Sentencia 5197 de febrero 18 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

ESTATUTOS DE PERSONAS JURÍDICAS

LAS NORMAS DISCIPLINARIAS DEBEN RESPETAR PRINCIPIOS DE TIPICIDAD Y LEGALIDAD

EXTRACTOS: «1. El artículo 642 del Código Civil al consagrar el llamado “Derecho de policía correccional de la corporación”, reconoce el poder disciplinario de toda asociación privada sobre sus miembros, de conformidad con sus estatutos. Poder éste, que al decir de la doctrina emerge de la separación que existe entre la corporación como persona jurídica y los miembros que a ella pertenecen, los cuales están obligados a obedecer sus estatutos, según lo declara el artículo 641 ibídem: “Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las penas que los mismos estatutos impongan”.

Respecto del tema, comentando norma similar del Código Civil chileno, Claro Solar considera que la disciplina de la persona jurídica constituye un verdadero derecho penal que ella ejercita sobre sus miembros, conforme a los estatutos y de manera “privativa e independiente de los tribunales de justicia”. La corporación ejercita —dice— una autoridad propia, como condición necesaria de su funcionamiento y de su vida interna. Las medidas disciplinarias que ella toma contra el miembro culpable, no es ejercicio de un poder propiamente penal, que como tal es una reserva del Estado en atención al principio de exclusividad de la administración de justicia, sino un mecanismo de corrección interno, es decir, de “castigatio doméstica, que no tiene nada de común con la acción pública”.

2. Desde luego que el régimen disciplinario que los estatutos conciban debe tener una estructura procedimental y sustancial que deje a salvo caras garantías constitucionales, como lo son el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad, y la propia dignidad humana de los eventuales procesados.

Desde el ángulo sustantivo que es el que interesa al caso, se supone que un estatuto de este linaje debe describir conductas con ingredientes normativos que sean expresión de los principios de tipicidad y legalidad, que a su vez se instituyen como un instrumento de justicia y seguridad jurídica para los asociados, en cuanto encierran una precisa valoración de sus actos y contienen una escala de penas proporcional a las faltas, de modo tal que la sanción se pueda mirar, no como una vindicta, sino como un mecanismo de defensa de la institución, que es lo que justifica la potestad disciplinaria.

Por supuesto que el tipo cerrado, que es el que contiene, como ya se dijo, una precisa descripción de la conducta, no excluye la existencia de los denominados tipos abiertos o en blanco, llamados así por su generalidad o amplitud de la tipificación, que ciertamente dificulta el proceso de adecuación del factum, pero que en manera alguna se apartan de los postulados garantes de la justicia y seguridad jurídica que antes se mencionaban, como son la tipicidad y el principio de reserva y estricta legalidad, pues lo claro es que respecto de ellos también son extraños los criterios irracionales del arbitrio o el capricho del intérprete, como lo explican los doctrinantes del delito, puesto que son analizables en relación con el caso concreto y las circunstancias que le son particulares, pues son ellas las que habrán de determinar si el hecho resulta reprensible por subsumirse en el respectivo tipo, acudiendo para tal efecto al test del hombre razonable que es un patrón objetivo de calificación.

Tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte Constitucional, han tenido oportunidad de ocuparse de este tipo de normas disciplinarias, para reconocer su validez. La primera en sentencia de 5 de junio de 1975 (Sala Plena), acotó que

“Las faltas disciplinarias, en cambio, no son diseñadas con el mismo pormenor (que los delitos), y de ordinario se las señala en diversos ordenamientos por vía genérica, que dan margen de apreciación a quien haya de calificarlas —para bien de la gestión pública—, decidir en algunas circunstancias si un hecho ofrece aspectos suficientemente reprensibles para justificar o no un correctivo disciplinario”.

Por su parte la Corte Constitucional, sostuvo que,

“La naturaleza propia de las causales disciplinarias tanto en la legislación nacional como en la extranjera, no permite tener la causal, en manera alguna, en contravía de la lógica jurídica que inspira a los sistemas legales de esta clase. Pues esas causales, que interesan finalísticamente consideradas, a una lógica de tratamiento de gobierno de la función pública y del interés general, tienen en su contenidos habituales elementos tales como las “buenas costumbres”, la “moral”, el “mal comportamiento social”, entre otros, en los que el poder disciplinario encuentra soporte a sus decisiones” (S.C. 427 de 29 de septiembre de 1994).

3. De otro lado, como las finalidades del régimen disciplinario no pueden ser otras que la prevención y la conservación de la institución, garantizándose su buena marcha, las sanciones deben regirse por el principio de proporcionalidad, de tal modo que su graduación corresponda a la gravedad de la falta. En otras palabras, debe hacerse un juicio de ponderación entre la pena y el hecho cometido, es decir, que la medida de la sanción resulte proporcional al mal causado. La mayor o menor gravedad del hecho se debe reflejar en la mayor o menor gravedad de la sanción. Desde luego, que este es un “criterio genérico” y de “contenido tradicional”, porque como lo dice la doctrina especializada, el auténtico objeto del principio necesariamente tiene que tener en cuenta “la finalidad de la tutela de la norma penal”, pues como lo predica Bacigalupo “el principio de proporcionalidad de las penas es una fórmula vacía mientras no se establezca qué criterios de proporcionalidad quedan fuera de la legitimidad constitucional. En este último punto la discusión lleva necesariamente a las teorías de la pena”.

Claro está, que tratándose de un asunto como el que es objeto de análisis, la correlación entre falta y sanción cuenta con un criterio ponderativo más o menos pacífico en el ámbito de la doctrina particular, porque por encima de las discusiones que se suscitan en torno al fundamento jurídico de la potestad disciplinaria de la persona jurídica de derecho privado, prevalece la idea que éste tiene como fines concretos la prevención en las relaciones intersubjetivas de los miembros y la conservación de la empresa o institución, como ya se había anotado. De ahí que se haya entendido que la máxima sanción, como lo sería la exclusión o expulsión del miembro, debe ser la medida a una falta grave que justifique tal consecuencia, examinable, como antes se había expresado, en consideración al caso concreto y las circunstancias particulares que lo determinan».

(Sentencia de Casación, febrero 18 de 2000. Expediente 5197. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

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