Sentencia 51370 de mayo 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL357-2013

Rad. 51370

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 016

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones de la Corte

En cuanto al primer cargo, según el cual, en lo esencial, el artículo 5º del Decreto 813 de 1994, modificado por el 2º del Decreto 1160 del mismo año, eliminó la posibilidad para las partes de hacer compatibles las pensiones extralegales con las de vejez que otorga el ISS, convirtiendo la compartibilidad en regla absoluta, deben hacerse las siguientes precisiones:

El Decreto 813 de 1994 reglamentó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Su artículo 1º fijó el campo de aplicación “a las pensiones de vejez y jubilación de todos los trabajadores vinculados con empleadores o empresas del sector privado que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, de los servidores públicos con vinculación contractual, legal o reglamentaria, de los trabajadores independientes y de los afiliados obligatorios o facultativos del Instituto de Seguros Sociales”. No hay duda, entonces, que sus disposiciones comprenden a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales. Su artículo 2º reiteró los requisitos que traía el artículo reglamentado para ser beneficiario del régimen de transición. Su artículo 3º determinó los beneficios para quienes cumplieran los requisitos para acceder al régimen de transición. Su artículo 4º, modificado por el 1º del Decreto 1160 de 1994, señaló los eventos de pérdida del régimen de transición. Su artículo 5º, modificado por el 2º del Decreto 1160 de 1994, fijó las reglas de transición de las pensiones de jubilación a cargo de los empleadores del sector privado, y su artículo 6º reguló la transición de las pensiones de vejez o jubilación de los servidores públicos.

Por su parte, el Decreto 1160 de 1994, que complementó el Decreto 813 del mismo año, en su artículo 3º determinó que los trabajadores vinculados laboralmente al 1º de abril de 1994 y que eran beneficiarios del régimen de transición, mantendrían las condiciones de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y monto de las pensiones establecidos en el régimen vigente que se les venía aplicando a 31 de marzo de 1994. Igualmente contempló que los trabajadores que no estaban vinculados laboralmente a 31 de marzo de 1994, solamente se beneficiarían del régimen de transición siempre y cuando en la última entidad a la que estuvieran vinculados hubieran cotizado al ISS, caso en el cual mantendrían las condiciones de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y monto de las pensiones establecidos en el régimen vigente en el instituto a 31 de marzo de 1994.

Sin duda, toda la estructura de los citados decretos apunta a la regulación de las pensiones legales que estaban a cargo de los empleadores antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. Así se desprende claramente de los casos de pérdida del régimen de transición de que habla el artículo 4º del Decreto 813 de 1994, modificado por el 1º del Decreto 1160 del mismo año, y que tienen que ver con la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad, o cuando el afiliado se vincula a empresas que están excluidas de la aplicación del sistema general de pensiones, y en general en las demás hipótesis que regula el citado precepto y que de una u otra forma se refieren a las pensiones legales de jubilación o de vejez. Tan ello es así que el artículo 3º del Decreto 813 de 1994, que como ya se dijo, reguló los beneficios para las personas que fueren beneficiarios del régimen de transición, dispuso en su último inciso que dichos beneficios se entenderían “sin perjuicio de los derechos adquiridos, de la aplicación de las disposiciones pactadas en convención o pacto colectivo de trabajo, o previstos en laudo arbitral” (se destaca).

En ese orden, contrario a lo argumentado por la censura sobre la imposibilidad de pacto entre las partes derogatorias por parte de los mencionados decretos de la figura de la compatibilidad pensional para convertir a su paso la compartibilidad como regla absoluta, lo cierto es que los derechos emanados de convenciones colectivas celebradas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que no han sido modificadas por normas posteriores, deben entenderse vigentes sin que ello no impida la armonización entre ellos y los que se derivan de la Ley 100 de 1993, desde luego por convenios entre las partes a través de la negociación colectiva. Y para darse esa armonización, necesariamente debe partirse del supuesto de la vigencia de esos regímenes jubilatorios convencionales.

Así lo ha señalado esta Corte y para ello basta recordar lo que en la sentencia de homologación del 13 de julio de 1994, Radicación 6928, citada incluso por la demandada en la contestación a la demanda, señaló:

“No puede la Sala aceptar los argumentos que presenta la recurrente en sustento de su petición de que sea anulado este punto del laudo arbitral, y ello por las siguientes razones:

Así como la afiliación obligatoria al régimen del seguro social que actualmente administra el Instituto de Seguros Sociales no ha sido obstáculo ni tampoco impedimento para que mediante la negociación colectiva los sindicatos de trabajadores obtengan con cargo exclusivo a los empleadores, en relación con los mismos riesgos cubiertos por la entidad de previsión social, beneficios superiores a los mínimos que establece la ley o los reglamentos del propio Instituto, la adopción por la Ley 100 de 1993 del sistema de seguridad social integral, con la doble posibilidad del llamado ‘régimen solidario de prima media con prestación definida’ y el denominado ‘régimen de ahorro individual con solidaridad’, no son óbice ni tampoco pueden impedir que en lo sucesivo las asociaciones de trabajadores continúen provocando conflictos enderezados a superar el mínimo de derechos y garantías que para los asalariados significa la implantación de la seguridad social integral.

Lo anterior por cuanto este sistema de seguridad social integral no constituye, como parece entenderlo la impugnante, la totalidad del derecho a la seguridad social sino apenas el mínimo para los trabajadores a quienes se les aplica la Ley 100 de 1993; mínimo legal irrenunciable y que, además, el Estado está obligado a garantizar en los términos del artículo 48 y 55 de la Constitución Nacional.

Precisamente el derecho a la negociación colectiva que garantiza dicho artículo 55, por un imperativo lógico solamente puede entenderse y tener eficacia en la medida en que puedan los trabajadores superar los mínimos de beneficios que con tal carácter establece la ley.

Si se trata de buscar apoyo en el propio articulado de la Ley 100 de 1993 para sustentar una tesis contraria a la que propone la recurrente, y por lo mismo concluir que este estatuto sobre la seguridad integral no eliminó el derecho a la negociación colectiva sino que, por el contrario, lo conservó, bastaría acudir al recurso de leer lo dispuesto en los artículos 11, 36, 146, 272 y 283 de dicha ley, en los cuales de manera clara se dispone que se mantiene la garantía de conservación de los beneficios establecidos en la normatividad anterior.

No se podrían armonizar los regímenes pensionales extralegales establecidos en convenciones o pactos colectivos de trabajo con anterioridad a la Ley 100 de 1993 y a lo previsto en el artículo 48 de Decreto 692 de 1994, sino se parte del necesario presupuesto de la permanencia y validez de esos regímenes jubilatorios obtenidos como resultado del libre ejercicio de la negociación colectiva.

Asimismo, la continuidad de los beneficios pensionales consagrados en convenciones colectivas de trabajo o pactos colectivos bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, es el presupuesto necesario para entender el régimen de transición de los sistemas de seguridad social anteriores, o sea, tanto el institucional contributivo bajo el cuidado y la administración del Instituto de Seguros Sociales, como del exclusivamente patronal originalmente consagrado en la Ley 6a de 1945 y el Código Sustantivo de Trabajo, al sistema de seguridad social integral creado por la Ley 100 con sus dos modalidades o regímenes, esto es, el solidario de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad.

Quiere esto decir que no son admisibles los argumentos que presenta la recurrente para solicitar que sea anulado en este punto el laudo, pues, se reitera, para la Sala, la Ley 100 de 1993 únicamente estableció el mínimo de derechos y garantías que en materia de seguridad social corresponde a los beneficiarios del nuevo sistema, y no un régimen exclusivo que no pueden los trabajadores aspirar a superar mediante la negociación colectiva.

Síguese de lo anterior que el cargo es infundado y, por lo mismo, será homologado en esta parte el laudo arbitral”.

Y en cuanto a la dicha armonización, igualmente la Sala en sentencia de homologación del 8 de noviembre de 1999, Radicación 12915, traída también a colación por la demandada, estimó que resultaba aconsejable para trabajadores y empleadores que acordaran ellos mismos la armonización o adaptación del régimen convencional de seguridad social al legal forzoso que implementó la Ley 100 de 1993, y que a falta de tal acuerdo, podían los árbitros ocuparse de ese asunto, siempre y cuando la convención hubiera sido denunciada por cualquiera de las partes.

Ahora, siguiendo las orientaciones vertidas por la Corte en las sentencias mencionadas, no es posible entender que disposiciones legales deroguen beneficios convencionales, en tanto, debe recordarse, una convención colectiva deja de regir en la medida en que se dicte una nueva que la reemplace o que tenga su misma naturaleza, como por ejemplo un laudo arbitral, de acuerdo con las pautas señaladas en el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo.

Respecto del segundo cargo, debe advertirse que no fue objeto de discusión que el demandante recibió pensión de jubilación convencional a partir del 16 de noviembre de 1998; que la cláusula 20 de la convención colectiva de trabajo 1982-1983 estableció que la pensión de jubilación que reconocería la empresa se otorgaría sin tener en cuenta la pensión de vejez del Instituto de Seguros Sociales, cláusula sobre la cual, admitiendo su existencia y contenido, soporta la recurrente su inconformidad contra la sentencia acusada.

En lo fundamental, la recurrente sostiene que no hay en dicha cláusula pacto expreso de compatibilidad de pensiones o de no compartibilidad de esas prestaciones.

Sin embargo, no es ese el entendimiento que le ha dado la Sala a la citada cláusula, pues sobre su alcance ha considerado que ciertamente las partes dispusieron que las pensiones de jubilación allí consagradas se otorgarían por la empresa sin consideración a la de vejez que concediera el Instituto de Seguros Sociales, es decir, que las partes concibieron que la pensión convencional podía disfrutarse conjuntamente con la de vejez que diera el Instituto de Seguros Sociales. Esa previsión era posible, no contravenía ordenamiento alguno, y de igual manera, si se hubiera convenido que dichas pensiones serían compartibles, la consecuencia obligada era el respeto a lo acordado contractualmente, que por lo demás, tampoco implicaba vulneración de norma alguna. Por ello, las menciones que en los errores de hecho 1 y 2 se hacen en cuanto a la imposibilidad de cumplirse en la convención del año 82 un requisito que fue dispuesto por el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, no tienen los efectos que lo otorga la censura para tratar de desquiciar la sentencia.

De todas maneras, la Sala ha considerado en casos similares que el entendimiento dado por el tribunal a la cláusula en cita no configura un error de hecho evidente, sin que esté de más agregar ahora que ese alcance es en realidad el único que se ajusta al mandato convencional, por no considerarse posible otro distinto, ya que no otra cosa puede desprenderse del otorgamiento de la pensión de jubilación convencional sin tener en cuenta la de vejez del Instituto de Seguros Sociales, lo que indica claramente que los celebrantes del convenio acordaron la posibilidad del disfrute pleno de una y otra.

En sentencia de casación del 5 de octubre de 2010, Radicación 40842, dijo la Sala:

“Examinado el texto convencional que se acusa de erróneamente valorado, la Sala considera que el ad quem no incurrió en un error manifiesto que permita quebrantar la decisión de segunda instancia, pues resulta razonable el alcance que le dio al artículo 20 de la convención colectiva referido a la jubilación, el cual estableció que “Para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, de acuerdo al artículo 5º de la Convención Colectiva 1976 -1978, la empresa reconocerá el ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio, sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales”.

De la cláusula trascrita, se repite, no surge un desatino fáctico ostensible si se considera que los demandantes cumplieron los requisitos para obtener la pensión convencional de jubilación, la cual estableció un monto del 100% del salario promedio devengado en el último año, sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales, de la cual el tribunal concluyó la compatibilidad pensional, y de allí que aparezca viable la valoración que el juzgador de instancia hizo de los textos convencionales”.

El anterior criterio fue reiterado en la sentencia de casación 41.118 del 24 de enero de 2012, Radicación 41118, así:

“Al respecto, conviene traer a colación lo dicho por la Corte Suprema en sentencia de casación del 19 de julio de 2005, Radicación 23749, en la que al examinar la misma cláusula en un proceso también seguido contra Electrocosta, manifestó lo siguiente:

‘En efecto, en la convención colectiva de trabajo suscrita en 1982, se previó, en su artículo 20 que ‘Para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, de acuerdo al artículo 5º de la Convención Colectiva 1976-1978, la Empresa reconocerá el ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio, sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el ISS’ (fl. 126, cdno. de pruebas); mientras que en el artículo 5º del aludido convenio de 1976, se estableció una jubilación con 20 años de servicios y 50 de edad, equivalente al 100% del salario promedio del último año laborado (fl. 148).

En consecuencia, del texto trascrito se puede estimar, como lo hizo el tribunal, que la preceptiva convencional no solo incrementó el monto de la pensión al 100% del salario, sino que además dispuso que ese derecho quedaría a su cargo, independientemente de la asunción de la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales. En consecuencia, no resulta un entendimiento equivocado ostensible inferir que con esa estipulación se superaban los reglamentos del ente de seguridad social, o las disposiciones legales que imponían una compartibilidad entre la jubilación a cargo del empleador y la pensión de vejez que atiende el Instituto de Seguros Sociales, porque, se reitera, el hecho de preverse que la empresa asumiría el aludido 100% de la jubilación ‘sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el ISS’, conduce a sobrepasar no tanto el porcentaje de la pensión legal, como el derecho de percibirla el pensionado, sin consideración a la asunción que legalmente correspondía al Instituto de Seguros Sociales.

En ese sentido, encuentra asidero la consideración del ad quem conforme a la cual, por virtud de la referida cláusula del convenio colectivo de trabajo, la empleadora nunca podrá sufragar una diferencia entre la pensión que ella reconoció y la que correspondió al Instituto de Seguros Sociales, sino que deberá siempre el pago completo”.

Finalmente cabe advertir que lo relativo a la no condición de beneficiario del demandante de la convención colectiva 1982-1983, no fue materia de debate en las instancias, por lo que en esta oportunidad se constituye un medio nuevo inadmisible en casación.

Así las cosas, es claro que el tribunal no incurrió en los dislates atribuidos por la censura, por lo que no salen avante los cargos planteados.

Costas en casación a cargo de la parte recurrente. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 16 de diciembre de 2010 proferida por la Sala Laboral del Tribunal de Cartagena, en el proceso ordinario que promovió Ruther Antonio Guihur Porto Contra la Electrificadora del Caribe S.A. ESP

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».