cadavid presentaba una patología psiquiátrica que le producía “una incapacidad permanente parcial y una merma en su capacidad laboral de un treinta y tres por ciento -33%-” (folio 110). La experticia fue objetada por error grave por el actor y dentro del trámite del incidente se dispuso la práctica del nuevo dictamen que rindió el médico psiquiatra que al efecto se designó como perito. Este segundo dictamen fue producido el 13 de diciembre de 1990 (folios 133 a 136), y con fundamento en el mismo el Tribunal desechó la opinión técnica del perito oficial para acoger la del nuevo experto especialmente designado, por razón de ser este último “médico psiquiatra”, mientras que el del Ministerio del Trabajo, según su propia información, era un “médico cirujanó” (folio 121).

Conforme lo tiene explicado suficientemente la Corte, la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial, de acuerdo con las atribuciones que le otorgan las leyes y decretos que la organizan, cumple las siguientes funciones: a) la de simple consultor; b) la de consultor técnico; c) la de perito, y d) la de árbitro.

Así lo dijo la Sala en sentencia de 27 de mayo de 1961, en la que además expresó lo siguiente:

“La medicina industrial presta a la autoridad administrativa del trabajo y a la justicia laboral, una doble colaboración, de carácter técnico, así: una en conciliación ante el inspector del trabajo, ya como perito, ora como árbitro, en actuación administrativa; otra ante la justicia laboral, como perito únicamenté'' (G. J., Tomo XCV, pág. 1074 -se subraya-).

Se explica entonces fácilmente que mientras el “dictamen” que emiten los médicos de la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial o los médicos legistas, en defecto de aquellos, es de obligatoria aceptación cuando se produce por fuera del proceso ante las autoridades administrativas, pues aquí cumplen una sui generis función de “árbitros”, y en calidad de tal, de cierta manera declaran el derecho, no lo sea, en cambio, cuando auxilian al juez del trabajo en los conflictos jurídicos que puedan llegar a presentarse, pues en tal evento su función no es ya la de arbitrar sino simple y exclusivamente la de auxiliar con sus conocimientos técnicos, como “peritos” que son, a quien tiene competencia para declarar el derecho, esto es, al juez del trabajo.

Porque en este último caso actúan apenas como auxiliares del juez en su condición de expertos, es elemental que los conceptos técnicos o científicos que expresen, puedan ser controvertidos por las partes litigantes, quienes tienen el derecho de objetarlos o descalificarlos si incurren en error grave. Y de cualquier manera, aun cuando no se de el error grave, le es permitido al juez, al valorar la prueba, separarse de sus conclusiones para acoger las de otro perito que puedan parecerle más fundadas.

Se sigue de lo dicho, como conclusión, que el Tribunal no incurrió en la violación de la ley por infracción directa que denuncia el cargo, el que consiguientemente no prospera».

(Sentencia de julio 23 de 1992. Radicación 5110. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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