CONSEJO DE ESTADO

 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN CUARTA

CONTABILIDAD

VALOR PROBATORIO DEL SOPORTE EXTERNO

EXTRACTOS: «Dispone el artículo 15 del Decreto 3803 de 1982:

“Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma. El contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la administración lo exija, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra. En tales casos se desconocerán los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente. Unicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación, la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.

La existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que la ley impone la obligación de llevarla”.

Si bien esta norma ha sido objeto de múltiples análisis por la Sala, y se ha precisado que la no presentación de la contabilidad y los comprobantes de orden externo durante la etapa de fiscalización o investigación, implica que el contribuyente no puede posteriormente invocarlos en su favor, porque permitir que el contribuyente se niegue a su presentación y aceptar que después los presente como prueba hace que la facultad de investigación pierda su sentido y se convierta en nugatoria, no por ello puede hacerse una interpretación aislada de la norma, desconociendo la finalidad de las que gobiernan el requerimiento, que como etapa del proceso de fiscalización no tiene otro objeto que efectuar todas las diligencias necesarias para la concreta y oportuna determinación de los impuestos, facultando al contribuyente, según lo ordena el artículo 684 literal f) del estatuto tributario, la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación del impuesto, permitiéndole en todo caso formular objeciones, pedir y presentar pruebas, y atendiendo especialmente a los principios rectores que gobiernan de manera general la actuación administrativa, contenidos en los artículos 2º y 3º del Código Contencioso Administrativo, y especialmente el artículo 683 del estatuto tributario, para evitar procesos que riñen con los principios de justicia, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y contradicción que obligatoriamente deben observar los funcionarios públicos en su actuar administrativo, tal como lo impone el artículo 209 de la Constitución Nacional.

De otra parte, si al momento de practicar una visita administrativa que ordene la exhibición de los libros de contabilidad, el obligado a llevarlos goza de un término prudencial para el efecto de 5 a 8 días a voces del artículo 2º del Decreto Reglamentario 1354 de 1987, no es inexorable el postulado del artículo 781 del estatuto tributario, de inmediata presentación de los mismos.

Adicionalmente, si bien es cierto que la contabilidad se compone tanto de los libros como de los comprobantes de orden interno y externo, no puede ignorarse que los comprobantes externos como documentos que emanan de terceros, tienen valor probatorio independientemente de acuerdo con la ley. De manera tal que no puede desconocerse una escritura pública, un pago de impuestos, un contrato, etc., por el hecho de constituir el documento o soporte externo del registro contable del pago o del ingreso asentado, porque estos documentos son autónomos.

Analizados los antecedentes administrativos, si bien es cierto que en ellos no aparecen las facturas aludidas, en el propio memorando explicativo de la liquidación oficial, que hace parte del acto administrativo emanado de funcionario público (fl. 0035 cuaderno de antecedentes) se expone claramente que el contribuyente dio respuesta al requerimiento y que adjuntó fotocopia autenticada por notario de las facturas de compra. Facturas que relaciona la misma administración indicando el comprobante de contabilidad que tuvo a la vista la comisión visitadora y el valor del impuesto descontable por la suma de $ 525.326 rechazado por la administración.

Documentos cuyo valor probatorio debió tener en cuenta la administración según lo ordena el artículo 742 del estatuto tributario, antes artículo 32 de la Ley 52 de 1977, por tratarse de pruebas que obraban en el expediente no sólo al conocer del recurso, sino desde la misma etapa de fiscalización previa a la determinación del tributo como antes se indicó.

Estima la Sala que, como lo indica la ley, la facultad de fiscalización e investigación tributaria al tener por objeto la correcta determinación del tributo con miras a su exacto recaudo, implica para la administración el deber de adelantar las investigaciones pertinentes, y efectuar los cruces de información necesarios para que no se defrauden los intereses del fisco. Pero no ve la Sala justificación a la conducta de la administración al no admitir los documentos presentados, cuando los datos contenidos en ellos relacionados con el nombre y NIT del responsable del IVA que cobró el impuesto que dio derecho al descuento, hacían procedente el cruce de verificación.

Tales pruebas y circunstancias dan la convicción a la Sala de que el contribuyente sí efectuó las compras aludidas y que pagó el impuesto correspondiente objeto de descuento».

(Sentencia de febrero 24 de 1994. Expediente 5170. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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