Sentencia 5206 de enero 31 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

TÉCNICA DE CASACIÓN

EL DECRETO 2651 DE 1991 NO SE APLICA EN MATERIA PENAL

EXTRACTOS: «Aplicación del Decreto 2651 de 1991. La Sala estima oportuno pronunciarse respecto a las normas sobre descongestión judicial, toda vez que en el artículo 51 del decreto introduce algunas modificaciones al recurso de casación, sin decir expresamente la materia a la cual se refiere, lo que podría generar confusión.

Sin embargo, existen suficientes elementos de juicio que permiten inferir que las modificaciones relacionadas con los requisitos de la demanda no están dirigidas al campo penal. Ellos son:

a) El decreto se ocupa de reglamentar la conciliación (de la cual excluye expresamente los asuntos penales); el arbitramento; el aporte de pruebas por las partes haciendo más flexible las rigurosas normas del Procedimiento Civil, para darles la agilidad que tiene el sistema penal; las objeciones en los concordatos; y, la competencia de los notarios para adelantar sucesiones. Es evidente que ninguna de estas modificaciones se refiere al procedimiento penal.

b) El artículo 51 está en el capítulo VII denominado "Otras Disposiciones", en el cual, entre varios temas, se autoriza la grabación de audiencias y diligencias, mecanismo que está previsto en el artículo 149 del Procedimiento Penal vigente, lo que indica que el decreto se está refiriendo a los códigos que no contienen esa previsión.

c) El Gobierno Nacional, con el visto bueno de la Comisión Especial, el 25 de noviembre de 1991 expidió el Decreto 2651, y cinco días después, haciendo uso de las facultades otorgadas en el mismo artículo 5º, transitorio de la Constitución Nacional, expidió el nuevo Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700), en el cual mantiene las exigencias formales actualmente vigentes para las demandas de casación. En estas condiciones, es lógico entender que no tendría sentido introducir modificaciones sobre un tema para unos días después, cuando éstas aún no han empezado a regir, volver al sistema anterior, y mucho menos si se tiene en cuenta que de acuerdo con el artículo 62 del decreto de descongestión de los despachos judiciales, éste se aplica a los recursos de casación que se interpongan a partir del 10 de enero del presente año, es decir, sus normas serían aplicables sólo por seis meses, no por 42 como dice en el artículo 2º, pues a partir del 1º de julio entra en vigencia el nuevo estatuto procesal.

d) En cuanto al contenido del artículo 51 del Decreto 2651, se observa que en materia penal no produciría descongestión, sino todo lo contrario, pues eliminando la posibilidad de desestimar las demandas que no reúnan los requisitos formales, obligaría a que cualquier escrito fuera tomado como una demanda de casación sobre la cual se tendría que hacer un trámite y un pronunciamiento de fondo inoficioso. Pero además, resultaría ostensible la inconstitucionalidad de ese artículo, pues pondría a la Corte en el trabajo absurdo de perfeccionar la demanda y luego darse respuesta, desbordando las facultades que le fueron otorgadas al Gobierno por la Constitución Nacional.

En el supuesto de que existiera congestión en la Sala de Casación Penal, sería totalmente ineficaz pretender solucionarla eliminando las exigencias técnicas de la demanda, pues esa medida daría lugar a que se acudiera al recurso extraordinario como si se tratara de una tercera instancia .

De otra parte, no sería explicable que para descongestionar los despachos, se expidiera una norma que obligue a resolver de fondo en todos los casos, aun en aquellos en que la incompatibilidad de los cargos impide saber con claridad la verdadera inconformidad del recurrente.

c) Sin perjuicio de lo que en materia civil y laboral se resuelva, esta Sala considera que atendiendo a una interpretación sistemática del Decreto 2651, a la finalidad que debe perseguir, y a las facultades que permitieron su expedición, el artículo no comprende el recurso de casación en materia penal».

(Sentencia de enero 31 de 1992. Radicación 5206. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

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