•Sentencia 5191 de abril 8 de 1999

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

COMPILACIÓN DE NORMAS SOBRE ARBITRAMENTO

SE ANULAN UNAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 1818 DE 1998

EXTRACTOS:«El actor pretende se decrete la nulidad de los artículos 121, 126, 138, 155, numerales 4º y 5º, y 163, numeral 3º, del Decreto 1818 de 1998, expedido por el Presidente de la República y el Ministro de Justicia y del Derecho, “por medio del cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”.

1.2. Los hechos

Los hechos que sirven de sustento a las pretensiones de la demanda se reducen a:

a) Mediante el artículo 166 de la Ley 446 de 1998 se facultó al Gobierno Nacional para que, dentro de los dos meses siguientes a la expedición de dicha ley, compilara las normas vigentes aplicables a la conciliación, arbitraje, amigable composición y a la conciliación en equidad.

b) El gobierno realizó esta compilación mediante el Decreto 1818 de 1998, pero se equivocó en los apartes demandados pues reprodujo normas que se encuentran expresamente derogadas (arts. 121, 138, 155, nums. 4º y 5º y 163, num. 3º) o modificadas (art. 126).

(...).

III. Consideraciones de la Sala

1. En primer término, la Sala se pronunciará sobre la petición de la representante del Ministerio Público ante esta corporación, en el sentido de que se profiera fallo inhibitorio, por cuanto, a su juicio, de conformidad con el artículo 241-5 de la Carta Política, es la Corte Constitucional la competente para revisar las normas demandadas, por tener las mismas rango legal.

Sobre el particular, esta corporación precisa que si bien es cierto que las normas compiladas en el Decreto 1818 de 1998 tienen rango legal, en la medida de que provienen de ordenamientos con tal carácter, también lo es que en el asunto sometido a su consideración no se está controvirtiendo la constitucionalidad de dichas normas, cuestión que en efecto le corresponde a la Corte Constitucional, sino que simplemente el demandante está cuestionando la inclusión de dichas normas en el decreto, cuando las mismas ya no estaban vigentes, asunto que la misma Corte Constitucional, en la sentencia citada tanto por el demandante como por la procuradora delegada, atribuye su conocimiento al Consejo de Estado.

En efecto, en sentencia C-508 de 1996, la Corte Constitucional, sostuvo:

“2. El Decreto 111 de 1995 se limita a compilar las normas orgánicas en materia presupuestal, sin cambiar su redacción ni contenido. Ahora bien, en decisiones precedentes, esta corporación consideró que esos decretos compiladores no tienen fuerza de ley sino que son decretos ejecutivos, ya que no pueden derogar, suprimir ni modificar ninguna de las normas legales que compilan. La Corte señaló entonces que, por tal razón, el conocimiento de esos decretos no correspondía a la Corte Constitucional sino al Consejo de Estado...

3. Para la Corte sigue siendo indudable que, desde el punto de vista formal, estos decretos no tienen fuerza de ley, pues se limitan a compilar unas normas legales sin cambiar su redacción y contenido, todo con el único fin de facilitar la consulta de las disposiciones agrupadas. Tienen entonces únicamente una finalidad sistemática, pero no derogan ni crean nuevas normas legales. En tal sentido, esos decretos son actos administrativos al servicio de la consulta de las leyes, pero no constituyen una nueva disposición legal autónoma. Tal fue la razón por la cual la Corte consideró que esos decretos eran “ejecutivos” y no normas legales, pues tienen una “mera fuerza indicativa” ya que su “finalidad no es otra que la de facilitar la consulta” de las leyes compiladas (...).

... con el fin de respetar la distribución de competencias establecida por la Carta entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y evitar que el control constitucional sea inocuo, o se generen innecesarias inseguridades jurídicas, es necesario concluir que, conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Carta, corresponde a la Corte Constitucional, y no al Consejo de Estado, conocer de los distintos artículos de estos decretos compiladores, pues si bien el decreto es en sí mismo ejecutivo, los artículos que lo integran son materialmente legales. La Corte es entonces competente para el estudio de artículo 106 del Decreto 111 de 1996.

5. ¿Significa lo anterior un cambio de la jurisprudencia de la Corte en este campo? En manera alguna, pues nótese que en la sentencia C-305 de 1996 la Corte se inhibió de conocer una acusación contra la totalidad de un decreto compilador, pero no contra uno o varios de los artículos que lo integran, pues consideró que el decreto como tal es de naturaleza ejecutiva y, por ende, su conocimiento corresponde al Consejo de Estado. Esta tesis se reafirma en esta sentencia, por lo cual corresponde al supremo tribunal de lo contencioso conocer de las acusaciones que pongan en cuestión el decreto compilador como tal, por ejemplo, porque se considere que hubo vicios de forma en su expedición. Sin embargo, no puede ese tribunal pronunciarse sobre los artículos y los contenidos normativos que integran tales decretos, pues se trata de normas legales, cuya competencia corresponde a la Corte Constitucional. Es pues obvio que las decisiones del Consejo de Estado sobre los decretos ejecutivos compiladores sólo recaen sobre la compilación misma, pero no pueden afectar las normas materialmente legales que integran esos decretos, cuyo conocimiento ha sido atribuido a la Corte Constitucional.

Se trata pues de una compleja distribución de competencias, la cual deriva de la particular naturaleza de esos decretos compiladores”.

La anterior posición jurisprudencial fue reiterada recientemente por la Corte Constitucional, cuando en auto de Sala Plena de 27 de enero de 1999, referencia D-2267, concluyó:

“... En consecuencia, cuando la demanda se dirija contra los artículos y contenidos normativos de estos decretos ejecutivos, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre ellos, como ocurrió en la sentencia C-508 antes mencionada. En esta ocasión, el demandante no cuestiona el contenido normativo del decreto, desde el punto de vista constitucional, sino que se limita a resaltar defectos atinentes a la compilación como tal”.

Es claro, entonces, que el Consejo de Estado en esta oportunidad sí es competente para pronunciarse sobre el asunto sometido a su conocimiento, en la medida de que, se reitera, no se está cuestionando la inconstitucionalidad de las normas demandadas, sino su incorporación al Decreto 1818 de 1998, pese a no encontrarse vigentes.

2. En relación con los cargos, respecto de los artículos 121, 138 y 163, numeral 3º, del Decreto 1818 de 1998 el actor afirma que son violatorios de los artículos 166 y 167 de la Ley 446 de 1998, dado que, reprodujeron, respectivamente, los artículos 6º, 26 y 38, numeral 3º, del Decreto Extraordinario 2279 de 1989, no obstante que el artículo 166 de la citada ley facultó al Gobierno Nacional para compilar las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esa misma ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto Extraordinario 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, sin cambiar su redacción, ni contenido.

El artículo 166 de la Ley 446 de 1998, establece:

“ART. 166.—Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se faculta al Gobierno Nacional para que dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de esta ley compile las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, sin cambiar su redacción, ni contenido, la cual será el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos” (destaca la Sala).

Por su parte, el artículo 167 de la misma ley dispone:

“ART. 167.—Derogatorias. Derógase:

1. Los artículos 22, 23, 27, 30, 31, 33, 36 a 41, 43, 46, 48, 54, 58, 68 a 71, 77, 78, 88, 92, 94, 96, 98 a 100, 104, 107, 108, 111, 116 de la Ley 23 de 1991.

2. Los artículos 5º, 6º, 8º, 9º, 25 a 27, 29, 38, numeral 3º, 42, 45 y 47 a 54 del Decreto 2279 de 1989.

3. El artículo 9º de la Ley 25 de 1992.

Las demás normas que le sean contrarias”.

De la comparación de estas normas es claro para la Sala que como el artículo 167 de la Ley 446 de 1998 derogó expresamente los artículos 6º, 26 y 38, numeral 3º, del Decreto 2279 de 1989, los mismos no podían ser compilados en el Decreto 1818 de 1998, pues, al hacerlo, el Gobierno Nacional entró a vulnerar precisamente el artículo 166 de la Ley 446 de 1998, que sólo le permitía compilar las normas que se encontrasen vigentes.

Ahora bien, frente al artículo 155, numerales 4º y 5º, del Decreto 1818 de 1998, que reprodujo el artículo 21 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, el demandante afirma que es violatorio de los artículos 162 y 166 de la Ley 446 de 1998, aseveración que tiene fundamento, como se dijo también en el auto que decretó la suspensión provisional de aquél, pues el citado artículo 162, si bien adoptó como legislación permanente el artículo 21 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, también lo es que expresamente excluyó de tal adopción sus numerales 4º y 5º, los cuales fueron compilados en el decreto acusado, desconociendo con ello las normas legales citadas.

Finalmente, resta a la Sala pronunciarse sobre el cargo de violación de los artículos 166 de la Ley 446 de 1998 y 103 de la Ley 23 de 1991, por parte del artículo 126 del Decreto 1818 de 1998, por cuanto este último compiló el artículo 19 del Decreto Extraordinario 2279 de 1989, sin la modificación introducida por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991.

Sobre el particular, considera la Sala que le asiste también razón al actor, dado que al prescribir el artículo 166 de la Ley 446 de 1998 que el Gobierno Nacional queda facultado para compilar las normas vigentes contenidas, entre otras, en la Ley 23 de 1991, sin cambiar su redacción, ni contenido, es evidente que el Gobierno Nacional debió reproducir el texto del artículo 103 de la Ley 23 de 1991, que modificó el artículo 19 del Decreto Extraordinario 2279 de 1989, y no reproducir el texto original de este último artículo citado, pues, al hacerlo, contrarió lo dispuesto en los artículos 166 de la Ley 446 de 1998 y 103 de la Ley 23 de 1991.

Sin más consideraciones, y para evitar que se “generen innecesarias inseguridades jurídicas”, al decir de la Corte Constitucional, la Sala declarará la nulidad de las normas acusadas, contenidas en el Decreto 1818 de 1998, sólo en cuanto compilaron normas que no podían serlo, por no encontrarse vigentes, pues no se presta a discusión alguna que no estando vigentes no podían ser revividas por el Gobierno Nacional, independientemente de su contenido material.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de los artículos 121, 126, 138, 155, numerales 4º y 5º, y 163, numeral 3º, del Decreto 1818 de 1998, “por el cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”.

Devuélvase al actor la suma depositada por concepto de gastos ordinarios del proceso, por no haber sido utilizada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de abril 8 de 1999. Expediente 5191. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

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