Sentencia 5218 de junio 15 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

RESTITUCIONES EN CASO DE NULIDAD DEL CONTRATO

DERECHO A RECLAMAR MEJORAS MEDIANTE PROCESO SEPARADO

EXTRACTOS: «La eficacia retroactiva de la declaración judicial de nulidad de un negocio jurídico, con fuerza de cosa juzgada, dimana de la propia naturaleza de la sanción dispuesta por la ley para aquellos actos y contratos que se celebran contraviniendo sus prescripciones, pues ella comporta la destrucción de los efectos que hubieren producido desde su celebración, hasta el momento de invalidarse judicialmente. Dicho efecto lo reglamenta el artículo 1746 del Código Civil, cuando establece que quienes concurrieron a su formación, tienen derecho a ser restituidos al mismo estado de cosas existente al tiempo de celebrarlo, lo que de suyo implica, para el evento de haberse ejecutado total o parciaImente las prestaciones derivadas del mismo, la devolución de todo cuanto hubieren dado o recibido con ocasión de él, excepto, por ejemplo, cuando la nulidad recae sobre contrato celebrado con persona incapaz, sin la observancia de los requisitos legales, o deviene de haber tenido causa u objeto ilícitos a sabiendas de las partes contratantes.

Empero, el derecho que en tales términos consagra el inciso 1º del texto legal referido, no se satisface con el reintegro exclusivo de las cosas dadas o recibidas en cumplimiento de las obligaciones emanadas del negocio jurídico anulado, ya que, por mandato de su inciso 2º, inspirado en el inocultable propósito de preservar una relación de equidad en las prestaciones dirigidas a retornar a las partes a la situación anterior al contrato, comprende los intereses y frutos de aquellas, así como el valor de los gastos y mejoras que se hubieren realizado en ellas, además de las indemnizaciones que provengan de la pérdida culposa o deterioro que sufrieren mientras estuvieron en poder de la parte obligada a devolverlas, todo con sujeción a las reglas contenidas en el capítulo 4º, título 12, del libro 2º del Código Civil, que gobiernan las prestaciones mutuas en materia de reivindicación.

El precepto mencionado, determina las consecuencias que se derivan del aniquilamiento del vínculo contractual, dispuesto por la declaración judicial de nulidad, cuando señala los derechos y las obligaciones que a cada una de las partes incumbe para que queden restablecidas en la situación existente al momento de celebrarse el negocio invalidado. Efectos que de ordinario se concretan en el proceso en el cual se pronuncia el decreto anulatorio, bien a instancia de parte o por iniciativa del juzgador, si cuenta con el soporte probatorio correspondiente, ya que se consideran incluidos en el thema decidendum, por ser la consecuencia natural y legalmente asignada a un pronunciamiento de tal índole.

Con todo, si allí no se produce la pertinente condena, bien por no estar dirigida la pretensión a controvertir la validez del negocio jurídico sobre el cual recae a la postre el pronunciamiento anulatorio, o por otra circunstancia, que bien puede ser la no alegación en esa oportunidad, de ahí no se puede colegir la imposibilidad para reclamarla en proceso autónomo y separado, sencillamente porque tal disposición no consagra una regla preclusiva del derecho a obtener el reconocimiento de las prestaciones que a cada parte corresponden, ni la norma en cita establece éste como el ámbito único para el ejercicio de tales derechos, como sí ocurre con ocasión de similares reclamaciones en tratándose de procesos divisorios y de deslinde y amojonamiento, donde, como ha tenido oportunidad de explicarlo la corporación, se verifican normas destinadas a este propósito, como ocurre con los arts. 466 y 472 del Código del Procedimiento Civil. Es que siendo la caducidad del término para formular la pretensión una verdadera pérdida del derecho de acción por una causa concreta, su tratamiento, que negativamente (ausencia de caducidad) se propone como presupuesto del proceso, corresponde con exclusividad a la ley y mediante normas de orden público, frente a las cuales, como lo ha dicho la Corte, no caben intromisiones del funcionario judicial, pues el término además de tenerlo que prever expresamente el legislador, corre de manera automática, puesto que se trata de una “situación temporal delimitada de antemano”.

De manera que si se declara judicialmente la nulidad de un negocio jurídico y consecuentemente se ordena la restitución del bien sobre el cual versó, y no obstante haber sido mejorado por la parte obligada a entregarlo, nada se dispone sobre el reconocimiento del derecho que legalmente le asiste para obtener el abono del valor de las mejoras implantadas, ningún óbice existe para que tal pretensión se formule ulteriormente en demanda autónoma e independiente, por la inexistencia de una regla legal que imperativamente establezca su reclamo en el proceso en el cual se resuelve la nulidad, con efectos preclusivos de así no ocurrir. Ya la Corte en sentencia de 31 de marzo de 1998 (G.J. 2491, págs. 701 y ss.), había admitido la procedencia de una demanda ulterior y autónoma, pretendiendo el reconocimiento de mejoras, no empece a haberse tramitado con antelación un proceso donde era dable su reclamo. Al respecto anotó:

“Si en sentencia judicial que produzca efectos frente a quien plantó las mejoras, se ordena la restitución del predio mejorado al dueño, o ésta ya se consumó, es evidente que la elección que la ley le confiere al propietario se ha hecho concreta, razón por la cual podrá el mejorante, cuando el pago de las mismas no hubiese sido ordenado, reclamar autónoma e independientemente su valor, pedimento que se fundamenta, insístese, en el insoslayable y categórico principio que prohíbe enriquecerse injustamente en detrimento de otro, así aún se halle detentando el bien, porque lo relevante no es la posesión o tenencia en sí misma, sino el hecho del vencimiento judicial sin haber obtenido el reconocimiento del valor de las mejoras”.

Además, la interpretación que dimana del artículo 1746 del Código Civil, no puede ser otra que la que su propio tenor literal ofrece en cuanto declara que el “derecho” que “las partes” tienen “para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”, lo “da” “la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada”. En otras palabras, la señalada sentencia “da” el derecho a las restituciones mutuas, entre ellas, el derecho a reivindicar la cosa y el crédito por mejoras o frutos, o sea que la declaración de nulidad trae como efectos acciones reales o personales destinadas a hacer valer derechos de uno u otro linaje, que generalmente se resuelven por virtud de la acumulación de las respectivas pretensiones, como disposiciones consecuenciales de la nulidad, pero sin que exista, se reitera, obstáculo alguno, como ha venido explicándose, para que las mismas tengan cabida de manera autónoma o independiente en proceso separado, porque dicha acumulación tiene su origen en la voluntad de la parte y la justifica la economía procesal. De ahí que la doctrina chilena refiriéndose a norma similar haya sostenido que si bien es cierto que la nulidad y las prestaciones pueden deducirse conjuntamente, tal circunstancia “no las convierte en una misma y única acción, sino que continúan siendo dos acciones distintas”. Por tal motivo, agrega, invocando la jurisprudencia de ese país que “son cuestiones distintas y separadas las ventiladas en el pleito en que se declaró la nulidad del contrato de que se trata, y el litigio en que se piden las devoluciones o prestaciones que aquella nulidad da a las partes derecho a reclamar”. (Arturo Alessandri Bessa, La nulidad y la rescisión en el derecho civil, t. II, pág. 1115).

De manera que otorgar al artículo 1746 del Código Civil, un efecto preclusivo, es incorporarle un agregado que además de injusto, fractura su estructura normativa, porque así se desconoce el carácter declarativo de la sentencia de nulidad y con él el efecto retroactivo que la propia norma establece al “dar” el derecho de situar a las partes en el estado antecedente al contrato, como si éste “no hubiese existido”».

(Sentencia de casación, junio 15 de 2000. Expediente 5218. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

ACLARACIÓN DE VOTO

Visto que comparto la decisión, mas no algunas de sus motivaciones, de manera comedida expreso a continuación el porqué aclaro mi voto.

En este caso cobra nuevamente vigencia la problemática atinente a la oportunidad en que han de reclamarse los derechos sustanciales. Se afirma en la sentencia, en efecto, sin distingo de ninguna especie que la falta de alegación de mejoras en un juicio, no es óbice para que se reclamen luego en proceso autónomo y separado, con sustento, básicamente en dos puntales, de un lado, porque no hay norma que expresamente consagre allí un efecto preclusivo, siendo de esperarse que ello fuese así por la naturaleza de orden público que envuelve la caducidad, y, de otro, porque un tratamiento diverso en el punto comporta un enriquecimiento injusto por parte del sujeto que de ellas se apropia.

Considero, en cambio, ya concretamente en relación con la nulidad, que es el tema que viene al caso, que no acreditar en juicio de ese linaje, existiendo la oportunidad de hacerlo, el derecho que se tiene a las mejoras, cierra el paso para que posteriormente ello pueda intentarse en otro juicio.

Y para sustentar ese aserto, nada mejor que comenzar apelando al sentido común: antójase elemental que si una persona es convocada a un proceso para que restituya un bien que detenta, se muestre inquieta y preocupada por la suerte que han de correr sus mejoras y por ende, alegue al pronto lo que por ese concepto le correspondería, señaladamente porque en cierne está el ser despojado de la cosa. Es de suponer que nadie quiera dar largas en asunto tan crucial para sus aspiraciones litigiosas. Lógica esta a la que no ha estado ajena la ley, y por eso son varias las disposiciones cuya sana interpretación sistemática arroja la conclusión de lo raudo que ha de ser el reclamo de mejoras, tal como la Corte hubo de establecerlo cuando sin ambages subrayó que para el legislador colombiano de 1970, “la controversia sobre mejoras es punto que queda incluido dentro del thema decidendum, y que por tanto, en acatamiento a los principios de la economía y lealtad procesales, se deben alegar en la demanda o en su contestación, a fin de que en la sentencia que se dicte se resuelva definitivamente lo relacionado con ellas”, criterio que vio desgajarse de lo que establecen “genéricamente para todos los procesos, el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil; y singularmente, entre otros, los artículos 431, 434 y 466 ibídem”, según dio en añadir allí mismo (Cas. Civ. 10 de mayo de 1979. G.J. CLIX, pág. 140).

Y con tanto mayor razón debe ser así en aquellos eventos en que por imperio de la ley operan las conocidas restituciones mutuas, como acontece con la nulidad sustancial, la que, pronunciada en sentencia, “da derecho” a las partes, al decir del artículo 1746 del Código Civil, para ser restituidas al estado anterior; de manera que si se pretende obrar consecuentemente, la declaración judicial de nulidad no debe detenerse en su mera proclamación, sino que impone el proveer sobre las restituciones, que éstas como lo tiene expresado la jurisprudencia, constituyen efecto legal y natural de decisión semejante; así, reiterando, las restituciones se entienden anejas al debate, resultando forzoso para el juzgador decidir respecto de ellas; tanto, que ha sido constante la jurisprudencia para enfatizar que “no incurre en el vicio de inconsonancia el fallo que decreta las restituciones derivadas de la declaración de nulidad de un contrato, aunque no hayan sido invocadas, porque ellas son complemento obligado de esa declaración y deben, por consiguiente, ser ordenadas en la sentencia aun de oficio” (CLI, pág. 71); es más: de continuo también señala la jurisprudencia que en cambio si peca el fallo de incongruente cuando deja de pronunciarse sobre tales materias. Nada más revelador, entonces, de lo que la ley persigue: que todas las situaciones accesorias que comporta la restitución del bien, se definan cuanto antes, que allí mismo sean objeto de pronunciamiento judicial, esto es, que el proceso cumpla su función social y finiquite entonces la querella, antes que tornarse en semillero de pendencias; en una palabra, que los juicios no se multipliquen innecesariamente y que, por ende, las partes descubran sin tardanza cuáles son las aspiraciones que fincan sobre el bien. Amén de lo ilógico que mientras lo principal se define, lo otro, lo simplemente secundario, aguarde otra oportunidad.

Si, pues, la ley, y, a tono con ella, también la jurisprudencia, ven incrustado en litigio de ese género relativo a las prestaciones mutuas, o, dicho en otra forma, si la declaración de la nulidad arrastra, quiérase o no, el pronunciamiento acerca de las restituciones, tiene que seguirse por razones de simple coherencia que todo el que enfrente el juicio debe saber —la ignorancia de la ley no sirve de excusa— que ese y no otro es el escenario propio para que discuta lo que pretende alrededor del bien; que si así lo hace, sobre cumplir la ley, observa los principios de la buena fe y la lealtad procesales tan necesarios en el desarrollo de la contienda; a la verdad, no es aceptable que a la persona que tiene un derecho le sea tolerado callar en el proceso donde justamente se le pide restituir la cosa de donde tal derecho dimana, para que, si lo desea espere, permitiendo quizá que aflore fundadamente la idea de que carece del respectivo derecho, para sorprender ulteriormente con alegaciones que, por lo mismo, se ofrecen tardías o a deshora. El derecho no está para permitir devaneos más o menos habilidosos, ni es propio para ejercicios lúdicos. Todo sin contar con las grandes incomodidades que entraña el soportar, no más que por la veleidad de una de las partes, un encadenamiento de procesos, tornándose el litigio en perenne angustia y sacrificio.

Así las cosas, considero que quien habiendo apagado su voz, se presenta luego a pretender lo que en su momento dejó de lado, aparece a destiempo, porque en su contra ha operado el fenómeno de la preclusión o eventualidad, el cual tal como lo pregonó la Corte en aquella oportunidad, tanto bien irradia al proceso, así al “orden, la claridad, la rapidez en su trámite”, como, pero principalísimamente, a la “certeza de las decisiones que en él se tomen” (CLIX, pág. 139).

Ahora, la sentencia de que discrepo justifica sus razonamientos sobre la base de considerar, ya quedó dicho, que no hay norma que expresamente sancione tal dejadez con la caducidad del derecho. No obstante, con el entendimiento sistemático que de las normas reseñadas atrás se elucidó, arríbase a la conclusión de lo manifiesto que es el designio legislativo acerca de que asuntos como el tratado sean discutidos dentro del mismo juicio, campo en el que, por consiguiente, se hace bien de recibo el postulado de la preclusión. Y, como se notará, tal análisis no sólo atañe a normas de estirpe puramente procesal, como que también se hizo frente al artículo 1746 del Código Civil, de palmario sabor sustancial.

A este propósito cabe señalar todavía que, sin desconocer la bondad de la tesis que propugna por la explicitud en materia asaz delicada como es la de la caducidad, el rigor draconiano en la aplicación de ese principio, algunas veces resulta pugnando con la misma jurisprudencia y otras conduce a puertos indeseados; cuanto a lo primero, ha de memorarse cómo, por ejemplo, aplicada la Corte al estudio del término previsto en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 no ha vacilado en calificarlo como de caducidad, a pesar de no prever expresamente la norma tal fenómeno; cuanto a lo segundo, porque siguiendo los lineamientos del criterio mayoritario plasmado en la sentencia, esto es, el de que a falta de norma que la consagre no opera la preclusión, llegaríase en esta materia a la siguiente contradicción: para aquel que, con arreglo al artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, haya obtenido reconocimiento abstracto de sus mejoras pero no formule oportunamente la solicitud tendiente a liquidarlas, se extingue el derecho al pago de las mismas pues así lo estatuye expresamente la disposición; por el contrario, quien intenta fallidamente el incidente respectivo —por deficiencias probatorias, por ejemplo— no pierde el derecho a ellas, por supuesto que dicha norma no prevé la extinción del derecho en ese preciso caso. Crearíase así, sin ningún fundamento sustancial serio, una distinción a todas luces injusta; porque ello traduciría que para el sujeto que obtenga ese reconocimiento abstracto, lo verdaderamente subordinante es que proponga a ultranza el incidente, sin parar mientes en su viabilidad, vale decir, así y todo se tenga conciencia de que lo perderá porque, verbigracia, no tenga reunidas aún las suficientes pruebas; no importa —se le dirá—, propóngalo, porque la mera formulación del incidente ya le crea el derecho a intentarlo en un nuevo proceso, al paso que la acidia en el punto le acarrea peores consecuencias. Y como es inaceptable tratar los diversos eventos con semejante desnivel, dichas hipótesis son de suyo suficientes para poner de resalto, una vez más, que el principio de la preclusión o de la eventualidad puede excepcionalmente tener cabida por vía analógica, o, en buenas cuentas, sin necesidad de que lo diga expresamente el legislador.

Cuanto tiene que ver con la cita doctrinal que se trae en pos de la sentencia, observo que Alessandri Besa —tal es el autor invocado— se refiere es a una cosa distinta, como quiera que trata allí, no de que la nulidad y las restituciones mutuas que ésta genera puedan en un momento dado coger caminos separados, pues tal posibilidad la predica es frente a la reivindicación a que puede dar paso la nulidad judicialmente declarada, cuando justamente dice que tanto puede acumularse a ésta como demandarse separadamente. No hay duda, aquí sus propias palabras:

“En conformidad con estos principios, se ha fallado que la acción de nulidad y la reivindicatoria (resáltase: dice reivindicatoria y no restituciones mutuas) pueden deducirse conjuntamente en un mismo juicio. Sin embargo, el hecho de deducirse conjuntamente no las convierte en una misma y única acción, sino que continúan siendo dos acciones distintas” (paréntesis y subrayas ajenas al texto - La nulidad y la rescisión en el derecho civil, tomo II, pág. 1115).

Por otra parte, al argumento de que de aceptarse la tesis de la preclusión podría abrirse paso un enriquecimiento injusto, suficiente es replicar que este concepto no debe mirarse con el sugestivo criterio abstracto como aquí se le trata, porque entonces nunca podría reconocerse fenómenos tales como el de la prescripción u otros análogos, en los que la ley, en aras de la seguridad y la certeza de los derechos, acaba castigando la incuria con la pérdida de ellos, pues que también allí habría que predicar que después de todo eso implica un enriquecimiento a costa de otro.

Parece así quedar bien demostrado lo que en un principio se asentó, a saber, que si quien teniendo la oportunidad de hacerlo se abstuvo de acreditar en un juicio de nulidad su derecho a las mejoras, no podrá obtener su reconocimiento y pago en proceso diferente.

Aquí merece comentario especial el hecho de que la sentencia cite, para avalar lo generalizado de su criterio, un antecedente jurisprudencial de esta Sala. Porque al contrario de lo que se afirma, o sea, que en dicho evento se reconoció el derecho a mejoras no alegadas en precedente juicio donde “era dable su reclamo”, lo cierto es que allí se trató de un caso en que el mejorista no fue parte del proceso y, por razones obvias, no le era dable discutir lo suyo; con qué cariz justiciero se le hubiera podido reprochar la no alegación de mejoras, si no tuvo espacio para ello; así que de toda obviedad era no desoírle el reclamo que hiciera en proceso posterior. En efecto, por lo que se ve del relato de la sentencia evocada (mar. 31/98), colígese que allí se juzgó el siguiente caso: una persona que había vendido derechos y acciones hereditarios, es vencida luego en un juicio de petición de herencia (acumulada a filiación extramatrimonial), así que fue condenada a restituir las cosas hereditarias; ante esto, el comprador de tales derechos, a quien se le extendían los efectos del fallo por razón de la inscripción de la demanda, instauró inmediatamente proceso tendiente al reconocimiento de las mejoras.

En síntesis: en procesos tales como el de nulidad, debe proponerse el reclamo por mejoras, so pena que las cubra el manto de la preclusión; la mayoría de la Sala, sostiene, en contrario, que bien puede hacerse por el interesado caso omiso al respecto, sin que ello obste el reclamo en juicio aparte.

He ahí la razón de la aclaración de voto. Porque si la preclusión por la que abogo se da en los casos en que el interesado obviamente haya podido alegar las mejoras, en el de ahora no se podría predicar semejante efecto, dado que la declaración de nulidad repentizó en el juicio (se declaró oficiosamente); por modo que el mejorista, de cara a ese preciso pronunciamiento, dirá que le resta todavía el derecho que le concede el artículo 1746 del Código Civil, esto es, que se le conceda aquello que, ante lo sorpresivo de la nulidad, allá no pudo alegar, pues de lo contrario no se acataría el efecto cardinal de toda declaración anulatoria, cual es el de volver en lo posible las cosas al estado anterior. Recuérdese que de ordinario las restituciones siguen a la nulidad como la sombra al cuerpo, y de toda justicia es, pues, visto que nunca se le brindó la ocasión de exigir, que en este juicio separado, cuya decisión entonces comparto se le reconozca su derecho. Lo que ocurre, repítese, es que la sentencia no hace esta sana distinción, y pregona que aun en el caso de que la declaración de nulidad hubiera sido el objeto mismo por el que arrancó el anterior proceso —sin caer así en la cuenta de que en este evento no ha podido el interesado llamarse a engaño en punto a las mejoras—, igual habría accedido ahora a las pretensiones de la demanda.

Manuel Ardila Velásquez 

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