Sentencia 5142 de abril 10 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

CUENTA CORRIENTE BANCARIA

LA COMPENSACIÓN DE DEUDAS NO PROCEDE SOBRE FONDOS INEMBARGABLES

EXTRACTOS: «1. El contrato de cuenta corriente bancaria, regulado por los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio, resulta ser por su propia naturaleza un contrato autónomo y con perfiles singulares que lo distinguen del simple depósito mercantil del que se ocupa el mismo código en su título VII del libro cuarto, y de la llamada cuenta corriente mercantil, reglamentada por el título XII del mismo libro del código en mención; así, se observa que en virtud del objeto y de la finalidad socioeconómica que lo caracterizan, el titular de la misma puede, de un lado, consignar dinero y cheques, y de otro, correlativamente, disponer de sus depósitos, total o parcialmente, no sólo mediante el giro de cheques, sino también de cualquiera otra manera previamente convenida con el banco, como se deduce de lo dispuesto en el artículo 1382 del Código de Comercio; hipótesis a la cual se agrega la de que “El banco podrá, salvo pacto en contrario, acreditar o debitar en la cuenta corriente de su titular el importe de las obligaciones exigibles de que sean recíprocamente deudores o acreedores”, según dispone el artículo 1385 ibídem, que aunque consagra distintas excepciones a ese respecto, no atañen con este caso.

Lo anterior significa, entonces, que por regla general el contrato de cuenta corriente bancaria únicamente faculta la disposición de fondos por parte de su titular y mediante cheques u otra forma previamente convenida con el banco; y excepcionalmente éste, en su condición de acreedor, puede debitar de los fondos consignados en ella obligaciones exigibles de que sea deudor el cuentacorrentista, siempre que no medie pacto en contrario. Ahora, si el banco por fuera de los casos previstos legal o convencionalmente decide por sí y ante sí disponer de tales fondos, compromete de inmediato su responsabilidad civil de carácter contractual, como que hace suyas sumas de dinero de las que no puede disponer unilateralmente o les da una destinación que no corresponde, y, por consiguiente, queda obligado a indemnizar los perjuicios que con su conducta llegue a causar al cuentacorrentista.

2. Se ha dicho lo anterior porque el quid de este proceso consiste en determinar si, como dice la sentencia impugnada, el banco dispuso a su amaño y en su favor de sumas de dinero depositadas en una cuenta corriente especial u oficial que fue constituida con el pago del anticipo de un contrato de obra pública que fue celebrado entre el titular de la misma y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, entidad oficial del Distrito Capital, motivo por el cual no podía compensar los dineros consignados en ella a ese título con otras obligaciones exigibles que fueran de cargo del titular de la misma, dado que se trata de un bien inembargable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 684, numeral 4º, del Código de Procedimiento Civil; o si por el contrario, según sostiene el censor, se trata de una cuenta ordinaria de la que era titular únicamente la sociedad demandante, del orden particular o privado, de la cual el banco podía debitar el importe de otras obligaciones, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1385 del Código de Comercio.

3. Ciertamente que para definir la cuestión, el tribunal concluyó, con vista en las pruebas, que están demostrados, además de la existencia del contrato de cuenta corriente bancaria, los siguientes hechos:

a) Que el banco debía tomar precauciones encaminadas a determinar la identidad del cuentacorrentista, así como la solvencia moral y económica del mismo.

b) Que la sociedad demandante debía consignar en dicha cuenta el valor que corresponde al pago del anticipo de un contrato de obra pública que ella celebró con el IDU.

c) Que basta observar la solicitud de apertura de la cuenta para establecer que fue abierta como cuenta especial u oficial, dada la denominación que se le dio: “Soproín Ltda., construcción y remodelación Concejo de Bogotá”.

d) Que de otra manera, o sea si el banco hubiese estado seguro de que la solicitud provenía únicamente de la sociedad, y que se trataba entonces de una cuenta particular u ordinaria, la hubiera negado ante la preexistencia de obligaciones que a la sazón dicha sociedad le adeudaba.

e) Que la existencia, el origen y la titularidad de la cuenta fueron también constatadas en la inspección judicial realizada en las instalaciones del banco, donde se encontró la solicitud de apertura, la carta de intención suscrita por Victoria Eugenia Virviescas y Jaime Carrillo, y el pagaré que se firmó en blanco para garantizar el pago de eventuales sobregiros.

En fin, tras de insistir sobre el punto, afirma el tribunal que la sociedad demandante cumplió con la obligación de informar al banco que los dineros tenían origen oficial, pues así lo acreditan las pruebas arrimadas al proceso: solicitud de apertura con el nombre o denominación que se le dio, el contrato celebrado con el banco, la tarjeta de firmas, la solicitud de sobregiro, todos suscritos por la interventora de la obra y Jaime Carrillo Burgos; añade nuevamente que la especificación o nombre que se dio a la cuenta le confiere el carácter de oficial, lo que hace inembargables las sumas depositadas en ella e impide la compensación consagrada.

4. Ya como argumentos de índole netamente jurídica, explica el fallador, en primer lugar, que en este caso el contrato de cuenta corriente bancaria es de carácter real por cuanto se perfeccionó con la entrega de una suma de dinero proveniente del pago del anticipo de un contrato de obra pública que se hizo para ser depositado en una cuenta especial, por lo que no podía darse la compensación del mismo con otras obligaciones consagrada en el artículo 1385 del Código de Comercio para pagarse deudas particulares o que eran objeto de cobro judicial, pues dado su origen oficial las sumas allí consignadas tenían la condición de bienes inembargables; y en segundo lugar, asevera que resulta censurable que el banco hubiera autorizado la apertura de la cuenta el 19 de mayo de 1982, para hacerse justicia por su propia mano ocho días después, cuando respecto de las sumas consignadas en la cuenta ha debido solicitar el embargo judicial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 681, numeral 11, del Código de Procedimiento Civil.

5. Empero, las conclusiones de hecho atrás mencionadas, vistas en su conjunto y dentro del contexto que corresponde, y enfrentadas a las que propone el impugnante, permiten observar que si bien es cierto que éste estructura una argumentación tendiente a demostrar que el banco no tenía conocimiento de que la sociedad demandante pretendía abrir una cuenta con dineros provenientes del pago del anticipo de un contrato de obra pública, con todas las consecuencias legales que ello implica y que son aquí objeto de controversia; no es menos cierto, que ese razonamiento, por lógico que pueda ser, no alcanza a desvirtuar el que trae la sentencia acusada en apoyo de la tesis contraria, ni tiene fuerza tal que ésta se derrumbe para abrirle paso, como conclusión inequívoca, a lo que propone la censura.

Lo último traduce que, respecto de la apreciación de los hechos y de las pruebas, los errores de hecho que apunta el recurrente no revisten el carácter de manifiesto o evidente que permita deducir, por motivo de su presencia, la violación indirecta de las normas sustanciales denunciada en los cargos que ahora se despachan; como es sabido, dicho carácter significa que el error refulge con tal evidencia que no se precisa de una elaboración dialéctica para hallarlo, y que éste no surge por la exposición más o menos razonada de argumentos que, sin embargo, no alcanzan para sustituir y erradicar los fundamentos de la sentencia acusada.

6. En efecto, de la simple comparación entre el fallo acusado y la demanda de casación fluye, sin mayor esfuerzo, que el tribunal, no sólo en una oportunidad sino en forma repetida, apoya su apreciación en torno al conocimiento que dijo tenía el banco del origen y el carácter oficial de los recursos que fueron depositados en la cuenta corriente sobre los cuales compensó o dedujo las sumas adeudadas por Soproín Ltda., no sólo en los hechos y pruebas que critica el censor, sino que en forma enfática y prioritaria la califica de tal prevalido de que tanto la solicitud de apertura de cuenta corriente, como la tarjeta de firmas respectiva (fls. 4 y 9, c-4), señalan literalmente, en la casilla en donde debía darse el nombre de dicha cuenta, que éste corresponde al de “Soproín Ltda. - remodelación y construcción Concejo de Bogotá”, tomando esta denominación como hecho indicativo del objeto que se pensaba cumplir con los fondos allí depositados, frente a la cual el banco no podía alegar la ignorancia por la que, con ahínco, aquí busca para respaldar su inocencia, toda vez que tales documentos fueron diligenciados y entregados al demandado antes de depositar el dinero y que desde entonces reposan en sus dependencias.

Nótese, de otro lado, que también el tribunal tuvo en cuenta que de no haber tenido el banco conciencia de que procedía abrir una cuenta corriente que, al menos de modo absoluto, no era de libre manejo de la solicitante, no la hubiera autorizado, pues tenía pleno conocimiento de antecedentes que ponían en duda la solvencia moral o económica de la sociedad demandante por razón de operaciones bancarias o de crédito precedentes; afirmación que no puede tildarse inequívocamente de supuesta o inventada, comoquiera que enseguida que el banco le dio el pase a dicha cuenta procedió a hacer efectivas obligaciones de la demandante sobre los montos consignados en ella, las cuales ya eran objeto de cobro judicial.

En fin, entre las razones del sentenciador, también se hallan las de la presencia del nombre y la firma de la interventora de la obra contratada en la solicitud de apertura, la tarjeta de firmas y el pagaré en blanco, que aunque es cierto no se antepuso el carácter con que ella obraba, éste hecho no alcanza a desvirtuar por sí solo la ignorancia del banco sobre las razones de la participación de esa persona, máxime que era una firma distinta de la del representante legal de la sociedad; y, como si fuera poco, observa la Corte, el IDU rápidamente le informó la verdadera situación para que procediera a corregir las compensaciones efectuadas, sobre lo cual nada quiso hacer.

Todo ello redunda, en síntesis, en que no se observa que el fallador haya incurrido en error evidente de hecho cuando dedujo de ese conjunto de elementos probatorios, que con conocimiento del banco la cuenta corriente sí fue abierta con ocasión del contrato de obra pública y que los fondos consignados en ella, por disposición legal, no eran entonces embargables ni, por ende, podía disponer de ellos para efectuar a su antojo la compensación con otras obligaciones.

7. En el orden estrictamente jurídico, halla la Corte que el real argumento del sentenciador por el cual no encontró viable la compensación estriba en que los fondos del cuentacorrentista eran inembargables habida consideración del origen oficial de los mismos; amén de que las obligaciones que quiso “compensar” en su favor por ese conducto ya eran objeto de cobro judicial; y que contra estos planteamientos el impugnante alega que el fallador incurrió en yerro jurídico por cuanto creó una salvedad a la compensación no prevista en el artículo 1385 del Código de Comercio.

Sobre tales aspectos, cabe observar, primero, que la acusación cae en el vacío comoquiera que arranca del presupuesto fundamental de la indebida calificación oficial que el tribunal le dio a dichos fondos, lo que, como se vio, no ha sido desvirtuado; y segundo, que tampoco se aborda la cuestión jurídica en el plano que corresponde, pues en el fondo el sentenciador no se detuvo en el análisis del artículo 1385 citado para definir el punto de la compensación, sino que se atuvo a un criterio jurídico distinto, según el cual, no cabe aplicar la compensación sobre una suma de dinero que, por disposición de la ley, es inembargable, cuestión ésta que fue vista por el tribunal como un requisito de la compensación que consistiría en que los créditos envueltos en esta operación deben ser embargables, bajo el supuesto de que de no serlo se excluyen del patrimonio del deudor perseguible por los acreedores, en este caso el banco.

7. Síguese de todo lo anterior que ninguno de los tres cargos que se despachan puede prosperar».

(Sentencia de casación, abril 10 de 2000. Expediente 5142. Magistrado Ponente: Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno).

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