Sentencia 5208 de enero 11 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Ref.: Expediente 5208

M.P. Manuel Ardila Velásquez

Santafé de Bogotá, D.C., once (11) de enero de dos mil (2000).

EXTRACTOS: «Derívase como corolario que si la posición del juzgador es un asunto de puro derecho, el recurrente no puede focalizar su inconformidad en un campo extraño a ello, como es el de las pruebas, dado que en tal ocurrencia, y por lo pronto, sentenciador e impugnador nada tienen por reñir allí. En consecuencia, la vía idónea para denunciar la posible violación de la ley, no era precisamente la que supone una controversia de pruebas y de hechos, o sea la indirecta. Era riguroso para el impugnador valerse de la vía directa.

(...).

Pasando a otro aspecto, ha de indicarse que el tribunal también subestimó la más notable de las características de la acción de enriquecimiento incausado, cual es la de la subsidiariedad. Todo el mundo conoce que dicha acción se abre paso sólo en la medida en que no haya otro remedio que venga en pos del empobrecimiento. En otros términos, la vida de esta acción depende por entero de la ausencia de toda otra alternativa. Subsecuentemente, en el punto no es de recibo la coexistencia de acciones.

Perspectiva desde donde queda fácil detectar que si en este caso el acreedor promovió un proceso ejecutivo tendiente a hacer efectivo el derecho incorporado en el título valor, con ello mismo puso en evidencia que contaba con la alternativa del ejercicio de la llamada acción cambiaria. Y si al momento de instaurar el ordinario de enriquecimiento subsistía esa alternativa, como de hecho subsistía, por supuesto que no había concluido el ejecutivo, brota la verdad irrecusable de que a la sazón estuvo ejercitando simultáneamente dos posibilidades: el cobro forzado de la obligación y la acción de enriquecimiento del artículo 882 del Código de Comercio.

La propia demanda introductoria del ordinario evidencia estas cosas, al referir en uno de sus hechos que en el proceso ejecutivo se formuló la excepción de pescripción y que “ese es el estado actual del proceso”; es inexacto, entonces, que el actor afírmase en otro pasaje de ese libelo, que acudía al proceso ordinario porque a la sazón carecía de otras acciones.

Derívase, así, que en esta acción se echa de menos el elemento subsidiario que sin discusión se le atribuye.

Precisamente, es esa coetaneidad de posibilidades judiciales la que permite que en casos como el presente jueguen las partes a su antojo con las posiciones jurídicas que adoptan en uno y otro proceso, llegando al extremo de sostener aquí lo que allí niegan, y viceversa. Cómo puede sostener el acreedor que se encuentra en tales condiciones, que está legitimado para incoar el ordinario, si por otro lado niega con tenacidad que el título no está prescrito? Aquí se nota, amén de la coexistencia de acciones aludida la consecuencia en que cae el acreedor. Y como si fuera poco, en eso lo sigue el deudor, pues que al paso que en el ejecutivo alega la prescripción, en el ordinario sostiene que no se consumó porque de su parte la había interrumpido. Bien curioso que uno y otro sostengan en el ordinario exactamente la posición contraria a la del ejecutivo; tamaña trastocación jurídica no es posible sino donde hay acciones plurales, ejercitadas por delante, lo que es inadmisible según se vio desde atrás».

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