Sentencia 5116 de junio 17 de 2003 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 20031907 01 51-16, jun. 17/2003

M.P. Eduardo Campo Soto

Aprobado Acta Nº 66

Ref.: Acción de tutela instaurada por el doctor Jaime Castro contra el Ministro de Justicia y del Derecho y Ministro del Interior, hoy Ministro del Interior y de Justicia, doctor Fernando Londoño Hoyos.

Vistos

Se resuelve la impugnación presentada contra el fallo proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el día 13 de mayo de 2003, a través del cual negó la acción de la referencia.

Antecedentes procesales

En escrito visible a folios 1 a 14 del cuaderno principal, la doctora Andrée Viana Garces, en su condición de apoderada judicial del doctor Jaime Castro, presentó ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el día 25 de abril de 2003, acción de tutela contra el Ministro de Justicia y del Derecho y Ministro del Interior, hoy Ministro del Interior y de Justicia, doctor Fernando Londoño Hoyos, fundamentada en los hechos que el a quo resumió así:

“La abogada doctora Andrée Viana Garces, con fundamento en el poder otorgado por el doctor Jaime Castro, mediante escrito del 24 de abril de 2003, promovió ante esta corporación, acción de tutela contra el Ministro de Justicia y del Derecho y Ministro del Interior (E), doctor Fernando Londoño Hoyos, quien según se consigna en el texto del escrito de tutela, repetidamente se negó a responder los numerosos derechos de petición presentados “... a propósito y en relación con las preguntas del referendo convocado por el Congreso a solicitud del Gobierno Nacional (L. 796/2003)”.

La referida profesional del derecho, en uno de los apartes del libelo de tutela afirma que en relación con una de las peticiones elevadas, el funcionario accionado consideró inoportuno e improcedente responder; frente a otra, respondió de manera evasiva y se abstuvo de responder en las tres restantes.

Por lo mismo y como a decir del accionante, la omisión de responder el fondo de las “cuestiones planteadas” vulnera el derecho fundamental de petición, solicita que a través de este mecanismo excepcional, se proceda a su tutela.

Anexó a la demanda fotocopias de algunos escritos contentivos de las peticiones, así como de los libelos que el doctor Londoño Londoño Hoyos, le remitió al petente” (sic para lo trascrito).

Petición

Solicitó la apoderada del ciudadano doctor Jaime Castro, con fundamento en los hechos relacionados se le ampare el derecho fundamental de petición, consagrado en nuestra Constitución Política.

Actuación procesal

1. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, a través de magistrado ponente, mediante auto fechado 29 de abril del corriente año, admitió la acción de tutela incoada, y ordenó notificar a las partes.

2. Durante el término de traslado de la acción se pronunció el doctor Fernando Londoño Hoyos, solicitó se desestimen las pretensiones del petente, argumentando: “... que los servidores públicos no podemos quedar al caprichoso vaivén de las inquietudes de los ciudadanos, cuando se proponen con el objetivo de ejercer una actividad política tan respetable como es la de la oposición”.

Precisó respecto de las condiciones del tutelante que éste, “... no pregunta por cosas que ignora y que sean de conocimiento de este ministerio, ni pide que se le satisfaga derecho que esté en mis manos reconocer, sino que desea plantear una polémica, probablemente interminable, alrededor de su reconocido desafecto por la Ley de referendo”.

Agregó que el accionante no quedaría satisfecho con ninguna de las respuestas que “... yo le dé, sino en la medida en que coincida con su parecer”.

Respecto a la pregunta “... lo que hará el gobierno en el futuro, por ejemplo en la manera como propondrá que se penalice la dosis personal de productos alucinógenos”, el ministro contestó “... estudiará si toma iniciativa en la materia, o si se acoge a lo que proponga el honorable Congreso sobre el particular, o si convoca a una comisión de expertos que lo asesore. Pero el doctor Castro quiere que le conteste ya y se exalta, hasta cuáles increíbles extremos, cuando le hago ver que su pregunta es para mí, en estos momentos de imposible respuesta”.

En atención a que el ministro considera vagas e imprecisas algunas de las preguntas, sostuvo: “... no le gusta mi opinión, pero es la que tengo sin que pueda plegarme a la del ciudadano Castro, porque no la comparto en absoluto. Aquí la vaguedad o la imprecisión no son tales, sino criterios dispares sobre temas tan controvertibles como se los quiera ver de ese modo”.

Más adelante indicó, “... sino de ánimo polémico inspirado en propósitos evidentemente políticos”, para concluir que dicha actitud riñe con la finalidad del derecho de petición.

Por último aportó varias fotocopias, encaminadas a demostrar el tiempo que ha tenido que dedicarle a manejar las inquietudes del petente.

Pruebas

Reposan como pruebas en el expediente, copia de los documentos relativos a los derechos de petición impetrados por el doctor Jaime Castro, ante el Ministro de Justicia y del Derecho y Ministro del Interior, hoy Ministro del Interior y de Justicia, doctor Fernando Londoño Hoyos, y las respuestas que fueron emitidas por el ministro.

Fallo de primera instancia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, puso fin a la instancia, con el fallo emitido el 13 de mayo de 2003, a través del cual negó la tutela formulada por la doctora Andrée Viana Garces, en su condición de apoderada del doctor Jaime Castro, motivando entre otras cosas:

Los demás escritos, debidamente transcritos en precedencia, en modo alguno constituyen derechos de petición, por cuanto empecé que éstos tienen la particularidad de ser respetuosos; dirigidos a la administración y hechos por un particular, debido o por la especial información requerida pierden la connotación de tales.

En efecto, entiende la Sala que no toda solicitud que los ciudadanos hagan a la administración debe necesariamente asumirse como derecho de petición, pues además de las particularidades relacionadas en precedencia, esto es, que sean respetuosas, elevadas por una persona —natural o jurídica— por motivos de interés general o particular, las mismas deben caracterizarse o ser susceptibles de una respuesta lo más precisa posible, bien porque la autoridad tenga el monopolio de la información requerida, ora porque sea la única que pueda dispensar lo pretendido, cosa que no ocurre en el sub lite, por las razones arriba puntualizadas.

Nótese que cierta información requerida por el doctor Jaime Castro perfectamente podía ser adquirida consultando el ordenamiento jurídico-penal, como ocurre con la pregunta singularizada con el número uno, del 6 de marzo de 2003, sobre “... cuáles son los delitos que afectan el patrimonio del Estado ...”.

Todo lo anterior sirve para formular el siguiente interrogante ¿Acaso será jurídicamente viable, obligar al ministro accionado a suministrar una información sobre temas en cierta forma inciertos, sujetos a disímiles interpretaciones e inclusive algunas de ellas seguramente de competencia de otras autoridades, del honorable Congreso de la República, del Consejo Nacional Electoral y de los propios jueces de la República?

La Sala es del criterio que ésto no es posible, por el tipo de información solicitada, más propio del debate, del foro, de la academia y por lo mismo sujeto a interminables controversias.

De ahí que cualquier respuesta que se ofrezca, tal como lo advierte el doctor Londoño Hoyos en la contestación de la demanda, difícilmente podrá satisfacer al peticionario.

Conforme con lo anterior, no queda duda que razón le asiste al mencionado funcionario, al puntualizar que los escritos presentados por el doctor Jaime Castro constituyen inquietudes, respecto de las cuales a más de no tener el deber constitucional, ni legal de responder, en su gran mayoría eran de imposible respuesta, como las referidas al monto de las indemnizaciones derivadas de la supresión de las contralorías.

Lo cierto es que el doctor Fernando Londoño Hoyos y así se debe reconocer, en la medida de lo posible, realizó ingentes esfuerzos en procura de ofrecer una respuesta a los plúrimos interrogantes, algunos de los cuales, se repite, bien habían podido ser aclarados por el propio actor, consultando el ordenamiento jurídico y/o llevando a cabo ciertas operaciones matemáticas” (sic para lo trascrito).

De la impugnación

La doctora Andrée Viana Garces, impugnó el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, quien luego de consignar una serie de comentarios y reparos a la contestación del señor ministro, y a las consideraciones que motivaron la decisión del a quo, concluyó:

“Se equivoca el a quo al estimar que el funcionario obligado a responder los derechos de petición cumple su deber si los contesta “en la medida de lo posible” (fls. 147 y 149). La Corte Constitucional ha dicho que la respuesta debe ser clara y precisa, debe resolver el fondo del asunto, en uno u otro sentido, pero no con evasivas, ni “en la medida de lo posible” significa darle el poder discrecional de decir cuándo y cómo contesta, cuando las atribuciones y competencias de los funcionarios son regladas en el caso del derecho de petición.

Así mismo, debe anotarse que, los “ingentes esfuerzos” que según la sentencia realizó el ministro no satisfacen el derecho fundamental de petición del actor, de manera que, jurídicamente no fueron suficientes.

Admitir lo contrario, que es lo que hace el a quo, es tanto como aceptar que a todo funcionario público le está permitido privilegiar sus convicciones personales sobre los principios del Estado Social de Derecho.

Un juez que considere válida una argumentación de este tenor, actuará de acuerdo con lineamientos no queridos por el derecho, como que los jueces, al interpretar las normas constitucionales, están obligados a acoger la posición del servidor público comprometido, dejando de lado el principio de legalidad, dando al tratarse con el de la interdicción del poder administrativo, desconociendo el deber de proteger y garantizar los derechos y principios consagrados en la Constitución, y apartándose de los deberes de imparcialidad e independencia judicial.

(...).

También estimó la Sala que “si el doctor Jaime Castro no se encuentra satisfecho con las respuestas que ... fueron suministradas por el ministro accionado (sic), en su momento tendrá la oportunidad, a través de diversos medios, como el foro o el debate que sobre el tema irán a tener lugar (frase incompleta)”. Esa argumentación desconoce que el derecho de petición no es subsidiario a ningún otro mecanismo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La Constitución Política indica que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a la Constitución ni la ley, obtener pronta resolución.

Nada dicen, y nada ha señalado la jurisprudencia Constitucional, a cerca de los demás requisitos mencionados en la sentencia. Dichos requisitos desconocen la naturaleza del derecho de petición, niegan su relación con el derecho a la participación, y afectan su núcleo esencial.

(...).

Las nuevas condiciones del derecho de petición, señaladas en la sentencia, hacen nugatorio el derecho a conocer la opinión de determinado órgano del gobierno y a formular consultas sobre materias discutidas y de alto interés público. Ello, como quedó dicho, impide el ejercicio del derecho a la participación política y, deja sin contenido las garantías constitucionales a la oposición” (sic para lo trascrito).

Consideraciones de la Sala

Por disposición de los artículos 86 y 116 de la Constitución Política; 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 esta corporación tiene competencia para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura existentes en el país.

El artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 consagra en el inciso segundo: “ El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo (...) si a su juicio el fallo carece de fundamento procederá a revocarlo de inmediato. Si se encuentra el fallo ajustado a derecho lo confirmará ...”.

Problema jurídico

Corresponde a esta superioridad establecer en el presente caso, si la falta de respuesta del señor Ministro de Justicia y del Derecho y Ministro del Interior, hoy Ministro del Interior y de Justicia, a las peticiones presentadas por el accionante sobre el referendo, luego de responder varias inquietudes respecto al mismo tema, ha vulnerado el derecho de petición, invocado expresamente por el actor.

Con el fin de resolver este problema la Sala se referirá previamente a lo siguiente:

1. En casos como el presente, para efectos metodológicos, es preciso transcribir los 21 escritos dirigidos por el doctor Jaime Castro al Ministro doctor Fernando Londoño Hoyos, y las respuestas suministradas, tal como fueron consignados por el a quo:

“1. El 13 de noviembre de 2002, el doctor Castro dirigió un escrito, radicado en el Ministerio del Interior el 18 del mismo mes, del siguiente tenor y que en esta decisión se singularizará como:

Escrito número uno

‘Informaron los medios que durante el trámite del referendo usted envió comunicación al Congreso en la que proponía que la congelación de la remuneración de los servidores públicos no cobijara la de los ministros del despacho. También dijeron esos mismos medios que usted, había retirado esa propuesta pocos días después de haber sido presentada.

En caso de ser cierto los hechos anteriores y en ejercicio del derecho de petición le solicito ordenar:

“1. Que se me suministre copia de la citada carta o comunicación; y

“2. Que se me informe por qué razones o motivos el gobierno retiró la citada propuesta” (fl. 117).

Mediante libelo del 24 de enero de 2003, el Ministro doctor Londoño Hoyos, le respondió en los siguientes términos:

“Muy distinguido doctor Castro:

“La carta que dirigí a los presidentes de las comisiones primeras del Congreso el día 7 de octubre de 2002, se explica por sí sola. Así que en ella encontrará las razones por las cuales, siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, propuse que a los ministros del despacho no se les congelara el salario por más de dos años. Más adelante, dentro del amplio poder discrecional que el gobierno tiene en esta materia, retiré de la consideración de las comisiones el documento que le acompaño en copia” (fl. 114).

2. El 13 de enero de 2003, el accionante le remitió siete (7) escritos, del siguiente contenido:

Escrito número uno.

“... cuáles sanciones propondrá el gobierno ...” (fl. 16), para el hecho punible relacionado con el consumo y porte de sustancias alucinógenas en cantidad de dosis personal.

El doctor Londoño Hoyos le respondió en los siguientes términos:

“De acuerdo a nuestro régimen penal son amplias las posibilidades de imponer penas por la comisión de delitos, distintas de la privación de la libertad. Cuando llegue la ocasión propicia el legislador tendrá que elegir entre ellas las que estime más apropiadas. Me parece inoportuno e improcedente anticiparme con suposiciones a la decisión que entonces se tomará”.

Escrito número dos

2.1. El doctor Castro a través de este libelo pretendía que se le respondiera acerca de qué norma constitucional o legal, autoriza la financiación a quienes inviten a financiar el referendo, monto de las apropiaciones “... que para ese propósito figuran en el presupuesto de la actual vigencia y con qué criterios se repartirán entre sus posibles beneficiarios. En caso de que no aparezcan esas partidas, pregunto si el gobierno hará las correspondientes apropiaciones presupuestales y cuál será el monto de las mismas” (fl. 26).

El ministro respondió:

“He dicho que el gobierno respetará la igualdad de oportunidades que la Constitución y las leyes ofrecen a quienes deciden participar en un debate electoral. Y que el gobierno no financiará a quienes quieran hacer una campaña para convencer a los colombianos para que violen el deber jurídico de votar.

“De manera que me ha entendido usted mal, o acaso no fui claro en mis respuestas ante la prensa, de lo que no estoy convencido, pero en todo caso le insisto en que el gobierno no financiará ninguna conducta encaminada a violar deberes ciudadanos”.

Inclusive adicionó la respuesta, a través del libelo del 25 de marzo de 2003, así:

“La reforma Política es hasta ahora un proyecto de acto legislativo a la que falta para su aprobación cuatro debates en las cámaras. Mal haría en anticiparme con opiniones a lo que en definitiva resolverá el honorable Congreso sobre la financiación de las campañas electorales.

“El control sobre la financiación de las campañas electorales corresponde al Consejo Nacional Electoral. En lo que respecta al futuro, todo dependerá del alcance que la Constitución y la ley le otorguen a una eventual financiación que se ponga entera o parcialmente a cargo del Estado”.

Escrito número tres

2.2. “... por qué el referendo repite decisiones constitucionales adoptadas hace pocos meses, que no han tenido tiempo de aplicarse y ponerse a prueba y que Álvaro Uribe, como aspirante presidencial apoyó cuanto (sic) fue invitado por el Senado de la República a pronunciarse sobre su contenido y alcance” (fl. 97).

Este escrito fue respondido en los siguientes términos:

“No se a cuáles hace usted referencia, ni es asunto mío como Ministro del Interior explicar lo que el doctor Álvaro Uribe hizo o dijo en su campaña presidencial”.

Escrito número cuatro

2.3. En relación con la supresión de las contralorías hace dos preguntas a saber:

“1. ¿A cuánto puede ascender el valor de esas indemnizaciones?”.

“2. ¿Quién las cancelará? La Nación? La respectiva entidad territorial?” (fl. 98).

El ministro respondió de la manera siguiente:

“Ignoro el monto preciso, pues no podrá definirse sino al momento de la determinación de cada contratro de trabajo. Si usted se digna repasar con cuidado la ley, verá que en ella está puntualmente resuelta su pregunta. Las indemnizaciones las pagarán las entidades territoriales y sólo después de pagarlas dedicarán los ahorros de esa saludable supresión a las finalidades también previstas en la ley’..

Escrito número cinco

2.4. Aduce que como según el texto del referendo el período de los alcaldes vence el 31 de diciembre de 2004, “... me permito preguntarle qué ocurre con alcaldes como el de Manizales que, según entiendo, fue elegido en noviembre o diciembre pasados para un período que va más allá de la fecha atrás señalada y el gobernador de San Andrés y Providencia que será elegido dentro de pocos días también para período mayor del que fija el referendo” (fl. 99).

El funcionario accionado, respondió :

“Nada distinto de que para ellos, como para todos los demás, terminará su período de gobierno el día señalado”.

Escrito número seis

2.5. Que en virtud de la eliminación del Fondo Nacional de Regalías y parte de los recursos del fondo, según el artículo 307 que continúa vigente, “... debían financiar las regiones que el señor Presidente Uribe prometió organizar y poner a funcionar durante su gobierno, en ejercicio del derecho de petición me permito preguntarle ¿con qué recursos se reemplazarán los del FNR que estaban destinados a financiar el programa presidencial sobre creación de regiones autónomas?” (fl. 100).

El ministro respondió así:

“Cuando el Presidente ponga en marcha el programa al que usted se refiere, tendrá el cuidado de examinar su financiación”.

Escrito número siete

2.6. Relacionado con la supresión de las contralorías territoriales, el doctor Castro pretende que se le responda lo siguiente:

“1. ¿Desaparece también la obligación que tienen las entidades descentralizadas departamentales de girar un porcentaje de su presupuesto –entiendo que el 2%— a la respectiva contraloría departamental? En caso de que no sea así, ¿a quien (sic) harán esa transferencia?, a la Contraloría General de la República?

“2. ¿Desaparece igualmente la obligación a cargo de los municipios que no tenían contraloría propia de girar un porcentaje de su presupuesto –entiendo que el 2%— a la respectiva contraloría departamental? En caso de que no se a así, ¿a quién harán esa transferencia?, a la Contraloría General de la República?

Se respondió en los siguientes términos:

“Por supuesto que sí. De lo que se trata es de eliminar entidades burocratizadas y superfluas y de producir economías para las entidades que hoy las soportan”.

Escrito número ocho

2.7. Igualmente relacionado con el tema de la supresión de las contralorías, pregunta:

“1. ¿Cuál será el ahorro para el tesoro público por las supresiones ordenadas?

“2. Para la atención de las funciones nuevas que se les asignan, ¿se incrementarán las asignaciones presupuestales de la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación? ¿Cuánto puede valer esos incrementos en los próximos 5 años? (fl. 110).

El ministro respondió:

“En valores actuales, las entidades a las que usted se refiere cuestan más de $ 250.000 millones de pesos al año. No está previsto, en principio, el aumento de los presupuestos de las entidades del orden nacional que las suplirán. La ley manda que llenarán esas funciones trabajando con “austeridad y eficiencia”. El gobierno y el Congreso han estimado que tales entidades, especialmente la Contraloría y la Procuraduría, tienen grandes posibilidades de aumentar el ámbito de sus funciones sin esfuerzos fiscales adicionales”.

3. El 16 de enero remitió siete escritos más, con el siguiente contenido:

Escrito número uno

El doctor Jaime Castro al hacer referencia al artículo transitorio de la pregunta 6 del referendo, sostiene que esta norma prevé la elección de asambleas, concejos y juntas administradoras locales en el año 2003 y que la pregunta 17 del mismo referendo elimina esas elecciones. “... me permito preguntarle ¿cómo se aplicarán las dos normas citadas, si ambas son finalmente aprobadas, o si se equivocó el Congreso cuando incorporó textos que son opuestos o contradictorios y que no pueden regir simultáneamente?” (fl. 102).

El doctor Londoño Hoyos respondió:

“Si el pueblo soberano elimina las elecciones locales previstas hoy para el año 2003, quedarán eliminadas. Es la única y bien sencilla explicación que le cabe a esa contradicción, apenas aparente.

Escrito número dos

3.1. En este documento luego de aducir que la normatividad vigente no regula todas las situaciones a que dan lugar las votaciones que se celebren con motivo del referendo convocado por el Congreso y luego de explicar que se refiere a situaciones distintas o sólo comparables a las que tienen lugar en un “... proceso electoral pero que no son tratables de acuerdo con las disposiciones del Código Electoral porque la interpretación de éste no puede hacerse analógicamente o por vía de extensión”, el accionante le pregunta al funcionario accionado, lo siguiente:

“Si mi apreciación es válida, ¿quién llenará el vacío anotado y mediante qué clase de acto? (fl. 103).

El ministro respondió lo siguiente:

“Usted sabe muy bien que el tema de las lagunas en lo que se llama la plenitud hermenéutica del orden jurídico, es harto debatido. La autoridad electoral tendrá que ocuparse de resolver los problemas que en ese punto se presenten, llegado que fuere el caso. Tampoco descarto la posibilidad de que se usen facultades reglamentarias o de que el Congreso se ocupe de resolver un problema de esa naturaleza, si realmente lo hubiere”.

Escrito número tres

3.2. A través del cual solicita que se le informe “... qué departamentos, en virtud del referendo convocado por el Congreso y según las proyecciones de población del país, podrán perder más del 33% de su representación actual en la cámara”.

“También agradeceré se me informe ¿si la fórmula de la curul adicional se aplicará a Bogotá en caso de que la pérdida referida se produjere en la representación que hoy tiene la ciudad en la cámara? Lo pregunto porque el parágrafo transitorio del artículo 176 propuesto no cita el Distrito Capital” (fl. 109).

El ministro respondió lo siguiente:

“Es un problema de matemática electoral que habrá de examinarse a la luz de esa ciencia. Al parecer, los departamentos de Quindío y Meta, podrían estar afectados por ese sacrificio extraordinario de representación”.

“No veo la razón para que la norma no se aplicare, si fuere el caso, al Distrito Capital, la única circunscripción territorial para la cámara distinta de las departamentales”.

En otro libelo, complementó la respuesta, de la siguiente manera:

“El desarrollo legislativo que tenga el referendo en el futuro, si a juicio del legislador llegara a ser necesario, sólo le corresponde al Congreso. La representación de los departamentos en las circunscripciones territoriales, está dicho con toda claridad en el texto de la pregunta sexta. Lo demás sería un ejercicio matemático que usted mismo puede hacer con provecho. Con toda consideración debo decirle que no encaja dentro de la órbita de mis funciones resolver curiosidades matemáticas en torno a las muchas hipótesis que puedan plantearse sobre imaginarios resultados electorales. Cuando sea el caso, la autoridad electoral se ocupará del tema”.

Escrito número cuatro

3.3. Al aducir que según el referendo, el servidor público que ofrezca cuotas o prebendas burocráticas a cambio de la aprobación de un proyecto de acto legislativo, ley, ordenanza o acuerdo, solicita se le informe “... ¿qué sanción se aplica cuando las cuotas o prebendas burocráticas se ofrecen a cambio de no realizar un debate, no votar una moción de censura o votar por determinado candidato en las elecciones que haga la respectiva corporación pública?” (fl. 105).

Que según la pregunta 7, parágrafo 2º inciso final, se faculta al Presidente de la República adopte las disposiciones contenidas en ese artículo, pregunta por el significado y alcance de la “... expresión adopte las disposiciones contenidas en el presente artículo”.

“La facultad atribuida al Presidente es inocua y nunca se ejercerá” (fl. 106).

El ministro respondió:

“Corresponderá al juez de la causa examinar, caso por caso, hipótesis como las que usted propone. No veo ¿cómo anticiparme con una opinión a su inquietud?”

Escrito número cinco

3.4. Al referirse al texto de la pregunta 6 del referendo, indaga acerca de ¿cuáles “... normas se aplicarán en las elecciones que tengan lugar después del año 2006, es decir en los años 2010, 2014 y siguientes? Entiendo que el Congreso expida y el pueblo disposiciones que sólo rijan temporalmente, o por una sola vez, pero no creo que para lograrlo se deba crear, simultáneamente, un vacío normativo en temas tan importantes como los que tratan los nuevos artículos 171 y 176 de la Constitución”.

“En el mismo artículo transitorio se le da carácter permanente a las normas citadas que tienen que ver con las asambleas, los concejos y las juntas administradoras locales. La pregunta es: ¿si son normas permanentes por qué se incluyen en un texto transitorio?” (fl. 107).

El ministro respondió en los siguientes términos:

‘No cabe la menor duda de que en el contexto del referendo está claro que las del 2006 serán las primeras elecciones a las que se aplique esta norma. Desaparecido el artículo transitorio, que tenía por único objeto subrayar que no habría elecciones para Congreso antes del año 2006, quedará vigente hacia el futuro la norma principal, que dispone todo lo que se refiere a circunscripciones, número de congresistas, urbral, cifra repartidora y cuociente electora”.

Escrito número seis

3.5. “... como debe leerse y entenderse las (sic) frase inicial (“la adjudicación de curules entre los miembros de la respectiva corporación pública se hará ...”) que propone el referendo convocado por el Congreso y que haría parte del nuevo artículo 263 de la Constitución Nacional”.

“Mi pregunta obedece, señor ministro, ¿a que según entiendo la adjudicación o asignación de curules se hace a las listas y/o candidatos inscritos y no entre los miembros de las corporaciones públicas, es decir entre los congresistas, diputados, concejales y ediles?”.

El ministro respondió del siguiente modo:

“Admito nuevamente que la redacción del texto hubiera podido ser más feliz. Pero no hay duda, para ningún intérprete, de que la cifra repartidora se aplicará para distribuir las curules entre los candidatos a ocuparlas”.

Escrito número siete

3.6. “El refrendo (sic) aprobado por el Congreso ordena que en circunscripciones especiales se elijan cuatro representes a la cámara pero no dice como (sic) se asignarán dichas curules. Por ello, en ejercicio del derecho de petición, me permito preguntarle ¿qué sistema electoral se aplicará para el reparto de la (sic) 4 curules que corresponden a las comunidades negras e indígena y a los colombianos residentes en el exterior?

“Se sumará sistema único para los tres casos, o separado, según se elijan uno dos representantes. ¿Habrá umbral? ¿Cifra repartidora? ¿Cuociente electoral? ¿Simple mayoría. ¿Se podrán acumular los votos obtenidos en diferentes circunscripciones territoriales? ¿Los ciudadanos residentes en el país podrán votar por candidatos que aspiren a representar a quienes residen en el exterior?

“No creo que el tema lo deba definir la ley porque la Carta vigente y el referendo constitucionalizan lo referente a los sistemas electorales. Tampoco creo que se pueda acudir al parágrafo transitorio del propuesto nuevo artículo 171 porque ese parágrafo se refiere a la elección de minorías políticas en el senado y estamos hablando de la elección de representantes en circunscripciones especiales”.

El doctor Londoño Hoyos, respondió lo siguiente:

“El tema lo definirá el Congreso por Ley de la República. “Si transcurrido un año de vigencia de la presente reforma constitucional, el Congreso no hubiere aprobado la ley para la elección de minorías políticas, el Presidente de la República la expedirá por decreto en los tres meses siguientes”. Esta norma, suficientemente explícita, que se incluyó al final del artículo 171, no pareció oportuna repetirla para el artículo 176. Esta vez el legislador consideró que diciendo las cosas una sola vez, basta”.

4. El 17 de enero remitió 3 escritos del siguiente tenor:

Escrito número uno

Luego de consignar que como en el referendo se dispone que para la asignación de curules en las corporaciones públicas, distintas del Senado, se aplicará el sistema de la cifra repartidoras que obtengan al menos el 50% del respectivo cuociente electoral, el doctor Jaime Castro, pretende que se le aclare lo que ocurriría “... cuando una sola de las listas obtiene mas del 50% del cuociente electoral definido de idéntica manera en la Constitución actual y el referendo. Pregunto si a esa lista se le adjudicarán todas las curules” (fl. 38).

No obra respuesta sobre este concreto punto.

Escrito número dos

4.1. Contiene seis (6) preguntas, del siguiente tenor:

“1. ¿Qué ocurre en los casos de maternidad? Durante la semanas anteriores y posteriores al parto se produce vacancia de hecho que no será llenada o suplida por nadie? ¿Quién determina la duración de esa vacancia? ¿La persona interesada? El medico (sic)?

“2. Si se produce la renuncia voluntaria de la mitad o más de los miembros de una corporación pública, v. gr. un concejo municipal, ¿qué ocurre con esa corporación? ¿Se disuelve automáticamente? ¿Se convoca a nuevas elecciones?

“3. ¿Si la renuncia no es voluntaria sino forzada, v. gr. por enfermedad o presión de grupos ilegales, ingresa a la corporación respectiva el 2 o 3 de la lista, según el caso?

“4. En los casos de renuncias voluntarias que no dan lugar a que sean ocupadas las curules, el quórum para sesionar y/o deliberar, se continúa determinando con base en la composición inicial de la corporación.

“5. ¿Qué ocurre en los casos de suspensión en el ejercicio de sus funciones de un miembro de corporación pública decretada, v. gr. por un fiscal, un juez o la Procuraduría General?

“6. ¿Qué ocurrirá en los casos de secuestro que, desgraciadamente, se puedan presentar? En estos casos, como en los previstos en la pregunta anterior, ¿el quórum sigue siendo el anterior a esas vacancias de hecho o se modificará?”.

En relación con este escrito, no obra respuesta.

Escrito número tres

4.2. Radicado con el número 0302, del siguiente tenor:

“El parágrafo segundo de la pregunta 7 del referendo dispone que “la ley reglamentará las causales de pérdida de investidura .... para garantizar los principios de proporcionalidad, legalidad, ... y culpabilidad”. En ejercicio del derecho de petición me permito preguntarle ¿cómo deben entenderse los citados principios en este caso?. Concretamente quiero saber:

“a) Si en virtud del principio de proporcionalidad, al que se refiere en dos ocasiones el citado parágrafo, la sanción que imponga el Consejo de Estado dependerá de la gravedad de la falta cometida, también de la causal invocada, y será objeto de graduación, tal como establece el mismo parágrafo. Para decir algo, si se puede sancionar al investigado con la pérdida de sus derechos políticos de manera permanente o temporal (5 o 10 años, por ejemplo). En esta última hipótesis que ocurre con el ordinal 4º del artículo 179 de la Constitución vigente que convierte en causal de inelegibilidad permanente la pérdida de la investidura de congresista.

“b) Si en virtud del principio de legalidad el Congreso debe definir ¿qué se entiende por “indebida destinación de dineros públicos“ y “tráfico de influencias” o si esos hechos los evalúa y califica el Consejo de Estado cada vez que debe resolver los casos llevados a su conocimiento?”.

“c) Si en virtud del principio de culpabilidad la pérdida de la investidura sólo se puede decretar cuando el servidor investigado haya actuado con dolo o culpa grave o gravísima”.

“d) Si en virtud del principio del debido proceso se puede o debe establecer la doble instancia (primera en una de las secciones y segunda en Sala Plena del Consejo de Estado) tal como algunos lo han solicitado”.

El ministro respondió en los siguientes términos :

“Acá tampoco me corresponde anticiparme a lo que el legislador decidirá en la materia. Todos los ciudadanos estaremos a lo que entonces se disponga”.

5. El 3 de febrero de 2003, dirige un escrito, que se singularizará con:

Escrito número uno

Se relaciona con la pregunta 17 del referendo, a través de la cual el accionante requiere saber si el escrutinio de los votos que se depositen en relación con la misma, “... se realizará por separado, para cada uno de los distritos y municipios del país y con base en dicho escrutinio se decidirá en ¿qué distritos y municipios se aprobó la prórroga y en cuáles no?” (fl. 39).

Esta pregunta, según el doctor Castro, obedece a que para la fecha en que se vote el referendo, estará vigente el artículo 316 de la Constitución Política “... que sólo permite votar en las elecciones locales —la prórroga equivale a la elección por un año o más— a “los ciudadanos residentes en el respectivo municipio” (fl. 40).

No obra respuesta sobre lo requerido.

6. Libelo del 6 de marzo de 2003, que se singularizará con:

Escrito número uno

Mediante este documento el doctor Jaime Castro pregunta “... ¿cuáles son los delitos que afectan el patrimonio del Estado, en la Legislación Penal vigente?”.

Y, “... ¿cuántas personas han sido condenadas en los últimos 20 años por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado?” (fl. 59).

El funcionario accionado respondió en los siguientes términos:

“A la primera de las preguntas le contesto diciendo que no hay en el Código Penal enumeración, ni ilustrativa ni taxativa, de los delitos que puedan afectar el patrimonio del Estado. No obstante, el patrimonio del Estado puede ser el sujeto pasivo en la comisión de muchos delitos, como peculados, cohechos, concusiones, prevaricatos y desde luego otros más. El legislador del referendo no tuvo en consideración, entonces, al elaborar la pregunta a la que usted se refiere, a una especie particular de delitos, sino a todos los que puedan afectar el patrimonio del Estado.

“A la segunda pregunta le contesto que no en (sic) estadística a mi disposición que me permita responderla” (fl. 58)” (sic para lo trascrito).

2. En diversos pronunciamientos la Corte Constitucional ha sostenido que “El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se define como “... aquel que permite a las personas presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y obtener de ella una respuesta oportuna y completa sobre el particular ... (1) ”.

(1) Sentencia T-1653 de 2000.

El derecho de petición más allá de permitir elevar inquietudes a la administración, tiene como componente básico la obligación para las entidades públicas o privadas requeridas de otorgar una respuesta “... de fondo, clara, precisa y oportuna, haciendo que dicha contestación se convierta en un elemento esencial del derecho de petición, sin el cual éste no se realiza ... (2)

(2) Sentencia T-567 de 1992.

Los elementos constitutivos del derecho de petición aquí descrito, son aspectos que deben ser tenidos en cuenta, para analizar, el caso concreto, toda vez que el alcance de tal derecho en la situación planteada por el accionante, no corresponde a un carácter absoluto, pues cuenta con limitantes impuestas por el derecho de los demás y el orden jurídico. Tal como lo manifestó la honorable Corte Constitucional en sentencia del 22 de febrero de 2001, expediente T-345745:

“Sin embargo, analizada la prueba enviada por el Ministerio de Transporte, y estudiadas las peticiones que hizo el accionante en el escrito del 23 de septiembre de 1999, que a su modo de ver no fue contestado por dicha entidad, la Sala encuentra que, en el supuesto de que dicha petición efectivamente hubiera sido radicada en el ministerio, se puede concluir que esta autoridad, en los numerosos oficios de respuesta dada a cada una de las inquietudes que con anterioridad le elevara el accionante, evacuó con suma claridad las mismas pretensiones contenidas en la petición de fecha 23 de septiembre de 1999, lo que lleva a concluir que solicitar un nuevo pronunciamiento sobre el mismo tema, se constituiría en un ejercicio inoficioso y agotador para la administración, pues no produciría pronunciamiento alguno que aportara nuevas y diferentes conclusiones a las ya comunicadas”.

Lo anterior significa que tanto los requisitos para acceder a la protección del derecho de petición, como los motivos alegados por el accionado para que se desestime el amparo, son soportes argumentativos que le corresponde al juez constitucional analizar según el caso concreto.

Evidentemente, no es razonable que no se tutele el derecho de petición cuando se elevan solicitudes respetuosas a las autoridades y no se obtiene de ellas una respuesta oportuna y completa sobre el particular, pero tampoco lo es que se permita el ejercicio de ese derecho en forma indefinida, como lo pretende el accionante.

Basta con observar lo narrado en precedentes, para concluir que seguidamente de las respuestas emitidas por el señor ministro a los requerimientos elevados por el accionante, sorprendía éste con nuevas inquietudes, por estar ellas íntimamente ligadas con el tema del referendo, que para nadie es extraño las múltiples dificultades que él entraña desde el punto de vista político y jurídico, como para pretender que un servidor público, en forma indefinida esté contestando estos asuntos.

Aspectos que de una u otra forma son propios del debate político, que ni siquiera en el escenario natural, por tratarse de una ley de la República, se permiten cuestionarios indefinidos. Menos aún en la audiencia pública convocada para estos efectos, como precisamente, tuvo lugar en días pasados dentro del seno de la honorable Corte Constitucional.

En este orden de ideas, las respuestas dadas por el señor ministro a las peticiones primigenias, formuladas por el accionante, doctor Jaime Castro, que dieron lugar a nuevas preguntas, impetradas por éste, desnaturalizan el derecho de petición en el caso de autos, pues no es viable utilizar esta figura constitucional como un mecanismo indefinido en el tiempo, para satisfacer aspectos que tienen que ver más con situaciones políticas, que con temas que puedan entenderse como violatorios de los derechos fundamentales intrínsecos al peticionario, o que atenten contra ellos.

Pese a la exigencia legal y al requerimiento hecho por la apoderada del accionante, acerca de los requisitos señalados por la Jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional, echados de menos por el a quo, para efectos de la prosperidad de la acción, olvida la impugnante que si bien el núcleo central del derecho de petición lo constituye tanto la pronta respuesta como la solución de fondo, también es cierto que en este derecho fundamental debe distinguirse entre la petición formulada y la materia de la petición en razón de su indispensable complemento.

No está instituido el derecho de petición para individualmente responder todo un programa de gobierno que aún se encuentra en ciernes, donde razón le asiste al accionado en responder como lo hizo y dejar de hacerlo cuando así ocurrió. Una plataforma política es casi imposible explicarla individualmente a cada ciudadano a través del derecho de petición, máxime que a futuro, sería la misma legislación la encargada de decidir aspectos puntuales sobre el álgido tema del referendo.

Una vez más debe insistirse en que el derecho de petición para el caso de autos, no fue desconocido por la sola circunstancia de dejar de responder peticiones que resultaron de una u otra forma de las respuestas dadas oportunamente por el señor ministro, pues pretender un nuevo pronunciamiento acerca del mismo tema (referendo), se constituiría en un interminable ejercicio, agotador para la administración; más aún cuando lo que se pretende es encajar, con absoluta precisión, los conceptos del servidor público, en aspectos jurídicos de imposible cumplimiento en esta etapa del referendo, (L. 796/2003), por el futuro incierto de esta ley, que hasta la fecha la honorable Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre todos los eventuales vicios de procedimiento en su formación.

Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de mayo de 2003, por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que negó el derecho fundamental de petición invocado por el doctor Jaime Castro, a través de apoderada judicial debidamente constituida.

2. Por SECRETARÍA NOTIFÍQUESE la presente providencia como lo disponen los artículos 16 y 30 D.E. 2591 de 1991 y 5 del Decreto 306 de 1992. Efectuado lo precedente, remítase a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Presidente: Jorge Alonso Flechas Díaz

Vicepresidente: Fernando Coral Villota.

Magistrados: Guillermo Bueno Miranda-Eduardo Campo Soto-Rubén Darío Henao Orozco-Temistocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

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