Sentencia 5156 de marzo 8 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECIÓN QUINTA

Rad. 76001 23 31 000 2005 05156 01. Ref. 05156, mar. 8/2007

M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá

Actor: Procuraduría 21 Judicial II Agraria y Ambiental

Acción de cumplimiento

Conoce la Sala de la apelación interpuesta por la demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el doce (12) de junio de dos mil seis (2006), por medio de la cual se le ordenó al alcalde del municipio de Santiago de Cali, cumplir con la obligación legal de suspender las actividades mineras que se realizan en el Cerro de La Bandera dentro del término de quince (15) días.

Antecedentes

La demanda

La procuradora 21 Judicial II Agraria y Ambiental, en ejercicio de la acción de cumplimiento prevista por la Ley 393 de 1997, instauró demanda en contra del municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Gobierno - Convivencia y seguridad del municipio de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, a fin de que se les ordene dar cumplimiento a los artículos 79 y 80 de la Constitución Política; artículos 305, 306 y 307 del Decreto 2811 de 1974; artículos 159, 160, 161, 164 y 306 de la Ley 681 de 2001; del artículo 226 del Acuerdo 069 de 2000 “Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali”; del artículo 2º de la Resolución DSM Nº 00407 de 12 de octubre de 2004 del Instituto Colombiano de Geología Minera Ingeominas; de los artículos 1º y 5º de la Resolución OGAT Nº 000157 de 28 de octubre de 2004 “Por medio del cual se ordena la suspensión de las actividades mineras en el Cerro de Las Banderas”.

Con el cumplimiento de las referidas normas la demandante pretende:

• Que se ordene a las autoridades demandadas llevar a cabo las gestiones necesarias tendientes a la suspensión inmediata de las actividades mineras que se vienen realizando en el Cerro de La Bandera de conformidad con la Resolución OGAT Suroccidente Nº 0000157 de 28 de octubre de 2004.

• Que se ordene a las demandadas realizar el cierre inmediato de las bocaminas ubicadas en la zona del Cerro de La Bandera, el cual se deberá llevar a cabo con la asesoría técnica de Ingeominas.

• Que se ordene a las demandadas emprender las actividades necesarias con el fin de recuperar la zona del Parque de La Bandera, constituyéndolo en un parque ecológico y resaltando su importancia desde el punto de vista ambiental, recreativo y cultural en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 226 del Acuerdo 069 de 2000 “Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali”.

Dichas pretensiones las fundamentó en los siguientes hechos:

• Dice que en el Cerro de La Bandera se vienen desarrollando desde hace varios años actividades mineras ilegales para la explotación de carbón, ocasionando daños ambientales y peligro para las vidas de las personas que laboran allí.

• Que un profesional especializado de la subdirección del ITS visitó el Cerro de La Bandera los días 5 y 6 de febrero de 2004, encontrando cincuenta (50) bocaminas activas, comprobando que las labores mineras se llevan a cabo de forma artesanal, sin los mínimos elementos de seguridad, incumpliendo las normas de higiene ocupacional exigidos para labores de minería subterránea.

• Que el cerro se ha deteriorado notablemente por el inadecuado manejo de estériles y la apertura de diferentes vías en el sitio.

• Que en este lugar han ocurrido un sinnúmero de accidentes que han cobrado la vida de varias personas.

• Que en invierno el arrojo de escombros por las laderas del cerro ocasiona perjuicios al sistema de alcantarillado de los barrios Puente Palma y Pampalinda.

• Que la explotación irregular representa un riesgo inminente contra las viviendas vecinas por problemas geológicos e inestabilidad de suelos que afectan las estructuras de las construcciones.

• Que el Acuerdo 069 de 2000 “Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali” establece que el municipio podrá fomentar la participación del sector privado en los proyectos ecológicos recreativos que se desarrollarán en ciertas áreas estratégicas, entre las cuales se encuentra el Parque Ecológico Recreativo del Cerro de La Bandera.

• Que mediante la Resolución 021 de 14 de septiembre de 1995, debidamente confirmada por la Resolución 047 de noviembre de 1995, la Empresa Nacional Minera Minercol Ltda., ordenó la suspensión inmediata y definitiva de los trabajos de explotación ilegal de carbón que se adelantan en el Cerro de La Bandera.

• Que la Empresa Nacional Minera Minercol Ltda., ha efectuado las acciones pertinentes dentro del ámbito de su competencia para suspender la explotación minera, pero le corresponde a la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali llevar a cabo el cierre definitivo de las explotaciones ilegales.

• Que mediante Resolución DSM Nº 00407 de 12 de octubre de 2004, el Instituto Colombiano de Geología y Minería Ingeominas, rechazó y archivó la solicitud de legalización de las explotaciones mineras de la Asociación de Explotadores, Trabajadores y Mineros de la vereda Los Chorros.

• Que mediante Resolución OGATSOC Nº 000157 de 28 de octubre de 2004 la Corporación Autónoma Regional del Valle CVC, ordenó la suspensión de las actividades mineras en el Cerro de La Bandera.

• Que a pesar de lo anterior, a la fecha continúan las explotaciones ilegales incurriendo en graves faltas que atentan contra del medio ambiente.

Actuación procesal

La demanda fue presentada el dos (2) de diciembre de dos mil cinco (2005); mediante auto de cinco (5) de diciembre de dos mil cinco (2005) fue admitida y en consecuencia se ordenó la notificación al alcalde del municipio de Cali a quien se le concedió un término de tres días hábiles, siguientes al de la fecha de notificación, para hacerse parte en el proceso, allegar pruebas o solicitar su práctica (fl. 90).

La demandada, mediante apoderado, dentro del término otorgado, contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de la pretensión señalando (fls. 126 a 144):

• Que el 5 de agosto de 2005 la Asociación de Explotadores y Trabajadores Mineros de la vereda Los Chorros manifestó que está en capacidad de presentar y poner en práctica un plan de manejo ambiental de manera detallada para establecer las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar y corregir los posibles impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de los trabajos.

• Que la Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría de Gobierno cumplieron lo dispuesto en la normatividad legal desde el 17 de julio de 2003, ordenando la suspensión indefinida de la actividad de explotación de minerales por no tener título y por lo tanto ser ilegal.

• Que en varias ocasiones los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Cali han solicitado apoyo técnico a Ingeominas para el cierre o sellamiento de las bocaminas, pues pueden quedar gases atrapados que provocarían explosiones posteriores.

• Que no existe ningún acto administrativo en contra de la Asociación de Explotadores y Trabajadores Mineros de la vereda Los Chorros, donde se determine expresa y claramente que el alcalde municipal debe cerrar o sellar las bocaminas que tal asociación explota.

• Que el Acuerdo 69 de 2000 “Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali” no establece la obligación a cargo del alcalde municipal de convertir el Cerro de La Bandera en un parque ecológico recreativo, toda vez que la norma utiliza la palabra “podrá” y no “debe”.

• Que el artículo 161 del Código de Minas establece un “decomiso provisional” por parte de los alcaldes respecto de los minerales que se transporten o comercien y no estén amparados por factura o constancia de la mina donde provienen, y si no se comprobare la procedencia ilícita se pondrán a disposición de la autoridad penal que conozca los hechos, lo cual genera gastos para la administración.

Sentencia impugnada

Es la dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el doce (12) de junio de dos mil seis (2006), por medio de la cual se le ordenó al alcalde del municipio de Santiago de Cali, dentro del término de quince (15) días, cumplir con la obligación legal de suspender las actividades mineras que se realizan en el Cerro de La Bandera, de conformidad con la Resolución OGAT Suroccidente Nº 0000157 de 28 de octubre de 2004 (fls. 158 a 172).

Señaló el tribunal que es un hecho notorio en la ciudad de Cali la explotación que se hace de las minas del Cerro de La Bandera, donde han ocurrido una serie de accidentes a trabajadores que de manera ilegal y sin ninguna clase de seguridad desarrollan en forma antitécnica dicha explotación, y que le corresponde al municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Gobierno - Convivencia y seguridad del municipio Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA tomar las medidas pertinentes para cumplir con la obligación legal de garantizar la suspensión preventiva de la actividad minera en el Cerro de la Bandera.

En relación con la pretensión de emprender las actividades necesarias para convertir la zona en un parque ecológico y recreativo, el a quo consideró que no existe deber legal incumplido relacionado con esta pretensión, y que por lo tanto no está llamada a prosperar.

Impugnación

El municipio de Santiago de Cali, mediante apoderado, dentro del término legal, impugnó la sentencia de primera instancia por considerar que la Resolución PGATSOC Nº 00157 de 28 de octubre de 2004 no le imponía al alcalde municipal la obligación que dedujo el a quo para ordenar su cumplimiento.

Que el alcalde, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 306 de la Ley 685 de 2001, ordenó la suspensión de las actividades mineras en el Cerro de La Bandera pero no le corresponde ordenar el sellamiento de las minas por no estar facultado legalmente para ello.

Que el alcalde le informó al comandante de la Policía Metropolitana de Cali la existencia de la orden de suspensión para que tome las medidas correspondientes (fls. 243 a 251).

Consideraciones

El artículo 87 de la Constitución Política desarrollado por la Ley 393 de 1997, tiene prevista la acción de cumplimiento con el objeto de otorgar a toda persona la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para lograr el cumplimiento de normas con fuerza de ley o de los actos administrativos, frente a las acciones u omisiones de las autoridades públicas, o de los particulares que los incumplan cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas y sólo para el cumplimiento de las mismas. Al respecto, dentro del desarrollo jurisprudencial dado a dicha normatividad, esta corporación ha precisado que para que prospere una acción de cumplimiento es necesario que se presenten en forma concurrente los siguientes presupuestos: “a) Que la obligación que se pida hacer cumplir esté consignada en ley o acto administrativo, lo cual excluye de su fundamento las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices; b) Que el mandato sea imperativo, inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad frente a la cual se aboga por el cumplimiento; y, c) Que se pruebe la renuencia del exigido a cumplir, o se pruebe que el cumplimiento se ha pedido directamente a la autoridad de que se trate” (1) .

Las normas cuyo cumplimiento se solicita son del siguiente tenor literal:

Artículos 79 y 80 de la Constitución Política:

“ART. 79.—Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

“ART. 80.—El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.

Artículos 305, 306 y 307 del Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.

“ART. 305.—Corresponde a los funcionarios competentes velar por el cumplimiento de las disposiciones de este código y las demás legales sobre la materia e impartir las órdenes necesarias para la vigilancia y defensa de los recursos naturales, renovables y del ambiente”.

“ART. 306.—El incendio, inundación, contaminación u otro caso semejante, que amenace perjudicar los recursos naturales renovables o el ambiente se adoptarán las medidas indispensables para evitar, contener o reprimir el daño, que durarán lo que dure el peligro”.

“ART. 307.—Los miembros de la Policía Nacional cooperarán permanentemente en las medidas destinadas a contener, prevenir o reprimir cualquier atentado contra la defensa, conservación, preservación y utilización de los recursos naturales renovables y del ambiente, y en coordinar las labores de las diversas organizaciones existentes en la comunidad, encaminadas a dicha protección y defensa”.

Artículos 159, 160, 161, 164 y 306 de la Ley 681 de 2001 “Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.”

“ART. 159.—Exploración y explotación ilícita. La exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros, constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se configura cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad”.

“ART. 160.—Aprovechamiento ilícito. El aprovechamiento ilícito de recursos mineros consiste en el beneficio, comercio o adquisición, a cualquier título, de minerales extraídos de áreas no amparadas por un título minero. En estos casos el agente será penalizado de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Penal, exceptuando lo previsto en este código para la minería de barequeo”.

“ART. 161.—Decomiso. Los alcaldes efectuarán el decomiso provisional de los minerales que se transporten o comercien y que no se hallen amparados por factura o constancia de las minas de donde provengan. Si se comprobare la procedencia ilícita de los minerales se pondrán además a disposición de la autoridad penal que conozca de los hechos. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a la minería de barequeo”.

“ART. 164.—Aviso a las autoridades. Quien tenga conocimiento del aprovechamiento, exploración o explotación ilícita de minerales dará aviso al alcalde del lugar y este, previa comprobación de la situación denunciada, procederá al decomiso de los minerales extraídos y a poner los hechos en conocimiento de la autoridad minera, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes”.

“ART. 306.—Minería sin título. Los alcaldes procederán a suspender, en cualquier tiempo, de oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta suspensión será indefinida y no se revocará sino cuando los explotadores presenten dicho título. La omisión por el alcalde de esta medida, después de recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaria por falta grave”.

Artículo 226 del Acuerdo 069 de 2000 “Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali”;

“ART. 226.—Parques ecológicos, turísticos y recreativos de escala urbano - regional. El municipio en un mediano plazo, podrá fomentar y/o definir el grado de participación del sector privado en los proyectos ecológicos, recreativos que desarrollarán en las siguientes áreas:

— Parque Ecológico Recreativo de las Tres Cruces.

— Parque Ecológico Recreativo de los Cristales.

— Parque Ecológico Recreativo del Cerro de la Bandera.

— Parque Ecológico Recreativo de Bataclán.

— Parque Ecológico Recreativo de Salud - Pance”.

Artículo 2º de la Resolución DSM Nº 00407 de 12 de octubre de 2004 expedida por el director del servicio minero del Instituto Colombiano de Geología Minera Ingeominas:

“ART. 2º—Una vez ejecutoriada y en firme la presente resolución, oficiar a través del grupo de información y atención al minero, al alcalde del municipio de Cali, para que proceda de acuerdo a lo previsto en los artículos 161 y 306 del Código de Minas.”

Artículos 1º y 5º de la Resolución OGAT Nº 000157 de 28 de octubre de 2004 “Por medio del cual se ordena la suspensión de las actividades mineras en el Cerro de Las Banderas” expedida por el jefe de la Oficina de gestión ambiental territorial - OGAT Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

“ART. 1º—Ordenar la suspensión preventiva de la actividad minera en los cerros las banderas y Campamento la Cascada, ubicados al suroccidente de perímetro urbano de la ciudad de Cali, por lo expuesto en los considerandos.

Además en el plan de ordenamiento territorial de Cali (Acuerdo 069/2000) están localizados en el área rural, siendo su naturaleza la de área de parque natural recreacional. Respecto a la clasificación ambiental limita por el norte y por el oriente con el perímetro urbano entre los puntos 67 y 80 del mismo. La altitud del cerro oscila entre 1025 y 1160 msnm, con un área de 86 hectáreas.

Ahora bien, de continuar con toda esta actividad de explotación minera los daños ambientales al cerro, a la infraestructura urbana de alcantarillado a las urbanizaciones vecinas y a la integridad física de las familias asentadas allí serán de proporciones inmedibles e irreversibles y el espacio público y el área protegida colapsara y las consecuencias serán desastrosas”.

“ART. 5º—Las medidas de seguridad impuestas por la presente resolución son de inmediata ejecución, tienen carácter de preventivo y transitorio, se levantaran cuando se compruebe mediante acta que han desaparecido las causas que las originaron, sin perjuicio que continúe la investigación”.

En el sub examine mediante la acción de cumplimiento la demandante solicita que se le ordene a las demandadas suspender en forma inmediata las actividades mineras que se vienen realizando en el Cerro de La Bandera, cerrar las bocaminas y recuperar la zona convirtiéndola en un parque ecológico recreativo. Por su parte, la Alcaldía del Municipio de Cali se opone a la prosperidad de las pretensiones por haber cumplido a plenitud con las obligaciones a su cargo.

Para la Sala, es evidente que las normas citadas por la demandante contienen un mandato claro, expreso y exigible dirigido a que se suspenda de inmediato la explotación minera que se realiza en el Cerro de La Bandera del municipio de Santiago de Cali.

A pesar de que se trata de una determinación perentoria, y que el Instituto Colombiano de Geología y Minería Ingeominas en diferentes oportunidades ha ofrecido su colaboración (1) (sic), a la fecha no se ha realizado el cierre definitivo de las bocaminas del Cerro de La Bandera, y por lo tanto, no se ha suspendido materialmente la explotación minera.

El alcalde municipal, por su parte, considera que realizó todo lo que estaba a su cargo para suspender la explotación minera, que no le asiste el deber legal de cerrar materialmente las bocaminas, y que no existe acto administrativo que le imponga tal obligación.

Para la Sala es claro que el alcalde municipal es el encargado de hacer cumplir la ley, el artículo 314 de la Constitución Política dispone que es el jefe de la administración local, el artículo 315 ibídem, que es la primera autoridad de policía del municipio y que le corresponde dirigir la acción administrativa del mismo, competencias que reitera y desarrolla el artículo 91 de la Ley 136 de 1994.

Se advierte que entre los deberes que les corresponde cumplir a los alcaldes municipales en su condición de jefes de policía están los relacionados con la seguridad, salubridad, tranquilidad y moralidad públicas, comprendidas en el concepto de orden público, por lo que la Sala concluye que el alcalde municipal de Santiago de Cali no solo tiene la facultad para suspender la explotación minera, sino que como jefe de la administración local y como primera autoridad de policía del municipio está obligado a sellar las bocaminas para materializar la suspensión de la explotación minera en cumplimiento del artículo 306 de la Ley 681 de 2001; de los artículos 1º y 5º de la Resolución OGAT Nº 000157 de 28 de octubre de 2004 expedida por el Jefe de la Oficina de Gestión Ambiental Territorial - OGAT Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; del artículo 2º de la Resolución DSM Nº 00407 de 12 de octubre de 2004 expedida por el director del servicio minero del Instituto Colombiano de Geología Minera Ingeominas.

De igual manera el alcalde municipal, para dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 306 de la Ley 681 de 2001 y en uso de sus facultades como jefe de policía, debe materializar la orden de suspensión de la explotación de minerales sin título inscrito en el registro minero nacional sellando las bocaminas, y con posterioridad realizar verificaciones periódicas para constatar que las mismas continúen selladas.

Respecto de la pretensión dirigida a que se recupere el Cerro de La Bandera para convertirlo en un parque ecológico recreativo como lo prevé el artículo 226 del Acuerdo 069 de 2000, la Sala constata que la referida norma cuyo cumplimiento se depreca no establece un mandato claro, imperativo e inobjetable, porque los proyectos ecológicos recreativos a desarrollar en las áreas señaladas en la norma es una potestad del municipio, más no obligación perentoria, ya que las palabras utilizadas por el legislador son las de “El municipio en un mediano plazo, podrá fomentar y/o definir el grado de participación del sector privado en los proyectos ecológicos, recreativos que desarrollarán en las siguientes áreas...”, expresiones ambas que denotan discrecionalidad y no obligatoriedad, es decir, si el municipio lo considera, o si así lo quiere.

Corresponde a la Sala analizar el argumento expuesto por la demandada según el cual el sellamiento de las bocaminas “produce, genera o establece un gasto”, y por ello la acción de cumplimiento instaurada resulta ser improcedente.

El parágrafo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997, dispone que la acción de cumplimiento: “no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.”

La limitación que se consagra para el ejercicio de la acción de cumplimiento en el parágrafo trascrito, resulta razonable en virtud de la aplicación del principio de la separación de los poderes, según el cual las autoridades están sometidas a las precisas competencias que se les atribuyen en el ordenamiento jurídico (Constitución Política, artículos 6º y 113). Por tal razón, es válido sostener que escapa a la órbita de competencia del juez ordenar el cumplimiento de un gasto o adoptar decisiones sobre la manera como se deben administrar los recursos.

Para la Sala, aparece claro que una cosa es establecer un gasto, o que una partida que este contemplada en el presupuesto se ejecute, competencia frente a la cual, por mandato expreso del legislador no procede la intervención del juez de cumplimiento, y otra muy diferente, ordenarle al alcalde municipal la materialización de la decisión de suspender la explotación de minerales en el Cerro de La Bandera, razón suficiente para afirmar que en el presente caso no se configura la causal de improcedencia, pues por regla general, toda actividad de la administración tiene incidencias de tipo económico sin que las mismas puedan equipararse al gasto que refiere el legislador en el parágrafo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997.

En las condiciones analizadas se impone modificar la sentencia recurrida, en el sentido de ordenar al alcalde del municipio de Santiago de Cali realizar el sellamiento de las bocaminas del Cerro de La Bandera, en cumplimiento del artículo 306 de la Ley 681 de 2001; de los artículos 1º y 5º de la Resolución OGAT Nº 000157 de 28 de octubre de 2004 expedida por el jefe de la Oficina de Gestión Ambiental Territorial - OGAT Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; del artículo 2º de la Resolución DSM Nº 00407 de 12 de octubre de 2004 expedida por el director del servicio minero del Instituto Colombiano de Geología Minera Ingeominas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el doce (12) de junio de dos mil seis (2006), en el sentido de ordenar al alcalde del municipio de Santiago de Cali realizar el sellamiento de las bocaminas del Cerro de La Bandera, para lo cual deberá tener el apoyo técnico de Ingeominas, en cumplimiento del artículo 306 de la Ley 681 de 2001; de los artículos 1º y 5º de la Resolución OGAT Nº 000157 de 28 de octubre de 2004 expedida por el jefe de la Oficina de gestión ambiental territorial - OGAT Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; del artículo 2º de la Resolución DSM Nº 00407 de 12 de octubre de 2004 expedida por el director del servicio minero del Instituto Colombiano de Geología Minera Ingeominas.

NOTIFÍQUESE conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Nohemí Hernández Pinzón, Presidenta—Filemón Jiménez Ochoa, ausente—Darío Quiñones Pinilla—Reinaldo Chavarro Buriticá.

(1) Consejo de Estado - Sección Segunda - sentencia del 6 de noviembre de 1997.

(1) (sic) Como se extrae del contenido de los oficios obrantes a folios 43 a 46.

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