Sentencia 5215 de agosto 25 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

IMPUGNACIÓN DE LA MATERNIDAD

ES LA ÚNICA VÍA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO AFECTADO DE FALSEDAD RESPECTO A LA FILIACIÓN MATERNA

Ref.: Expediente 5215

Magistrado Ponente:

Dr. Nicolás Bechara Simancas

Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia de 8 de agosto de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., Sala de Familia, en este proceso ordinario iniciado por Delia Rosalba Santiago Velásquez contra Carlos Julio Gómez Merchán, Ángela María y Carlos Benigno Gómez Santiago.

Antecedentes

I. Por demanda presentada ante el Juzgado Séptimo de Familia de Santafé de Bogotá, D.C., el 31 de julio de 1992, la mencionada actora solicita que con audiencia de los referidos demandados se hagan las siguientes declaraciones:

“1. Que se declare la nulidad, por objeto ilícito, de los registros de nacimiento en los que la demandante aparece como madre matrimonial, de Ángela María Gómez Santiago y Carlos Benigno Gómez Santiago, cuyos verdaderos nombres son los mismos, pero, sin el segundo apellido de la madre demandante, el cual debe ser reemplazado por el apellido de la verdadera madre.

La nulidad se demanda únicamente respecto de la anotación como madre de la demandante. Respecto de los demás datos no hay objeción de ninguna naturaleza.

El registro parcialmente ilegal de Ángela María Gómez Santiago se inscribió en el Registro de Nacimiento Nº 2690145 de la Notaría Séptima de Bogotá, el cual debe anularse parcialmente como consecuencia lógica de la declaración de nulidad impetrada.

El registro parcialmente ilegal de Carlos Benigno Gómez Santiago se inscribió en el registro de nacimiento Nº 2690146 el cual debe anularse parcialmente como consecuencia lógica de la declaración de nulidad impetrada.

2. Que se oficie a la Notaría Séptima de Bogotá para que se tome nota de la declaración de nulidad parcial y se deje sin valor en los registros de nacimiento relacionados en el numeral anterior la inscripción correspondiente a los datos de la demandante como madre y que son objeto materia de este proceso.

3. Que se ordene a la Notaría Séptima que anulados parcialmente los registros objeto de este proceso se inscriban los nacimientos de los menores en un serial que reemplace a los anulados, pero omitiendo en el nombre de la madre el de la demandante...”.

II. Las pretensiones anteriores tienen por fundamento los hechos seguidamente señalados:

a) Ángela María Gómez y Carlos Benigno Gómez nacieron en esta ciudad el 7 de enero y el 7 de noviembre de 1975, respectivamente, los que se inscribieron en la Notaría Séptima de este círculo bajo los seriales 2690145 y 2690146.

b) El padre de Ángela María y Carlos Benigno es el demandado Carlos Julio Gómez Merchán pero la demandante Delia Rosalba Santiago Velásquez, con quien aquel contrajo matrimonio católico el 7 de abril de 1973, no es la madre de ellos, puesto que nunca ha dado a luz.

c) La inscripción de los nacimientos de Ángela María y Carlos Benigno se hizo el 27 de mayo de 1977, sin el consentimiento de la demandante.

d) Las inscripciones de los dos nacimientos, por ser producto de un delito, son absolutamente nulas y nunca se pueden sanear.

III. Enterado de la demanda, Carlos Julio Gómez Merchán, satisfaciendo el derecho de postulación, procedió a contestarla, aceptando unos hechos y negando otros, entre ellos que no es verdad que el registro de los para entonces menores se hubiera hecho sin el consentimiento de la demandante, que por el contrario lo aprobó, no obstante lo cual termina allanándose a las pretensiones de la demandante “en razón a que la señora Delia Rosalba Santiago Velásquez no es la madre biológica de los menores Ángela María Gómez y Carlos Benigno Gómez”.

IV. Previamente a la admisión de la demanda, se designó curador ad litem a los menores demandados, quien notificado del auto admisorio de la misma y descorriendo el traslado que de ella se le dio, se opuso a las peticiones de la actora manifestando que la acción de nulidad formulada no es la que corresponde, sino la de “impugnación de la filiación legítima de la maternidad”, por lo que propone la excepción de fondo que denomina “petición de modo indebido”.

V. El juzgado del conocimiento le puso fin a la primera instancia mediante sentencia de 3 de agosto de 1993, en la que hizo los pronunciamientos siguientes:

“1. Declarar fundada la excepción perentoria nominada por la parte demandada como “petición de modo indebido”.

2. Absolver a los demandados de las pretensiones de la parte actora.

3. Negar las súplicas de la demanda”.

VI. Descontenta con lo así resuelto, la demandante interpuso recurso de alzada, decidido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C. mediante sentencia de 8 de agosto de 1994, en lo que confirmó la resuelto por el a quo.

Fundamentos de la sentencia del Tribunal

Empieza por reiterar que es la propia parte demandante la que con énfasis manifiesta que no está promoviendo ni la acción de impugnación de la maternidad, ni la corrección del registro, ni la nulidad formal de éste, razón por la cual no hay lugar interpretar la demanda de modo diferente al propuesto en el sentido de que se declare la nulidad absoluta de los registros civiles de nacimiento de los dos menores demandados.

Al fundamentar la improsperidad de la pretensión de nulidad absoluta razonó así:

“La accionante pretende destruir o aniquilar la maternidad que se le atribuye respecto de Ángela y Carlos Benigno Gómez S., en los registros civiles de nacimiento que en copias obran a los folios 14 y 15 del C-1, pues en su sentir contienen declaraciones mentirosas sobre tal punto, hechas por la persona que hizo la denuncia de los nacimientos ante el notario veintiocho. Si, como al unísono lo han entendido la doctrina y la jurisprudencia patrias, es prueba del parto la inscripción del nacimiento, la demostración en contrario que se persiga tiende a evidenciar o probar que dicho parto es falso; por lo que es menester que las pretensiones se formulen en forma adecuada, pues ellas deben buscar inequívocamente el pronunciamiento constitutivo al que tiende, que sin duda generaría la modificación del estado de los demandados en el supuesto de prosperar. Y tal propósito no es factible lograrlo pidiendo simplemente la nulidad de la inscripción, ya que en razón de las consecuencias que se buscan es menester que se pida la materialización de otras reglas de derecho sustanciales en el caso correspondiente, a través de otras pretensiones específicas, no contenidas en el libelo que se resuelve”.

El recurso de casación

Con fundamento en la causal primera de casación, artículo 368-1 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia, en un solo cargo, de violar en forma directa, por aplicación errónea, el artículo 335, párrafo primero del Código Civil y, por falta de aplicación, los artículos 214, 237 y 1523 del Código Civil, 38 de la Ley 153 de 1887, 231 y 233 del Código Penal vigente en 1975, 49 del Decreto 1260 de 1970 y 2 de la Ley 50 de 1936.

En desarrollo del cargo sienta las reflexiones siguientes:

a) Empieza por exponer lo que llama el “fundamento lógico jurídico” e insiste que lo pretendido es que se declare “la nulidad por objeto ilícito de los registros de nacimiento de quienes fueron registrados, sin serlo, como nacidos” dentro del matrimonio de la demandante, lo que es perfectamente viable, sin que tenga que deprecarse obligatoriamente, como erradamente lo exige el tribunal, la acción de impugnación de la maternidad en la que se establezca que hubo un falso parto, porque como secuela de tal razonamiento se ignoró “que todo acto jurídico que nazca a la vida jurídica violando una ley sustantiva es nulo, de nulidad absoluta no saneable, y como tal debe ser declarado por el juez”.

b) Leyendo la sentencia del Tribunal se arriba a la conclusión de que el fundamento jurídico de ella es el artículo 335 del Código Civil, que autoriza la impugnación de la maternidad por “falso parto o por suplantación” del mismo y, además, la corporación “parece entender que fuera de la impugnación no es posible debatir, así sea indirectamente, la maternidad de una persona”. Pero debe tenerse en cuenta que la norma citada establece es la acción de impugnación de la maternidad que es directa e inmediata “y no la de nulidad del acto jurídico de registro de una persona, del cual puede derivarse que el nombre de quien aparece como madre en el registro, sea modificado” que es indirecta o mediata. Explica lo que, en su concepto, es el falso parto y la suplantación de él, citando el siguiente caso ilustrativo:

“Un varón casado tiene un hijo y lo inscribe como hijo de su matrimonio el cual está terminado de hecho desde hace tiempo. La cónyuge que no vive con el marido queda como madre de ese hijo. Para obtener el registro, el padre ha debido de obtener necesariamente un documento falso o un testimonio falso. Es decir que el acto jurídico de inscripción del hijo fue fruto de un delito y no de un parto supuesto respecto de la madre. Transcurre el tiempo y pasan más de diez años. La cónyuge a los 15 años conoce que su marido le atribuyó un hijo, sin que ella hubiese simulado parto o suplantado al hijo. Como el término para impugnar ya caducó, ¿deberá necesariamente pasar como madre de ese hijo que no es suyo? ¿si muere ese hijo, gratuitamente y como consecuencia de un acto ilícito está llamado a heredar? No puede ser jurídicamente posible... Pensemos que esa acción pasa, lato sensu, a sus herederos. Estos no inician la acción de impugnación en los términos del artículo 337 del Código Civil simplemente porque no saben que esa mujer muerta aparece como madre de quien nunca fue su hijo. No ignoran el fallecimiento, pero sí el hecho de que ese hijo aparezca como nacido de la fallecida. La acción de impugnación habrá caducado y el “hijo” tendrá derecho a disputar la herencia o a pedirla de quienes no ejercieron la acción de impugnación no por no conocer el fallecimiento de quien aparecía fraudulentamente como madre, sino por no conocer el hecho ilícito de la maternidad”.

Es enfático en manifestar que no sólo para la situación planteada en el ejemplo, sino también para otras semejantes entre las que se halla la que es discutida en este proceso, “debe existir la posibilidad de desvirtuar la maternidad, no como pretensión principal, sino como pretensión consecuencial derivada de ilicitud de la inscripción la cual debe declararse necesariamente a través de proceso de nulidad de registro”.

Igualmente advierte que, según su concepto, el artículo 335 del Código Civil “no dispone que el único medio para desvirtuar la maternidad sea el de la impugnación”, pero, por el contrario, “sí parece disponer que las únicas causas para impugnar la maternidad son el falso parto y la suplantación”.

c) No puede discutirse que la inscripción de una persona en el registro civil “es un acto jurídico”, y que, por tener dicha característica, puede ser declarada nula por objeto ilícito, ya que no hay norma legal que la excluya expresamente. Además, insiste, las acciones de impugnación de la maternidad y de nulidad de un registro que atribuye dicha filiación, son diferentes.

d) En el Código Penal vigente se consagra el delito de “alteración del estado civil de las personas”, y al respecto expone:

“Hay alteración del estado civil cuando se le da a una persona uno que es falso. Por ejemplo: un hijo nace de Luisa, mujer soltera. Ese hijo, aún sin registrar, tiene el estado de hijo de Luisa. Al pasar el tiempo Luisa conoce a Ernesto y este decide celebrar matrimonio o unirse con Luisa o simplemente decide reconocer como suyo a quien no lo es, a sabiendas de que no lo es. Eso quiere decir que el estado civil de ese hijo, respecto del padre, que sólo puede ser definido respecto del padre biológico o quien erradamente crea tener esa calidad, se falsea al darle la calidad de hijo de Ernesto. Ese reconocimiento queda viciado de nulidad por haber sido fruto de un delito y no se sanea ni aún por el paso del tiempo, ni la prescripción de la acción penal, ya que los efectos civiles nocivos no tienen prescripción. Ese reconocimiento no se podrá revocar, no se podrá impugnar, no podrá ser declarado nulo por falta de consentimiento, pero siempre podrá ser declarado nulo por objeto ilícito (...). Este caso visto desde el punto de vista de la paternidad debe tener el mismo tratamiento en cuanto a la maternidad se refiere. En verdad son muchos los casos que se presentan cuando una mujer tiene un hijo y sus padres, o sea los abuelos del hijo, deciden registrarlo como hijo legítimo quedando como hijo de sus verdaderos abuelos y como hermano de su propia madre. Este acto jurídico queda viciado de nulidad por objeto ilícito ya que se ha alterado el estado civil. Y para que se entienda que hubo alteración no será necesario que se presente condena penal, porque el vicio civil no tiene prescripción. Con el sólo hecho de demostrarse el tipo penal, sin importar si ya ha prescrito o no, la nulidad debe declararse”.

e) Prosigue la censura haciendo la enumeración de algunas de las acciones encaminadas a impugnar o reclamar o definir el verdadero estado civil de una persona, citando entre ellas: la impugnación de la paternidad, la maternidad, la legitimidad, el reconocimiento; la investigación penal por alteración o supresión del estado civil; la anulación de los registros del estado civil, bien por vicios formales, bien por vicios de fondo; de reclamación de la paternidad o de la maternidad o de estado del artículo 3º de la Ley 75 de 1968 o del artículo 406 del Código Civil; las de correcciones o rectificaciones de las actas del registro civil;

f) Asegura el censor que no se aplicaron los artículos 214 y 237 del Código Civil que disponen que los hijos nacidos dentro del matrimonio tienen por padre al marido y aplicando tal precepto “se llega a la conclusión de que la ley no presume que los hijos de hombre casado tiene por madre a la cónyuge”, presunción que, al parecer, acogió el padre de los menores demandados para inscribirlos en el registro de nacimiento como hijos de su mujer sin serlo.

g) Tampoco se aplicó el artículo 2º de la Ley 140 de 1960 en cuanto modificó los artículos 274 y 278 del Código Civil, normas que aunque derogadas por la Ley 75 de 1975 sí son aplicables al caso en estudio por expreso mandado del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, que se refieren a que la adopción es la admisión de un hijo como propio por quien no lo es por naturaleza, previa licencia judicial y, en el caso de una persona casada, con el consentimiento de su cónyuge. Explica cómo “lo que sucedió en verdad fue que el marido admitió como suyos a quienes eran sus hijos legítimos por naturaleza y además los tomó como hijos de su mujer, sin previa licencia judicial”.

h) Reitera que, no obstante estar derogados los artículos 231 y 233 del Código Penal, “la falsedad que así se castigaba en ese entonces se sanciona hoy como alteración del estado civil de las personas, al tenor del artículo 262. La ilicitud penal permanece y debe tenerse en cuenta al tenor del artículo 38 de la Ley 153 de 1887.

i) Fueron inaplicados, agrega, el artículo 1523 del Código Civil que regula la nulidad por objeto ilícito de todo contrato prohibido por las leyes, pero que debe entenderse involucrado en dicho concepto el “acto jurídico” y, por ende, “no hay la menor duda de que la ley prohíbe que un hijo sea inscrito como hijo de quien no lo es por naturaleza” y el 2º de la Ley 50 de 1936 que “ordena la sanción de nulidad absoluta no saneable para los actos jurídicos que estén viciados por objeto ilícito“.

j) Finaliza el censor citando jurisprudencia de esta corporación (Sent., mar. 9/89, G.J., 2435) en la que, según él, en un caso semejante fue decretada la nulidad sustancial del acta de registro civil y, reitera que

“En últimas lo que el padre demandado hizo fue lograr una adopción de hecho mediante la violación de todo el procedimiento que consagraba la derogada Ley 140 de 1960, solemnidades que todavía subsisten a través de la Ley 5ª de 1975 también derogada por el Código del Menor. La cadena de solemnidades no se ha roto (sic). Tampoco la nulidad nacida de la falsedad ideológica en que se incurrió”.

Consideraciones

1. Es pretensión principal de la recurrente, plasmada en la demanda introductoria del proceso, que se decrete judicialmente la nulidad absoluta por objeto ilícito, de la inscripción de Delia Rosalba Santiago Velásquez como “madre matrimonial” de los menores Ángela María y Carlos Benigno Gómez Santiago, efectuada al momento de sentarse las correspondientes partidas de nacimiento de los mismos, por cuanto dicha anotación fue hecha unilateralmente y sin su consentimiento por su esposo legítimo Carlos Julio Gómez Merchán, quien sí es el padre biológico de tales personas, porque aquélla nunca ha dado a luz y ni siquiera ha estado embarazada.

Ha sido vehemente y categórica la impugnante en precisar que la acción ejercida es única y exclusivamente la que denomina nulidad absoluta por objeto ilícito (C.C., arts. 15, 23, L. 50/36, art. 2º) de la inscripción que se hizo en el registro civil de nacimiento de su nombre como progenitora de tales personas y no ninguna otra diferente, como pudieran ser la “acción de nulidad formal de la inscripción (D. 1260/70, art. 104), ni la “acción de corrección del registro por haberse incurrido en error”, ni tampoco la “acción de impugnación de la maternidad por “falso parto” o suplantación de hijo” (fl. 2, cdno. 2).

2. Acreditado se encuentra que Carlos Julio Merchán y Delia Rosalba Santiago Velásquez están casados canónicamente desde el 7 de abril de 1973; que Ángela María y Carlos Benigno Gómez Santiago nacieron el 7 de enero y el 7 de noviembre de 1975, respectivamente; que los nacimiento fueron inscritos en el registro respectivo el 27 de mayo de 1977 por Carlos Julio Gómez Merchán para lo cual presentó “partida eclesiástica"; que como padre se inscribió a éste, quien personalmente autorizó con su firma la diligencia correspondiente, y como madre a Delia Rosalba Santiago Velásquez, quien, afirma en la demanda introductoria del proceso, no tuvo ninguna intervención directa en ese momento (fls. 14, 15, cdno. 1); que por sentencia de 2 de noviembre de 1979 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, los esposos Gómez Santiago se separaron de cuerpos y en el citado fallo se dispuso (num. 3º) que “los menores hijos Ángela María y Carlos Benigno Gómez Santiago, quedará bajo el cuidado y responsabilidad del padre, pudiendo la madre visitarlos cuando a bien lo tenga”; que desde la formulación de la demanda de separación de cuerpos la esposa manifestó saber y conocer, según antecedentes consignados en la providencia en cuestión, que “de dicho matrimonio no existen hijos. Sin embargo, fueron reconocidos como tales los menores Ángela María y Calos Benigno, hijos extramatrimoniales del esposo”; que no hay duda, así lo confiesa Carlos Julio al allanarse a la demanda (fl. 34, cdno. 1) que Delia Rosalba no es la madre biológica de Ángela María y Carlos Benigno; que el padre biológico de tales personas es Carlos Julio; y que la inscripción en el registro de esos menores se hizo, según lo refiere el damandado al contestar la demanda, con el consentimiento de la actora.

En síntesis, Ángela María y Carlos Benigno fueron inscritos en el registro de nacimiento por Carlos Julio Gómez Merchán como hijos suyos habidos dentro del matrimonio celebrado entre él y Delia Rosalba Santiago Velásquez, y por tanto, ante la ocurrencia de tal hecho, tienen respecto de dicho matrimonio la calidad de hijos legítimos y, más concretamente, Delia Rosalba tiene en relación con ellos la condición de madre legítima, es decir, poseen tales personas el estado civil de hijos matrimoniales.

3. Al definir el estado civil de una persona dice el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970 que “es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”.

Como lo admite la doctrina, el estado civil se caracteriza principalmente por: a) ser atributo de todas las personas, pues al tenor de la disposición recién citada, determina la capacidad de las mismas “para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones”; b) estar regulado por normas de orden público, como quiera que interesa a la sociedad en general, y por ende los preceptos legales que lo gobiernan no pueden derogarse por convenios particulares ni ser objeto de renuncias; c) estar excluido del comercio, y por consiguiente no puede comprarse ni venderse y menos transigirse, salvo en cuanto a los derechos patrimoniales que de él se derivan; d) como regula situaciones concernientes a la familia y a la sociedad, que en principio no puede modificarse por la voluntad individual, tampoco es susceptible de confesión (como sí lo son los hechos que lo acreditan) a menos que se trate de casos de excepción legal, como acontece con el reconocimiento voluntario de hijo extramatrimonial, que evidentemente produce para quien lo realiza consecuencias jurídicas; y e) ser imprescriptibles, porque salvo excepción legal ni se gana ni se pierde por el transcurso del tiempo.

La jurisprudencia de esta corporación no ha sido ajena al criterio doctrinal expuesto en el párrafo anterior, y de ahí que haya puntualizado, entre otros pronunciamientos, que

“Corolario obligado de la aludida incidencia del estado civil de las personas en el orden público y social son: la imperatividad de las leyes que establecen el régimen de aquél y la drástica restricción de la autonomía de la voluntad privada en este campo. En efecto, por la razón indicada, el legislador se ocupa en señalar pormenorizadamente los factores determinantes de dicho estado y su régimen, y a los particulares solamente se les permite la injerencia indispensable para la constitución del mismo, como en la celebración del matrimonio, el reconocimiento o la legitimación de los hijos extraconyugales; y la realización de otros contados actos jurídicos de contenido patrimonial o predominante patrimonial (...)”. (Sent. oct. 14/76).

Todo lo anterior significa, de ahí la importancia de traerlo al caso, que cualquiera sea la fuente de la que provenga el estado civil, su incidencia sobre el orden público y social ha determinado que sea la propia ley y nada más que ella la que regule sus efectos jurídicos, al punto que, como también lo dejó dicho la Corte en la sentencia recién citada “el principio que campea en el ámbito del derecho patrimonial y, según el cual a los particulares les está permitido todo lo que no les está prohibido, en punto del estado civil y de su régimen legal, la injerencia de la voluntad privada se gobierna por el principio contrario: a ella le está vedado todo lo que no le está expresamente autorizado”.

4. En ese orden de ideas, es preciso advertir que si la ley regula de manera sistemática e integral los efectos jurídicos del estado civil, a sus disposiciones tienen que sujetarse funcionarios y particulares, no sólo al momento de sentarse las respectivas partidas sino cuando se proponen modificaciones sustanciales a las existentes; lo que implica, por ende, que a su normatividad también están sujetas las acciones judiciales orientadas a suprimir la filiación aparente o irreal, pues dichas acciones tienen directa incidencia sobre éste, e interesan desde luego al orden público y social.

5. Así se deduce claramente de la jurisprudencia de esta Sala que a continuación se reseña, en la que, de una parte se evidencia que la Corte ha tenido la oportunidad de estudiar y resolver de antaño situaciones fácticas como la ventilada en este proceso, lo que explica precisamente la razón para traer a colación, cual antecedente histórico, esos pronunciamientos, pues en ellos, como aquí, la pretensión debatida en juicio estuvo orientada, en resumidas cuentas, a obtener la declaración judicial de que una determinada persona carecía del estado civil que ostentaba en la correspondiente partida, por no corresponder ese hecho a la realidad; y emerge, por otra parte, de esa misma jurisprudencia, que la Corte al resolver en todos esos casos en la forma en que lo hizo, dejó sentado tácitamente pero además con la nitidez requerida, que en todos los eventos en que se denuncie judicialmente la falsedad de la declaración de maternidad contenida en las actas del estado civil de una persona, sin duda se está en presencia de una auténtica y genuina acción de impugnación de esa filiación, así se le llame por el actor acción de nulidad del registro o de inoponibilidad o invalidez, pues lo que en el fondo prevalece e importa en todas ellas es que se declare judicialmente que es irreal el hecho afirmado en la partida; cuestión que, según se expresa en esos mismos pronunciamientos, por interesar al orden público y social, suscita el debido acatamiento de funcionarios y particulares.

Esos fallos son del siguiente contenido:

5.1. En sentencia del 14 de febrero de 1942 la Corte admitió, dando aplicación al artículo 22 de la Ley 57 de 1887 en concordancia con el artículo 394 del Código Civil, que las partidas eclesiásticas y las actas del estado civil podían ser rechazadas o redargüidas o suplidas cuando eran falsas o no correspondía a la realidad la declaración hecha y recogida en ellas “por los contrayentes de matrimonio, por los padres u otras personas en los respectivos casos” y, consecuentemente, aceptó en ese pronunciamiento que, acreditada en proceso judicial la falsedad de la declaración en ellas contenida, había lugar a desvirtuar la presunción de autenticidad y veracidad que las amparaba.

En efecto, en dicha sentencia la Corte examinó el caso de un proceso en que los actores solicitaron, en su calidad de herederos, se declarara que el demandado “no tiene el carácter de hijo legítimo de los esposos” allí mencionados “por no haber nacido dentro del matrimonio de los mismos y por lo tanto no es heredero de estos”; que, consecuentemente, “se declare nula y sin valor legal alguno la declaratoria de heredero que a favor del mismo demandado (...) fue hecha en las sucesiones acumuladas de los esposos (...) como hijo legítimo de estos (...)”; pretensiones todas esas apoyadas principalmente en que los esposos contrajeron matrimonio católico el 28 de noviembre de 1896; que el demandado fue bautizado el 19 de marzo de 1898 cuando tenía “cinco años cinco meses y diez y nueve días de nacido, luego no pudo nacer dentro del matrimonio de los esposos (...)”. Esta corporación, reconociendo que al interior de la actuación se comprobó efectivamente la circunstancia alegada en la demanda, casó la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de 28 de febrero de 1941, que había revocado la estimatoria dictada por el a quo por cuanto no se demostró cuándo se efectuó el matrimonio, y en su lugar dispuso “Confirma la de primer grado de fecha doce de abril de mil novecientos treinta y nueve, dictada por el señor juez octavo civil del circuito de Bogotá”.

En esta sentencia puntualizó expresamente la Sala:

“Una partida o acta de bautismo o de matrimonio, ya sea de origen civil o eclesiástico, no comprueba por sí, sino el hecho del bautismo o el acto del matrimonio (...).

Ahora bien: la veracidad de lo certificado, respecto del nacimiento o del matrimonio, por el notario o por el cura párroco, se presume y por ese aspecto mientras el acta no sea redargüida u objetada de falsa y demostrada la tacha, el certificado hace plena prueba. Mas respecto de las demás circunstancias expresadas en las actas la veracidad no la garantiza la ley por cuanto el notario o el párroco se limitan, porque no podía ser de otra manera, a expresar lo que digan los interesados. De ahí el artículo 394 del Código Civil, aplicable a las actas civiles y eclesiásticas. Mas si no está garantizada la veracidad de esas declaraciones, eso no quiere decir, no significa que deba hacerse caso omiso de ellas, que deban pasarse por alto, pues se mantienen en pie mientras no se demuestre su falsedad”. (G.J., Nº 53, págs. 50 y ss.).

Con arreglo a lo precedente y tras hacer referencia a los elementos de prueba obrantes en el proceso, terminó concluyendo la Corte en ese fallo (feb. 14/42) que teniendo el demandado cinco años en 1898, “la fecha de su nacimiento tuvo que ser en el año de 1892, es decir más de cuatro años antes del matrimonio” referido, por lo que éste “no pudo haber nacido dentro de ese matrimonio y la presunción de legitimidad, por lo tanto, no lo acompaña” (G.J., 53, págs. 50 y ss.).

5.2. Mediante fallo de 18 de julio de 1944 la corte se ocupó de estudiar la demanda promovida para que se declarara, entre otros pronunciamientos, que la demandada no era casada con el causante xx, que no tenía el carácter de cónyuge sobreviviente de éste, y que carecía de valor legal el reconocimiento judicial hecho al respecto dentro de su mortuoria; reiterando la Sala en ese fallo su criterio anteriormente comentado de que la presunción de autenticidad y veracidad de las partidas podía desvirtuarse probándose la falsedad de la declaración afirmada en ellas, casó la sentencia del ad quem (que había confirmado la desestimatoria del a quo)y declaró, principalmente, que “no está comprobado el matrimonio. ... ”, que “carece por lo tanto de valor y efecto legales” el reconocimiento judicial que en la mortuoria se le hizo como “cónyuge sobreviviente. ...”. En esa oportunidad (jul. 18/44) la Corte consideró que

“... el artículo 22 de la Ley 57 de 1887, después de establecer que se tendrán como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos o matrimonios o defunciones, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, estatuye que tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas o suplidas en los mismos casos y términos que aquellas a que se contrae el título XX mencionado. De esto último (prosiguió) manan dos circunstancias: 1ª que el artículo 22 de la Ley 57 no es un texto legal que pueda interpretarse aisladamente sino que su interpretación debe considerarse también también a la luz de los artículos 392, 393 y 394 del Código Civil; 2ª que tales pruebas pueden ser redargüidas o rechazadas ante el poder civil y por los procedimientos conducentes. ...“. (Ver G.J., tomo LVII, págs. 457 y ss.).

5.3. En sentencia de 8 de junio de 1948 la Corte, con fundamento en criterio similar al de sus fallos de 14 de febrero de 1942 y 18 de julio de 1944 (con el apoyo en el art. 22 de la L. 57/887 y C.C., arts. 393 y 394), reiteró que las partidas de origen eclesiástico, como las de origen civil, podían ser rechazadas o redargüidas por falsedad del hecho en ellas declarado. Fue así como, al tener en cuenta que se había impugnado y probado ser falso el matrimonio a que aludía la correspondiente partida eclesiástica redargüida allí por el actor (celebrado el 12 de mayo de 1926), esta corporación casó la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona de 17 de julio de 1946 que había confirmado la desestimatoria del a quo del 11 de julio de 1945 en consideración a que eran las autoridades eclesiásticas las que debían conocer de la “nulidad del matrimonio” (como el ad quem entendió la pretensión), disponiendo la Corte, en consecuencia, que por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona “se dicte nuevo fallo en este negocio” ya que por el contrario, agrega, lo que el actor “categóricamente asevera como base de la acción propuesta es que es falso el hecho afirmado en la partida de que dicho matrimonio se haya verificado en realidad”.

5.4. Mediante sentencia de 9 de junio de 1970 la Corte conoció de una demanda en la que la actora solicitó, en lo fundamental, se declarara que la demandada no era hija suya, pues “nunca ha tenido hijos”; que tampoco era hija matrimonial de la actora “no obstante la declaración que aparece en la certificación del notario 4º de Bogotá”; que, en consecuencia, el reconocimiento judicial de la demandada como heredera única del cónyuge premuerto de la actora, en su condición de hija legítima, hecha en la sucesión de aquél, “le es inoponible a la demandante como cónyuge sobreviviente del causante”; y que por haber sido (la actora) instituida por éste como heredera universal, tiene mejor derecho que la demandada a recoger la herencia de aquél. Los fundamentos fácticos de esas pretensiones fueron, que la demandada fue llevada a una casa de pobres el 27 de septiembre de 1934, de un día de nacida; que fue entregada a la actora y a su cónyuge el 13 de septiembre de 1938; que el 21 de septiembre de 1942 el cónyuge de la actora la denunció en la notaría 4ª de de Bogotá como hija legítima suya y de aquélla; que con base en esa partida la demandada fue reconocida como única heredera en la sucesión del cónyuge de la actora; y que lo anterior “no es suficiente para darle a la demandada un estado civil que por naturaleza no tenía ni podía tener“. Para confirmar la decisión estimatoria de primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, siguiendo con ello el criterio de la Corte anteriormente expresado, se apoyó en los artículos 392, 393 y 394 del Código Civil, señalando que la causa petendi radica en la falta de veracidad en la declaración contenida en la citada acta de origen civil, lo que encontró plenamente acreditado en el proceso. La Corte, al conocer del recurso de casación interpuesto contra esa decisión, se apoyó en el artículo 335 del Código Civil para sostener que es cabalmente procedente la acción de impugnación encaminada a obtener la declaración de que una persona carece del estado civil que ostenta cuando éste no corresponde a la realidad del hecho declarado en la correspondiente acta del estado civil, pero adicionalmente perfiló aún más ese criterio en cuanto señaló la oportunidad para el ejercicio de esa acción, al precisar allí, particularmente en punto de maternidad, que está debía promoverse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 336 y 337 del Código Civil, es decir, dentro del término previsto en esas normas, temporaneidad sobre la que ningún pronunciamiento había hecho la providencia el Tribunal, pero en la relación con la cual la Corte, al considerar extemporánea la petición de la actora, casó el fallo de aquel sentenciador, no obstante que éste en lo demás estaba en consonancia, como ya se dijo, con aquél criterio doctrinal que esta corporación venía exponiendo en las providencia reseñadas anteriormente. Por eso, aun cuando la Sala reiteró allí que hay acciones encaminadas a “obtener la declaración de que una persona carece del estado civil que ostenta, por no corresponder a la realidad”, precisó a renglón seguido que éstas debían encauzarse por el artículo 335 del Código Civil, y hacerse valer dentro de la oportunidad prevista en los artículos 336 y 337 del Código Civil; no sin antes haber notado cómo “por la especial gravedad que para el ejercicio de los derechos emanados de las relaciones de familia y para la estabilidad y seguridad que entraña el desconocimiento del estado civil que una persona viene poseyendo, el legislador ha señalado plazos cortos para el ejercicio de las acciones de impugnación”.

Así, tras advertir que “del contexto de las súplicas de la demanda y de los hechos que le sirven de fundamento, aparece que la acción ejercitada como principal en el libelo es la de impugnación de la maternidad de la actora ...” pues se pidió declarar que la señora ... (la demandada, se agrega) no es hija mía, porque yo no he tenido hijos”, lo que “no deja duda acerca de la naturaleza de la acción ejercitada”, la Corte expuso:

“A efecto de que se pueda excluir de la familia a quien de conformidad con las respectivas actas del estado civil figura como hijo de determinada mujer, sin serlo en realidad, la ley faculta a las personas que señalan los artículos 335 y 337 del Código Civil para impugnar ese estado civil, probándose falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero. Entre tales personas figuran en primer término, “el marido de la supuesta madre y la misma madre supuesta, para desconocer la legitimidad del hijo”.

Mas como el estado civil, que según el artículo 346 es la calidad de un individuo, en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, no puede quedar sujeto indefinidamente a la posibilidad de ser modificado o desconocido, por la incertidumbre que tal hecho produciría respecto de los derechos y obligaciones emanados de las relaciones de familia, y por constituir, como ya se dijo, un atentado inadmisible contra la estabilidad y unidad del núcleo familiar, el legislador estableció plazos perentorios dentro de los cuales ha de ejercitarse la acción de impugnación, so pena de caducidad del derecho respectivo.

Las personas designadas en el artículo precedente —estatuye el 336— no podrán impugnar la maternidad después de transcurridos diez años contados desde la fecha del parto. Con todo, en el caso de salir inopinadamente a la luz un hecho incompatible con la maternidad putativa, podrá subsistir o revivir la acción anterior por un bienio contado desde la revelación justificada del hecho.

Lo cual significa, obviamente, que transcurrido ese término queda definitivamente consolidado el estado civil de hijo legítimo frente a quienes, según las actas respectivas, tienen la calidad de padres, y, por consiguiente, en la hipótesis de que no lo fueran, ya no podrían, ni el marido de la madre supuesta, ni esta misma, impugnar ese estado civil alegando falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero” (se resalta) (cfr. G.J., 2392, págs. 235 y ss.).

En armonía con esa línea de pensamiento y una vez dio por establecido que la acción ejercida estaba caducada, la Corte en el fallo que se viene comentando (jun. 9/70) casó la sentencia del ad quem, revocó la del a quo y negó las peticiones de la demanda.

5.5. Posteriormente, en sentencia de 2 de octubre de 1975 (ya en vigencia el D. 1260/70), al conocer de proceso promovido para que se declarase que la actora no es madre natural ni legítima de la demandada “toda vez que se le ha atribuido una presunta maternidad”, y para que se declarase “la nulidad de la partida” de origen civil correspondiente, y se corrigiera la misma en lo pertinente; todo ello por no ser cierto que la actora tuviese esa calidad respecto de la demandada, es decir que “ninguno de los dos cónyuges antes nombrados son ni el padre ni la madre legítimos o naturales” de la demandada, y por cuanto la actora sólo “desde la fecha de la partida del registro civil de nacimiento tuvo conocimiento de que se le señalaba el ser la madre legítima de una mujer que no es su hija naturalmente sino por atribución y efecto de dicha partida“; la Corte, al negarse a casar la sentencia de fecha 12 de diciembre de 1974 proferida por el ad quem (que confirmó la desestimatoria del a quo apoyándose en que como lo dice don Fernando Vélez “una vez transcurridos los diez años a que se refiere el artículo 336, no puede impugnarse la maternidad, y por lo tanto, la falsa queda como legítima..."), la Corte, repítese, insistiendo una vez más en su posición jurídica al respecto, dejó sentado que como la actora y el marido de ésta trataron a la demandada en público y privado como si fuera la hija legítima de ellos,“ pasados los primeros 10 años de este estado de cosas, la aparente filiación legítima de ... (la demandada, se agrega) relativamente a sus padres supuestos que voluntariamente dieron lugar a ella, se hizo inexpugnable, pues la maternidad no puede ser impugnada por ellos cuando ha transcurrido más de ese lapso, contado a partir de la fecha del parto, según lo establece el artículo 336 del Código Civil”. (G.J., 2392, págs. 233 y ss.).

Y como en aquel caso la actora planteó en el recurso de casación interpuesto contra el fallo del tribunal, que el término que ella tenía para impugnar la aparente maternidad debía contarse a partir del 28 de agosto de 1973, fecha en que, con base en una partida eclesiástica de nacimiento (ene. 6/48), se sentó el registro civil de la demandada (nacida el 20 de noviembre de 1942), y que por tanto no habían transcurrido 10 años cuando se presentó la demanda impugnaticia, la Corte agregó en su citada sentencia de 2 de octubre de 1975, que

“...para los padres supuestos que impugnan la maternidad, el término de caducidad que el precepto (C.C., art. 336), antes mencionado, establece, debe contarse desde cuando se dijo ocurrido el falso alumbramiento, como expresamente lo dice esa disposición y no desde cuando se hizo el registro civil de nacimiento, porque desde aquel día, por actos propios de los padres supuestos (presentada y tratada como si fuera hija legítima de ellos, se agrega), por maniobras ejecutadas por ellos libre y conscientemente, se atribuyeron el ser los autores de la vida de quien realmente no es su hijo. Cuando la disputa sobre la maternidad se origina en un falso parto, cual sucede en la especie de este litigio (se refiere al caso concreto de aquel proceso, se agrega), no es posible concebir que a la madre supuesta se le atribuya la maternidad a espaldas suyas. Sería exótico que se fingiera un parto sin el concurso de la mujer que lo finge. Por ello, el texto de la ley no deja la menor duda de que el término de caducidad contemplado en el artículo 336 citado, relativamente a la acción de impugnación de la maternidad que se concede a los supuestos padres para desconocer la legitimidad del hijo respecto de ellos, se cuenta desde la fecha del parto y no desde cuando se haga el registro civil de nacimiento” (Ver G.J., 2392, págs. 233 y ss.—subrayas fuera del texto).

5.6. Más tarde, en sentencia de 28 de marzo de 1984, la Corte resolvió recurso de casación en un proceso en el que los actores pidieron, en esencia, se declarara que el demandado no es hijo de la señora xx, por no haber nacido en parto de ella; que, por lo mismo, el demandado no es hijo “que hubiese sido concebido y nacido dentro del matrimonio”; que dicha señora contrajo matrimonio católico con zz, ya fallecido; que el demandado carece de derecho hereditario en la sucesión de xx, fallecida el 4 de septiembre de 1976; y, subsidiariamente “se proceda a rectificar la correspondiente acta de nacimiento (...) la cual adolece de falsedad ideológica en lo referente a la declaración de ser el demandado hijo natural de una mujer casada (...)”. Se adujeron como supuestos fácticos, que xx abandonó el hogar matrimonial que formó con zz; que una trabajadora del restaurante que aquella explotaba para entonces “en forma oculta y sin el consentimiento de su patrona y de las demás personas que laboraban con ella, abandonó su empleo en el mes de abril de 1933 dejando de paso abandonada su criatura” de pocos días de nacida, cuyo cuidado y atención confió xx a algunos parientes; que posteriormente ésta se encariño con el niño, haciéndolo bautizar el 24 de mayo de 1939 como hijo suyo, habiendo intervenido Alberto Rojas como “testigo de la farsa”, por lo cual la partida así sentada “contiene una falsedad ideológica”. El a quo desestimó las pretensiones en sentencia de 20 de febrero de 1981 por no estar probados los fundamentos fácticos de la demanda, decisión que recurrida por los actores revocó el Tribunal en fallo de 27 de noviembre de 1982 para declarar imprósperas las excepciones de caducidad y prescripción propuestas con apoyo en el artículo 337 del Código Civil y en que “ya había vencido plazo de 60 días para impugnar la maternidad”, y declarar, así mismo, que el demandado no es hijo de xx “por no haber nacido en parto de aquélla, ni concebido ni nacido dentro del matrimonio de ésta con zz, y que tampoco estaba llamado a heredarla”. La Corte, después de precisar que en materia de maternidad la acción de impugnación tiene por finalidad destruir esa filiación cuando “de ella un individuo viene gozando aparente y falsamente”, se expresó así, al conocer del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en cuyo cargo segundo el recurrente le enrostró al tribunal haber considerado, equivocadamente, que el objetivo de la acción de impugnación es determinar, como sea, la falsedad del parto, y no si el hijo cuyo estado civil se halla en juego, es o no hijo de la mujer que pasa por madre suya:

“La acción de impugnación de la maternidad se contrae a obtener judicialmente, en cambio, la declaración de que un individuo cuyo estado se discute no nació de la mujer que se señala como su madre. Y para establecerla se necesita demostrar, como lo reclama el artículo 335 citado, que “hubo falso parto, o suplantación del pretendido hijo al verdadero”.

Si los elementos esenciales de la maternidad son el parto y la identidad del producto de éste, es lógico pensar que ella pueda impugnarse probando uno de estos dos extremos, o los dos a la vez: a) Que hubo suposición de parto, es decir, que muy a pesar de la declaración hecha ante el respectivo funcionario del registro del estado civil, no existió el parto que se le atribuye a determinada mujer; b) que el ser humano nacido en determinado parto es diferente del que actualmente protege esa maternidad aparente. Basta pues con que se destruya uno cualquiera de tales dos presupuestos constitutivos de la maternidad para que el acta de registro del nacimiento, que por ser en tal supuesto el resultado de una falacia y que por tanto contiene una declaración mendaz, deje de servir de medio de prueba a quien pretende prevalerse de ella.

En verdad que si el acta de inscripción del nacimiento es, en principio, una prueba del parto, no lo es menos que no puede considerarse como prueba irrefutable, desde luego que ella puede contener la declaración mentirosa que el denunciante del nacimiento hace al registrador del estado civil, o el mismo redactor de la partida puede incurrir en yerro. El acta de nacimiento, que es el modo normal y ordinario de demostrar el parto, hace fe provisionalmente; quien discuta la autoridad de ella puede destruir o infirmar su valor aportando pruebas contrarias y con las cuales logra arrasar la apariencia. El proceso de impugnación de la maternidad es procedente, entonces, solamente cuando la partida de nacimiento y la posesión de estado no atribuyen al hijo su verdadera, su auténtica y real filiación materna” (G.J., CLXXVI, pág. 120, subrayas fuera del texto original).

Y reiterando que cuando se pide declarar judicialmente que una persona no tiene por madre a quien aparece como tal en el registro civil de nacimiento lo que se persigue en realidad es acreditar que hubo falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero, agregó la Corte en el fallo en comentario (mar. 28/84) que

"Cuando el Tribunal de Bogotá estimó, y así lo expresó en el fallo combatido, que según el artículo 335 del Código Civil, el objetivo de la acción de impugnación de la maternidad, concretamente el de la aquí ejercitada, es el de aniquilar el estado de hijo que de xx ostentaba el demandado, por ser, según la demanda “falso el parto de aquélla”, dio a dicha norma su exacta interpretación finalista, desde luego que, conforme a los términos que de ese texto legal, tal impugnación se alcanza “probándose falso parto, o suplantación del pretendido hijo al verdadero”...” (G.J., CLXXVI, pág. 120).

Siguiendo la misma línea argumentativa, la citada providencia después de destacar que si bien es verdad que el modo normal de probar la maternidad es presentando la respectiva acta del registro de nacimiento, mas no el único porque tal hecho puede acreditarse también con la posesión notoria de ese estado, remató afirmando para de paso precisar el alcance de la acción tendiente a obtener la declaración de que una persona carece del estado civil que ostenta por no corresponder a la realidad, lo siguiente:

"Empero, la posesión de estado no significa necesariamente que corresponde siempre y en todo caso a la situación de derecho; en eventos excepcionales ésta y aquélla se hallan en pugna, como sucede, por ejemplo, en las hipótesis de suplantación de parto, o de sustitución del fruto de ésta, en los cuales se tiene el estado de hijo determinada mujer por posesión notoria, situación que no corresponde a la filiación real. Por eso es por lo que la posesión notoria, lo mismo que el acta de nacimiento, como pruebas ordinarias que son en materia de filiación, sólo hacen fe provisionalmente: hasta tanto la persona que discute su autoridad las destruya o infirme con la aportación de pruebas que demuestren lo contrario. De ahí que combatir el acta de nacimiento o la posesión notoria del estado de hijo de determinada mujer constituye, precisamente, el objetivo de la pretensión impugnativa de la maternidad.

Y cuanto ésta se dirige concretamente a demostrar el falso parto de la mujer, o sea desvirtuar el contenido del acta de nacimiento, no puede oponerse al demandante la prueba de la posesión notoria del estado de hijo que indica que la mujer que supuestamente pasa por madre de un individuo ha tratado a éste como hijo suyo proveyendo a su educación y establecimiento, y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos, pues es obvio que en esa hipótesis la posesión notoria, como la misma acta de nacimiento, demuestran la existencia entre los supuestos madre e hijo de un vínculo de parentesco que está en pugna o contradice la filiación verdadera...” (sent. mar. 28/84, G.J., CLXXVI, págs. 125 y 126).

6. El antecedente jurisprudencial que viene de exponerse denota, muy a las claras, que tradicionalmente para la Corte, así lo pone de presente ahora una vez más esta corporación, la acción judicial tendiente a que se declare falso el hecho de la maternidad, lo que conlleva en el fondo es, en realidad, la acción de impugnación de esa maternidad, como lo consagra el artículo 335 del Código Civil, porque si dicha acta está destinada a probar documentalmente el parto y la identidad del producto de éste, la falsedad solicitada respecto del hecho allí declarado ataca, sin lugar a dudas, los mencionados pilares de esa filiación, así el actor solicite, en la práctica, la declaración de nulidad del registro u otra petición específica cualquiera (invalidez, inoponibilidad, ineficacia, cancelación del registro, etc.), pues, llámesele como se le llamare, lo cierto e indiscutible es que la acción así propuesta tiene como soporte fundamental la falsedad de la maternidad afirmada en la partida; falsedad que implica, desde luego, que el parto es irreal, haya participado o no en el fraude, como luego se verá, la supuesta madre.

Hoy, aun cuando sirven de fundamento a la apertura del correspondiente folio (D. 1260/70, art. 50), las partidas de origen eclesiástico no acreditan por sí mismas el estado civil de las personas, como lo previeron en su momento los artículos 22 de la Ley 57 y 79 de la Ley 153, ambas de 1887, porque esas disposiciones fueron modificadas por la Ley 92 de 1938 y por los artículos 105 y 9º de los decretos 1260 y 2158 de 1970, respectivamente. Por su parte, los artículos 392, 393 y 394 del Código Civil fueron derogados expresamente por el artículo 123 del primero de esos decretos, que adicionalmente en su artículo 13 reprodujo la presunción de autenticidad y pureza de las “inscripciones hechas en debida forma en el registro del estado civil”, y agregó que “No obstante, podrán rechazarse, probando la falta de identidad personal, esto es, el hecho de no ser una misma la persona a que se refiere la inscripción o los documentos en que ésta se fundó y la persona a quien se pretende aplicar” (situación a la que hacía referencia el artículo 393 del CC). La hipótesis de la falsedad del hecho declarado en la partida a que aludía el derogado artículo 394 del Código Civil no fue reproducida expresamente en el Decreto 1260 de 1970, pero aun cuando fuese pertinente entender que ella está comprendida, de alguna manera, dentro de la prevención contemplada en el artículo 103 de dicho decreto o en la concordancia que es preciso hacer entre esa norma y los artículos 66 del Código Civil y 251 del Código de Procedimiento Civil, aún así, como al tenor de las consideraciones precedentes, la declaración judicial de falsedad de la afirmación contenida en el registro conlleva, a no dudarlo, la impugnación de la aludida filiación por falso parto o por suplantación del pretendido hijo al verdadero, el término dentro del cual ella debe promoverse por la madre supuesta permanece atado al mandato del artículo 336 del Código Civil pues una y otra (la acción de falsedad, o la de impugnación propiamente) persiguen por igual dejar sin efecto la inscripción sentada en el registro como consecuencia del hecho irreal que originó ese acto; todo lo cual traduce que inclusive en el remoto evento de llegar a mirarse, no obstante, como acciones distintas, de todos modos se impondría dar aplicación aquí, en cuanto a la oportunidad de su ejercicio, al artículo últimamente citado (C.C., 336) por cuanto esta norma regula de manera especial el caso en estudio, esto es, el evento del esclarecimiento de la filiación materna irreal, cuestión que no sucedería con el artículo 103 del Decreto 1260 de 1970 aplicable en principio y eventualmente por igual a otros casos de falsedad contenida en la partida (paternidad, defunción, adopción) todo con sujeción a la regla 1ª del artículo 5º de la Ley 57 de 1887.

Sentada entonces la partida que acredita la filiación materna respecto de un hijo determinado, se insiste, la única manera de desvirtuar aquélla, si el hecho es irreal, es mediante la acción de IMPUGNACIÓN contemplada en el artículo 335 del Código Civil, que se contrae, según se vio, a obtener judicialmente la declaración de que aquél no nació biológicamente de la madre a quien se atribuye falsamente el parto. La ley, que según lo visto regula de manera especial e íntegra el estado civil de las personas, no consagra la figura de la NULIDAD SUSTANCIAL prevista en el título XX del libro IV del Código Civil como herramienta autónoma para remediar afirmaciones falsas que afecten materialmente la inscripción de una filiación materna; por lo que consecuentemente es del caso admitir que dicha solución es extraña al ordenamiento, en tanto el legislador encontró en la acción de IMPUGNACIÓN (C.C., art. 335) el instrumento apropiado y único para combatir dicha irregularidad. De manera que si solamente es posible a este respecto la acción de IMPUGNACIÓN (de la filiación materna irreal), al término de oportunidad previsto para su ejercicio en el artículo 336 del Código Civil tendrá que someterse la madre supuesta, es decir, que no podrá, “impugnar la maternidad después de transcurridos diez años, contados desde la fecha del parto”, vencido el cual caduca su derecho consolidándose para el hijo la calidad de tal que le atribuye la partida. Si, pues, con arreglo a lo dicho, la declaración judicial promovida por la madre supuesta tiene fundamento fáctico en la falsedad contenida en la partida, y si adicionalmente dicha declaración está apoyada en el artículo 335 de Código Civil y fue presentada en la oportunidad indicada en el artículo 336 ibídem, ella resulta procesalmente procedente, así la actora pida en concreto que se declare la nulidad del registro, o su invalidez o su ineficacia, o su falsedad o inoponibilidad, porque todas esas declaraciones persiguen materializar la acción de impugnación contenida en esa norma. Por el contrario, aun cuando medie igual base fáctica, si con apoyo ya no en el artículo 335 sino en el 1740 de Código Civil se pretende la declaración de nulidad de la partida o del registro, aduciendo objeto ilícito deducido precisamente de la falsedad allí sentada, la vía escogida se torna improcedente porque la acción así ejercida es muy otra y no está contemplada, se reitera, en la ley como solución posible a la alteración del estado civil, fuera de que su ejercicio no encuentra otra explicación posible que no sea la de eludir el término de oportunidad previsto en el artículo 336 del Código Civil.

7. En resumidas cuentas, por cuanto falso parto se da no sólo cuando la declaración mentirosa contenida en la partida se obtiene con el concurso de la supuesta madre, que lo fingió, sino igualmente en todos los casos en que la maternidad declarada no corresponde a la realidad, la acción judicial que para esclarecer ese hecho irreal se proponga por la supuesta madre deberá promoverse siempre dentro de la oportunidad contemplada en el inciso 1º del artículo 336 del Código Civil (“diez años, contados desde la fecha del parto”), independientemente de que quien la proponga sea la supuesta madre cómplice o la inocente, por la sencilla razón de que la subsistencia o prórroga del plazo para proponerla por un bienio más, como lo indica el inciso 2º de esa norma, está condicionada, cual allí mismo se expresa, a que surja “inopinadamente a la luz algún hecho incompatible con la maternidad putativa”, y por lógica ello está indicando que un hecho de esa naturaleza o connotación no puede surgir sino en relación con la supuesta madre inocente, porque sólo ella estaría en condiciones de tener con posterioridad al parto esa “revelación justificada”; todo lo cual denota evidentemente que el falso parto se da no sólo cuando él se finge por la supuesta madre, sino en todos los casos en que el alumbramiento declarado en la correspondiente partida no corresponda a la verdad.

8. Así, entonces, es preciso concluir de todo lo anterior que la acción tendiente a obtener la declaración de que una persona carece de la filiación materna que ostenta, por no corresponder ella a la realidad, o lo que es lo mismo a obtener la acción de impugnación sustancial del registro y, por ahí mismo, de la maternidad en él afirmada para que se deje sin efecto la correspondiente partida afectada de falsedad ideológica, sólo es viable legalmente a la luz del artículo 335 del Código Civil, acción que está en manos no sólo de la supuesta madre partícipe del engaño sino igualmente de la inocente que se enteró posteriormente de ese hecho, quienes en principio tienen el mismo término para promover la acción de esclarecimiento judicial (así se persiga la declaración de nulidad, invalidez e ineficacia, o la inoponibilidad del registro, y que en todos los casos tiene indistintamente como punto de partida “el hecho falso declarado en la correspondiente acta del estado civil”), con la única diferencia de que para la supuesta madre inocente subsiste el bienio adicional para promover la acción, cuando se dan las circunstancias señalada en el inciso 2º del artículo 336 del Código Civil; bienio que como el mismo precepto lo indica será “contado desde la revelación justificada del hecho” inopinado que para ella ha surgido.

9. Descendiendo al caso de este proceso y de acuerdo con las pruebas que en él militan, se sabe que por una manifestación inexacta del codemandado Carlos Julio Gómez Merchán, sus hijos Ángela María y Carlos Benigno fueron inscritos en el registro civil de nacimiento como hijos de la actora Delia Rosalba Santiago, con quien aquél había contraído matrimonio, sin que ella fuera en realidad la madre biológica de estos, situación que la llevó a promover la acción de nulidad parcial de esos registros, para que ese excluya de ellos la maternidad en cabeza suya.

El ad quem, al confirmar el fallo apelado que declaró probada la excepción de “petición de modo indebido” a consecuencia de que se demandó la nulidad de los registros y no la impugnación de la maternidad que en su sentir era lo procedente al tenor del artículo 335 del Código Civil, expuso en su fallo recurrido en casación que la razón fáctica fundamental para pedir consistió en que la actora no era la madre de los supuestos hijos “pues estos no salieron de su vientre”, es decir, que los registros civiles de nacimiento “contienen declaración mentirosa sobre tal punto”, por lo que concluyó que siendo la inscripción prueba del parto, la demostración que se persiga en contrario debe formularse en forma adecuada, propósito que “no es factible lograrlo pidiendo simplemente la nulidad de la inscripción, ya que en razón de las consecuencias que se buscan es menester que se pida la materialización de otras reglas de derecho sustanciales en el caso correspondiente, a través de otras pretensiones específicas, no contenidas en el libelo que se resuelve”.

Lo que viene de verse pone, pues, de presente que el tribunal no incurrió en el error jurídico que el cargo le atribuye cuando concluyó que no era viable la acción de nulidad aquí incoada con fundamento en el artículo 1741 del Código Civil en concordancia con los artículos 1502 y 1519 de la misma obra. Por lo mismo, no encuentra la Corte la violación directa efectuada por el tribunal de las normas sustanciales denunciadas por la recurrente ya que, antes por el contrario, aplicó correctamente el artículo 335 del Código Civil en cuanto exigió que la parte recurrente estaba en la perentoria obligación de promover la acción de impugnación de la maternidad porque, como secuela de la inscripción de los nacimientos de Ángela María y Carlos Benigno en el registro civil como hijos suyos y de su esposo Carlos Julio Gómez Merchán, aquéllas gozan de afiliación legítima respecto de ellos y más concretamente con relación a la maternidad que se atribuye a ella, no siendo lícito despojarlos de dicho estado civil por vía diferente a la acción negativa de estado de impugnación de maternidad (C.C. art. 335), ya que se encuentra de por medio el orden público y la protección constitucional que tiene toda persona de fijar su posición dentro de la familia.

Tampoco las restantes normas sustanciales denunciadas como inaplicadas tenían que serlo por parte del sentenciador de segundo grado, por cuando, para solucionar la controversia no era necesario acudir a ellas, mucho menos para darles los alcances y efectos que fija la recurrente. No puede permitirse que, a través de la acción de nulidad por objeto ilícito que se hace consistir en el hecho de atribuirse una filiación materna que no existe, se pretenda pretermitir la acción de impugnación de la maternidad que legalmente sería la correspondiente y que, como tal está instituida y reglamentada por el legislador en el artículo 335 del Código Civil; pero por sobre todo, como acá ocurre, que se restablezca o se prorrogue indefinidamente un término de caducidad de la misma, pues todo indica, así lo confiesa expresamente la demandante, que, en últimas, lo pretendido con la formulación de la pretensiones por camino diferente es el eludir los efectos fulminantes y definitivos de la caducidad, ligados desde luego al ejercicio de la acción idónea.

10. Finalmente, no tiene razón la censura cuando invoca, en respaldo de sus argumentaciones sobre la violación directa de normas sustanciales, lo dicho por esta corporación en fallo de casación de 9 de marzo de 1989, porque lo allí decidido corresponde a una acción de nulidad formal de un acta de registro civil de nacimiento (D. 1260/70, art. 104-5) vinculada a una adopción, nulidad formal que el actor descarta expresamente de su pretensión, por lo que obviamente no se asemeja al asunto controvertido relativo a la atribución de falso parto, que aquí se combate mediante el ejercicio de una acción de nulidad sustancial de la correspondiente acta del estado civil.

11. El cargo, entonces, no prospera.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 8 de agosto de 1994, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., Sala de Familia, en este proceso ordinario iniciado por Delia Rosalba Santiago Velásquez contra Carlos Julio Gómez Merchán, Ángela María y Carlos Benigno Gómez Santiago.

Costas del recurso a cargo de la parte recurrente. Liquídense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Magistrados: Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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