Sentencia 5154 de agosto 26 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Acción: Nulidad

Actores: Omar Restrepo Rodríguez y otros.

Santafé de Bogotá, D.C., veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Los ciudadanos Omar Restrepo Rodríguez, Henry Ramos Negret, Jorge Eliécer Baylon Hernández, Fabio Orrego Alzate, Nizaldo Albán Mercado, Alvaro Bolaños, Alexander Varela Gutiérrez, Eduardo Franco Berón y Tiberio Cabrera Joven, obrando a través de apoderado y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, han presentado demanda ante esta corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 0001 de 12 de marzo de 1997, “por la cual se establece la obligatoriedad de algunas normas técnicas colombianas”, expedida por el Consejo Nacional de Normas y Calidades, en lo referente a la implantación como obligatoria de la norma técnica colombiana del sector plásticos, codificada como aparte 3, condiciones generales, numeral 3.4, contenida en el proyecto NTC 1087 aprobado por el Icontec, el cual establece:

“...Se puede utilizar material reprocesado limpio, proveniente de la elaboración de tubos de la misma fábrica, siempre y cuando la tubería producida cumpla con los requisitos establecidos par los tubos fabricados con material virgen...”.

(...).

IV. Consideraciones de la Sala

(...).

Es preciso tener en cuenta que de los hechos de la demanda y de los cargos de violación de la misma (fls. 33 a 44) se extrae que las inconformidades que plantean los demandantes están referidas a dos aspectos, a saber: a que la norma técnica acusada exija para la utilización del material reprocesado limpio los requisitos establecidos para los tubos fabricados con material virgen; y a que la exigencia contenida en ella tiende a beneficiar a los grandes productores de tubería PVC, porque éstos serían los únicos que podrían reciclar (fl. 36).

En lo que atañe al primer aspecto, la Sala hace las siguientes precisiones:

El acto acusado fue expedido por el Consejo Nacional de Normas y Calidades, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico (D. 2152/92, art. 39), dentro de cuyas funciones se encuentra la de “2. Dictar las resoluciones mediante las cuales se oficialicen normas técnicas o se acepten revisiones a las ya oficializadas, previo estudio de su conveniencia y grados de obligatoriedad”.

El Decreto 2269 de 16 de noviembre de 1993, “por el cual se organiza el sistema nacional de normalización, certificación y metrología”, en su artículo 1º señaló como objetivos de dicho sistema “promover en los mercados la seguridad, la calidad y la competitividad del sector productivo o importador de bienes y servicios y proteger los intereses de los consumidores”.

En el artículo 2º ibídem, definió lo que debe entenderse, entre otros conceptos, por: normalización, norma técnica, norma técnica colombiana y organismo nacional de normalización, así:

“Normalización. Actividad que establece en relación con problemas actuales o potenciales, soluciones para aplicaciones repetitivas y comunes, con el objeto de lograr un grado óptimo de orden en un contexto dado. En particular consiste en la elaboración, la adopción y la publicación de las normas técnicas.

Norma técnica. Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para las actividades o sus resultados, encaminados al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. Las normas técnicas se deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia y sus objetivos deben ser los beneficios óptimos para la comunidad.

Organismo nacional de normalización. Entidad reconocida por el Gobierno Nacional cuya función principal es la elaboración, adopción y publicación de las normas técnicas nacionales y la adopción como tales de las normas elaboradas por otros entes. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Icontec, continuará siendo el organismo nacional de normalización”.

Conforme al artículo 3º ibídem, la normalización técnica será adelantada por el Consejo Nacional de Normas y Calidades, el organismo nacional de normalización, Icontec, las unidades sectoriales de normalización y las restantes entidades gubernamentales que tengan funciones de normalización, de acuerdo con su régimen legal.

El decreto contentivo de las disposiciones antes mencionadas se expidió con fundamento, entre otras disposiciones, en el artículo 3º de la Ley 155 de 1959, según el cual le corresponde al Gobierno Nacional intervenir en la fijación de normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque, etc., con miras a defender el interés de los consumidores y de los productores de materias primas.

En los textos de las disposiciones que han quedado reseñados advierte la Sala una clara protección del interés general, de la comunidad y de los consumidores.

Igualmente, como lo resalta el apoderado de la entidad pública demandada, el artículo 78 de la Constitución Política prevé que la ley regule el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización; y que serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

Así mismo, el artículo 334 ibídem faculta al Estado para intervenir en la economía a fin de controlar, entre otros aspectos, la producción distribución, utilización y consumo de bienes, en pro del mejoramiento de la calidad de vida y la preservación de un ambiente sano.

Al revisar la Sala los documentos que obran en el expediente como antecedentes administrativos y los que se recaudaron en virtud del decreto de pruebas, advierte que el acto administrativo acusado, en lo que concierne al primer aspecto objeto de análisis, fue expedido acorde con los propósitos del constituyente y del legislador.

En efecto, dentro de los argumentos de carácter técnico que se analizaron para proponer que se le diera obligatoriedad a las normas técnicas colombianas del sector de tuberías y accesorios plásticos están los relacionados con las dimensiones, presión de rotura, presión sostenida, aplastamiento, calidad de extrusión, resistencia al impacto, rotulado, atoxicidad, etc., todo ello tendiente a garantizar al usuario compatibilidad e intercambiabilidad de la tubería y accesorios; evitar escapes de agua a presión en edificaciones e instalaciones, escapes de aguas residuales que contaminen, prevenir cortos circuitos, posibles pérdidas de vidas humanas e intoxicaciones y contaminación paulatina por metales pesados (fls. 176 y 177).

La Sala observa que en la demanda no se adujo, ni hay dentro del expediente, elemento de juicio de carácter técnico alguno que desvirtúe los argumentos antes mencionados o que demuestre que sin las exigencias relativas a que el material reprocesado limpio cumpla con los requisitos establecidos para los tubos fabricados con material virgen a que se contrae el acto administrativo cuestionado, en un primer aspecto, se puedan lograr los mismos resultados o proteger de manera efectiva los intereses de la comunidad de consumidores.

Por el contrario, la demanda se limita a hacer una serie de consideraciones sobre la inconveniencia de dicho acto, pero, sin aportar pruebas de carácter técnico que las respalden.

Cabe resaltar que, conforme obra a folio 187, el sector de los recicladores tuvo oportunidad de participar en la discusión de la elaboración de la norma técnica objeto de análisis; y, de los argumentos por ellos expuestos no se deducen razones de tipo técnico que desvirtúen las observadas por la demandada.

Ahora bien, en lo que atañe al segundo aspecto que constituye motivo de inconformidad, esto es, el relativo a que la exigencia contenida en la norma técnica acusada tiende a beneficiar a los grandes productores de tubería PVC, porque éstos serían los únicos que podrían reciclar (fl. 36), ciertamente, prever que el material reprocesado limpio debe provenir de la elaboración de tubos de la misma fábrica, permitiría el establecimiento de monopolios y coartaría el libre ejercicio de la actividad económica, ya que, conforme se precisó anteriormente, lo que debe garantizarse es la calidad de los productos en aras de proteger a los consumidores, finalidad esta que se logra a cabalidad con la exigencia de que la tubería producida con el material reprocesado limpio cumpla con los requisitos establecidos para tubos fabricados con material virgen, sin que sea relevante la fábrica de la cual provenga.

Así las cosas, debe declararse nula la expresión “de la misma fábrica”, contenida en el acto administrativo acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la expresión “de la misma fábrica”, contenida en el acto administrativo acusado.

Devuélvase a los actores la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, por no haber sido utilizada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

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