Sentencia 5147 de octubre 16 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

EJECUCIÓN DEL ACTO PARTICULAR DE SUPRESIÓN DE UN CARGO

ANTES DE QUE EL ACTO GENERAL EN QUE SE FUNDAMENTA SE HAYA COMUNICADO

EXTRACTOS: «Encuentra la sala que el único cargo que formula el recurrente se centra en la interpretación que hizo el tribunal sobre los efectos de la publicación del Decreto 541 de 2000, la cual, en su sentir, es equivocada, pues desconoce que tal acto sólo fue puesto en conocimiento de los administrados, el 4 de abril del mismo año.

Según la demandante, el hecho de haberse proferido el acto de incorporación contenido en la Resolución 0615 del 31 de marzo de 2000, antes de que fuera publicado el acto general en que se fundamentó (D. 541/2000) lleva a que el acto esté viciado, por falsa motivación, en razón a que dicho acto general no había entrado a regir, razonamiento que no resulta acertado. Varias son las razones que llevan a la sala a esta conclusión.

Es bien sabido que es diferente la oponibilidad del acto administrativo de la validez del mismo, por ello, los defectos que pueden hacer ineficaz un acto no generan su nulidad, pues se trata de vicios que afectan su fuerza obligatoria o vinculante, no su perfección o valor legal. Mientras que el acto administrativo tiene vida jurídica desde el momento en que se produce, la eficacia hace relación al momento en que se surten las consecuencias perseguidas con él, las que sólo tienen repercusión legal después de la publicación si se trata de actos de carácter general o de la notificación o comunicación si se trata de actos de contenido particular.

Un acto puede ser válido pero ineficaz, si los procedimientos posteriores de los cuales ordinariamente depende su oponibilidad como la notificación, publicación o comunicación, o como la resolución de recursos administrativos, según el caso, no se surten debidamente. La omisión de estos requisitos de notificación, comunicación, publicación o la ejecución del acto antes de su observancia, conduce a la ineficacia del acto y no a su nulidad, por la obvia razón de que sus efectos sólo podrían considerarse una vez se dé a conocer a los particulares. Sin embargo, por ese hecho el acto no es nulo, aunque sí inoponible.

Es cierto que en el presente proceso está demostrado que la publicación del acto general en que se fundamentó la resolución acusada, sólo se surtió el 4 de abril de 2000, pues fue en esa fecha en que se dio a conocer al público, que es el fin que busca la publicación. Así lo certificó la directora general de la Imprenta Nacional (fl. 5).

Debe entenderse entonces que el Decreto 541 de 2000 sólo podía oponerse y ejecutarse a los empleados de la entidad demandada, para los cuales iba dirigido, el día 5 de abril. Sucede igual con el acto particular que incorporó algunos empleados a la nueva planta, pues siendo el acto general su soporte, corre la misma suerte de aquel.

Como da cuenta el proceso de reestructuración de la entidad, la administración le comunicó la supresión del empleo a la demandante el día 3 de abril de 2000 (fl. 155) es decir, un día antes de que el acto fuera oponible. Sin embargo, tal yerro no tiene la capacidad para enervar el acto por falsa motivación, pues el Decreto 541 de 2000 que fue invocado como sustento, ya tenía validez en ese momento mas no fuerza vinculante.

En el caso objeto de examen, la Resolución 0615 del 31 de marzo de 2000 no adquirió fuerza obligatoria sino hasta el día 4 de abril en que se publicó el acto general que se invocó como soporte, de manera que no podía jurídicamente ordenarse su ejecución inmediata; es decir, la supresión no podía tener fuerza vinculante sino a partir del 4 de abril de 2000. Pero tal defecto o vicio en su ejecución, se repite, no tiene entidad para anular la manifestación de voluntad contenida en la referida resolución de incorporación. Pero no obstante que el acto, por ese hecho no está viciado, su oponibilidad antes de su publicación tiene consecuencias jurídicas respecto de los administrados, las cuales no puede desconocer el juzgador.

En el presente proceso la demandante tenía derecho a permanecer en el empleo hasta el 4 de abril de 2000. Según da cuenta el plenario, prestó sus servicios a la entidad hasta el día 3 de abril de 2000, fecha en que le fue comunicada las opciones que tenía al tenor de la Ley 489 de 1998, por haberse suprimido su empleo; es decir, la entidad le adeuda solo un día de salario, el cual deberá ordenarse pagar mediante este proveído, como consecuencia de haber ejecutado el acto de supresión, antes de haber quedado en firme el Decreto 541 de 2000.

Se revocará entonces la sentencia del tribunal y, en su lugar, se condenará a la demandada al pago del sueldo y demás emolumentos correspondientes al día 4 de abril, indexados, al tenor del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, según la fórmula utilizada por esta corporación, para ajustar las condenas que contemplen sumas fijas».

(Sentencia de 16 de octubre de 2003. Expediente 5147-02. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero).

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