Sentencia 51951 de mayo 14 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL6245-2014

Radicación 51951

Acta 16

Magistrado Ponente

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

En la demanda con la que lo sustenta, que fue replicada, el recurrente pide a la Corte que case la sentencia censurada para que constituida en sede instancia revoque totalmente la decisión emitida por el a quo «y en su defecto dicte sentencia que contenga un pronunciamiento favorable al petitum promovido en su favor de mi procurado desde el libelo inicial.»

Con tal propósito formula un cargo en los siguientes términos:

VI. Cargo único

Por la vía indirecta y en el concepto de aplicación indebida de la ley, acusa la sentencia del tribunal de haber violado los artículos 1º, 19, 10, 13, 16, 18, 21, 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo; 2º, 11, 36 y 49 de la Ley 6ª de 1945; 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 44, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945; 2 de la Ley 65 de 1946; 1º, 2º y 6º del Decreto 1160 de 1947; 8º de la Ley 171 de 1961; 11, 21 y 22 del Decreto 1611 de 1962; 27, 28, 29 y 41 del Decreto 3135 de 1968; 68, 72, 73, y 74 del Decreto 1848 de 1969, y 110 del Decreto 1660 de 1978.

Dice que a las anteriores transgresiones «…fue compelido el ad quem al cometer violación de medio de las siguientes normas procesales; artículos 276 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social».

Argumenta que el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

A. No dar por demostrado estándolo que mi procurado laboró para los Ferrocarriles Nacionales de Colombia 10 Años y fracción.

B. Haber dado por establecido sin estalo que mi cliente laboró para los ferrocarriles nacionales de Colombia un total de: 9 años, 7 meses y 6 días.

C Haber dado por demostrado sin estarlo que entre mi mandante y los Ferrocarriles Nacionales de Colombia se presentó (sic) dos relaciones laborales, la primera en el interregno del 10 de noviembre de 1980 al 19 de agosto de 1988 y la segunda en el período del 15 de febrero de 1989 al 15 de octubre de 1991.

D. No haber dado por demostrado estándolo que entre mi representado y los Ferrocarriles Nacionales de Colombia se dio una única relación laboral, es decir, sin solución de continuidad, entre el 10 de noviembre de 1980 al 15 de octubre de 1991.

Aduce que el tribunal incurrió en estos yerros por la apreciación indebida de los siguientes documentos auténticos: «Folio(s) cuaderno principal: 18 a 19, 96 y 97: Relación de tiempo de servicio en la forma P-20, que demuestra que entre mi mandante y los Ferrocarriles de Colombia, se dio una única relación laboral, es decir, sin solución de continuidad en el interregno del 10 de noviembre de 1980 al 15 de octubre de 1991”. Y “42 a 123 (que en el cdno. anexo corresponde a los fls. 332 a 378): Documentos donde el ad quem no infirió de allí lo que saltaba de bulto y es que dentro de la relación laboral que unió a mi mandante con los Ferrocarriles Nacionales de Colombia se dieron como interrupciones dentro del contrato de trabajo 226 días, distribuidos: Suspensiones: 173 días y por licencias: 53 días”.

Que los fundamentos del tribunal para negar la pensión solicitada se cimentaron en que el actor «no consolidó como antigüedad los 10 años y fracción…», y que «en la relación laboral que se dio entre mi mandante desde el 10 de noviembre de 1980 al 15 de octubre de 1991 se presentó una solución de continuidad en el período del 20 de octubre de 1988 al 14 de febrero de 1989.»

Inferencias que se habían producido con ocasión de la errada interpretación de los documentos visibles a folios 45 y 46, contentivos de los boletines 1018 del 30 de septiembre de 1988 y 35 del 10 de febrero de 1989, por medio de los cuales fue despedido el actor desde el 20 de octubre de 1988, pero que posteriormente se había dado su “Anulación”, quedando sin vida jurídica el mentando despido, lo que significaba entonces que «solo y solo una relación laboral» había unido a las partes, comprendida entre el «10 de noviembre de 1988 y 15 de octubre de 1991».

Así como de los documentos visibles a folios 18, 19, 96 y 97, contentivos de la relación de tiempo laborado por el actor a los Ferrocarriles «del 10 de noviembre de 1980 al 19 de octubre de 1988», lo que a su juicio no significaba que entre las partes hubiera existido una primera relación laboral, ya que ese mismo tiempo estaba contenido en la relación del tiempo total servido por el actor a la empresa, según los documentos visibles a folios 19 y 97, por lo que saltaba de bulto que Ferrocarriles Nacionales de Colombia, había condensado que el actor había laborado para la misma del 10 de noviembre de 1980 al 15 de octubre de 1991, «de lo que sólo cabía inferir como conclusión unívoca o única inferencia lógico-racional posible es que estamos ante una sola relación laboral “y no fracturada” del 10 de noviembre de 1980 al 20 de octubre de 1988 y continuando del 15 de febrero de 1989 al 15 de octubre de 1991».

Aspecto que, dice, se corrobora aún más con los documentos de folios 101, 102 y 108, correspondientes a la liquidación definitiva de cesantías, de la indemnización y la certificación laboral.

Estima que al tenor del artículo 276 del Código de Procedimiento Civil, el sentenciador incurrió en un error jurídico, como fruto de la errada apreciación de la relación de tiempo de servicios y liquidación, visibles a folios 18 y 19, puesto que los mencionados documentos hacían parte del elenco probatorio y «como tal ha de ser integrado con los demás medios de prueba a fin de haciéndola engranar conduzcan al hallazgo de la verdad», ya que no «constituyen una verdad apodictica e inmutable sino que como todo medio probatorio declarativo de unos hechos, es también susceptible de ser valorado de manera íntegra con los demás medios de prueba presentes en el paginario y que incluso son sus soportes, pues si la relación de tiempo que se condensó en los folios 18 y 19 presenta interrupciones, estas hay que verificarlas o constatarlas en el instructivo, pues hacen parte axial de la litis como punto fundamental en la controversia a fin de establecer el verdadero tiempo servido» a los Ferrocarriles Nacional de Colombia.

Añade que erró también en la apreciación de los documentos visibles a folios 42 a 123, al inferir que el demandante consolidó una antigüedad en los Ferrocarriles Nacionales de Colombia 9 años, 7 meses y 29 días, pues de haber considerado que las interrupciones surgidas en la relación laboral sumaron 226 días, de los que 173 días habían sido por suspensiones y 53 por licencias, habría inferido que el actor desde el 10 de noviembre de 1980 el 15 de octubre de 1991, consolidó una antigüedad de «10 años, 3 meses y 20 días».

VII. La réplica

Empieza por cuestionar que el cargo no acusa la totalidad de las pruebas de las que se valió el tribunal para absolver a la demandada, en especial las del cuaderno de anexos, que corresponden a la hoja de vida del actor, razón por la cual considera que la decisión atacada debe continuar incólume.

Dice que no es cierto lo afirmando por el recurrente que «a folio 19 la entidad empleadora aceptó que el demandante laboró en el período del 10 de noviembre de 1980 a octubre 15 de 1991, pues por el contrario, la relación de tiempo de servicios que obra a folio 18 discrimina que el demandante no laboró en los meses de noviembre y diciembre de 1988 ni en el mes de enero de 1989; así mismo determina los días efectivamente trabajados por el demandante en los demás meses hasta la finalización de la relación laboral»; Además, que el tribunal para su convencimiento había verificado en las documentales 96-97 y 379 a 380 en las que se registraba de forma detallada los días laborados durante toda la relación laboral del demandante lo que se corroboraba con la «relación de salarios pagados sobre los días efectivamente laborados por el demandante» que aparecía a folios 98 a 100, sin que fueran controvertidos por la censura en contenido de la folios 379 a 380.

Agrega que luego de haber quedado anulado el Boletín visible a folio 238, el trabajador se reintegró a trabajar a partir del 11 de febrero de 1989, lo que quería decir que «no laboró del 20 de octubre de 1988 al 11 de febrero de 1989.»

VIII. Consideraciones de la Corte

La razón no acompaña a la réplica en cuanto que no se denunció la totalidad de las pruebas apreciadas por el tribunal en su sentencia, pues si bien es cierto éste se refirió a las hojas de vida del actor aportadas por ambas partes, lo hizo para referirse exclusivamente a las novedades de suspensiones y licencias no remuneradas solicitadas por el trabajador, medios sobre los cuales cimentó el aserto de que el accionante no prestó servicios durante 10 años, y en ese orden de ideas, cumple el cargo con las reglas del recurso extraordinario de casación.

El eje central sobre el cual gravita el debate, es determinar si incurrió el sentenciador en los dislates atribuidos por la censura, al establecer que el actor no demostró haber laborado un tiempo mínimo (10 años) requerido por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, ya que a su juicio sólo trabajó durante 9 años, 7 meses y 29 días al servicio de los extintos Ferrocarriles Nacionales de Colombia, equivalente a 9.66 años.

También es determinante establecer si en verdad el tiempo laborado por el actor tuvo solución de continuidad, esto es, si se desarrolló de forma interrumpida, como lo concluyó el ad quem, o si por el contrario y como lo afirma la censura, lo fue de manera ininterrumpida, pues de ello pende que el demandante complete los diez años exigidos por el artículo 8º de la Ley 171 ibídem para la pensión proporcional de jubilación, en tanto el otro requisito exigido por esta ley relacionado con el despido injusto, está demostrado y sobre ello no existe controversia en casación.

El tribunal, luego de apreciar los documentos de folios 18 y 19, y la hoja de vida del actor obrante a folios 42 a 123 del cuaderno principal, en particular los documentos de folios 45, 46, 96 y 97, concluyó que la relación laboral del demandante se presentó en dos fracciones temporales: la primera comprendida entre el 10 de noviembre de 1980 y el 19 de octubre de 1988, y la segunda, entre el 15 de febrero de 1989 y el 15 de octubre de 1991, fecha ésta en la que su contrato de trabajo fue terminado sin justa causa.

Que, además, según las novedades por suspensiones disciplinarias y licencias no remuneradas solicitadas por el actor, las que por cierto halló superiores a las indicadas por éste en su demanda, resultaba un tiempo total de servicios de 3479 días que equivalen a 9.66 años, es decir, de 9 años, 7 meses y 29 días.

Bien, la estimación de los documentos de folios 18 y 19, contentivos de la relación de tiempos de servicios del actor para la liquidación definitiva de cesantías, enseñan que éste ingresó a la empresa el 10 de noviembre de 1980 y su retiro se produjo el 15 de octubre de 1991, para un total de 9 años, 7 meses y 29 días, más sin embargo, la sumatoria del tiempo trabajado atendiendo los extremos indicados, no coinciden con el que allí se informa, pues ese tiempo suma 10 años, 11 meses y 5 días, en tanto de los mismos no se desprende que la relación laboral hubiera sido prestada con interrupciones, ni que el actor hubiese tenido suspensiones disciplinarias o licencias no remuneradas.

Sin embargo, de la apreciación de esta prueba, junto con las denunciadas como equivocadamente valoradas por el recurrente, y sobre las cuales advierte la censura que el tribunal no lo hizo de manera integral, teniendo la obligación de hacerlo, surge objetivamente lo siguiente:

El actor fue retirado del servicio según se evidencia con el boletín de personal 1018 de fecha 30 de septiembre de 1988, y que esta decisión fue anulada por la misma empresa mediante boletín de personal 35 de 10 de febrero de 1989, lo que significa que el vínculo laboral se mantuvo vigente desde el 10 de noviembre de 1980 hasta el 15 de octubre de 1991, de lo que además da cuenta la liquidación definitiva de cesantías, la liquidación de la indemnización y la constancia laboral, en la cual se estableció que el actor «laboró para los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, fecha ingreso: 10 de noviembre de 1980 y fecha de retiro: 16 de octubre de 1991», visibles a folios 101, 102 y 108.

Así las cosas, es evidente el desatino del tribunal cuando coligió que la vinculación del actor con Ferrocarriles Nacionales, estuvo precedida de dos contratos de trabajo, pues si bien es cierto no hubo prestación del servicio por parte del actor durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1988; enero y parte de febrero de 1989, tal como se refleja a folio 18, y que la misma demandada acepta en el escrito de oposición cuando afirma que «no laboró del 20 de octubre de 1988 al 11 de febrero de 1989», para la Corte es claro que la vinculación laboral del actor se mantuvo vigente, puesto que al haber sido anulada su desvinculación, el tiempo que transcurrió desde su retiro y el reintegro, no puede ser desconocido para establecer el tiempo de servicio realmente prestado a su empleador, puesto que las consecuencias de esta declaratoria de nulidad por parte del mismo empleador, según se demuestra con el acta 2 del comité de personal llevado a cabo el 13 de febrero de 1989, vista a folios 235 a 240 del cuaderno de anexos, fueran las de que la relación laboral no sufrió interrupción alguna, volviendo las cosas a su estado inicial a la fecha en la cual se produjo el despido declarado nulo, es decir, produciendo efectos ex tunc.

Así lo dijo esta Corte en Sentencia CSJ SL, 5 oct. 1998, rad. 11017, reiterada en la CSJ SL, 10 jul. 2012, rad. 38962:

Esa situación, que bien puede entenderse originada en la nulidad absoluta o en la ineficacia, que es la figura jurídica que se encuentra plasmada específicamente en diversas disposiciones de naturaleza laboral, supone la continuidad del vínculo contractual con todas sus consecuencias, lo que apareja el pago de los salarios dejados de percibir con fundamento en el artículo 140 Código Sustantivo del Trabajo debido a que la ausencia del servicio se origina en una determinación del empleador, con los aumentos y reajustes que se produzcan en el interregno, pago de salarios que se proyectará hasta que se presente la reinstalación física del trabajador en su cargo. También, consecuencialmente y por la misma razón, se generarán los derechos prestacionales que la ley señala a cargo directamente del empleador y las obligaciones de este frente a la seguridad social en relación con el trabajador correspondiente.

Quiere decir lo anterior que el tribunal se equivocó cuando concluyó que se habían presentado dos relaciones laborales y que hubo solución de continuidad entre una y otra; por tanto, el tiempo transcurrido entre el 20 de octubre de 1988, cuando se produjo el primer despido (fl. 45), y el 15 de febrero de 1989, fecha en la cual fue reintegrado el señor Gaitán Forero, que arroja 115 días, debe ser tenido en cuenta para el cómputo del tiempo de servicios con miras a la pensión reclamada, es decir, sumaría 10 años, 11 meses y 5 días.

Al tiempo anterior hay que descontar las suspensiones disciplinarias impuestas al actor, lo mismo que las licencias no remuneradas que éste solicitó, eventos que desde luego suspenden el contrato de trabajo, de conformidad con el numeral 4º del artículo 44 del Decreto 2127 de 1945.

De la apreciación de los documentos obrantes a folios 42 a 95 del cuaderno principal, surge que el accionante fue objeto de suspensiones disciplinarias por 173 días, e hizo uso de licencias no remuneradas por 53, para un total de 226 días que deberán restarse al tiempo total, que equivale a 10 años, 11 meses y 5 días que transcurrieron entre el 10 de noviembre de 1980 y el 15 de octubre de 1991, es decir, 3935 días, menos 226, arroja un total de tiempo servido de 3709, que equivale a 10 años, 3 meses y 19 días.

Por consiguiente, el tribunal incurrió en los yerros fácticos endilgados por la censura, y en consecuencia el cargo prospera y se casará la sentencia del tribunal.

IX. Sentencia de instancia

De acuerdo con lo demostrado en sede de casación, el actor prestó para la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia un total de 10 años, 3 meses y 19 días, en el lapso comprendido entre el 10 de noviembre de 1980 y el 15 de octubre de 1991, espacio temporal al que se le descontó el tiempo por suspensiones disciplinarias y licencias no remuneradas, lo que significa que el requisito del tiempo de servicios exigidos por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, se encuentra satisfecho.

Respecto a la edad, que en este caso serían 60 años, y la desvinculación sin justa causa por parte del empleador, estas exigencias, a fuerza de que no fueron objeto de discusión, se encuentran plenamente demostradas en el plenario a folios 17 con el registro civil de nacimiento, que da cuenta de que el actor nació el 30 de enero de 1948, por tanto, cumplió 60 años en 2008, y respecto del otro requisito se halla plenamente acreditado con el documento de folio 47, según el cual al actor le fue suprimido el cargo que desempeñaba con derecho a indemnización, lo cual, según pacífica y reiterada jurisprudencia de esta Corte, traduce en un despido sin justa causa.

Así las cosas, se encuentran plenamente demostrados los requisitos exigidos por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 para la pensión restringida de jubilación.

De acuerdo con lo demostrado, el actor prestó servicios por 10 años, 3 meses y 19 días, lo que quiere decir que la tasa de reemplazo de la pensión corresponde al 38.63% del salario promedio del último año de servicios, que conforme a la prueba documental de folio 384 del cuaderno de anexos, ascendía a $ 141.162,19, es decir, que el monto de la mesada inicial equivale a $ 54.917,25, a partir del 1º de febrero de 2008.

Más sin embargo, y conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Corte, resulta viable la actualización del salario base de liquidación de la primera mesada, para lo cual se tomará como índice inicial el del mes de diciembre de 1990 y el final el del mismo mes de 2007, es decir, 21.00 el primero y 92.87 el segundo.

Realizadas las operaciones aritméticas de rigor, arroja seiscientos veinticuatro mil doscientos setenta y tres ($ 624.273), cuyo 38.63% equivale a doscientos cuarenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos ($ 241.156).

En consecuencia, la primera mesada debidamente indexada asciende a $ 241.156, monto que resulta inferior al salario mínimo legal de 2008 que era igual a $ 461.500, lo que significa que la mesada pensional a partir del 1º de febrero de 2008, en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, debe reajustarse a dicho salario.

Como quiera que la demanda fue presentada el 18 de julio de 2008 y admitida el 2 de septiembre del mismo año, no ha operado el fenómeno de la prescripción sobre ninguna mesada.

Se sigue de lo dicho la revocatoria de la sentencia de primera instancia, para en su lugar condenar a la parte demandada al reconocimiento de la pensión restringida de jubilación prevista en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 a favor del accionante.

Sin costas en casación en cuanto el recurso prosperó. En instancias estarán a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA TOTALMENTE la sentencia proferida el 15 de marzo de 2011 por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso que Jorge Eliecer Gaitán Forero promovió contra el fondo del pasivo social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

En SEDE DE INSTANCIA SE REVOCA ÍNTEGRAMENTE la proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, de fecha 15 de mayo de 2009, para en su lugar CONDENAR al fondo demandado a reconocer y pagar al actor la pensión restringida de jubilación en cuantía de cuatrocientos sesenta y un mil quinientos pesos ($ 461.500), a partir del uno (1º) de febrero de 2008, junto con los incrementos legales.»