Sentencia 52109 de septiembre 11 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 52.109

Acta 28

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

SL653-2013

Bogotá, D.C., once de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: « X. Consideraciones de la Corte

La controversia del proceso, que se repite en el recurso extraordinario y debe resolver la Corte, se contrae a elucidar si los servicios prestados por el actor a la empresa contratista An-Son Drilling Company of Colombia S.A., del 5 de enero de 1978 al 28 de noviembre de 1989, como ‘soldador 1 A’, que aparecen certificados en el documento de folio 7 del expediente y que no fueran discutidos en el proceso, son susceptibles de sumar a los que prestara en su momento a la ‘unidad de empresa’ conformada por la Empresa Colombiana de Petróleos —Ecopetrol—, la Colombian Petroleum Company –Colpet- y la South American Gulf Company –Sagoc-, según certificación de folio 8 del expediente y que igualmente no fue controvertida en el proceso, para acceder a las pensiones establecidas en la convención colectiva de trabajo de la Empresa Colombiana de Petróleos –Ecopetrol-, específicamente la del artículo 110, inciso segundo, vigente en 1989, por virtud de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, por ser igualmente indiscutible que habiendo sido la empresa AN-Son Drilling Company Of Colombia, contratista de la Empresa Colombiana de Petróleos —Ecopetrol—, sus servidores tienen los mismos derechos salariales y prestacionales que los de sus contratante, como lo dispuso el artículo 1º del Decreto-Ley 284 de 1957, declarado exequible por la Corte Constitucional según Sentencia C-994 de 2001, habida cuenta de que la demandada es una persona jurídica dedicada a los ramos de exploración, explotación, transporte o refinación de petróleos y realiza labores esenciales y propias de su negocio o de su objeto social mediante el empleo de contratistas independientes, tales como la referida empresa AN-Son Drilling Company Of Colombia.

En términos más simples: el planteamiento del caso exige resolver si es o no dable sumar los tiempos de servicio prestados a una empresa contratista con los prestados a la empresa contratante, para efectos de acceder a las prerrogativas laborales de la segunda, por efecto de ser esta responsable solidariamente con aquella en virtud de la mentada normativa laboral.

Para el cometido indicado es suficiente recordar que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-944 de 2001, declaró exequible el inciso primero del artículo 1º del Decreto Legislativo 284 de 1957, que dispone que “Cuando una persona natural o jurídica dedicada a los ramos de exploración, explotación, transporte o refinación de petróleos realice las labores esenciales y propias de su negocio o de su objeto social mediante el empleo de contratistas independientes, los trabajadores de éstos gozarán de los mismos salarios y prestaciones a que tengan derecho los de la empresa beneficiaria, en la respectiva zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido en las leyes, pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales”, en el entendido de que el criterio garantista que guarda en beneficio de los trabajadores de los contratistas independientes dedicados a la industria petrolera, en el sentido de que tendrán los mismos derechos salariales y prestacionales que los trabajadores de las empresas contratantes (beneficiaria), se acompasa con orden jurídico superior, pues, “se adecua al principio de igualdad de los trabajadores ante la ley, según el cual quienes desempeñen un mismo trabajo, deben recibir un mismo salario, lo cual encuentra sustento en los artículos 1º, 13, 25 y 53 de la Carta Política”, y tiene por objeto, para el juez constitucional, que “las obligaciones de carácter laboral para con los empleados del contratista independiente recaen de manera exclusiva en este último, quien adquiere la obligación de pagarles los mismos salarios y prestaciones a que tienen derecho los trabajadores de la beneficiaria en la misma zona de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1º del Decreto 284/57, transcrito en la jurisprudencia antes citada”, lo que en deja en claro que allí aparezcan claramente diferenciadas dos relaciones jurídicas autónomas: a) la que surge entre la persona natural o jurídica dedicada a las actividades propias de la industria del petróleo y el contratista independiente, a quien aquella le encarga la función de desarrollar las labores propias de su objeto social; y b) la que surge entre el contratista independiente y los empleados que trabajan a su servicio.

Respecto de esta última, que es la que interesa al caso destacar, la misma providencia memora que esta corporación, en sentencia de 15 de septiembre de 1993 (Rad. 5.898), reiterada en sentencia de 2 de febrero de 1996 (Rad. 7.942), a ese respecto precisó la imposibilidad del sustento de la demanda inicial, acogido erróneamente por el tribunal, de que resulte plausible acumular, sumar o adicionar los tiempos de servicios prestados a empresas contratistas independientes con el fin de exigir a la empresa contratante un derecho pensional acudiendo al argumento de la solidaridad laboral.

En efecto, en la invocada sentencia, prolijamente la Corte abordó la referida temática en los siguientes términos:

“Para responder todos y cada uno de los fundamentos del cargo en estudio basta con suficiencia transcribir la sentencia proferida por esta misma sección de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 15 de septiembre de 1993, en proceso similar al presente, con Radicación 5.898, con ponencia del mismo suscrito magistrado. En dicho proveído la corporación, haciendo un desarrollo completo del instituto de la solidaridad —que es el título invocado para vincular obligacionalmente a la sociedad demandada— negó idéntica petición a la aquí invocada, apoyándose, además, en pronunciamiento hecho por la misma Sección en igual sentido del 24 de agosto de 1993, Radicación 4.516. No sobra advertir a la hora de ahora que esta misma Sección produjo otra sentencia acogiendo iguales fundamentos de orden jurídico y que la Sección Segunda, en pretérita ocasión había sentado los mismos razonamientos aquí memorados, en sentencia del 10 de septiembre de 1981, Radicación 8.103, con ponencia del doctor Juan Hernández Sáenz.

“En efecto, pues, dijo esta Sección de la Sala Laboral de la Corte en la aludida sentencia del 15 de septiembre de 1993:

““Para resolver el punto cardinal del ataque, relativo a la infracción, en el concepto de aplicación indebida de los artículos 3º del Decreto Legislativo 2351 de 1965, que subrogó el 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y 1º del Decreto Extraordinario 284 de 1957, estima la Corte pertinente hacer las siguientes precisiones:

“1. La forma normal de establecerse las obligaciones en la vida de relación de los seres humanos es aquella que involucra a un acreedor, portador del poder de exigir una conducta, que es en lo que consiste el crédito, y a un deudor, portador del deber de observar o cumplir dicha conducta de dar, hacer o no hacer algo, que es lo que constituye el débito.

“2. Sin embargo hay ocasiones en que la obligación, abstracción hecha de su fuente, implica a más de una persona, ya desde el punto de vista del crédito, ora desde el del débito, o desde el de ambos: son las obligaciones plurisubjetivas o subjetivamente complejas de que habla la doctrina y que la ley contempla en el artículo 1495 del Código Civil, al decir que 'cada parte puede ser de una o de muchas personas'.

“3. Cuando se presenta este caso —el de la complejidad subjetiva de la obligación— la regla general, en nuestro ordenamiento jurídico, es la que del objeto de la obligación es satisfecho a cada acreedor o por cada deudor en proporción a su parte o cuota en él. Así se desprende del artículo 1568 del Código Civil, conforme al cual 'en general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda y cada uno de los acreedores, en el segundo, solo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito'; y lo reitera el 1583, ibídem, al expresar: 'Si la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los acreedores puede solo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores es solamente obligado al pago de la suya.' Son las obligaciones simplemente conjuntas, que para algún sector de la doctrina deben más propiamente denominarse disyuntivas.

“4. Mas por excepción, ya insinuada en las disposiciones legales transcritas, la obligación subjetivamente compleja puede ser pagada en su totalidad a uno cualquiera de los acreedores o exigida de igual forma a uno cualquiera de los deudores. Esta especial circunstancia deriva, entonces, de la indivisibilidad del objeto, de donde surgen las obligaciones indivisibles, o de la disposición de la ley, del testador o de las partes, que imponen que un objeto divisible no pueda ser pagado o exigido por cuotas o partes, sino que cada deudor esté obligado al pago total de la deuda o cada acreedor pueda exigir la misma en su integridad, son las obligaciones solidarias.

“5. Contrayendo el examen a estas últimas, que convienen específicamente al caso de autos, se tiene, entonces, que la solidaridad es una modalidad de las obligaciones plurisubjetivas y de objeto divisible, que implica excepción al principio general de ser simplemente conjuntas las que tienen tales sujetos y objeto. Son, pues, solidarias las obligaciones 'que aunque tengan un objeto divisible, dan a cada acreedor el derecho de exigir o imponen a cada deudor la obligación de pagar la totalidad', como las define Eugéne Gaudement con gran sencillez y concisión. O, para usar la expresión propia de nuestra ley: 'pero en virtud de la convención, el testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley' (C.C., art. 1568, incisos 2º y 3º).

“6. Tanto la ley como la doctrina desarrollan en extenso los efectos de la solidaridad pasiva tanto desde el punto de vista de las relaciones del acreedor con los codeudores (vinculum), como de las de éstos entre sí (commodum). Para los efectos de la especie de esta litis no es necesario particularizar mayormente sobre dichas relaciones, salvo por lo referente a uno de los efectos del commodum, y es el relativo a que, extinguida la deuda por pago o alguno de los medios equivalentes al mismo, el deudor que lo hace 'queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda', según lo estatuye el inciso 1º del artículo 1579 del Código Civil, en armonía con el ordinal 3º de su artículo 1668.

“7. El Código Sustantivo del Trabajo no contiene disposiciones que consagren un sistema distinto de la institución de la solidaridad, pero ni siquiera normas que modifiquen el del derecho común. Por tal razón, cuando aquel se refiere a ella hay que entenderla en el contexto general en que el derecho civil la concibe, desde el punto de vista de su estructura y de sus efectos.

“8. En este orden de ideas debe ubicarse, entonces, la solidaridad que consagra el artículo 3º del Decreto Ley 2351 de 1965, subrogatorio del 34 del Código Sustantivo del Trabajo, en los siguientes términos:

“'1. Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes o intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.' (Destacados de la Corte).

“Y debe entenderse, entonces, que como de la solidaridad se trata, la hipótesis del artículo transcrito necesariamente supone pluralidad de sujetos deudores ('el contratista independiente' y 'el beneficiario del trabajo o dueño de la obra' en el ámbito de cuya actividad normal encuadra el servicio del trabajador acreedor), y un objeto divisible, como lo es normalmente el de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo dependiente.

“9. Y de que la solidaridad se trata sí que no queda la menor duda cuando al final de lo transcrito, sin modificar el sistema del derecho común, reitera el efecto principal del commodum al señalar que cuando el beneficiario del trabajo o dueño de la obra satisfaga la obligación debida al trabajador repita contra el patrono de este —el contratista independiente— lo que le pagó por tal concepto.

“10. Por su parte, el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo establece el derecho a la pensión de jubilación a favor de todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos'. Este derecho, según lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte, tiene los siguientes elementos, claramente contenidos en la norma transcrita: a) la prestación de los servicios subordinados a una misma empresa cuyo capital sea igual o superior a $800.000, durante por lo menos veinte años; y b) Llegar o haber llegado a la edad legalmente establecida: 50 años en la mujer y 55 en el varón. Conjugados estos dos elementos nace el derecho a la pensión, surge el status de pensionado; o a contrario sensu, en ausencia de uno cualquiera de tales requisitos, y principalmente del relativo al tiempo de servicios, el derecho no surge, no nace. Se plantea de esta forma, pues en última instancia que el requisito del tiempo de servicios es el determinante del derecho, en el sentido de que satisfecho el mismo el de la edad fatalmente se cumple y da lugar a la consolidación del derecho, o si no —porque el expectante titular del derecho muera— de todas maneras posibilita el surgimiento de otras situaciones jurídicas que no es del caso reseñar aquí, pero que toman el primer elemento como cardinal supuesto de otros derechos en cabeza ya de los causahabientes del trabajador fallecido.

“11. En el pleito que ahora retiene la atención de la Sala el ad quem, ante los supuestos fácticos de la vinculación laboral del actor con diferentes contratistas de la demandada, la relación jurídica de esta con dichos contratistas, el objeto social de la demandada en cuyo contexto se inscribe la función que cumplió el actor, el consecuente carácter de beneficiaria, de la demandada, de ese servicio del trabajador, la edad y el último salario de este, aplicó el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, que subrogó el 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y el 1º del Decreto 284 de 1957.

“12. Ahora, sobre tales supuestos, que no admitían la posibilidad de predicar la existencia de por lo menos dos titulares del débito propio del presunto derecho pensional del actor, no cabía aplicar, en consecuencia la normatividad consagratoria de la solidaridad entre contratista independiente y beneficiario del trabajo o dueño de la obra (CST., art. 34, en la forma como lo subrogó el 3º del D. 2351/65). En efecto: si, como ya ha sido dicho, el derecho a la pensión exige la prestación de los servicios a una misma empresa durante veinte años continuos o discontinuos y dicha circunstancia solo se encontró acreditada frente al beneficiario de la obra mas no frente a ninguno de los contratistas independientes de la demandada, que fue con quienes el actor celebró sus contratos de trabajo, como lo admite el tribunal, no puede decirse en sana lógica, como lo dice este en su sentencia, que 'a todas luces se dan los supuestos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, resultando así la responsabilidad de quien en forma directa se aprovechó del servicio'. Pues ello equivaldría a decir que exista una obligación solidaria con un obligado único, lo que repugna a la lógica de la institución que, como se ha sentado antes, supone por esencia complejidad subjetiva -por pasiva en el caso presente- y objeto divisible.

“Por ello se afirmó por la Sección en un caso en el que se debatió idéntico asunto al presente (con la diferencia de que en ese caso el Tribunal no reconoció la pensión deprecada por el actor, quien concurrió ante la Corte como impugnador): 'En el sub examine, ninguno de los contratistas podía ser exigido individualmente para satisfacer el requerimiento de pensión hecho por el trabajador, como que este no había cumplido respecto a ninguno las exigencias establecidas por el artículo 260 del C.S. del T. y consecuencialmente no tenía vocación para obtener tal prebenda.' (Sent. del 24 de agosto de 1993, Rad. 5.516).

“13. Por demás, mirado el asunto desde el punto de vista del commodum, se advierte con facilidad que de aceptarse la obligación en la demandada al título que se la impuso el ad quem, o sea como deudora solidaria -en cuanto beneficiaria de un trabajo que el actor desarrolló al servicio de varias sociedades que fueron contratistas independientes de aquella- ello necesariamente supondría la posibilidad de la Texas de repetir contra las sociedades contratistas lo pagado por concepto de una obligación que no existía en cabeza de ninguna de ellas. Este concepto fue expresado también en la sentencia que acaba de mencionarse, en los siguientes términos: 'Además, en la hipótesis que se condenara a la accionada al pago de la pensión de jubilación, esta se encontraría en la imposibilidad de repetir efectivamente contra cualquiera de los codeudores (contratistas), circunstancia que quebrantaría ese derecho, el cual, consagrado por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, se otorga como corolario equitativo de la solidaridad impuesta legalmente'.

“14. Pero tampoco el artículo 1º del Decreto 284 de 1957 ('Por el cual se dictan normas sobre salarios y prestaciones de los trabajadores de contratistas a precio fijo, en empresas de petróleos') era aplicable al caso. En efecto: es claro, según el texto de dicha disposición, que en ella se consagra a favor de los trabajadores vinculados a contratistas de personas o entidades dedicadas a 'los ramos de exploración, explotación, transporte o refinación de petróleo' el derecho a gozar de los mismos salarios y prestaciones de los trabajadores directos de dichas personas o entidades; como lo es también que las personas directamente obligadas son, indiscutiblemente, los contratistas respecto de sus propios trabajadores, como se desprende claramente del párrafo final de dicho artículo, que dice: 'si los contratistas independientes no tuvieren los elementos adecuados para atender a las referidas prestaciones, podrán convenir (los dichos contratistas, obviamente) con la empresa beneficiaria que esta las atienda por cuenta de aquellos (también es obvio, los contratistas independientes). Si no fuere ello posible (finaliza la norma), los contratistas deberán compensar en dinero a sus trabajadores el valor de las prestaciones que no pudieren atender, previa autorización del gobierno' (las subrayas y los paréntesis son de la Corte).

“Es claro, entonces, que esta disposición, en parte alguna consagra a cargo de una 'empresa de petróleos' la obligación de pensionar a los trabajadores de los contratistas independientes de ellos cuando con respecto a estos contratistas el trabajador no ha adquirido la pensión. Y por ello, se reitera, la conclusión necesaria es que al aplicarla el Tribunal al caso debatido, cuyos supuestos fácticos ya fueron anotados y de los cuales, contra lo que piensa la opositora, no discrepa el censor, lo hizo de modo indebido.

“15. En consecuencia, como las transgresiones legales denunciadas se produjeron y condujeron, como lo plantea el recurrente, a las demás normas que el cargo invoca, este debe prosperar”.

“Lo dicho, se reitera, da cuenta en su integridad del fundamento mismo de los cargos bajo examen. Pero no obsta decir algo, a efecto de responder una última y gratuita inquietud de la censura, en el sentido de que la sentencia transcrita y la del 24 de agosto de 1993 “constituyen la aprobación de los actos fraudulentos efectuados por la demandada con el fin de sustraerse a la obligación de pagar la pensión de jubilación y el desconocimiento de los objetivos señalados en los artículos 48, 53 y 94 de la Constitución Nacional y 1º del Código Sustantivo del Trabajo” (fl. 16 del cdno. de la Corte).

“Nada más alejado de la verdad ni más ajeno al propósito de esta corporación, que no es y no puede ser otro que el de aplicar con apoyo en la mejor doctrina y en los más justos desarrollos jurisprudenciales las normas legales que regulan las relaciones de empleadores y trabajadores.

“Y por ello, en aplicación de este cardinal desideratum, que no desoye ni puede desoír la Corte, so riesgo de incurrir en flagrante desacato al orden jurídico, hace actuar el derecho en el ámbito propio de su operatividad y reconoce la obligación donde aparece demostrada su fuente —como es y debe ser— y no lo hace cuando ella no se acredita fehacientemente” (subrayas de la Corte).

El anterior criterio de la Corte permanece plenamente vigente, y se reiteró en sentencia de 9 de julio de 1999 (Rad. 11.846), en la cual se agregó además que “(...), no sobra repetir lo expresado por esta Corporación en sentencia de Sala Plena Laboral del 14 de diciembre de 1970 (G.J., Tomo CXXXVI, pág. 524), reiterada en la del 10 de agosto de 1994, radicación 6494 (Sección Segunda), en el sentido de que el trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra, como deudor solidario, si la obligación del verdadero patrono —el contratista independiente— “existe en forma clara, expresa y actualmente exigible, por reconocimiento incuestionable de este o por que se le haya deducido en juicio anterior adelantado tan solo contra el mismo”. (Destacados fuera del texto).

Así las cosas, y como quiera que no hay discusión alguna en cuanto a que para la unidad empresarial, predicada de la demandada y las primeras dos empresas para las que prestó sus servicios el actor, no cumplió el tiempo de servicios mínimo que él mismo dice exigir el artículo 110 convencional cuya aplicación reclama, de 18 años, y tampoco los completó para la última empresa contratista de la demandada, en su favor no surge en manera alguna el socorrido derecho pensional.

De consiguiente, se casará el fallo del tribunal y, sin que sea menester consideraciones adicionales, se revocará el del juzgado, tal y como se pidió en el alcance de la impugnación, para, en su lugar, absolver a la demandada del petitorio inicial.

Costas en el recurso a cargo del recurrente. Como agencias en derecho téngase la suma de $ 3’000.000,00.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA la sentencia proferida el 12 de abril de 2011 por el Tribunal Superior de Cúcuta, en el proceso que Gustavo Navarro Urón promovió contra Ecopetrol S.A. (antes Empresa Colombiana de Petróleos ‘Ecopetrol’). En sede de instancia, REVOCA íntegramente la dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la ciudad de Cúcuta el 11 de junio de 2010 y, en su lugar, ABSUELVE a la demandada de la totalidad de las pretensiones iniciales del actor.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Carlos Ernesto Molina Monsalve.