Sentencia 51150 de marzo 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 51150

SL3016-2014

Acta Nº 8

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014).

EXTRACTOS: « VII. Consideraciones de la Corte

Sea lo primero señalar que no se encuentra sometido a discusión, ni ha sido motivo de la acusación, la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social, por lo que la Corte procede a resolver de fondo el asunto, con base en las siguientes consideraciones.

Tratándose de un ataque con fundamento en la causal primera, por violación directa de la ley sustancial, “falta de aplicación de la Ley 33 de 1985, por estar dentro del régimen de transición de la Ley 100 de 1993”, los supuestos fácticos que las instancias tuvieron en consideración permanecen incólumes: i) que el actor prestó sus servicios en la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el 9 de noviembre de 1973 hasta el 28 de diciembre de 1979 (según la Resolución 3916 de 2001 desde 1962 hasta 1998); y ii) que Cajanal le reconoció pensión de vejez con base en el régimen de transición, (según Resolución 3299 del 29 de marzo de 1999, reliquidada mediante la Resolución 3916 del 23 de febrero de 2001).

El tema que debe dilucidarse, consiste en determinar, si la pensión reconocida al demandante debió ser liquidada con base en el promedio salarial del último año de servicios como lo prevé el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 o, si resulta correcta la liquidación que hizo Cajanal, con base en los lineamientos fijados en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tesis que el tribunal prohijó.

El punto que el recurrente somete a consideración de la Corte ya ha sido objeto de pronunciamiento en reiteradas ocasiones, siendo pertinente traer a colación lo dicho en la Sentencia CSJ SL, 10 de mayo 2011, radicado 37929.

Como en esa oportunidad se puntualizó para dar respuesta a los argumentos de la recurrente, se hace necesario transcribir, en lo que es pertinente, el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que es del siguiente tenor literal:

“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el Dane”.

Se dijo que en relación con el régimen de transición pensional y la regulación del ingreso base de liquidación, explicó esta Sala en la sentencia del 17 de octubre de 2008, radicación 33343, lo siguiente:

Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.

“Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el Legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.

Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del sistema general de pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.

Lo anterior significa que fue el propio legislador quien, al diseñar la forma como estarían estructurados los beneficios del régimen de transición que creó para quienes al momento en que entró a regir el sistema de pensiones les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho prestacional, que es el caso de la actora, dispuso que ese régimen estaría gobernado en parte por la normatividad que, antes de entrar en vigor ese sistema, se aplicaba al beneficiario y, en otra parte, por el propio artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero en uno solo de los elementos que conforman el derecho pensional: el ingreso base de liquidación.

De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones” (destacado de la Sala).

De esa manera, resulta claro que cuando el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se refiere al monto de la pensión, como uno de los elementos que se preserva del sistema anterior a los beneficiarios del régimen de transición, alude únicamente al porcentaje del ingreso base de liquidación (IBL) que dicho régimen preveía. Así, para el caso de los servidores públicos es del 75%, de acuerdo con lo que establecía la Ley 33 de 1985 (norma aplicada al demandante por la accionada). Empero, no se entiende incluido el período temporal que abarca los factores que se integran para calcular el ingreso base de liquidación (IBL), pues este se determina, para los beneficiarios del régimen de transición, por el promedio de los ingresos salariales en el tiempo transcurrido entre la fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 y aquella en que el afiliado cumpla los requisitos para la pensión, cuando a este le faltaren menos de 10 años para ello.

De tal modo que el artículo 36-3 de la Ley 100 de 1993, respecto de quien cotizó o devengó en el sistema de seguridad social integral en pensiones —como el demandante—, no permite tomar para conformar el IBL de la pensión el promedio de lo devengado en el último año de servicios, como es la aspiración del actor; razón por la cual debe someterse la liquidación de la prestación, en este puntual aspecto, a las reglas introducidas por la nueva ley de seguridad social. Desde esta perspectiva, el tribunal, al arribar esa conclusión, no cometió el yerro jurídico endilgado.

Ahora bien, respecto de las otras normas denunciadas, que se asevera constituyen el régimen especial de los empleados de la Registraduría del Estado Civil, se tiene que el artículo 17 del Decreto 603 de 1977, textualmente dispone:

El empleado de la Registraduría Nacional del Estado Civil que por 16 años continuos o discontinuos haya servido en el laboratorio fotográfico como jefe de sección de grupo; o como fotógrafo, o que haya desempeñado el cargo de dactiloscopista; o trabajado en el proceso de procesado o laminación de cédulas de ciudadanía o tarjetas de identidad como prensador, troquelador, estampador, armador o revisor, tiene derecho, al llegar a la edad de cincuenta años a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.

El haber desempeñado por veinte años continuos o discontinuos alguno de los cargos señalados en este artículo, con derecho a la pensión mensual vitalicia de jubilación, cualquiera que sea la edad.

Precisa la Sala que dicho artículo está dirigido, de manera taxativa y por tanto restrictiva, a algunos de los empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que hayan servido “en el laboratorio fotográfico como jefe de sección de grupo; o como fotógrafo, o que haya desempeñado el cargo de dactiloscopista; o trabajado en el proceso de procesado o laminación de cédulas de ciudadanía o tarjetas de identidad como prensador, troquelador, estampador, armador o revisor”, presupuestos de la norma dirigidos, en consecuencia, a quienes se encuentran dentro de la excepción que contempla la misma; cargos de excepción que no corresponden al que desempeñó el demandante, de registrador del estado civil en el municipio de Arboletes (Antioquia).

Al efecto, el inciso 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 expresamente excluyó de su aplicación a quienes gozan de un régimen especial de pensiones, con el siguiente tenor literal:

“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años, tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio…”.

La excepción a la regla general está contemplada así:

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo, las excepciones que, por vía general, establezca el gobierno.

Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta años (50) de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55) si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro…

Proyectado lo anterior al caso bajo examen, el demandante no se encuentra dentro de quienes aplica el régimen especial contemplado en el artículo 17 del Decreto 603 de 1977 y, como quiera que le gobierna el régimen general de la Ley 33 de 1985, por virtud de la transición, respetándosele la edad, el tiempo y el monto, sobre lo cual ya se refirió la Sala en esta providencia, sin más, se desestima el ataque por la presunta vulneración de la norma que fue correctamente aplicada por el sentenciador de segundo grado.

En cuanto a la acusación de la infracción in genere de la Ley 65 de 1946, sin precisar el artículo específico violado, a más de constituir una falta de técnica en el recurso, debe decirse que dicha ley no contiene disposiciones que consagren un régimen pensional especial para funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil que aplique al demandante, distinto del acogido en virtud del amparo de la transición. Igual planteamiento se predica respecto de los decretos 721 y 897 de 1978 (modificatorio este último del anterior) y de los Decretos Reglamentarios 2597 de 1956, 1160 de 1947 (relativo al auxilio de cesantía) y 1434 de 1982 (sobre remuneración electoral).

En consecuencia, el tribunal no cometió los yerros endilgados y se desestima el cargo.

Sin costas en el recurso extraordinario, dado que no hubo oposición.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley no casa la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, de fecha 26 de noviembre de 2010, en el proceso ordinario promovido por Joaquín Emilio Herrera Salazar contra la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. – Cajanal (en liquidación).

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.»