Sentencia 5207 de diciembre 7 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONSTITUCIÓN DE SINDICATOS

ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE FUNDACIÓN

Consejera Ponente:

Dra. Dolly Pedraza de Arenas

Ref.: Expediente 5207

Resoluciones Ministeriales. Actor: Clínica Norte S.A.

Santafé de Bogotá, D.C., diciembre siete de mil novecientos noventa y cinco.

La actora, mediante apoderado, demandó la nulidad de las resoluciones 472 y 1790 de febrero 15 y mayo 3 de 1990, expedidas por la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social, mediante las cuales se reconoce personería jurídica y se aprueban los estatutos de la organización sindical denominada “Sindicato de Trabajadores de la Clínica Norte, Sintraclinorte” y se resuelve el recurso de reposición. Como consecuencia de la declaración anterior, solicitó que se ordene al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-División de Relaciones Colectivas de Trabajo, la desanotación de la inscripción de la junta directiva de dicho sindicato en el registro sindical.

Hechos

Relata la accionante que un grupo de trabajadores de la clínica se reunió en asamblea general el 17 de septiembre de 1989 para constituir el sindicato “Sintraclinorte”, y que se acordó presentar solicitud al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el reconocimiento de la personería jurídica y se aprobaron los estatutos; que mediante Resolución Nº 000472 de febrero 15 de 1990 le fue reconocida personería como organización sindical de primer grado y de base, acto contra el cual interpuso recurso de reposición alegando que el sindicato se constituyó con un número inferior a veinticinco (25) afiliados, ya que al acto de fundación sólo asistieron 21 trabajadores. Manifiesta además que en el acta de constitución no se relacionaron los nombres y apellidos de los asistentes, ni sus documentos de identificación, lugar de residencia y demás requisitos de ley.

Normas violadas y concepto de violación

Alega la actora que los actos acusados son violatorios de los artículos 359, 361, 363, 364, 366 del Código Sustantivo del Trabajo y del Decreto-Ley 672 de 1956, porque el ministerio concedió el permiso de funcionamiento a la organización sindical, con un número inferior al exigido por el Código Sustantivo del Trabajo; que no obstante que fue advertido de la irregularidad y que fue probado mediante testimonios de seis trabajadores su no asistencia a la asamblea, el Ministerio de Trabajo desechó las declaraciones y aceptó el acta de fundación sin la relación de los nombres y número de afiliados, contrariando con su actuación las disposiciones pertinentes del Código Sustantivo del Trabajo.

Agotado el trámite procesal y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir previas las siguientes,

Consideraciones

En razón a que el motivo de censura de los actos demandados se contrae a que la organización sindical se constituyó con el número de 21 afiliados y no con 27 miembros como expresa el acta de la asamblea del día 17 de septiembre de 1989, se impone para la Sala el análisis de las pruebas recogidas en el proceso, para determinar si se probó este hecho.

Obra en el plenario a folios 164, 177, 178, 179 y 183 cuaderno principal, las declaraciones de los señores Marcelino Carrillo Rodríguez, Ana Lucía Castro Peña, Josefina Cárdenas Martínez, Marco Emilio Peña Miranda y Ana Jesús Remolina de Pineda, rendidas ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander comisionado para dicha diligencia, en las cuales manifiestan que no pertenecen al sindicato de la Clínica del Norte, que no se les descuenta cuota sindical alguna por ese concepto y que no asistieron a la reunión de fundación del sindicato.

A folio 153 del cuaderno 2 obra el acta de fundación, aprobación de estatutos y elección de junta directiva provisional del sindicato de trabajadores de la Clínica Norte en donde consta la participación de 27 personas cuyos nombres y apellidos con sus firmas y demás datos se encuentran relacionados en documentos adjuntos al acta, dentro de los cuales se encuentran los nombres de las personas declarantes en este proceso. También consta la elección de los miembros y dignatarios para cada uno de los cargos de la junta directiva provisional.

Da cuenta el folio 152 del cuaderno Nº 2 del oficio de septiembre 19 de 1989 dirigido a la señora Ministra del Trabajo en donde los firmantes solicitan el reconocimiento de personería de la organización sindical. Aparecen en dicho documento 27 firmas, 25 con el número de cédula de ciudadanía y dentro de ellas están los nombres e identificación de los trabajadores cuya inasistencia a la asamblea se discute en esta litis.

Obran además a folios 93 a 130 del cuaderno Nº 2 las cartas de desistimiento de algunos miembros de la organización sindical suscritas en diferentes fechas a partir del 20 de septiembre de 1989, redactadas en forma similar, en donde manifiestan a la presidente de la organización sindical el desistimiento para formar parte integral del sindicato que se encuentra en organización, que la decisión es voluntaria y que están conformes con las normas internas de la empresa.

Ahora bien, el testimonio del señor Marcelino Carrillo Rodríguez, ciertamente desvirtúa lo manifestado en el acta de constitución del sindicato respecto a que el documento de inscripción que obra a folio 149 cuaderno 2, y que según términos del acta de constitución forma parte integrante de ella, se hubiera suscrito en la fecha de la citada reunión. Y ello es evidente, pues obra a folio 79 cuaderno 2, la carta que el día 16 de septiembre dirige el declarante al “Presidente de la CSG”, disculpándose por su inasistencia a la reunión, por tener que laborar a la hora en que fue citada; igualmente, a folio 75 cuaderno 2 aparece un memorando dirigido al contador de la Clínica Norte en el cual el declarante figura enlistado en el turno de trabajo del 15 al 21 de septiembre de 1989 en el horario de 6 p.m. a 6 a.m.

Los demás deponentes, como se aprecia en sus declaraciones, coinciden en afirmar que si bien firmaron las hojas lo hicieron en hora distinta a la que se llevó a cabo la asamblea, porque no estuvieron presentes en la reunión, lo que palmariamente corrobora el hecho de que por lo menos sus firmas no fueron recogidas en la reunión de la asamblea de fundación.

Respecto de la valoración de los testimonios aportados en sede gubernativa y que fueron desechados por el Ministerio del Trabajo por sospechosos en razón de la dependencia en que se encontraban los declarantes respecto de la sociedad empleadora, ha de decirse que no obstante que el artículo 217 del CPC ciertamente califica como sospechosos los testigos que se encuentran en circunstancias que afectan su credibilidad en razón de la dependencia, ello no impedía relacionar sus testimonios con otros medios de prueba y estimar sus dichos, como exige la razón y la crítica del testimonio. Se imponía por lo tanto la confrontación de las declaraciones con las otras probanzas para determinar si se corroboraba lo manifestado por los declarantes. Por otra parte, tampoco podía concedérsele, como se hizo en el acto acusado, toda la credibilidad a lo manifestado en el acta, pues en verdad ya obraba en las actuaciones en sede gubernativa, la constancia sobre el trabajo del declarante Marcelino Carrillo a la hora y día en que se llevó a cabo la reunión de constitución del sindicato y su excusa para no asistir a la asamblea, lo que ponía en tela de juicio la manifestación que fue consignada en el acta por la presidente de la asamblea, en la que: “...solicitó a los asistentes que quienes estuvieran de acuerdo con organizarse, pasaran donde la compañera secretaria e inscribieran sus nombres...” y la manifestación de que: “al finalizar la reunión se constató la participación de 27 personas cuyos nombres, apellidos y demás datos se relacionan en la planilla adjunta, la cual forma parte de la presente acta” (fl. 153, c. 2).

De otra parte, en relación con las declaraciones rendidas en el proceso, no todos los testimonios recepcionados pueden calificarse como sospechosos, pues al momento de rendir la exposición el señor Marcelino Carrillo Rodríguez (fl. 164 cdno. 1), ya no se encontraba laborando para la sociedad actora, lo que hace que su testimonio esté libre de sospecha. Y es precisamente su dicho de la no asistencia a la reunión, el que se encuentra corroborado con otros medios de prueba, como se dijo anteriormente.

Ahora bien, si en gracia de discusión se acepta la asistencia de las demás personas cuya concurrencia a la reunión no es discutida en esta litis, el número ciertamente quedaría reducido a 23, lo que forzosamente lleva a concluir que no se cumplió con el mínimo de integrantes exigido por la ley.

Y no obstante que los declarantes suscribieron la carta de septiembre 19 de 1989 que dirigieron al Ministerio del Trabajo, en la que manifestaron su voluntad para pertenecer a la asociación sindical, ello no suple la exigencia de los artículos 359 y 361 del CST. Basta la lectura de las preceptivas citadas para advertir que el requisito de que sean mínimo 25 asociados debe cumplirse cuando los trabajadores se reúnen por primera vez con intención de agruparse sindicalmente; esa concurrencia de voluntades sólo es posible expresarla en la reunión de fundación de la asociación sindical, pues es el momento en que según la ley, debe producirse el asentimiento de las 25 personas, como condición para su existencia, ya que el acto inicial de fundación de un sindicato no puede deferirse en el tiempo. Por lo tanto, si se demuestra que al momento de la reunión de constitución no concurrieron las voluntades en el número mínimo de fundadores exigido, se tiene como nugatoria su fundación, lo que lleva indefectiblemente a negar el reconocimiento de la personería jurídica en sede gubernativa o declarar, en esta jurisdicción, la nulidad del acto que la reconozca bajo esa situación.

No obstante el razonamiento anterior, preocupante resulta para la Sala la actitud inusitada de la sociedad empleadora, quien indudablemente demostró una indebida intromisión en la formación del sindicato. No puede pasarse por alto que en su anhelo de demostrar la falta del número útil para su constitución, como aparece en los antecedentes administrativos, citó a declarar en forma extraprocesal a alguno de los trabajadores, poniendo de presente la calidad con que obraba y entregando el cuestionario que debían responder los declarantes; discutió la autenticidad de las firmas de los socios fundadores por considerar que no coincidían con las que estaban registradas en el contrato de trabajo, tarea ésta propia de expertos (fl. 74 cdno. 2) y en fin, realizó una serie de actividades que por tratarse de cuestionamientos sobre las manifestaciones de voluntad de los trabajadores, correspondía a ellos mismos como enlistados dentro de la organización sindical contra su querer. El prohijamiento por parte de la sociedad de la causa de los trabajadores para no pertenecer a la organización sindical, demuestra una conducta reprochable.

En este orden de ideas, estima la Sala que se desvirtuó la legalidad del acto del Ministerio del Trabajo, ya que el sindicato de trabajadores de la Clínica del Norte “Sintraclinorte” se constituyó con un número menor del exigido por la ley, por lo que ha de accederse a las súplicas de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE LA NULIDAD de las Resoluciones números 000472 y 001790 de febrero 15 y mayo 3 de 1990, expedidas por la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social, mediante las cuales se reconoce personería jurídica y se aprueban los estatutos de la organización sindical denominada “Sindicato de trabajadores de la Clínica Norte, Sintraclinorte”, en el proceso instaurado por la sociedad Clínica Norte S.A.

Ordénase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, división de relaciones colectivas de trabajo, la desanotación de la inscripción de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Clínica Norte “Sintraclinorte”, en el registro sindical.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

Carlos Arturo Orjuela Góngora—Joaquín Barreto Ruiz—Clara Forero de Castro—Álvaro Lecompte Luna—Dolly Pedraza de Arenas. 

Myriam Viracachá Sandoval, Secretaria (E.)

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