Sentencia 5203 de noviembre 25 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN FINANCIERA A SUPERSOCIEDADES

LA SUPERINTENDENCIA DEBE PROBAR QUE SOLICITÓ LA INFORMACIÓN

EXTRACTOS: «La sociedad actora fue sancionada mediante los actos acusados con una multa por la Superintendencia de Sociedades, acto que fue confirmado en desarrollo del recurso de reposición, con fundamento en los artículos 4º y 6º, numeral 10, del Decreto 2155 de 1992, que le otorgan a la entidad demandada la facultad de solicitar, cuando sea conveniente para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier sociedad, a sus administradores o al revisor fiscal, en la forma, detalle y términos que determine, cualquier información jurídica, administrativa, contable y/o financiera, pues solicitada a la entidad demandante la información financiera correspondiente al año de 1994, por medio de la Circular Externa 013 de 25 de noviembre de 1994, ésta no respondió dentro de los plazos establecidos, razón por la cual se le impuso la multa.

III. 1. La violación del debido proceso.

Para acceder a las pretensiones de la demanda, el tribunal a quo consideró fundamentalmente que se presentó una violación al debido proceso y al derecho de defensa de la sociedad demandante, al no haber probado la superintendencia que la obligación que se consideró incumplida por parte de la sancionada, específicamente, la omisión en la remisión de la información requerida, sí fue puesta en su conocimiento en forma oportuna al iniciarse el trámite administrativo.

Considera la Sala que la presunción de legalidad de que goza el acto administrativo conduce a una inversión de la carga de la prueba, en cuanto que corresponde a la parte actora desvirtuarla. Sin embargo, no puede exigírsele al demandante la prueba de hechos que dice no conoció, como sucede en el sub lite, pues el fundamento de las violaciones invocadas consiste en la negación indefinida (CPC, art. 177) de que no tuvo conocimiento de la solicitud de información hecha por la superintendencia, entidad que afirmó en la contestación de la demanda y también en el recurso de que a la actora se le había solicitado la información correspondiente, tal como se desprende del oficio 220-11858 de abril 6 de 1995, remitido por correo certificado a la dirección que registró la actora en el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio, sin que exista constancia de que haya sido devuelto por la Administración Postal Nacional, según consta en la planilla 83, hoja 28, recomendado 057879, planilla utilizada por American Delivery Service ADS.

Frente a la duda planteada y a su incidencia en el resultado del litigio, en cuanto si realmente la información del caso fue solicitada, la Sala profirió un auto para mejor proveer, el 24 de junio de 1999, tendiente a verificar lo afirmado por la demandada en relación con el oficio y la planilla de correo. Ese requerimiento fue contestado por el Secretario General de la Superintendencia de Sociedades (v. fl. 23, cdno. 2º), así:

“... el coordinador del grupo de archivo nos ha manifestado que no se encontró la planilla de correo en la cual consta la remisión de la Circular 013 de 25 de noviembre de 1994, a la sociedad denominada Rudesco S.A., a través de la firma especializada American Delivery Service ADS”.

Sin embargo, los considerandos de los actos acusados indican que mediante la Circular 013 de 25 de noviembre de 1994 se solicitó a la demandante el envío de la información financiera correspondiente al año de 1994 y que, por el oficio número 220-11858 de abril 6 de 1995, se le solicitó explicaciones por el incumplimiento de la mencionada circular.

Al quedar desvirtuado que la superintendencia hubiera solicitado la información de que trata la Circular 013 de 1994, queda probada la violación del debido proceso y, en consecuencia, del derecho de defensa.

La Sala estima por esta razón que el cargo que sirvió de fundamento para el decreto de la nulidad de los actos acusados no fue desvirtuado por el recurrente y, por tanto, estuvo bien declarada su prosperidad».

(Sentencia de noviembre 25 de 1999. Expediente 5203. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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