Sentencia 5164 de septiembre 27 de 1990 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CADUCIDAD DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

DESVIACIÓN DE PODER

EXTRACTOS: «Muestran los expedientes aquí estudiados, que el doctor César Gómez Murillo demandó a la Empresa de Licores el 14 de febrero de 1986 (a folio 9, Expediente 5164), en acción contractual de responsabilidad por incumplimiento; que esa demanda fue admitida el 6 de marzo de ese mismo año (a fl. 54 vuelto) y notificada a la entidad demandada el 13 siguiente (a fl. 55).

Y revelan también los expedientes que luego de ese conocimiento, la empresa de licores declaró la caducidad del contrato mediante las resoluciones antecitadas, antes de su vencimiento y con el argumento de que el contratista había incumplido sus obligaciones.

Pues bien. Si bien es cierto en el campo contractual no existe una normatividad como la que opera en la esfera de los actos administrativos en la que la administración perderá la competencia para revocar sus actos cuando la jurisdicción admita la demanda contra éstos (CCA, art. 71), la aplicación de un principio similar en aquel campo no puede ser exótica cuando esa conducta revele fines retaliatorios que puedan configurar una desviación de poder. Puede pensarse que si ya la administración estaba demandada debió abstenerse de hacer el pronunciamiento que hizo, porque precisamente el asunto ya se había llevado al conocimiento de los jueces, a instancias de la parte que podía hacerlo por carecer de poderes exorbitantes. Por ese motivo, al estar cuestionado ya el cumplimiento ante el juez del contrato, la administración debió ser especialmente cuidadosa al dictar ese auto de terminación, porque su ejercicio fácilmente hacía inferir esa desviación.

La empresa sabía que estaba demandada por incumplimiento y que su defensa tenía ya dos cauces lógicos, o sea el de excepcionar, o el de reconvenir o contrademandar. Se habla de esta última posibilidad porque en el campo de las controversias contractuales está autorizada la reconvención expresamente por la ley (CCA., art. 217).

Carece de toda seriedad y muestra una clara desviación de poder, tal como lo afirma el demandante, lo que hizo la empresa cuando supo que estaba demandada por incumplimiento, o sea, declarar terminado el contrato argumentando que la parte incumplida había sido el contratista. Desviación que se evidencia en el proceso no sólo por la inoportunidad explicada atrás, sino por la irrelevante motivación que muestra el acto administrativo impugnado, en el que se habla de que el contratista incumplió ciertas obligaciones sin dar mayores detalles y sin explicar por qué no tomó la medida cuando se presentaron los sedicentes incumplimientos y esperó que fuera demandada para hacerlo.

La ilegalidad del acto de caducidad debió producir perjuicios al contratista; perjuicios que no se presumen y que se estudiarán luego».

(Sentencia de septiembre 27 de 1990. Expediente 5164. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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