Sentencia 5168 de marzo 24 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

PAGO POR COMPENSACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA

NO SE APLICA EL CODIGO CIVIL

EXTRACTOS: «El aspecto central de esta litis se contrae a la procedencia de la compensación de la suma de $ 8.168.862 por concepto de intereses generados en exceso de pago del impuesto de timbre y reconocidos por esta corporación en sentencia del 1º de junio de 1990, que pretende la actora, se le compensen a su impuesto de renta por el año gravable de 1990.

Manifiesta el apoderado de la actora que el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 prevé que cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las disposiciones que regulen casos o materias semejantes; que como en el estatuto tributario no hay norma expresa que se refiera al pago por compensación de obligaciones que no provengan de declaraciones tributarias, debe darse aplicación a los artículos 1714 y 1715 del Código Civil.

Analizadas las disposiciones de los capítulos correspondientes a las compensaciones de las deudas fiscales, observa la Sala que, evidentemente el estatuto tributario no contempla el pago por compensación de las obligaciones de la administración tributaria originadas en condenas impuestas a través de sentencias judiciales.

Sin embargo, no puede compartir la Sala el criterio del recurrente de que no existiendo ley aplicable al caso se debe estar a lo dispuesto en los artículos 1714 y 1715 del Código Civil que prevén el pago por compensación como forma de extinguir las obligaciones.

Las compensaciones son procedentes en los términos en que las establezca la ley y los reglamentos, a los cuales está sujeta la actividad de la administración. No es esa una figura que opere automáticamente, sino que está sujeta a los requisitos y formalidades administrativos, dado que la Nación no puede disponer de esos dineros apartándose de los trámites administrativos y presupuestales.

El artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, norma exactamente aplicable al caso, establece un mecanismo concreto y único para hacer exigibles las condenas contra la Nación, en los siguientes términos:

“Cuando se condena a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del Ministerio Público frente a la entidad condenada.

El agente del Ministerio Público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.

El Congreso, las asambleas, los concejos, el Contralor General de la República, los contralores departamentales, municipales y distritales, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.

Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término”.

La norma contempla la inclusión en los proyectos de presupuestos básicos o adicionales, de partidas que permitan cumplir con las condenas, y dispone la actuación que sobre el particular debe cumplir el representante del Ministerio Público ante la respectiva entidad. Igualmente prevé la procedencia de la ejecución de dichas condenas ante la justicia ordinaria, pasados 18 meses después de su ejecutoria y contempla el pago de intereses comerciales y moratorios.

Adicionalmente observa la Sala, que el mecanismo para hacer efectivas las condenas contra la Nación, fue reiterado en la ley orgánica de presupuesto —38 de 1989— en su artículo 16, que dispuso:

“...La forma de pago de las sentencias a cargo de la Nación se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones legales concordantes”.

Por las anteriores consideraciones y fundada en el principio de hermenéutica universalmente aceptado y además consagrado en la misma Ley 153 de 1887 de que la disposición que verse sobre asunto especial prevalece sobre la norma general y que la ley posterior se aplica de preferencia a la anterior, concluye la Sala que no es posible acceder al pedimento de la demandante en cuanto reclama la aplicación de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil, cuyo ámbito de aplicación según el artículo 1º es especialmente el de “los derechos de los particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles” y en cambio, con desconocimiento del procedimiento específico consagrado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo».

(Sentencia de marzo 24 de 1994. Expediente 5168. Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate).

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