Sentencia 52 de mayo 26 de 1986 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

PRINCIPIOS QUE REGLAN LA CASACIÓN

PENSIÓN DE JUBILACIÓN. PRESTACIÓN SOCIAL DE TRACTO SUCESIVO Y DE CARÁCTER VITALICIO

La pensión de jubilación por ser una prestación social de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, no prescribe en cuanto al derecho en sí mismo, sino en lo atinente a las mesadas dejadas de cobrar por espacio de tres años

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA

DUPLICIDAD DE PRESTACIONES POR UN MISMO RIESGO

La sustitución pensional a cargo del patrono no procede cuando los riesgos por la muerte del pensionado los cubre el Instituto de Seguros Sociales

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Enrique Daza Álvarez

Rad. 52. Acta Nº 12

Bogotá, D.E., veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y seis.

Teresa Gutiérrez vda. de Marroquín, identificada con la cédula de ciudadanía número 20.052.471 expedida en Bogotá, mediante apoderado judicial demandó a la sociedad Walter Rothlisberger & Co. Limitada, representada legalmente por su gerente general señor Jorge Rothlisberger, o por quien haga sus veces, para que previos los trámites de un juicio ordinario de trabajo se la condenara a pagarle reajustes de la pensión jubilatoria; a reintegrarle las cantidades ilegalmente deducidas de la pensión de jubilación a partir del mes de diciembre de 1978; a reajustarla las mesadas pensionales adicionales de diciembre de 1975 y siguientes; indemnización moratoria o en subsidio el valor “de los intereses de mora más la devaluación monetaria, aplicados a cada uno de los reajustes y sumas retenidas y que se solicitan en esta demanda”, y las costas del juicio.

La demanda se fundamenta en los hechos siguientes:

“1. La demandante viene disfrutando de una pensión jubilatoria reconocida y pagada por Walter Rothlisberger & Co. Limitada a partir del día 13 de diciembre de 1971.

2. La pensión jubilatoria pagada por la sociedad demandada a la demandante ascendía en 31 de diciembre de 1974 a la cantidad mensual de $ 4.837.80.

3. A partir del 1º de enero de 1975 la sociedad demandada reajustó la pensión jubilatoria de la demandante en un 27% del valor pagado a 31 de diciembre de 1974.

4. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 10 de 1972 la sociedad demandada ha debido reajustar la pensión jubilatoria de la demandante a partir del 1º de enero de 1975 en cuantía igual al porcentaje de variación del índice nacional de precios al consumidor durante el bienio inmediatamente anterior.

5. El porcentaje de variación que experimentó el índice nacional de precios al consumidor durante el bienio inmediatamente anterior al 1º de enero de 1975 fue de 58.98%.

6. Como consecuencia del reajuste efectuado a la pensión de la actora para el año de 1975 en cuantía inferior a la que legalmente correspondía, la sociedad demandada así mismo, y por consiguiente efectuó para el año de 1976 un reajuste en cuantía inferior a la que correspondía a la actora para ese año, en los términos de la Ley 4ª de 1976.

7. A partir del 1º de enero de 1977 la sociedad demandada reajustó la pensión jubilatoria de la demandante en un 15% del valor pagado a 31 de diciembre de 1976 más una suma fija de $ 105.

8. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 4ª de 1976 la sociedad demandada ha debido reajustar la pensión jubilatoria de la demandante a partir del 1º de enero de 1977 en la suma fija de $ 180 más el 15% del valor correspondiente a la pensión de la actora en 31 de diciembre de 1976.

9. A partir del 1º de enero de 1978 la sociedad demandada reajustó la pensión jubilatoria de la demandante en una suma fija de $ 285 más el 16% del valor pagado a 31 de diciembre de 1977.

10. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 4ª de 1976 la sociedad demandada ha debido reajustar la pensión jubilatoria de la demandante a partir del 1º de enero de 1978 en la suma fija de $ 390 más el 25% del valor correspondiente a la pensión de la actora en 31 de diciembre de 1977.

11. Desde el 1º de enero de 1978 y hasta el 30 de noviembre del mismo año la sociedad demandada venía pagando a la demandante por concepto de pensión jubilatoria la suma mensual de $ 10.081.

12. A partir del mes de diciembre de 1978 la sociedad demandada unilateralmente y sin autorización de la demandante rebajó el valor de la pensión a la suma mensual de $ 7.026.28.

13. A partir del 1º de enero de 1979 y por los años subsiguientes la sociedad demandada reajustó la pensión jubilatoria de la demandante de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1976, tomando como base una pensión jubilatoria muy inferior a la que legalmente correspondía a la actora.

14. Como consecuencia del menor valor pensional tomado en cuenta por la demandada para efectuar los reajustes pensionales correspondientes de conformidad con lo dispuesto por la Ley 4ª de 1976 para los años de 1980 y siguientes, la sociedad demandada, así mismo, y por consiguiente, efectuó para esos años unos reajustes en cuantía inferiores a los que le correspondían a la actora en los términos de la mencionada Ley 4ª de 1976.

15. La sociedad demandada adeuda así mismo a la actora los reajustes de las mesadas adicionales de diciembre por los años de 1975 y siguientes liquidados con el verdadero valor de la pensión correspondiente a la actora en dichos años.

16. Como consecuencia de no haber pagado oportunamente a la actora los reajustes pensionales y de mesadas adicionales que le correspondían por los años de 1975 y siguientes, así como por haberle rebajado el valor de dicha pensión en forma ilegal y sin autorización de la actora, la sociedad demandada adeuda así mismo a mi representada la indemnización moratoria consagrada en el artículo 8º de la Ley 10 de 1972 o, subsidiariamente, el valor de los intereses de mora más la devaluación monetaria sobre el valor de las sumas adeudadas, liquidados desde el día en que se produjo su causación hasta la fecha en que se realice el pago efectivo.

17. La demandante ha reclamado inútilmente a la sociedad demandada el pago de los derechos pensionales solicitados en la presente demanda”.

La parte demandada contestó la demanda por intermedio de apoderado, oponiéndose a las pretensiones de la actora, aceptando los hechos tercero, segundo, noveno y décimo primero; aclarando el primero y séptimo, manifestando respecto al octavo que se atiene a lo que se pruebe, y negando los demás. A su vez, el apoderado de la sociedad demandada propuso demanda de reconvención contra la señora Teresa Gutiérrez vda. de Marroquín para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“a) La señora Teresa Gutiérrez vda. de Marroquín viene gozando, desde el 13 de diciembre de 1971 de una pensión de jubilación, como sucesora de Raúl José Marroquín, compartida entre la sociedad Walter Rothlisberger & Co. Ltda. y el Instituto de Seguros Sociales;

b) La sociedad a la que se refiere el punto anterior pagó a la convenida el valor total de la pensión y los ajustes correspondientes a que hubiera tenido derecho su esposo, desde la fecha antes indicada hasta el 30 de noviembre de 1978, sin deducir las sumas que por el mismo concepto le fueron cubiertas por el Instituto de Seguros Sociales;

c) La señora Gutiérrez vda. de Marroquín recibió, durante el lapso indicado en los puntos anteriores, de la sociedad que represento dineros que no se le debían y que le fueron pagados porque ésta fue inducida en error;

d) Como consecuencia, la señora Gutiérrez vda. de Marroquín debe restituir a Walter Rothlisberger & Co. Ltda. las sumas que el Instituto de Seguros Sociales le pagó, por el concepto mencionado desde el 13 de diciembre de 1971 hasta el 30 de noviembre de 1978 y según la prueba que se aduzca;

e) La misma señora debe pagarle a Walter Rothlisberger & Co. Ltda. los intereses corrientes y moratorios sobre dichas sumas, desde cuando fueron recibidas por ella hasta cuando haga la restitución solicitada, y

f) En fin, debe pagar a la misma sociedad el valor de las costas procesales que la reconvención origine”.

La apoderada de la actora dio respuesta a la demanda de reconvención, oponiéndose a las pretensiones del contrademandante, manifestando respecto a los hechos, que no son ciertos y proponiendo las excepciones de falta de causa en la contrademandante, prescripción y compensación.

En la primera audiencia de trámite el apoderado de la demandada propuso las excepciones de prescripción y pago.

Cumplido el trámite de primera instancia el juzgado del conocimiento, que lo fue el Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, en fallo de 13 de marzo de 1985 resolvió condenar a la demandada a pagar a la demandante lo siguiente:

“a) $ 17.981.48 por concepto de reajuste de la pensión jubilatoria en el período comprendido entre el 26 de octubre de 1980 al 31 de diciembre del mismo año;

b) $ 114.745.92 por concepto de reajuste de la pensión jubilatoria correspondiente al 11 de enero de 1981 al 31 de diciembre del mismo año;

c) $ 130.077.08 por concepto del reajuste de la pensión jubilatoria correspondiente al período comprendido entre el 1º de enero de 1982 al 31 de diciembre del mismo año;

d) $ 152.973.36, por concepto del reajuste de la pensión jubilatoria correspondiente al período del 1º de enero al 31 de diciembre de 1983;

e) $ 101.513.16 por concepto de reajuste de la pensión jubilatoria correspondiente al período del 1º de enero de 1984 al 31 de julio del mismo año, o sea los 7 meses que aparecen de autos pagados y teniendo en cuenta que la pensión reajustada que debía pagarse es la de $ 34.378.88, y

f) $ 39.179.06 por concepto de reajuste de pensión jubilatoria mensual por el período comprendido entre el 1º de enero de 1985 al 31 de diciembre del mismo año”.

2. Condenar a la demandada Walter Rothlisberger & Co. Limitada a pagar a la demandante, Teresa Gutiérrez vda. de Marroquín, las siguientes sumas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia:

“a) $ 8.209.14 por concepto de reajuste de la mesada adicional de diciembre de 1980;

b) $ 9.562.16, por concepto de reajuste de la mesada pensional adicional de 1981, del mes de diciembre;

c) $ 10.835.59, por concepto de reajuste de la mesada pensional adicional de diciembre de 1982, y

d) $ 12.747.78, por concepto de reajuste de la mesada pensional adicional de diciembre de 1983”.

3. Absolver a la demandada, Walter Rothlisberger y Co. Limitada, de las demás pretensiones formuladas en su contra en demanda incoada por la demandante Teresa Gutiérrez vda. de Marroquín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

4. Absolver a la demandante, Teresa Gutiérrez vda. de Marroquín, de las pretensiones contenidad (sic) en su contra en la demanda de reconvención formulada por la demandada Walter Rothlisberger & Co. Limitada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

5. Declarar probada la excepción de prescripción de los reajustes pensionales por el período comprendido entre el 1º de enero de 1975 al 25 de octubre de 1980 y de las mesadas adicionales del período comprendido entre 1975 a 1979 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

6. Condenar en costas a la parte demandada en favor de la demandante. Oportunamente, tásense”.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, resolvió el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de las partes, mediante sentencia de fecha 31 de julio de 1985 en la que decidió:

“1. Modificar los apartes del a al f del numeral 1º, modificar los apartes del a al d del numeral 2º, modificar el numeral 3º y 5º de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá el 13 de marzo de 1985, la cual fue recurrida por los apoderados de ambas partes.

Las modificaciones quedarán así:

“a) El reajuste a la pensión de jubilación en el año de 1980 se determinó en la suma de $ 17.269.89 mensualmente, de donde se desprende que la demandada Walter Rothlisberger & Co. Ltda. debe pagar a la demandante Teresa Gutiérrez vda. de Marroquín por reajuste en ese año la suma de $ 94.261.57;

b) Para el año de 1981 la pensión se determinó en $ 20.423.36, por tanto la condena por reajuste a la misma demandada y a favor de la demandante es por $ 108.606.68 moneda corriente;

c) Para el año de 1982, la pensión reajustada queda en $ 23.745.79, la condena por reajuste total en ese año, es de $ 123.068.27 moneda corriente;

d) Para el año de 1983 la pensión reajustada es por valor de $ 28.162.65 moneda corriente, ascendiendo la condena por reajuste a $ 145.257.45;

e) La pensión reajustada por el año de 1984, queda en la suma de $ 32.605.66 mensuales, como la demandada en ese año estaba cancelando $ 19.877, la diferencia mensual que debe cubrir como condena la demandada es de $ 12.728.66, y

f) Para el año de 1985 la pensión reajustada es por valor mensual de $ 37.496.50 moneda corriente”.

En cuanto al numeral segundo (2º) tenemos:

“Las modificaciones al numeral segundo de la parte resolutiva son tenidas en cuenta por la sala dentro de los reajustes que se hicieron en las modificaciones al numeral 1º, en razón de ello y quedando incluidos allí, no es necesario volver a determinarlos”.

En cuanto a las modificaciones al numeral 3º tenemos:

“El juzgado del conocimiento absolvió por los reintegros que solicitó la demandante con base en la retención que desde diciembre de 1978 estaba haciendo la demandada de su pensión de jubilación sustituida, la sala condenó a ellos teniéndolos en cuenta al momento de proferir la decisión relacionada con los reajustes a las mesadas pensionales y a las mesadas adicionales de cada uno de los años que comprenden esos reajustes, por ende están incluidos en la decisión y condena de esos reajustes”.

En cuanto a las modificaciones del numeral 5º, tenemos lo siguiente:

“La prescripción cobija a la demandada únicamente del 18 de noviembre de 1978 para atrás, no desde el 26 de octubre de 1980, como lo determinó el a quo, en consecuencia de ello la sala dispone los reajustes a las mesadas pensionales de jubilación y a la mesada adicional para los años de 1979 y la parte de 1978 que no cobijó la prescripción, en lo que respecta a 1980 se incluyó en su totalidad en las modificaciones del numeral 1º.

I. Para 1978 la pensión quedó reajustada en $ 13.588.93 moneda corriente, con base en ese reajuste y a la parte de ese año que cobija la prescripción, el reajuste a cargo de la demandada del 19 de noviembre de 1978 al 31 de diciembre de ese mismo año incluyendo la mesada adicional es por valor de $ 8.302.10 y

II. Para el año de 1979 la mesada pensional queda en $ 14.406.04 moneda corriente, en consecuencia de ello el reajuste a que se ha de condenar a la demandada incluyendo la mesada adicional en ese año es por un total de $ 81.840.24.

2. Confirmar en todo lo demás el fallo de primera instancia, tanto en la demanda de reconvención.

3. Costas de esta segunda instancia a cargo de la demandada. Tásense”.

Recurrió en casación el apoderado de la parte demandada. Concedido el recurso por el tribunal y admitido por esta sala de la Corte se decidirá previo el estudio de la demanda extraordinaria y la réplica de la opositora.

El alcance de la impugnación se fijó en los siguientes términos:

“Pretendo que se case parcialmente la sentencia recurrida en el sentido de invalidar el numeral primero de su parte resolutiva para que obrando la honorable Corte como tribunal de instancia, proceda a revocar lo decidido en los numerales primero, segundo, quinto y sexto del fallo proferido por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, el trece de marzo de mil novecientos ochenta y cinco y, en su reemplazo declare probada la excepción de pago propuesta por la parte demandada en todo lo relativo al reajuste de la pensión y de las mesadas adicionales causadas con posterioridad al 18 de noviembre de 1978.

Igualmente, persigo que se absuelva a la parte demandada de la obligación de aumentar el monto de la pensión que ha venido pagando desde el 18 de noviembre de 1978, por haberse ajustado a la ley en los incrementos de rigor”.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral el impugnador presenta dos cargos, los que se estudiarán en su orden.

Primer cargo

Acuso la sentencia recurrida, dentro de la causal primera de casación, de ser violatoria de la ley sustancial, por interpretación errónea del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo; del 151 del Código Procesal del Trabajo, en relación con el artículo 19 del citado Código Sustantivo del Trabajo y de los artículos 1625, ordinal 18, y 2535 del Código Civil; con los artículos 260 y 275 del mencionado Código Sustantivo del Trabajo; con los artículos 12 de la Ley 171 de 1961 y 1º de la Ley 5ª de 1969; del artículo 15 del Decreto 435 de 1971; con los artículos 2º, 3º, 5º, 8º, 10, 11 y 13 de la Ley 10 de 1972; con los artículos 1º, 2º, 6º y 8º del Decreto 1672 de 1973; con los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 33 de 1973; con los artículos 1º, 2º, 5º y 6º del Decreto 690 de 1974; con los artículos 1º, 4º y 5º de la Ley 12 de 1975; de los artículos 1º, 5º, 8º y 12 de la Ley 4ª de 1976; y de los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 8º y 11 del Decreto Reglamentario 732 de 1976; y del artículo 1º del Decreto 958 de 1984.

Fundamentos de la acusación y concepto de la violación

Seguidamente el censor transcribe los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y sigue diciendo que dentro de la primera audiencia de trámite propuso la excepción de prescripción en los términos que transcribe, y continúa expresando: “De lo anteriormente transcrito se colige que no existe discrepancia ninguna respecto de la cuestión fáctica. En efecto, la sentencia da por establecido, y sobre esto no hay discusión, que la demandante es beneficiaria de la sustitución pensional por ser la cónyuge supérstite del señor Raúl Marroquín Marroquín quien falleció al servicio de la sociedad demandada después de haber cumplido los requisitos legales, necesarios para gozar de una pensión vitalicia de jubilación.

“e) El correcto entendimiento de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo, nos lleva a concluir que pasado el lapso de 3 años contados desde cuando la respectiva obligación se hizo exigible, ésta deja de existir jurídicamente porque conforme al artículo 2535 del Código Civil, la prescripción “extingue las acciones y derechos ajenos” y según el artículo 1625 ordinal 18 del mismo estatuto, la prescripción extingue toda obligación;

f) Entonces, entendidas tales normas en su verdadero sentido, cuando el tribunal expresó que “los reajustes a las mesadas pensionales a la mesada adicional causada con anterioridad al 18 de noviembre de 1978, están prescritas” (fls. 148 del cuaderno principal), simplemente dijo que tales incrementos se extinguieron legalmente que hoy no existen jurídicamente, que no hay nada más de lo que antes hubo;

g) Lo anterior tiene el obvio alcance de que sobre tales cenizas no se podrán hacer otros incrementos, pues, de otra manera, se despreciaría la realidad jurídica la realidad que los declaró extinguidos porque civil y laboralmente dejaron de existir;

h) No obstante lo anteriormente expresado, el ad quem que ya había declarado la prescripción de todos los derechos y acciones existentes hasta el 18 de noviembre de 1978 lo cual impedía tenerlos legalmente como soportes de la condena, resolvió liquidarlos para reconocerles su actual existencia jurídica a pesar de que habían extinguido por prescripción, montando sobre ellos una condena que obliga a incrementar la pensión a que la empresa demandada está obligada. Es decir, si se declararon prescritos los derechos y las acciones que tenía la actora durante cierto tiempo, tales derechos ya habían dejado de existir jurídicamente y la sociedad que represento no puede ser obligada a pagar aquellos incrementos como si existieran en todo su vigor real.

La pensión, jurídicamente, tiene la magnitud cuantitativa que sea legalmente exigible, y no otra, de tal modo que si, por el fenómeno de la prescripción de los reajustes, no se pude exigir a la demandada un pago mayor al que ya hizo, tampoco se le puede imponer una sobrecarga que implique gravarla con lo que ya no tenía que pagar ni se puede afirmar que tal pensión debe ser superior al quántum que la ley le reconoce como exigible.

Sucede que el juez debe tener en cuenta como nivel patrimonial de la pensión aludida, el monto de ella, sin menospreciar el efecto que tuvo la prescripción en los reajustes pensionales. De otro modo, sería interpretar las normas citadas en el cargo (CST, art. 488; CPT, art. 151; C.C., art. 2535, etc.), en un sentido contrario al querido por la ley, pues, se le hará decir que tales derechos (los reajustes pensionales) se extinguieron sólo para el efecto del pago, pero no, se extinguieron para los demás efectos legales, lo cual no es el correcto entendimiento de las normas citadas como violadas en este cargo;

i) Las otras disposiciones legales que se han invocado se relacionan con la consagración de la pensión y sus reajustes; todas estas normas son las que realmente regulan el caso sometido a la decisión del tribunal por lo que fueron bien elegidas por el fallador, sólo que las violó a pesar de su pertinencia porque las hizo en un sentido diferente al querido por el legislador, como consecuencia de la errónea interpretación que hizo el juez de primera instancia de las normas relativas a la prescripción.

En efecto, los artículos aludidos, consagratorios de la pensión de jubilación y sus incrementos, expresan la voluntad del legislador sobre los reajustes durante la vigencia de la Ley 10 de 1972, artículo 2º y su Decreto Reglamentario 1672 de 1973, artículo 2º en el sentido de que se hagan “automáticamente cada dos años en proporción igual al porcentaje de variación que haya experimentado el índice nacional de precios al consumidor, durante el bienio inmediatamente anterior y que se hagan cada año conforme al artículo 8º de la Ley 4ª de 1976, tomando como punto de partida el monto que existía el 31 de diciembre de 1974, para el primer reajuste”. Los otros aumentos de valor según las mismas normas, deben considerar el monto que tenía la pensión el 31 de diciembre de 1976. De donde resulta que si, por efectos de la prescripción, el valor de la pensión no resultó modificado (sanción legal para el acreedor), no se puede obtener después de haberse consumado esa prescripción, que el reajuste toma en cuenta la pensión de varios años, lo que podía hacerse antes de que se operara este fenómeno y no cuando ya se extinguieron los derechos y acciones consiguientes, y

j) El ad quem, no obstante haber elegido bien las normas pertinentes para resolver el caso sometido a su decisión, violó tales disposiciones porque no las interpretó cabalmente, sino que las hizo actuar de modo distinto al querido por el legislador porque, como ya se vio, éste quiso que mediante las normas relativas a la prescripción, una vez consumada ésta, los derechos y acciones afectados se extinguieron definitivamente, al paso que el tribunal en el fallo acusado, contra la voluntad legal, no consideró extinguidos los reajustes ya prescritos y los liquidó para cimentar sobre ellos una condena superior a la que es legalmente exigible. Así procedió como se lee a los folios 139 a 144 del cuaderno principal cuyo texto no se transcribe íntegramente en gracia de la brevedad, toda vez que allí se encuentra que los reajustes se liquidaron tomando como base “el mayor bienio comprendido entre el 31 de diciembre de 1972 y el 31 de diciembre de 1974”.

Los reajustes a las mesadas pensionales y a la mesada adicional causados con anterioridad al 18 de noviembre de 1978 están prescritos (fl. 148 del cuaderno principal). ¿Y si estaban prescritos o extinguidos los anteriores a esa fecha para qué se liquidaron? Jurídicamente ya no existían conforme se demostró y por corresponder esto a una correcta interpretación de las normas citadas, el juez le dio a las mismas un sentido que no tienen, o lo que es mejor las interpretó erróneamente al aplicarlas al caso controvertido.

Incidencia

La violación de las disposiciones mencionadas en este cargo, por interpretación errónea de ellas, tuvo incidencia en la parte resolutiva de la sentencia impugnada ya que ésa, con algunas modificaciones confirmó la de primer grado teniendo en cuenta reajustes ya prescritos, es decir, aquéllos anteriores al 18 de noviembre de 1978. Así lo resolvió dicha sentencia en el numeral 1º de su parte resolutiva.

De no haber violado el juez las normas sustanciales antes citadas el tribunal habría decidido de modo diferente, vale decir, habría modificado el fallo de primer grado en el sentido de resolver que los reajustes anteriores al 18 de noviembre de 1978 no podían tomarse en consideración para liquidar los incrementos futuros, y habría absuelto a la parte demandada por este concepto.

“Con la prosperidad de este cargo pretendo obtener que se case parcialmente la sentencia acusada, en el sentido de invalidar el numeral 1º de su parte resolutiva para que, obrando la Corte como tribunal de instancia, proceda a revocar lo decidido en los numerales primero, segundo, quinto y sexto del fallo proferido por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, el 13 de marzo de mil novecientos ochenta y cinco (1985) y, en su lugar, resuelva declarar probada la excepción de pago propuesta por mi patrocinada respecto de la petición relativa al reajuste de la pensión y de las mesadas adicionales causadas con posterioridad al 18 de noviembre de 1978”.

La opositora responde al respecto:

“Este primer cargo de la demanda de casación, formulado por interpretación errónea de las normas reguladoras de la prescripción adolece de las siguientes fallas técnicas que lo hacen completamente inadmisible:

a) Afirma el recurrente que el tribunal interpretó erróneamente las normas sobre prescripción contenidas en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo, en relación con otras normas que regulan la pensión de jubilación, sus reajustes y sustitución, pero inexplicablemente omitió indicar la forma en que estas últimas fueron violadas, por lo cual la proposición jurídica quedó incompleta y la acusación mal formulada.

Según reiterada jurisprudencia de esa honorable corporación, el recurso de casación no permite la acusación de la sentencia impugnada por haber infringido solamente normas sobre prescripción de acciones sin que al mismo tiempo se precise la forma de violación de las normas consagratorias de los derechos sustanciales que se reconozcan o denieguen;

b) Aunque el impugnador no indicó la forma como presuntamente fueron violadas las normas que cita reguladoras de la pensión de jubilación, su sustitución y reajustes, en alguna parte de su demanda afirma que a dichas normas “no se les interpretó cabalmente y se les hizo actuar de modo distinto al querido por el legislador” (fl. 13, cdno. de la Corte).

Según ha precisado esa honorable corporación, la interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso extraordinario cuando el sentenciador halla en la norma “una inteligencia o un alcance distinto de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado y erróneo; de aquí que el casacionista esté obligado en su demanda a indicar cuál fue el sentido errado que le imprimió el juzgador y cuál el verdadero que debió darle” (Sent. ene. 24/73. Cinco años de jurisprudencia laboral, 1972-1976. Legis, pág. 123).

Pero en la sentencia acusada el tribunal no efectuó ninguna interpretación de las normas que regulan la pensión de jubilación, sus reajustes y sustitución, y el casacionista tampoco lo hace en su demanda. Por consiguiente no hay manera de enfrentar la interpretación del impugnador con la del ad quem. En estas condiciones el ataque por interpretación errónea quedó mal formulado. Si lo que pretendió el demandante fue plantear la aplicación indebida de unas normas como consecuencia de la interpretación errónea de otras, debió formular así su ataque y además demostrarlo. Pero no lo hizo y la Corte no puede oficiosamente alterar o variar la acusación del impugnador ni suplir, en este preciso punto, las deficiencias de la demanda de casación;

c) En el alcance de la impugnación indicado para este cargo el recurrente solicita que la Corte declare probada la excepción de pago propuesta por la demandada en la primera audiencia de trámite (fl. 37). Pero en la formulación del cargo no se señalan como violadas las normas reguladoras de esta forma de extinguir las obligaciones ni dentro del desarrollo de la acusación se hace la más mínima referencia a las mismas. No existe pues relación o concordancia entre el alcance de la impugnación y el cargo. Las obligaciones se extinguen en primer lugar por el pago efectivo (C.C., art. 1625) y lógicamente sólo aquéllas que no se hayan solucionado por el pago pueden extinguirse por la prescripción. Mal puede el impugnador proponerle a la Corte que absuelva a su representada —porque pagó— pero afirmando en su alegato que aunque no pagó, su deuda —que no pagó— se extinguió por prescripción;

d) De otra parte, saber si la demandante interrumpió o no la prescripción , si lo hizo oportunamente y si dicha interrupción surtió o no efectos, son cuestiones de hecho completamente ajenas a la interpretación errónea que el impugnador escogió como vía para acusar la sentencia del tribunal superior.

En el improbable evento de que a pesar de las graves fallas técnicas anteriormente indicadas, todas insubsanables de oficio por la Corte, esa honorable sala decidiera entrar a estudiar la excepción de prescripción desarrollada por el recurrente en este primer cargo, la misma no puede prosperar por cuanto el derecho a la pensión de jubilación y sus reajustes no prescribe. A continuación la opositora transcribe apartes de una sentencia de la que fue ponente el honorable magistrado doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, extraída de la Revista Jurisprudencia y Doctrina, tomo Vl, páginas 791 y 792, así como también transcribe aparte de sentencias de la Corte referentes a la prescripción con fechas 18 de diciembre de 1964, 31 de enero de 1984 y 21 de octubre de 1985”.

Se considera

El censor no está de acuerdo con que el tribunal hubiese revisado el reajuste previsto en la Ley 10 de 1972, artículo 2º, que hizo la entidad demandada en 1975, pues estima en síntesis, que el derecho de la demandante a que tal reajuste se le efectuara sobre la pensión que venía disfrutando se extinguió por prescripción en razón a que, según el mismo sentenciador lo declaró: ...“los reajustes a las mesadas pensionales y a la mesada adicional causados con anterioridad al 18 de noviembre de 1978 están prescritos, por ende sólo tiene derecho a los reajustes y mesadas adicionales causadas desde el 19 de noviembre de 1978 a la fecha en que se concedieron” (ver fl. 148, cuaderno de instancias). Dicho en otros términos, el tribunal reliquidó el reajuste dispuesto por la Ley 10 de 1972 y su Decreto Reglamentario 1672 de 1973, que efectuó la entidad demandada el 1º de enero de 1975, pese a que declaró la prescripción de los reajustes causados con anterioridad al 18 de noviembre de 1978, conforme quedó visto.

Advierte la sala que al ser examinada la sentencia recurrida, se desprende que el ad quem hizo una distinción entre los dos derechos pecuniarios derivados inmediatamente del reajuste pensional, los cuales declaró prescritos, y la proyección futura del mismo, cosa que implica una indudable interpretación de los correspondientes preceptos legales, aunque ella no haya sido claramente motivada. De manera que el cargo es procedente en tanto acusa a la sentencia recurrida por interpretación errónea de las normas citadas en la proposición jurídica que es, además, suficiente en vista de que contiene los preceptos que regulan la situación jurídica definida en el fallo. De otra parte, no se advierte que el impugnante cuestione las conclusiones fácticas del sentenciador en cuanto a la interrupción de la prescripción y a los demás aspectos de esta índole, sino que refiriéndose a ellas las comparte, ciñéndose así a los principios que reglan la casación.

Ahora bien, respecto al fondo del asunto se observa que conforme lo ha definido la jurisprudencia, la pensión de jubilación por ser una prestación social de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, no prescribe en cuanto al derecho en sí mismo, sino en lo atinente a las mesadas dejadas de cobrar por espacio de tres años, y, además trae aparejada una situación jurídica regulada por la ley que, entre otras cosas, incluye los reajustes económicos de tal derecho. Estos reajustes como integrantes del status pensional son circunstanciales a él y, por ende, no prescriben en cuanto tales, sino en tanto afectan la cuantía de determinadas mesadas. De suerte que la potencialidad del reajuste legal no desaparece por prescripción con arreglo a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral, sino que se extingue la incidencia que el ajuste pudo haber tenido en ciertas mensualidades que se percibieron sin que el acreedor hubiera objetado su cuantía durante el término prescriptivo de tres años. Así, en la práctica, el reajuste dispuesto por la Ley 10 de 1972 tiene incidencia en las mesadas del 1º de enero de 1975 en adelante y, si como ocurrió en este caso sólo vino a reclamarse acerca de tal reajuste el 19 de octubre de 1981, es claro que la incidencia del reajuste prescribió hasta el 19 de octubre de 1978, pero de ahí en adelante tiene toda su eficacia ya que integra la situación legal del jubilado.

Así las cosas resulta acertada la interpretación del tribunal, y, por consiguiente, el cargo no prospera.

Segundo cargo

Acuso la sentencia recurrida dentro de la causal primera de casación de ser violatoria de la ley sustancial, por interpretación errónea de los artículos 259, 260 y 275 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 12 de la Ley 171 de 1961; artículo 5º de la Ley 4ª de 1976; artículo 1º del Decreto 3041 de 1966 (Ac. 224/66 emanado del consejo directivo del ISS); artículo 1º de la Ley 5ª de 1969; artículo 15 del Decreto 435 de 1971; artículo 10 de la Ley 10 de 1972; artículos 1º, 2º, 3º, 6º del Decreto 1672 de 1973; artículos 1º a 4º de la Ley 33 de 1973; artículos 1º a 8º del Decreto 690 de 1974; artículos 1º y 4º de la Ley 12 de 1975; artículos 1º y 8º de la Ley 4ª de 1976; artículos 2º y 3º del Decreto 732 de 1976 y el Decreto 958 de 1984.

Violación

a) En la pretensión e de la demanda se pide que se condene a mi poderdante a reintegrar a la actora “las sumas ilegalmente deducidas y retenidas por la sociedad demandada de la pensión de jubilación a partir del mes de diciembre de 1978.

En la causa petendi invoca como soporte fáctico de la aludida pretensión, que:

“Desde el 1º de enero de 1978 y hasta el 30 de noviembre del mismo año, la sociedad demandada venía pagando a la demandante por concepto de pensión jubilatoria la suma mensual de $ 10.081.

A partir del mes de diciembre de 1978, la sociedad demandada unilateralmente y sin autorización de la demandante rebajó el valor de la pensión a la suma mensual de $ 7.026.28 (fl. 5)”;

b) La sociedad demandada al contestar el libelo inicial, aceptó haber rebajado el monto de la pensión en la cuantía aludida (fl. 12 vto.). Luego sobre tal aspecto de hecho no hay discusión en el debate. Lo que sí es motivo de controversia o deducción, es o no legal.

La parte demandada explicó que su conducta se ajustaba a derecho porque el Instituto de Seguros Sociales asumió parcialmente el pago de la mencionada pensión, en cuantía de $ 3.054.72, luego a la empresa no le quedaba la obligación de pagar el resto para completar la suma de $ 10.081 que venía percibiendo la demandante por esa época;

c) El ad quem consideró que la empresa demandada estaba obligada a “reintegrar las sumas que descontó desde diciembre de 1978” a la demandante se le reconoció una pensión de viudez que tiene causas y razones distintas a la de vejez según los artículos 20 y siguientes del reglamento general de los Seguros Sociales.

De la sentencia dictada por el tribunal se concluye que “a la demandante se le reconoció una pensión de viudez” y que “aquí no hay reconocimiento de pensión de vejez para que la demandada hubiera optado (sic) la posición de una pensión compartida”.

Es decir no hay discusión sobre el hecho de que el Instituto de Seguros Sociales pensionó a la demandante. Sobre lo que sí existe discrepancia es sobre la calificación jurídica de esta pensión, sobre su naturaleza, sobre sus efectos frente a la pensión que venía pagando mi poderdante a la actora;

d) El ad quem eligió bien las normas que regulan el caso controvertido, pues son las aplicables, pero, erró en su interpretación al decidir el litigio, y

e) En esa apreciación de derecho erró el tribunal porque al paso que la pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales en la Resolución 1119 del 28 de febrero de 1972 (fl. 21), denominada “pensión de sobrevivientes” o “pensión de viudez” es la misma que venía reconociendo y reconoce a la actora la sociedad demandada y, por eso, creyó equivocadamente que son dos pensiones de naturaleza distinta.

En efecto, se trata de una misma pensión a la cual se refiere el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo y consagrada en el artículo 260 de la misma obra, pensión que el artículo 275 ibídem denomina “pensión en caso de muerte” del trabajador, para radicarla en cabeza de “su cónyuge y sus hijos menores de 18 años”.

A ella se refieren también el artículo el 12 de la Ley 171 de 1961, el 5º de la Ley 4ª de 1966 (sic), el 1º de la Ley 5ª de 1969, el 15 del Decreto 435 de 1971, el 10 de la Ley 10 de 1972 y el Decreto Reglamentario de la misma señalado con el número 1672 de 1973 en sus artículos 1º, 2º, 3º y 6º; pensión que la Ley 33 de 1973, artículos 1º al 4º transformó en vitalicia para las viudas, ley que fue reglamentada por el Decreto 690 de 1974, y que a partir de la Ley 12 de 1975 empezó a denominarse “pensión especial para sobrevivientes” aunque la ley haya seguido llamándola “sustitución pensional”. Esta pensión que recibe la cónyuge sobreviviente y sus hijos, la llamó la Ley 4ª de 1976 “pensión de sobrevivientes” sin abandonar la denominación de “sustitución pensional”.

Entonces, el Decreto 732 de 1976, en su artículo 2º, reconoce el mismo “status” a los beneficiarios de la pensión de que venimos hablando y al cual se refieren los artículos 1º de la Ley 4ª de 1976 y 3º del Decreto 732 del mismo año, en los cuales regula la obligación de reajustes tanto para las empresas como para el Instituto de Seguros Sociales.

El Decreto 3041 de 1966, en su artículo 1º, aprobó el reglamento general del seguro de invalidez, vejez y muerte expedido por el consejo directivo del Instituto de Seguros Sociales mediante el Acuerdo 224 de 1966 en cuyos artículos 20 y siguientes se consagró la asunción del riesgo de la pensión de sobrevivientes a la que se hace referencia anteriormente, y en los artículos 60 y 61 se determinó la forma de compartir el riesgo aludido entre los patronos y el Instituto de Seguros Sociales.

Esta larga enumeración de leyes ha sido necesaria para demostrar que, aunque son distintos los nombres, la pensión que la empresa y el Instituto de Seguros Sociales ha venido pagando a la demandante, es una sola, creada, modificada y reglamentada por las normas citadas en este cargo.

Luego no es que el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, creó una pensión diferente a la que tenía a su cargo las empresas y a las que se refieren las normas antes citadas, sino simplemente que se reglamentó el pago compartido de la pensión.

En consecuencia, es una misma pensión y no dos diferentes la que viene recibiendo la señora de Marroquín de la sociedad Walter Rothlisberger & Co. Ltda. y del Instituto de Seguros Sociales.

Al haber interpretado el tribunal erradamente las disposiciones aludidas, se consagran dos pensiones distintas para la viuda del señor Raúl Marroquín Marroquín fallecido en goce de la pensión de jubilación cuando tales disposiciones demuestran, a las claras, que es una sola.

Incidencia

La violación de las normas mencionadas, tuvo incidencia en la parte resolutiva de la sentencia acusada, pues ésta ha debido absolver por tal concepto a mi representada ya que la pensión sí es compartida entre la empresa y el Instituto de Seguros Sociales, y por lo tanto, sí podía descontar la primera lo que pagaba el segundo. Sin embargo, en vez de absoluciones impuso la condena.

Si el tribunal hubiera interpretado bien las normas citadas en este cargo, habría absuelto a Walter Rothlisberger & Co. Ltda. en todo lo que se refiere al reintegro a favor de la demandante de todas las sumas deducidas al considerar que se trata aquí de una pensión compartida.

Alcances del recurso con base en este segundo cargo

“Con la prosperidad del recurso de casación basado en este segundo cargo, pretendo obtener que se case parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral el día 31 de julio de 1985 en este proceso, en sus numerales 1º, 2º y 3º para que, obrando la Corte como tribunal de instancia, proceda a revocar los numerales 1º, 2º y 6º de la sentencia proferida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, fechada el 13 de marzo de 1985, y en su lugar se absuelva a la sociedad demandada de la obligación de reintegrar a la señora Teresa Gutiérrez vda. de Marroquín las sumas descontadas desde el 1º de diciembre de 1978 en adelante”.

Al respecto responde la opositora:

Este segundo cargo de la demanda de casación, formulado igualmente por interpretación errónea, adolece de las siguientes fallas técnicas que lo hacen inadmisible:

“a) Al precisar el alcance de la impugnación de su segundo cargo (fl. 17 del cuaderno de la Corte) el impugnador pide que la sentencia impugnada se case parcialmente, en sus numerales 1º, 2º y 3º. Pero acontece que los ordinales 1º, 2º y 3º son los únicos que contienen la sentencia del tribunal superior, de manera que pareciera como si el demandante solicitara la casación total de la sentencia. Sin embargo, pide que la Corte como tribunal de instancia revoque los ordinales 1º, 2º y 6º del fallo de primer grado (fl. 18 del cuaderno de la Corte). Pareciera entonces como si los numerales 3º, 4º y 5º del fallo de primera instancia debieran mantenerse, pero es evidente que el impugnador solicita que la Corte case el numeral 2º de la sentencia del tribunal que confirma los numerales de la parte resolutiva de la sentencia del a quo cuya revocatoria o modificación no solicita en el alcance de la impugnación;

b) En el alcance de la impugnación precisado para su segundo cargo (fl. 18 del cuaderno de la Corte) solicita el impugnador que en lugar de los numerales 1º, 2º y 6º de la sentencia de primera instancia se absuelva a la demandada de la obligación de reintegrar a la demandante unas sumas de dinero descontadas desde el 1º de diciembre de 1978. Pero inexplicablemente también pide la revocatoria de las condenas proferidas por el a quo por concepto de reajustes pensionales, punto al cual no se refirió para nada el impugnador en su segundo cargo;

c) Formulado igualmente por interpretación errónea, este segundo cargo involucra en su desarrollo innumerables cuestiones fácticas ajenas a este tipo o modalidad de acusación. Saber si la pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales a la demandante fue de viudez o de vejez, conocer y precisar la calificación de dicha pensión y su naturaleza así como su cuantía, sólo es posible hacerlo a través del estudio de las pruebas pertinentes ya que no hay coincidencia sobre estos puntos entre la sentencia impugnada y la impugnación;

d) La modalidad de impugnación por interpretación errónea supone que el juzgador haya hecho una exégesis de las normas correspondientes. Supone también una exégesis de la impugnación diversa la exégesis del ad quem. Supone finalmente un enfrentamiento entre las dos exégesis para que la Corte escoja la del recurrente y deseche la del tribunal. Sin embargo, ni el tribunal hizo una interpretación de las normas que según el impugnador interpretó con error ni el impugnador hace la suya, ni presenta el cotejo entre las dos interpretaciones para que, enfrentadas, la Corte acoja la del impugnador y deseche la del tribunal. También por este aspecto este segundo cargo quedó mal formulado.

Pero tampoco en el fondo este segundo cargo puede prosperar ya que el ad quem sí aplicó correctamente las normas señaladas en relación con los presupuestos fácticos demostrados dentro del proceso y acorde con la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia. En efecto, en sentencia de 9 de marzo de 1978, con ponencia del honorable magistrado doctor Juan Hernández Sáenz, esa honorable corporación expresó: seguidamente la opositora transcribe apartes de la sentencia que cita, y continúa diciendo:

“Confunde el recurrente la pensión de jubilación con la pensión de viudez y de orfandad que reconoce el Instituto de Seguros Sociales en sustitución del seguro de vida o seguro por muerte del trabajador. La pensión de sobrevivientes en el caso que nos ocupa, se causó como consecuencia de la muerte del trabajador activo y no como consecuencia de la muerte de un trabajador pensionado, pues si éste hubiera fallecido después de entrar a disfrutar de su pensión de jubilación a cargo de la empresa demandada, su viuda no hubiera tenido derecho a la pensión de sobrevivientes o seguro por muerte que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció, por cuanto dicha prestación no es aplicable para el caso de pensionados. De igual manera, si el señor Raúl José Marroquín no hubiera tenido el número de semanas de cotización requerido por el Instituto de Seguros Sociales para otorgarle la pensión de viudez a la demandante, ésta solamente habría tenido derecho al pago de una suma fija por concepto del seguro de vida, suma que, de aceptarse la tesis del recurrente, habría tenido que descontarse del valor de la pensión de jubilación.

El señor Raúl José Marroquín laboró al servicio de la sociedad demandada por más de 20 años y murió, después de haber cumplido los 60 años de edad, el día 13 de diciembre de 1971, razón por la cual la empresa reconoció a favor de su viuda, la señora Teresa Gutiérrez, “a partir del 13 de diciembre de 1971 y por el término de cinco años,... la pensión de que trata el artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo y especialmente el 15 del Decreto 435 de 1971” (fls. 83 a 85 del expediente).

En el mismo documento anteriormente citado, la empresa demandada sostiene que “el señor Raúl José Marroquín Marroquín estaba amparado, al momento de su muerte, por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales en cuanto al seguro de vida colectivo obligatorio y, en consecuencia, la sociedad quedó legalmente exonerada de esta obligación, la que debe cumplirse por el citado instituto en relación con sus beneficiarios” (fl. 84).

Como el señor Raúl José Marroquín Marroquín laboró al servicio de la demandada por espacio superior a veinte años y tenía cumplidos los 55 años de edad, para la fecha de su fallecimiento (dic. 13/71) ya se había causado en su favor la pensión plena vitalicia de jubilación consagrada en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo a cargo de la mencionada empresa, pensión que, conforme a las disposiciones legales vigentes, se sustituyó en forma vitalicia en favor de su viuda.

Independientemente de la pensión de jubilación anteriormente indicada, el Instituto de Seguros Sociales reconoció a la demandante la pensión de viudez o de sobrevivientes, sustitutiva de las prestaciones por seguro de vida colectivo obligatorio, prestación ésta que se deriva de la muerte del trabajador afiliado y que está, como bien lo afirmó la demandada desde el momento en que reconoció la sustitución pensional en favor de la actora, a cargo del mencionado instituto.

Según el numeral 2º del artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, “las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejarán de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo instituto”.

La pensión de jubilación causada en favor de José Raúl Marroquín y sustituida en favor de su viuda, se encuentra consagrada en el capítulo II del título IX del Código Sustantivo del Trabajo y el seguro de vida colectivo obligatorio se encuentra consagrado en el capítulo V del mismo título, siendo prestaciones totalmente independientes, ya que la pensión de jubilación se causa al cumplir la edad y el tiempo de servicios consagrado en la ley y las prestaciones correspondientes al seguro de vida se causa como consecuencia del fallecimiento del trabajador. Así lo entendió, correctamente, la empresa demandada cuando produjo el documento de folios 83 a 85 del expediente, en el cual hizo énfasis de que concedía la pensión de jubilación consagrada en el artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo y que las prestaciones correspondientes por concepto de seguro de vida colectivo obligatorio quedaban a cargo del Instituto de Seguros Sociales.

En estas condiciones, mal puede ahora el recurrente pretender que del valor de la pensión de jubilación que por sustitución del señor José Raúl Marroquín Marroquín viene pagando a la demandante, se deduzcan las sumas que por concepto de pensión de sobrevivientes (sustitutiva de las prestaciones por seguro de vida colectivo obligatorio), ha venido pagando a la misma actora el Instituto de Seguros Sociales, pues como ya se dijo, se trata de dos prestaciones que tienen distinto origen: la primera el tiempo de servicios a una misma empresa del trabajador fallecido, y la segunda su muerte. Bien distinto sería el caso en el evento de que el Instituto de Seguros Sociales hubiera reconocido a la actora la sustitución de la pensión de vejez por haber completado el señor José Raúl Marroquín las semanas de cotización exigidas para tal efecto, situación que no se presenta y que, por lo demás, no se demostró en el proceso que el mencionado señor hubiera cotizado a dicho instituto el número de semanas necesario para tal efecto que es distinto al número de semanas exigidas para otorgar las prestaciones por muerte”.

Se considera

El tribunal parte de los siguientes supuestos de hecho que el casacionista no discute: que la señora Teresa Gutiérrez de Marroquín debido a la muerte de su esposo, lo sustituyó en la pensión que la entidad demandada le debía y a la vez recibió del Instituto de Seguros Sociales la pensión establecida en el evento de muerte del asegurado, y que la empresa demandada resolvió a partir de diciembre de 1978 reducir el monto de la mensualidad pensional, restándole el valor de la mesada que el Instituto de Seguros Sociales reconocía por viudez.

La discrepancia del censor es, pues, jurídica ya que mientras el tribunal interpreta las correspondientes disposiciones excluyendo la validez legal de una pensión compartida en este caso, aquél defiende la licitud del criterio adoptado por el patrono. Por consiguiente, el cargo está bien planteado al invocar interpretación errónea, de ahí que no tengan razón las objeciones técnicas de la opositora a estos puntos. Tampoco son de recibo las críticas en cuanto al alcance de la impugnación, por cuanto es claro que el recurrente busca anular la sentencia acusada en tanto ordenó el reintegro a la demandante de las sumas que le fueron descontadas por la demandada a partir de diciembre de 1978 para que, en sede de instancia, la Corte absuelva a ésta del reclamo atinente al reintegro de dichas sumas.

Acerca de la tesis jurídica planteada el tribunal expresó:

“Esta disposición que hemos transcrito determina que se comparte entre el patrono y el instituto la pensión de jubilación con la pensión de vejez, para los casos en los cuales el trabajador llevaba 15 años o más con el patrono cuando el riesgo de invalidez, vejez y muerte pasó a tomarlo el Seguro Social y toda vez que éste es uno de los casos especiales de transición en ese cambio de riesgos.

La pensión compartida que se indica en las normas del reglamento general de los Seguros Sociales es cuando hay reconocimiento de pensión de jubilación por el patrono y no se sigue cotizando para que una vez tenga las cotizaciones exigidas por el Seguro Social para otorgar la pensión de vejez, una vez que el Seguro Social reconozca esa pensión de vejez al patrono sólo le corresponde pagar la diferencia de lo que paga el Seguro Social por vejez y el mayor valor que hubiere con la pensión de jubilación, éste sería el caso de la pensión compartida.

A la demandante se le reconoció una pensión de viudez que tiene causas y razones distintas a la de vejez en el artículo 20 y siguientes del reglamento general de los Seguros Sociales.

En consecuencia la demandada está obligada a reintegrar las sumas que descontó desde diciembre de 1978, esto ya quedó determinado al hacer las condenas por los reajustes de los años de 1978 y siguientes, pues allí se hizo con base en la pensión de jubilación sustituida que le correspondía a la demandante” (fls. 146 y 147, C. 1).

Esta interpretación no se ciñe al sentido verdadero que tienen las normas aplicadas atinentes al cambio de sistema de pago directo de prestaciones por parte del patrono al Instituto de Seguros Sociales, puesto que como lo ha señalado la jurisprudencia de esta sala de la Corte, con rectificación del criterio citado por la opositora:

“Debe descartarse la posibilidad de que en una misma persona se acumulen prestaciones provenientes de distintos sistemas, diseñados para sucederse el uno al otro, para sustituirse, pero en ningún caso para operar simultáneamente, duplicando prestaciones por un mismo riesgo, acumulándolas por una misma causa, en contra de los principios generales del derecho prestacional, de la seguridad social y del principio elemental non bis in ídem”.

El principio de unidad, aplicado al amparo, a las contingencias y a las correspondientes prestaciones rige por lo tanto en nuestro derecho positivo, tanto para el sistema prestacional directo, a cargo del patrono, como el de seguridad social contributiva y para la etapa de tránsito del uno al otro” (Sent. sep. 1º/81 y dic. 9/81. M.P. Fernando Uribe Restrepo; Sent. jul. 25/85, M.P. Juan Hernández Sáenz).

En la citada sentencia del 9 de diciembre de 1981, radicación 7474, la jurisprudencia es más específica al señalar:

“De acuerdo con las normas anteriores, y con los principios generales sobre el tránsito de sistemas prestacionales, el de las patronales directas a las del seguro social obligatorio y contributivo, conforme las ha interpretado la abundante jurisprudencia reciente, se tiene que tanto el derecho a la sustitución de la pensión de jubilación como el seguro de vida colectivo obligatorio consagrado en favor de los herederos o beneficiarios del trabajador fallecido, debe ser sustituido conforme a la ley y a los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales por las llamadas “prestaciones en caso de muerte” como son las pensiones de viudez y orfandad de acuerdo con el nuevo régimen de seguridad social”.

Conforme a lo anterior, sin duda, el ad quem incurrió en interpretación errónea ya que en este caso, el patrono no tiene obligación alguna de pagar sustitución pensional, pues el riesgo de la muerte del pensionado fue cubierto por el Instituto de Seguros Sociales. Pero el cargo no está idóneamente formulado porque si se acusa a la sentencia por interpretación errónea de la ley, el recurrente tiene el deber de explicar cuál fue el sentido errado que dio el sentenciador a las normas legales y cuál el correcto que debió dar, ya que la Corte no puede en casación actuar oficiosamente, sino que ha de seguir el derrotero que le señala el casacionista; de ahí que si tal camino resulta errado la impugnación se frustra.

Pues bien, en el presente asunto el ataque plantea una interpretación distinta de la que hizo el tribunal pero igualmente equivocada, como es la de entender que la ley autoriza el pago de una pensión compartida entre el patrono y el Instituto de Seguros Sociales para la situación de la actora, lo cual no es acertado según los principios jurisprudenciales analizados. Tampoco es cierto que se trate de una sola pensión, pues es evidente de acuerdo con el análisis que hace la jurisprudencia que se trata de dos pensiones distintas llamadas a sustituirse la una de la otra. Por consiguiente, el cargo no está llamado a prosperar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha treinta y uno (31) de julio de mil novecientos ochenta y cinco (1985), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en el juicio promovido por Teresa Gutiérrez vda. de Marroquín contra Walter Rothlisberger & Co. Ltda.

Costas a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Manuel Enrique Daza Álvarez—Nemesio Camacho Rodríguez—Fernando Uribe Restrepo. 

Bertha Salazar Velasco, Secretaria.

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