Sentencia 5177 de marzo 14 de 2000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Referencia: Exp.5177

Magistrado Ponente:

Manuel Ardila Velásquez

Santafé de Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil.

Decídase el recurso de casación interpuesto por los demandados y la llamada en garantía, Seguros Comerciales Bolívar S.A., contra la sentencia de 10 de marzo de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta —Sala Civil—en el proceso ordinario promovido por Alberto Flórez Mangones y Jorge Flórez Coronado contra Gases del Caribe S.A.

I. Antecedentes

1. El trámite se inició con demanda mediante la cual Alberto Flórez Mangones y Jorge Flórez Coronado llamaron a proceso ordinario a la sociedad Gases del Caribe S.A., para que se declarase que la mentada sociedad es civilmente responsable de los perjuicios sufridos por los demandantes a raíz de un incendio ocurrido el 14 de diciembre de 1989 a las 12: 30 P.M. en Santa Marta y ocasionado por el defecto de un cilindro de gas suministrado por la demandada.

Subsecuentemente, pretenden que se condene a la demandada al pago del costo de los gastos médicos, al de los perjuicios por la incapacidad permanente, al lucro cesante, a los perjuicios morales y al valor de los muebles que resultaron destruidos.

2. Los hechos de la causa petendi los resume así la Corte:

El 14 de diciembre de 1989, a las 12: 30 P.M., en el inmueble situado en Santa Marta en la calle 10C Nº. 4-78, tuvo lugar un incendio causado por el escape de gas propano proveniente de un cilindro defectuoso de 40 libras, suministrado por la sociedad Gases del Caribe S. A., que es la única empresa distribuidora de ese producto en la mencionada ciudad.

Con ocasión del incendio, los demandantes debieron ser hospitalizados durante 45 días,

sufrieron desfiguración facial, y se vieron impedidos para continuar desarrollando sus actividades económicas. Por lo demás, bienes muebles varios resultaron consumidos por el fuego.

3.- Gases del Caribe S.A. contestó la demanda manifestando no constarle ninguno de sus hechos. A la par, llamó en garantía a la sociedad Seguros Comerciales Bolívar S.A., con fundamento en el contrato de seguro celebrado con esta sociedad.

4. La precitada compañía de seguros, contestó a su vez la demanda expresando así mismo que no le constaban los hechos y solicitando su prueba. Advirtió, además, sobre la existencia de un límite de cobertura conforme a la póliza de responsabilidad civil extracontractual Nº 1652.

5.- Concluyó la primera instancia con sentencia del 30 de noviembre de 1992, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, mediante la cual se declaró civilmente responsable a la sociedad demandada por los perjuicios ocasionados, condenándosela en consecuencia a pagar las sumas allí determinadas y condenando también a Seguros Comerciales Bolívar S.A. a asumir el pago de los perjuicios, en virtud de lo pactado en la póliza de seguros Nº 1652.

Apelada la sentencia por todas las partes, el tribunal mediante proveído de 10 de marzo de 1994 reformó la sentencia de primer grado en el sentido de discriminar y aumentar los valores allí expresados, confirmando todo lo demás.

II. La sentencia del tribunal

Después de resumir los hechos, las pretensiones y el trámite, comienza el tribunal por advertir que la pretensión se contrae al campo de la responsabilidad civil extracontractual, cuyos presupuestos son, el perjuicio, la culpa y la relación de causalidad entre el uno y la otra.

Más advierte que el caso específico se sitúa en el campo de las actividades de suyo peligrosas a que se refiere el artículo 2356 del Código Civil, en las cuales se presume la culpa, “con el resultado de quedar la víctima relevada de probarla (...)”.

Pasa a decir la sentencia que las pruebas acreditan que el daño se produjo como consecuencia de la explosión e incendio de un cilindro de gas en el inmueble de la calle 10 C Nº 4-78 de la ciudad, a propósito de lo cual transcribe apartes del testimonio de Teobaldo Zamora y relaciona las inspecciones judiciales realizadas en el Hospital San Juan de Dios y en las oficinas del Cuerpo de Bomberos, medios probatorios con los que, insiste, queda demostrado uno de los elementos de la responsabilidad en comento, a saber, el daño.

En cuanto a otro de los elementos de la responsabilidad, la culpa, la encuentra demostrada por cuanto no se desvirtuó la presunción que con respecto a ella opera por tratarse de una actividad peligrosa.

En punto a la relación de causalidad entre el daño y la culpa, refiriéndose a la información que, por solicitud oficiosa del a- quo, enviara el Ministerio de Minas y Energía, expresa el fallo: “El Ministerio anotado, el día 21 de septiembre del año próximo pasado informó que la empresa Gases del Caribe S.A., es la única que goza de permiso para expender gas propano en la ciudad, situación que por lo tanto da lugar a la afirmación de los demandantes de haber sido en esa empresa donde adquirieron el cilindro de gas que produjo la conflagración, hecho que no fue infirmado en el proceso por la demandada”.

A continuación, retorna el ad quem a la declaración de Teobaldo Zamora, a la inspección judicial a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos para lo atinente a la causa del incendio y al informe de Medicina Legal acerca de las lesiones sufridas por los demandantes y la causa de ellas, para concluir: “ Por lo expuesto, es palmar que como consecuencia de la explosión de un cilindro suministrado por la empresa Gases del Caribe S.A., en malas condiciones, Alberto Flórez Mangones y Jorge Flórez Coronado, sufrieron lesiones físicas”.

Agrega luego el sentenciador que el valor de la condena deducida por el a-quo no le merece reparo alguno, salvo que considera obligatorio, aún de oficio, su corrección monetaria, procediendo en consecuencia al reajuste correspondiente.

Pasa por último a definir la situación de la sociedad llamada en garantía, diciendo: “no hay duda de la existencia del contrato de seguro, y como la cantidad a que será condenada la entidad demandada es superior al valor asegurado, en virtud del convenio, la entidad aseguradora Seguros Comerciales Bolívar S.A., debe salir al auxilio de su asegurada pagando hasta el monto del valor del seguro (...)”.

El tribunal, en consecuencia, reformó el numeral segundo de la sentencia apelada, condenando a la demandada a pagar las sumas de $72.156.919, 83 a favor de Alberto Flórez Mangones y la de $102.130.609 a favor de Jorge Flórez Coronado, por concepto de gastos hospitalarios y tratamiento médico, así como el equivalente de 500 gramos oro para cada uno de ellos, a título de perjuicios morales. En lo demás, confirmó la providencia recurrida.

Contra tal decisión, interpusieron recurso de casación tanto la sociedad demandada como la llamada en garantía.

III. La demanda de casación

Dos son las demandas que para sustentar los correspondientes recursos de casación, han sido presentadas. La una, proveniente de la parte demandada, contiene cuatro cargos, enfilados, el primero, por la causal segunda de casación y los otros tres por la primera. La otra proviene de la sociedad Seguros Comerciales Bolívar S.A. y comprende cinco cargos, el primero de los cuales se ha montado sobre la causal segunda de casación, el segundo, el tercero y el cuarto sobre la primera y el quinto sobre la tercera.

Se procede a resolver primeramente el recurso interpuesto por la demandada Gases del Caribe S.A. y se limitará el estudio al cargo segundo que la Corte encuentra llamado a prosperar, no sin advertir que el cargo por error in procedendo que en esta demanda se intenta solo atañe a un aspecto que depende de la decisión que se revoca. Igualmente, comportando la prosperidad del recurso la definición de la litis a favor de la demandada, deviene inútil, por sustracción de materia, el estudio de la acusación formulada por la compañía llamada en garantía.

Cargo Segundo

El ataque, montado sobre la causal primera de casación, denuncia, por error de hecho en la apreciación de las pruebas, quebranto de modo indirecto, por aplicación indebida, de los artículos 2341, 2356, 1613, 1614 y 1615 del Código Civil, 875 del Código de Comercio y 8 y 48 de la ley 153 de 1887.

Parte el recurrente de que, con relación a la responsabilidad civil extracontractual, sea o no que la culpa se presuma, siempre tiene sobre sí el actor la carga de probar quién fue el autor del daño; la víctima—dice— cuando el daño se presume por tratarse de una actividad peligrosa, está exenta de probar la negligencia, la impericia o la imprudencia, “pero no está liberado de acreditar el hecho específico generador del daño, vale decir su causa eficiente”.

Agrega que “sin la prueba de un hecho preciso atribuible a personal de la sociedad demandada que pudiera ser causa eficiente del daño (...)”, el ad quem concluyó que la demandada era civilmente responsable y debía resarcir el perjuicio.

Continúa afirmando que, con yerro fáctico manifiesto, se hizo decir a las pruebas lo que no expresan, concluyendo el fallador equivocadamente, “con la sola fundamentación de que el Ministerio de Minas y Energía certificó que Gases del Caribe S.A. es la única persona jurídica autorizada para expender gas en el área de la ciudad de Santa Marta, que ella era la responsable de los daños causados en el incendio mencionado y que, por tanto, debía ser condenada a indemnizarlos”. El daño, sigue expresando el recurrente, lo halló probado el tribunal con la declaración de Teobaldo Zamora, y la culpa la encontró demostrada por presumirse, pero sin expresar cuáles fueron los específicos hechos imputables a la sociedad demandada que hubieran generado el incendio mencionado; tras lo cual, prosíguese en el cargo, afirma el tribunal con ostensible error: “Es palmar que como consecuencia de la explosión de un cilindro suministrado por la empresa Gases del Caribe S.A. en malas condiciones, los demandantes sufrieron lesiones físicas”.

Son evidentes, agrega el recurrente, los yerros fácticos, “(...) porque de la simple premisa consistente en que Gases del Caribe S.A. era la única empresa autorizada oficialmente para expender en Santa Marta gas propano, no puede alegremente concluirse que esa sociedad suministró a los demandantes un cilindro en malas condiciones, pues no existe siquiera prueba de la fecha en que los demandantes adquirieron el cilindro, ni de quién; y mucho menos que les haya sido entregado en esas supuestas ‘malas condiciones’ (...)”.

Se asevera seguidamente que, deducir del testimonio de Teobaldo Zamora, de las inspecciones judiciales y del informe del Ministerio de Minas, la culpa de la sociedad demandada, “comporta un ostensible error de hecho, al hacerle decir a esos medios probatorios, estudiados en conjunto o separadamente, lo que ellos no expresan”, porque con esos elementos no acreditan que hechos imputables a la mentada sociedad sean la causa eficiente del incendio.

No existiendo, termina diciendo, “prueba de que la demandada hubiera incurrido en hechos suyos o de sus agentes, suficientes para ocasionar la conflagración, brota de bulto el yerro fáctico del tribunal al dar por demostrada, sin estarlo, la autoría de aquella y su responsabilidad civil”.

Consideraciones

1. No existe discrepancia alguna entre las partes acerca de que el 14 de diciembre de 1989, a eso de las 12:30 p.m., en la casa situada en la calle 10C Nº. 4-78 de Santa Marta, se produjo un incendio como consecuencia del cual Alberto Flórez Mangones y Jorge Flórez Coronado sufrieron quemaduras con secuelas de incapacidad y desfiguración facial. La polémica gira alrededor de si, con el material probatorio arrimado al proceso, es posible afirmar, como lo hizo el ad quem, que la demandada “Gases del Caribe S.A.” es responsable civilmente por los aludidos hechos; y más concretamente aún, si se incurrió por el fallador en yerro fáctico evidente al apreciar el material probatorio.

Y la situación, al así plantearse, releva a la Corte en esta ocasión de estudiar en extenso lo relacionado con la responsabilidad civil extracontractual. Baste pues recordar que, como repetidamente lo tiene dicho esta corporación, “por ser esa la doctrina sobre la cual descansa sin duda el artículo 2341 del Código Civil, se tiene por verdad sabida que quien por sí o a través de sus agentes causa a otro un daño, originado en hecho o culpa suya, está obligado a resarcirlo, lo que equivale a decir que quien reclama a su vez indemnización por igual concepto, tendrá que demostrar en principio, el perjuicio padecido, el hecho intencional o culposo atribuible al demandado y la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre ambos factores”. (G. J. Tomos CLII, 108, y CLV, Pag. 210).

No obstante, tratándose de las denominadas actividades peligrosas, la labor probatoria por ese particular aspecto habrá de orientarse por el inciso 1º del artículo 2356 del Código Civil, en cuanto preceptúa que todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de una persona, debe ser reparado por esta, disposición que se aplica “(...) en aquellos casos en que el daño proviene de un hecho que la razón natural permite imputar a la incuria o imprudencia de su autor” —G. J. CLII, pág. 108—, y que releva entonces a la víctima de probar la culpa, que se presume, bastándole entonces acreditar el daño y la relación de causalidad entre este y el proceder del demandado.

Y es indudable que en el sub judice, encontrábanse los demandantes en la situación descrita en el párrafo precedente, pues sus pretensiones fueron montadas sobre el supuesto fáctico de que la causa inmediata del perjuicio, lo fue el incendio provocado por un cilindro de gas propano; y este es uno de esos productos que, no hay para qué decirlo, encierra su peligrosidad en sí mismo, aún en estado de inercia, por su potencial capacidad de explotar. Típica actividad peligrosa entonces la comercialización de producto tal, y dirigida como fue la demanda contra la empresa distribuidora de gas, eximido encontrábase el actor de demostrar la imprudencia, impericia o negligencia del demandado; más de lo que sí no se encontraba exento, e innecesario por lo evidente resulta decirlo, era de probar tanto el daño como su relación de causalidad con la actividad del demandado, pues estos dos factores, como es obvio, no se presumen.

2. Con estos conceptos definidos, enfréntase ahora el problema concreto planteado por la censura, esto es, como ya se dijo, si incurrió en yerro fáctico el tribunal al encontrar acreditado que fue la actividad desarrollada por la sociedad demandada la que desencadenó el desgraciado suceso; y la primera parte de la censura hace referencia a la prueba del hecho que, antes que cualquier otro, había de averiguarse para definir la responsabilidad por el siniestro: el de si el cilindro de gas que se dice ocasionó el incendio fue efectivamente suministrado o vendido por Gases del Caribe S.A. a los demandantes.

A ese respecto, obra en autos una certificación proveniente del Ministerio de Minas y Energía, datada el 21 de septiembre de 1992 y expedida previa oficiosa solicitud del juez de primera instancia, cuyo tenor, en la parte pertinente, es el siguiente: “Por tanto, para el año 1989 la Empresa Gases del Caribe S.A. era la única empresa a la que este Ministerio le había asignado cupo de gas propano para distribuir en la ciudad de Santa Marta, en cilindros de 20, 40 o 100 libras”.

Ahora bien: la censura pretende que uno de los yerros fácticos en que incurrió el tribunal, corresponde al alcance que le dio a esa certificación, y textualmente expresa el impugnador: “(...) de la simple premisa consistente en que Gases del Caribe S.A. era la única empresa autorizada oficialmente para expender en Santa Marta gas propano, no puede concluirse que esa sociedad suministró a los demandantes un cilindro en malas condiciones, pues no existe ni siquiera prueba de la fecha en que los demandantes adquirieron el cilindro, ni de quién”.

Y efectivamente, al preguntarse el sentenciador por la prueba de la relación de causalidad entre el daño y la culpa del demandado, refiérese a la susodicha certificación para apuntar: “El Ministerio anotado, en comunicación recibida por el despacho judicial, el día 21 de septiembre del año próximo pasado informó que la Empresa Gases del Caribe S.A. , es la única que goza de permiso para expender gas propano en la ciudad, situación que por lo tanto da lugar a la afirmación de los demandantes de haber sido en esa empresa donde adquirieron el cilindro de gas que produjo la conflagración, hecho que no fue infirmado en el proceso por la demandada”.

Ciertamente entonces, fue solo la mentada certificación la prueba considerada por el ad quem para tener por acreditado quién distribuyó el cilindro de gas; y es la única alusión que sobre el punto se hace en la sentencia. Pásase a definir pues, si por haber así razonado, incurrió el sentenciador en el yerro fáctico que se le achaca.

3. Es bien sabido que el error de hecho a que se refiere la causal primera de casación, ha de ser ostensible y manifiesto, debe emerger con resplandor de su sola enunciación sin que para advertirlo se requieran esforzados razonamientos; lo cual implica que para la prosperidad del recurso de casación por tal concepto, es preciso, primeramente, que “la equivocación del sentenciador haya sido de tal magnitud, que sin mayor esfuerzo en el análisis de las probanzas se vea que la apreciación probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad del proceso”. (G.J. t.LXVII, p. 380). Exigencias estas en cuanto a la magnitud del error, que encuentran amplia justificación en las circunstancias de que la sentencia de instancia llega a la Corte protegida por una presunción de acierto y de que el tribunal goza, en principio, de autonomía para apreciar las pruebas.

Y específicamente con relación a la prueba indiciaria, es mucho lo que se ha insistido en ese postulado de la autonomía del juzgador.

En efecto, entendido el indicio, en su más común acepción, como un hecho del cual se infiere lógicamente la existencia de otro hecho, o en definición más compleja, como un juicio lógico mediante el cual se aplica una regla de experiencia a un hecho conocido para llegar a otro desconocido, lo cierto es que para establecer esa relación entre los hechos, se requiere inevitablemente del discurrir del hombre; sobre el particular, es pertinente recordar que, de acuerdo con lo normado, “se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas” —artículo 66 del Código Civil—, y que en ocasiones es la misma ley la que, recopilando la constante observación humana sobre el uniforme desarrollo de ciertos eventos, determina las consecuencias que de ellos se derivan, dando así origen a la denominada presunción legal o iuris tantum; pero, sucede las más de las veces que el juicio lógico-crítico ha de elaborarlo el hombre, partiendo de los hechos conocidos y apoyándose en las enseñanzas de la experiencia; y es en ese proceso inductivo, que conduce a tener como cierto que un particular acontecer es el que de ordinario sucede, y en el consiguiente deductivo, por el cual se utiliza esa regla de experiencia aplicándola a lo conocido para averiguar lo desconocido, en donde se hace patente la preponderancia de lo subjetivo en la prueba indirecta, hasta el punto de hacerse inevitable que en el razonamiento participen aún las características netamente personales del juzgador, tales como su edad, el sexo, educación o la cultura; pues como con gran precisión lo expresara la Corte en sentencia del 22 de julio de 1943, “(...) tratándose de presunciones legales, como es la ley la que deduce la consecuencia, se está seguro de la deducción; pero no sucede lo mismo con las presunciones de hombre, o simples o judiciales, así llamadas porque no es la ley sino el hombre quien en la vida práctica las establece o las aplica cuando es juez. Entonces es mucho más insegura la deducción, porque depende de muchos factores de raciocinio de leyes naturales constantes que, dada la continuidad o regularidad con que se producen, le dan a la deducción en un caso particular la probabilidad de haber sucedido. Siempre se parte de un hecho que debe demostrarse; ese es el hecho conocido, para que vuele la inteligencia y por medio de la dialéctica llegue a una conclusión (...)”

Los precedentes criterios indican, diáfanamente, el porqué, en la prueba indiciaria más que en ningún otro medio probatorio, se impone respetar el principio de la autonomía del juzgador de instancia. Pero llegando a este punto, hácese indispensable advertir que la mentada autonomía no es, de ninguna manera, absoluta; como de “discreta” ha sido calificada esa independencia, que encuentra su límite, en cuanto a la prueba indirecta, cuando el fallador al raciocinar abandona los terrenos de la lógica para invadir los de lo absurdo, lo arbitrario o lo caprichoso, pues también para remediar agravios tales, surge, eventualmente, la causal primera de casación mediante la vía indirecta.

Es así como sobre el tema desarrollado en el párrafo precedente, esta corporación expresó en sentencia de 21 de mayo de 1992: “Suponen estas últimas entonces, (las pruebas indirectas o por inferencia indiciaria) una verdadera labor crítica, donde, al menos en principio, campea con amplia autonomía la actividad intelectual del juzgador quien, por una parte, es libre en la escogencia de los hechos básicos que le han de servir para formular la inferencia y, de otro lado, también goza de la misma libertad para deducir sus consecuencias, libertades estas que, sin embargo, tienen precisos límites en los artículos 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil: el primero en cuanto dispone que raciocinios de esta índole solo son eficaces cuando aquellos hechos básicos resulten probados de modo debido en los autos, y en el segundo al estatuir que la admisibilidad legal de estos procedimientos, además de exigir un enlace preciso y directo entre el indicio y lo que de él se infiere, requiere así mismo que, salvedad hecha de los casos poco frecuentes de deducciones concluyentes apoyadas en la presencia de indicios necesarios, haya pluralidad, gravedad, precisión y correspondencia en medidas tales que, tanto en su interioridad como frente a los demás elementos de convicción obrantes en el proceso, se configure un conjunto indiciario coherente según las reglas del criterio humano (...)” (Subraya la Sala). Y en anterior ocasión, en el mismo sentido, díjose: “(...) Se tiene que a la Corte no le es dado variar lo que los tribunales superiores hayan hecho en el fallo de segunda instancia, porque la ley defiere a la convicción del sentenciador, dejando por lo mismo a su inteligencia y conciencia un campo que la Corte no puede invadir, salvo en los casos de excepción, como son el de que se afirme estar probado un hecho, sin estarlo, y de ahí se deduzca cierta conjetura, o el de que, estando probado un hecho, se deja de deducir cierta obligada consecuencia, cual si no lo estuviese, o el de que de tal o cual indicio o conjunto de indicios se deducen consecuencias que lógicamente no cabe deducir, por faltar entre estas y aquellos el obligado vínculo de causalidad". G.J. LVI, Nº 2.001 a 2005. Págs. 252 y 253. (Subraya la Sala). Y es natural que en eventos como los señalados sea factible variar la conjetura del juez, porque la deducción indicial es hija de la mera lógica del hombre y “un juez puede ciertamente decir ‘pienso luego existo’, pero también puede erróneamente concluir que la venta era simulada tan solo porque el comprador era íntimo amigo del vendedor”. (De la prueba en Derecho. Antonio Rocha. Pág. 574).

4.- Ahora bien, aplicando los anteriores conceptos al asunto materia del debate, encuentra la Sala que, ciertamente y en los términos planteados por la censura, incurrió el fallador en evidente yerro fáctico en relación con la certificación emanada del Ministerio de Minas y Energía a que se ha venido aludiendo.

En efecto, el solo hecho de que en esa constancia se exprese que la sociedad “Gases del Caribe S.A.” era la única a la que habíasele asignado cupo para distribuir gas propano en la ciudad de Santa Marta en el año 1989, infiere el sentenciador que el cilindro señalado como causante del incendio, provenía de la mencionada empresa. Si se remarca la circunstancia de que no existe absolutamente ninguna otra referencia probatoria sobre cómo y cuándo obtuvieron ese cilindro de gas los demandantes, al rompe (sic) se observa el pecado contra la lógica cometido por el sentenciador, al saltar de ese único hecho a semejante conclusión, sin que entre lo uno y lo otro exista un vínculo serio de causalidad. Pretender pues, que la exclusividad en el cupo que tenía la empresa demandada para distribuir gas propano en Santa Marta en el año 1989, implica que toda persona que en esa ciudad tuviese en su poder en ese tiempo un cilindro de gas, lo hubo de manos de la citada empresa, es inferencia que manifiestamente choca a la razón.

Piénsese por un momento, para abundar en el tema, sobre la infinidad de hipótesis que pueden desgranarse acerca de las circunstancias en que la inflamable sustancia llegó al inmueble donde ocurrió el incendio; pudo en verdad haber sido distribuido el gas por la empresa demandada, pero también pudo haberse adquirido de otra empresa en ciudades aledañas, o de un distribuidor no autorizado, o haberse recibido con mucha anterioridad a la conflagración, y así, indefinidamente, podrían multiplicarse las explicaciones; véase nada más, como muestra, que la Resolución 30488 de 1º de abril de 1992 emanada del Ministerio de Minas y Energía, que liberó temporalmente las áreas de distribución de gas propano a las empresas distribuidoras, se motivó, entre otras cosas, en que “la determinación de sedes o áreas para la distribución de los cupos, ha generado, en algunos casos, la invasión de zonas por parte de distribuidoras no autorizadas para comercializar en determinadas áreas” —fol. 135, cuad. 1;(subrayado)—; y cuando de ese abierto abanico, cuando de entre las muchas posibilidades el juzgador escoge una, pero sin motivo, sin nada que justifique la selección, sin apoyo diferente al de una mera conjetura o suposición reñida con la lógica, incapaz por ende de servir como pilar de una sentencia, aquél actúa entonces a su arbitrio, en forma irrazonada, abandonando en el proceso deductivo los senderos de la objetividad.

Rechaza entonces la lógica que con un aislado indicio contingente pueda inferirse con certeza la existencia de otro hecho desconocido, pues la conclusión a la que se llega con ese solitario precedente es simplemente una opinión subjetiva, que si bien puede parecer razonable, no pasa de ser meramente hipotética; de allí que el legislador se refiera, cuando de prueba indirecta se trata, a un conjunto de indicios, que se apreciarán considerando su gravedad, concordancia y convergencia, (Artículo 250 del Código de Procedimiento Civil), pues de la unión de ellos sí es posible pasar a una conclusión lógica, encadenando unos con otros, concatenándolos, eliminando mediante ese sistema las varias probabilidades hasta arribar en forma razonada y objetiva a la más probable.

Tiénese entonces, ya para concluir, que como el sentenciador en el sub judice, en su labor de interpretación de los indicios, llegó a establecer una relación contraevidente, contraria a la lógica, se abre paso la censura que con apoyo en la causal primera y por la vía indirecta se enfiló contra la sentencia, prosperando por consiguiente el cargo.

Debe, en consecuencia, casarse la sentencia y entrar a dictar la que ha de reemplazarla, para lo cual, a las consideraciones expuestas con anterioridad, se agregan las siguientes:

Sentencia sustitutiva

“Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”, reza el inciso 1 del artículo 1757 del Código Civil, disposición que compagina con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto preceptúa que “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

En el evento de la responsabilidad extracontractual o aquiliana, es carga de la parte demandante, conforme a los artículos antes transcritos, demostrar los presupuestos de su pretensión, cuales son, como es sabido, el daño, la culpa y la relación de causalidad entre el uno y la otra.

Mas existiendo de por medio una actividad de las denominadas peligrosas, suavízase la carga de la prueba, pues en desarrollo del artículo 2356 del Código Civil dispénsase al actor de probar la incuria o imprudencia de la persona de quien pretende la indemnización, bastándole para el éxito de su pretensión, demostrar el daño, y que el mismo se produjo en desarrollo de una actividad de tales características.

No hay para qué decir, por supuesto, que la presunción de culpa no releva al interesado de acreditar quién es el responsable del daño, que cuando es ocasionado por las cosas inanimadas, lo será el guardián de ellas. Se dijo por esta Corporación al respecto, por ejemplo, en sentencia de 18 de mayo de 1972: “(...) Constituyendo el fundamento de la responsabilidad estatuida por el artículo 2356 precitado el carácter peligroso de la actividad generadora del daño, no es de por sí el hecho de la cosa, sino en últimas la conducta del hombre, por acción o por omisión, la base necesaria para dar aplicación a esa norma. Es preciso, por tanto, indagar en cada caso concreto quién es el responsable de la actividad peligrosa”. 

Y ya quedó visto al despachar el cargo, cómo el proceso quedó huérfano de toda prueba destinada a determinar quién fue el responsable de la actividad en desarrollo de la cual se dice fue producido el daño, elemento este de la autoría que constituye, no hay duda, el que en un orden lógico primeramente ha de acreditarse con miras a la prosperidad de la pretensión indemnizatoria, y sin aparecer el cual inútil es, obviamente, pasar a averiguar por los otros presupuestos de ella. 

Así pues, no obrando en autos, como se viene diciendo, la prueba de quién fue el responsable del daño generador del perjuicio reclamado, fluye que la sentencia de primer grado debe revocarse en su totalidad, denegándose subsecuentemente las pretensiones de la demanda, con la consiguiente condena en costas para la parte vencida en el proceso.

Por supuesto, por simple sustracción de materia, no se requiere definir la relación entre la demandada y la aseguradora llamada en garantía.

Decisión

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y en su lugar, actuando como juzgador de segundo grado,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta el 30 de noviembre de 1992.

2. En su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

3. CONDÉNASE a los demandantes a pagar las costas de las dos instancias. Sin costas en el recurso de casación, pues la demanda salió avante.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.