Sentencia 51992 de octubre 16 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 51992

Acta N° 33

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

SL 729 - 2013

Bogotá, D. C., dieciséis de octubre de dos mil trece.

Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandada, contra la sentencia proferida el 24 de febrero de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario que Ana María Sánchez de Hernández, le adelanta al Instituto de Seguros Sociales.

En cuanto al memorial obrante a folio 59 del cuaderno de la Corte, téngase como sucesor procesal del Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación a la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, en armonía con el artículo 60 del CPC, aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social, por expresa remisión del artículo 145 del CPT y S.S.

I. Antecedentes

La accionante en mención, demandó en proceso laboral al Instituto de Seguros Sociales, en procura de obtener condena por pensión de sobrevivientes por la muerte del afiliado José Vicente Hernández Herrera, a partir del 24 de febrero de 2007, en cuantía no inferior al salario mínimo legal, junto con el retroactivo de mesadas causadas y las adicionales de junio y diciembre, los incrementos de ley, intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación, y las costas.

Como fundamento de tales pedimentos, argumentó que su esposo José Vicente Hernández Herrera era afiliado al Instituto de Seguros Sociales, quien falleció el 24 de febrero de 2007 por causas de origen no profesional; que en calidad de cónyuge supérstite del causante, reclamó la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada mediante la Resolución del ISS 013310 de 2008, bajo el argumento de que dicho afiliado “a pesar de haber cotizado 98 semanas en el transcurso de los últimos 3 años anteriores a su muerte, alcanzó a cotizar únicamente 606 semanas entre la fecha del cumplimiento de sus veinte años y la fecha de su deceso, lo que significó para el Seguro Social, que el señor Hernández Herrera no cumpliera con la fidelidad mínima con el sistema”; que en subsidio el ISS le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes por valor de $ 6.032.442, que deberá descontarse del retroactivo pensional adeudado; y que el Instituto demandado no tuvo en cuenta las semanas cotizadas en el año 1995, lo cual hubiera llevado a completar más del 19% de la fidelidad con el sistema.

II. Respuesta de la demanda

La entidad convocada al proceso al dar contestación a la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas. En relación con los supuestos fácticos que soportan las súplicas, admitió la calidad de afiliado del señor José Vicente Hernández Herrera, su muerte por causas de origen común, la reclamación de la pensión de sobrevivientes elevada por la cónyuge demandante, la negativa del ISS a reconocer tal prestación económica por no cumplir el afiliado fallecido con el requisito de la fidelidad al sistema, así como el pago de la indemnización sustitutiva a su beneficiaria, y frente a los demás hechos adujo no constarle. Propuso como excepciones, las que denominó inexistencia de la causa petendi, falta de causa para pedir, improcedencia del cobro de los intereses moratorios por violación al principio constitucional de la inescindibilidad de la norma, prescripción, buena fe del seguro social, compensación, incongruencia jurídica de la condena en costas, e improcedencia de la indexación de las condenas.

En su defensa sostuvo que el causante acreditaba 606 semanas cotizadas durante toda su vida laboral, de las cuales si bien tenía 98 en los tres (3) años anteriores al momento de su deceso, no se cumple con el requisito de la fidelidad al sistema, por no tener el mínimo de cotizaciones entre la fecha en que arribó a los 20 años de edad y la data de la muerte, equivalentes al 20% del tiempo transcurrido en ese período, pues solo ostenta un 17.76%, teniendo derecho la cónyuge demandante a recibir únicamente la respectiva indemnización sustitutiva que se otorgó con la Resolución 13310 de 2008 por la suma de $ 6.032.442.

III. Sentencia de primera instancia

El Juez Segundo Adjunto del Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, puso fin a la primera instancia con la sentencia que data del 26 de marzo de 2010, en la que declaró que la demandante en su condición de cónyuge del afiliado José Vicente Hernández Herrera, tenía derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a partir del 25 de febrero de 2007, en cuantía equivalente al salario mínimo legal, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, y condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagarle las sumas de $ 20.253.739 por mesadas causadas hasta el 31 de marzo de 2010, y $ 895.875 por concepto de indexación de los valores adeudados. Declaró probadas las excepciones de improcedencia del cobro de los intereses moratorios y compensación, y no demostrados los demás medios exceptivos, e impuso las costas del proceso a la parte vencida que lo fue el instituto demandado en un 100%.

IV. Sentencia de segunda instancia

Inconforme con la anterior determinación, apeló el Instituto de Seguros Sociales, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con la sentencia del 24 de febrero de 2011, confirmó el fallo de primer grado y se abstuvo de condenar en costas.

El ad quem, comenzó por decir, que son hechos indiscutidos que “el señor José Vicente Hernández Herrera falleció el día 24 de febrero de 2007, contando con 606 semanas de cotización de las cuales 98 corresponden a los 3 últimos años anteriores de la muerte (fls. 15/16), con lo cual se acredita que la normatividad aplicable frente a los requisitos necesarios para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003” que exige además de tener el afiliado 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años que anteceden al deceso, una fidelidad al sistema equivalente al “veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento”. Que el afiliado fallecido no cumplió en vida con el requisito de la fidelidad al sistema, por cuanto solo alcanzó un porcentaje del 17,76%.

Esgrimió que si bien los literales a) y b) del citado artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que refieren a la fidelidad del sistema, fueron declarados inexequibles con la Sentencia C-556 de 2009, por ser una medida regresiva que disminuye la protección de los derechos sociales haciendo más gravoso su reconocimiento, pronunciamiento que pasó a transcribir en extenso, se tiene que la muerte del afiliado en este asunto se produjo con anterioridad a dicha decisión constitucional que no tiene efectos retroactivos.

Manifestó que sin embargo, como tal precepto legal en sus literales a) y b) vigentes para la fecha de fallecimiento del afiliado, desconocía desde su promulgación mandatos constitucionales, hace procedente su inaplicación por virtud del principio de progresividad, en orden a garantizar la eficacia de los postulados consagrados en la Carta Política.

Expresó que por motivo de tener el causante más de cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los tres (3) años anteriores a la muerte, concretamente noventa y ocho (98), indudablemente dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada a través de esta acción judicial, a favor de sus beneficiarios, para el caso la cónyuge demandante, haciéndose procedente el reconocimiento en los términos demandados.

De otro lado, agregó frente a la súplica de la indexación de las sumas adeudadas, que corresponde a la compensación dineraria por el transcurrir del tiempo y que responde a la depreciación de la moneda, que en este caso resulta procedente su condena, tomando como fórmula matemática para actualizar las mesadas debidas la señalada por la Sala Laboral del Tribunal en pronunciamientos anteriores y para las condenas de esta índole.

V. El recurso de casación

La censura con el recurso extraordinario persigue, según lo dijo en el alcance de la impugnación, que se case totalmente la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, la Corte revoque el fallo del a quo, para en su lugar absolver al Instituto de Seguros Sociales de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra, proveyendo lo que corresponda por costas.

Con tal propósito invocó la causal primera de casación laboral contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por los artículos 23 de la Ley 16 de 1963 y 7 de la Ley 16 de 1969, y formuló un cargo que mereció réplica, que se estudiará a continuación.

VI. Cargo único

Atacó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial, por la vía directa y en el concepto de aplicación indebida, respecto de los artículos “1, 2, 3, 6, 8, 14 y 17 de la Ley 153 de 1887, 12 de la Ley 797 de 2003, 46 de la Ley 100 de 1993, 45 de la Ley 270 de 1996 y 16 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Para la sustentación del cargo, el recurrente comenzó por advertir que no discute que el afiliado José Vicente Hernández Herrera falleció el 24 de febrero de 2007, habiendo cotizado para pensión un total de 606 semanas, 98 de las cuales corresponden a los 3 años anteriores.

Luego reprodujo el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que consagra los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes, para destacar la exigencia legal de la fidelidad al sistema, que si bien fue declarada inexequible con la Sentencia C-556 de 2009, los efectos de esa decisión de inconstitucionalidad no son retroactivos, en la medida que conforme al mandato del artículo 45 de la Ley 270 de 1996 son hacía el futuro, valga decir, a partir del 20 de agosto de 2009, y por consiguiente toda situación de hecho ocurrida con antelación a esa data, está cobijada por los presupuestos de la norma aplicable en su versión original.

Esgrimió que entre el 29 de enero de 2003, fecha en que entró en vigor la Ley 797 de 2003, y el 20 de agosto de 2009 cuando la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los literales a) y b) de su artículo 12, y más exactamente para el 24 de febrero de 2007 cuando falleció el afiliado, el requisito de fidelidad tenía plena validez y vigencia, y en estas condiciones el Tribunal cometió el “exabrupto” de “retrotraer los efectos de la sentencia hasta el año 2007”, aplicando indebidamente el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 y demás preceptos legales que integran la proposición jurídica.

Adujo que de haber aplicado correctamente las normas denunciadas, el fallador de alzada hubiera concluido que en este asunto no se daban los presupuestos o requisitos para que la demandante pudiera acceder a la pensión de sobrevivientes reclamada, por no satisfacer el causante la exigencia de la fidelidad al sistema, llevando a negar las pretensiones del libelo inicial.

VII. Réplica

A su turno, la réplica solicitó de la Corte rechazar el cargo, por cuanto el Tribunal no cometió ningún yerro jurídico, además de que el recurrente no logra demostrar la aplicación indebida de la ley sustancial endilgada, no siendo suficiente el argumento del efecto retroactivo de las sentencias de inconstitucionalidad para negar el derecho pensional demandado, en relación a una persona de la tercera edad que requiere de protección especial.

VIII. Se considera

Dada la vía escogida, son hechos indiscutidos los siguientes: (I) Que el causante José Vicente Hernández Herrera era afiliado al Instituto de Seguros Sociales; (II) Que convivió con su cónyuge Ana María Sánchez de Hernández; (III) Que dicho asegurado falleció el 24 de febrero de 2007; y (IV) Que durante su vida laboral cotizó un total de 606 semanas, de las cuales 98 corresponden a los tres (3) últimos años anteriores a su muerte.

Igualmente, no es materia de cuestionamiento en la esfera casacional, que la cónyuge demandante elevó al ISS solicitud de pensión de sobrevivientes el día 13 de diciembre de 2007, la cual le fue negada mediante la Resolución 013310 del 27 de mayo de 2008, obrante a folios 15 y 16 del cuaderno del juzgado, por no tener el causante cumplido uno de los requisitos del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, correspondiente al de la fidelidad, ya que solo acredita un 17.76% de fidelidad de cotización al sistema de pensiones, entre el 25 de septiembre de 1941 fecha en la que cumplió 20 años de edad y la data de la muerte 24 de febrero de 2007, cuando requería en ese periodo el equivalente al 20% de cotización.

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal confirmó la decisión condenatoria del juzgado, en esencia porque estimó que los literales a) y b) del citado artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que consagraban el requisito de la fidelidad al sistema, desconocían desde su promulgación mandatos constitucionales, siendo procedente su inaplicación en este asunto por virtud del principio de progresividad, en orden a garantizar la eficacia de los postulados contenidos en la Carta Política de 1991, con mayor razón si el causante, como acá ocurre, contó con más de cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los tres (3) años anteriores a su muerte, concretamente noventa y ocho (98), habiendo dejado causado el derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada.

De la lectura del cargo encauzado por la vía directa, el recurrente busca que se determine jurídicamente que el afiliado fallecido no cumplía con el requisito de la fidelidad al sistema, por virtud de que al no haber discusión en que la norma aplicable era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, dicha exigencia estaba vigente para la fecha de fallecimiento del afiliado el 24 de febrero de 2007, si se tiene en cuenta que la Sentencia C-556 del 20 de agosto de 2009, que declaró la inexequibilidad de los literales a) y b) de tal precepto legal, produce efectos hacia el futuro. Por ende, en definitiva no se reúnen los presupuestos normativos para que la cónyuge demandante accediera a la pensión de sobrevivientes, lo que conduce a concluir que el tribunal cometió el yerro jurídico de conceder la prestación económica retrotrayendo los efectos de la decisión de constitucionalidad.

Pues bien, planteadas así las cosas, la razón está de parte del tribunal y no del recurrente, en la medida que el requisito de la fidelidad al sistema, estipulado en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, impuso una evidente condición regresiva, comparativamente con lo establecido por la normativa anterior, esto es, por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Lo que significa, que en este asunto la segunda instancia acertó al acoger el principio de progresividad e inaplicar tal exigencia, lo cual no obedece como lo sugiere la entidad recurrente a darle efectos retroactivos a dicha decisión de inexequibilidad, sino por la patente contradicción de ese requisito con el citado principio constitucional.

Al respecto la Sala ha señalado, que el juzgador debe abstenerse de aplicar disposiciones legales regresivas aún frente a situaciones consolidadas antes de su declaratoria de inexequibilidad, en los eventos en que se constituya en un obstáculo para obtener un derecho pensional. Es así que en sentencia del 10 de julio de 2012 Radicado 42423, se dijo:

“(…) la nueva composición de la Sala, por mayoría de sus miembros, en sentencia de 20 de junio de 2012 Radicado 42540, frente a una prestación de sobrevivientes pero cuyos argumentos resultan aquí plenamente aplicables, varió su criterio en lo referente a los efectos que debe surtir la declaratoria de inexequibilidad de una determinada disposición en materia de seguridad social, que haya impuesto un requisito que el juez de la Carta encuentra contrario a preceptos superiores por ser abiertamente regresivo.

En esos eventos y ante la existencia de una previsión legal que desconoce el principio de progresividad el cual irradia las prestaciones de la seguridad social, el juzgador para lograr la efectividad de los postulados que rigen la materia y valores caros a un Estado social de derecho consagrados en nuestra Constitución Política, especialmente en los artículos 48 y 53, y que encuentran sustento también en la regulación internacional como la Declaración universal de los derechos humanos, y los tratados sobre el tema ratificados por el Estado colombiano los cuales prevalecen sobre el orden interno, debe abstenerse de aplicar la disposición regresiva aún frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad, en las hipótesis en que ella se constituya en un obstáculo para la realización de la garantía pensional máxime en casos como la pensión de invalidez, en que se trata de proteger a una población en circunstancias de vulnerabilidad y que amerita especial protección. Lo anterior significa que no se está disponiendo su inaplicabilidad general, pues frente a quienes la norma no resulte regresiva y consoliden el derecho durante el tiempo que tuvo vigor debe surtir plenos efectos”.

Del mismo modo, en un caso análogo, esta corporación inaplicó el requisito de la fidelidad al sistema, para proteger los derechos de los beneficiarios del afiliado, frente al cambio normativo introducido por el original artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y en sentencia del 25 de julio de 2012 con Radicado 42501, adoctrinó:

“(…) El principio de progresividad y no regresividad está consagrado, tanto en la Constitución Política de 1991 (art. 48), como en el “Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (Pidesc)”, ratificado por Colombia, el cual debe tenerse en cuenta por virtud de lo establecido en el artículo 93 superior, a la hora de interpretar los derechos y deberes constitucionales.

El artículo 12 de la Ley 797 de 2003, estipuló que, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el afiliado además de haber cotizado cincuenta (50) semanas en los tres años anteriores a su muerte, tuviera una fidelidad al sistema de seguridad social, consistente en haber cotizado el 20% (Sent. C-1094/2003) “del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento”.

Como atrás se dejó sentando el causante cumplió la primera exigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, consistente en cotizar las cincuenta (50) semanas en el término allí señalado.

Sin embargo, no cumplió con la segunda condición exigida por la mencionada norma, cuál era el requisito de fidelidad al sistema, pues, según el ISS, solo acreditaba un 5,33% de fidelidad de cotización, requiriendo un porcentaje mucho mayor y equivalente al 20% del lapso comprendido entre la fecha de cumplimiento de los veinte años de edad y la data de la muerte.

Pero sucede que esa segunda exigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, impuso una evidente condición regresiva, comparativamente con lo establecido por la normativa anterior, es decir, por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Por manera que el tribunal erró al no aplicar el principio de progresividad, dado que, al exigir el citado requisito de fidelidad, transgredió tal principio constitucional.

Si bien el principio de progresividad no es un principio absoluto, cuando se restrinja el campo de aplicación de un derecho de esta índole, se impone al Estado una carga argumentativa que no se dio con suficiente solidez en el caso del requisito de fidelidad impuesto por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

El principio de progresividad y no regresividad posee la naturaleza de norma jurídica, en el sentido de marcar una directriz al momento de aplicar las reglas de derecho.

Debe recordarse que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de dicho requisito de la fidelidad al sistema general de pensiones, por medio de la Sentencia C-556 del 20 de agosto de 2009. Es decir, en una fecha posterior a la de la muerte del afiliado José Fernando Pachón Estrada. Pero la inaplicación de la exigencia de fidelidad al sistema, debió hacerse por el tribunal, no por razón de darle efectos retroactivos a dicha decisión de inexequibilidad, sino por la particular circunstancia, en este caso, de la patente contradicción que implicaba la exigencia del requisito aludido con respecto al principio constitucional tantas veces mencionado de la progresividad.

La Sala, en sentencia reciente del 8 de mayo de 2012 Radicado 41832, en un caso en el que se concedió la pensión de invalidez de origen común a un afiliado que contaba con las 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, pero le faltaba cumplir con el requisito de fidelidad al sistema previsto en el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, que finalmente se inaplicó, sobre la protección de derechos frente a los cambios normativos en materia pensional, puntualizó:

“(…) la perspectiva con la que ha de mirarse la normativa pensional y su aplicación en un caso concreto no puede reducirse, a la escueta construcción de un silogismo lógico en el que, dada una premisa mayor de la norma formal vigente, en la cual se contiene un supuesto fáctico, si la premisa menor coincide con el hecho subsumido en la ley, deba hacerse efectiva la consecuencia que en abstracto la regla predica. Ahí está la razón por la cual el legislador tiene en cuenta valores y principios sociales que permitan dotar de justicia a la norma jurídica que la Constitución le ha encargado crear.

Por esta potísima razón, el juzgador debe asumir un enfoque multidimensional de ella, a fin de armonizarla en el contexto general del orden jurídico, alejándose de su aplicación mecánica que, a su vez, evite la posibilidad de efectos manifiestamente nocivos, por injustos o absurdos. Es en este sentido, en el cual debe enmarcarse la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con relación al tema reseñado y que, a no dudarlo, emerge con contenido propio del principio protector de las normas de la seguridad social, así como de los postulados consagrados en la Constitución Política, y en particular de su artículo 53 que prohíbe el menoscabo de los derechos sociales.

En ese contexto, la aplicación de principios responde a la naturaleza irrenunciable del derecho de la seguridad social, y a los valores de solidaridad, universalidad y progresividad de su cobertura, inspiradores del sistema integral adoptado en Colombia desde la Constitución de 1991.

(…).

En efecto, la Constitución consagra el derecho fundamental de la seguridad social en su artículo 48; la Declaración universal de los derechos humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 establece en su artículo 22 que toda “persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.

De esta garantía de orden prestacional y, por lo mismo, sujeta a las condiciones económicas y legales de cada Nación, fluyen derechos que, una vez consolidados, no pueden ser desconocidos ni aún en estados de excepción (C. P., art. 93), al igual que las reglas y principios contenidos en los tratados que sobre la materia ratifique el Estado colombiano, las cuales prevalecen en el orden interno y sirven de pauta interpretativa de la normatividad nacional. En este sentido, cabe citar la decisión de la Sala, del 8 de julio de 2008 (Rad. 30581) en la que se sostuvo:

“Es más, remitiéndose esta corporación a las fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo, incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo OIT no se oponen a la aplicación de la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT que “En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación” (resalta y subraya la Sala)”.

Como se ve, la Constitución de la OIT plantea el tema en el plano de la sustitución de normas, y no necesariamente alude a derechos consolidados, sino también a garantías o condiciones establecidas en la ley modificada.

Incluso debe indicarse que el Pacto de San José que contempla el compromiso de los Estados de lograr progresivamente la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, impone una estructura programática en torno al citado derecho, y la Convención americana sobre derechos humanos que en su artículo 26 contempla el compromiso “para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales”.

De otro lado, el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 estableció que los principios mínimos señalados en el 53 de la Constitución tienen “plena validez y eficacia” en materia de seguridad social. Esa alusión expresa de los principios constitucionales allí señalados, es la fuente donde se sustenta los principios laborales, y así no puede estimarse que sea un postulado exclusivo del “derecho del trabajo”, sino lógicamente aplicable a la seguridad social.

(…)

Esas, entre otras razones, obligan a que el juzgador asuma un visión amplia, en la que la aplicación mecánica de la norma dé paso a la realización de los principios mínimos fundamentales, que se encuentran plasmados en la Constitución Política, que garantizan la seguridad social y la imposibilidad de su menoscabo, lo que respalda la Ley 100 de 1993, que en su artículo 3º, no solo dispone su ampliación, sino su progresividad…”.

Directrices que también son plenamente aplicables al caso que ocupa la atención de la Sala y refuerza la postura que a través de esta decisión se está adoptando.

Por las razones expuestas, el tribunal no debió exigir el requisito de fidelidad al sistema —que, por lo dicho, es una condición regresiva—, y en consecuencia debió mantener la decisión del a quo”.

En este orden de ideas, se tiene que el sentenciador de segundo grado, no cometió los yerros jurídicos endilgados, y por consiguiente el cargo no puede prosperar.

De las costas del recurso extraordinario, serán a cargo del instituto recurrente por no haber salido avante la acusación, además que el cargo obtuvo réplica, las cuales se fijan en la suma de seis millones de pesos moneda corriente ($ 6.000.000).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 24 de febrero de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por Ana María Sánchez de Hernández contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se indicó en la parte motiva de la sentencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Carlos Ernesto Molina Monsalve—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.