•Sentencia 5125 de junio 10 de 1999

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL

LA CORTE SUPREMA PUEDE CELEBRAR AUDIENCIAS CON CANDIDATOS

EXTRACTOS: «El ciudadano Juan Carlos Hincapié Mejía, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, ha presentado demanda ante esta corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la parte final del numeral 3º del artículo 10 del Acuerdo 22 de 18 de junio de 1998, “por el cual se dicta el reglamento general de la corporación”, expedido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

(...).

El numeral 3º del artículo 10 del Acuerdo 22 de 18 de junio de 1998, expedido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que constituye el acto administrativo acusado, prevé:

“Funciones. Tendrá las siguientes funciones principales: (...).

3. Elegir Fiscal General de la Nación, previo estudio de los candidatos de la terna que envíe el Presidente de la República. Para tal fin podrá celebrar audiencias donde se escucharán los planteamientos programáticos de los integrantes de la misma”. (El aparte subrayado y resaltado en negrilla fuera de texto es el que es objeto de impugnación). Las disposiciones que invoca el actor como quebrantadas, son del siguiente tenor:

Artículo 249, inciso 2º, de la Constitución Política:

“El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”.

Artículo 235, numeral 6º, ibídem:

“Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (...).

6. Darse su propio reglamento”.

Artículo 17, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996:

“De la Sala Plena. La Sala Plena cumplirá las siguientes funciones: (...).

4. Darse su propio reglamento”.

A juicio del actor, del texto de las disposiciones antes transcritas no se deduce la facultad de celebrar audiencias para exigir planteamientos programáticos de los candidatos a Fiscal General de la Nación, razón por la cual el acto administrativo acusado transgrede tales disposiciones.

Considera la Sala que no le asiste razón al actor, por lo siguiente:

Si corresponde a la Corte Suprema de Justicia elegir al Fiscal General de la Nación de una terna que le envíe el Presidente de la República, dicha función necesariamente implica el estudio de las calidades personales e intelectuales de los candidatos, a fin de establecer que cumplan con las exigencias previstas en la Constitución y la ley para el desempeño del cargo.

La existencia de tres candidatos, de los cuales solamente se escoge a uno de ellos, supone que por parte de esa corporación se haga un estudio de tales calidades de manera que la elección recaiga en la persona que, a su juicio, se encuentre mejor preparada para ejercer dicho cargo.

Y para poder formarse el juicio de valor acerca de cuál de las tres personas candidatas a ocupar el cargo es la más idónea, lo lógico es que tenga una entrevista con cada uno de los aspirantes al mismo para, de esa manera, comparar y poder establecer en forma directa el conocimiento que tienen acerca de la entidad que aspiran a dirigir, los problemas que ésta afronta, la forma de solucionarlos y los programas a realizar, lo cual, de una parte, permite garantizar la transparencia en la elección y, de la otra, que dicha elección sea la más acertada, que es lo que constituye el fin último del encargo que el artículo 249, inciso 2º, de la Constitución Política le ha hecho a la Corte Suprema de Justicia.

Así las cosas, no resulta ajeno al reglamento de la Corte Suprema de Justicia disponer la celebración de audiencias para escuchar los planteamientos programáticos de los aspirantes al cargo de Fiscal General de la Nación, integrantes de la terna enviada por el Presidente de la República, habida cuenta de que la finalidad de aquél es la consagración de disposiciones que hagan viables las funciones encomendadas por la Constitución y la ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de junio 10 de 1999. Expediente 5125. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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