Sentencia 5122 de abril 13 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

DOCENTES

NO TIENEN RÉGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL

EXTRACTOS: «Pretensiones. Que se declare la nulidad de los artículos 1º y 2º del Decreto 1726 de 6 de octubre de 1995, del Gobierno Nacional, “por medio del cual se dictan normas para la aplicación del régimen disciplinario al personal docente del servicio educativo estatal”, cuyos textos son los siguientes:

“ART. 1º—Para efectos de la aplicación del régimen disciplinario único a los docentes de los servicios educativos estatales, entiéndese como organismo de control interno disciplinario las juntas seccionales de escalafón, ante las cuales se surtirá y decidirá la primera instancia.

ART. 2º—Las normas sustantivas que regulan el régimen disciplinario docente, contenidas en el Decreto-Ley 2277 de 1979 y en el Decreto 2480 de 1986, continúan vigentes en tanto no contraríen la regulación establecida en la Ley 200 y deberán ser aplicadas por el fallador al adelantar el procedimiento disciplinario”.

(...).

En el asunto sub examine se controvierte la legalidad de los artículos 1º y 2º del Decreto 1726 de 1995, “por medio del cual se dictan normas para la aplicación del régimen disciplinario al personal docente del servicio educativo estatal”, expedido por el ministro delegatario de funciones presidenciales en asocio con la Ministra de Educación Nacional, cuyos textos, en su orden, definen lo que se entiende por organismo de control interno disciplinario en el sector docente, asignándolo a las juntas seccionales de escalafón, y establecen la continuidad de la vigencia de las normas reguladoras del régimen disciplinario docente, esto es el Decreto-Ley 2277 de 1979 y el Decreto Reglamentario 2480 de 1986, en cuanto no contraríen la regulación establecida en la Ley 200 de 1995.

En cuanto se refiere al inciso primero del artículo 1º del decreto acusado, la sala observa que el artículo 48 de la Ley 200 de 1995 prescribe que las entidades estatales, para efectos disciplinarios, constituirán una oficina de control interno, así:

Control disciplinario interno. Toda entidad u organismo del Estado, excepto la rama judicial, debe constituir una unidad u oficina del más alto nivel, encargada de conocer en primera instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. La segunda instancia será de competencia del nominador”.

Esa norma del código disciplinario único no es contradicha por el inciso 1º del artículo 1º acusado, pues ella se limita a fijar dicho órgano de control interno, radicándolo en las juntas seccionales de escalafón, lo que se aviene a la ley disciplinaria. No se trata, como lo dice la parte actora, de que la Presidencia de la República rige para todas las entidades el órgano interno que debe conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios sino de que el gobierno, constituido por el ministro delegatario de funciones presidenciales y la Ministra de Educación Nacional, determinó que para el sector docente ese órgano encargado de conocer de la primera instancia sería la junta seccional de escalafón, lo cual, en lugar de contrariar la ley, le da desarrollo. En consecuencia, el cargo no prospera.

En cuanto el segundo cargo, en relación con el artículo 2º acusado, cuyo texto mantiene la vigencia del régimen disciplinario docente, previsto en el Decreto-Ley 2277 de 1979 y en el Decreto 2480 de 1986, en tanto no contraríen la regulación de la Ley 200, la Sala observa que dicha norma no es coherente con la realidad jurídica en el campo disciplinario porque dicha vigencia está excluida del nuevo ordenamiento en la materia. En efecto, la nueva legislación busca unificar las normas que gobiernan la función disciplinaria en los distintos niveles y sectores de la administración, tal como lo establece el artículo 177 de la Ley 200 de 1995, cuyo texto es del siguiente tenor:

“Esta ley ... será aplicada por la Procuraduría General de la Nación, por los personeros, por las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia disciplinaria, se aplicará a todos los servidores sin excepción alguna y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este código.

Las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstas en la Ley 190 de 1995 tienen plena vigencia”. (Las negrillas no son del texto).

El Decreto-Ley 2277 de septiembre 14 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”, establece el régimen especial para regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que desempeñan la profesión docente en los distintos niveles y modalidades que integran el sistema educativo nacional, excepto el nivel superior que se regirá por normas especiales”. Dentro de su texto existe un capítulo V, sobre derechos, estímulos, deberes, prohibiciones y régimen disciplinario. De su parte el Decreto 2480 de julio 31 de 1986, “por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto extraordinario 2277 de 1979”, reglamenta el régimen disciplinario aplicable a los educadores oficiales escalafonados que desempeñen la profesión docente en los distintos niveles y modalidades que integran el sistema educativo nacional. Se está entonces en presencia de un régimen disciplinario especial, aplicable al sector educativo.

De acuerdo con el artículo 177 de la Ley 200 de 1995, el Código Disciplinario Único se aplica a las administraciones central y descentralizada y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, lo cual indica claramente que la legislación a que alude el artículo 2º acusado, en cuanto se refiere a aspectos disciplinarios, fue derogada por dicho código. La finalidad del estatuto disciplinario único busca precisamente unificar el régimen jurídico en la materia, de manera que los regímenes especiales existentes quedaron derogados (*) .

(*) En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional. Véase, por ejemplo, la sentencia C-210/97, publicada en J. y D., Nº 307, pág. 1004. (N. del D.).

En consecuencia, el cargo prospera.

Dadas las anteriores consideraciones, la Sala decretará la nulidad del artículo 2º y confirmará la legalidad del artículo 1º de las normas acusadas, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad del artículo segundo del Decreto 1726 de 6 de octubre de 1995, expedido por el Gobierno Nacional;

2. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de abril 13 de 2000. Expediente 5122. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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