Sentencia 5221 de septiembre 15 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

PENSIÓN SANCIÓN

INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo el 23 de enero de 1992, dentro del proceso ordinario instaurado por Helí Díaz Osses contra la Cámara de Comercio de Sogamoso.

I.Antecedentes

Mediante escrito presentado ante el Juzgado Laboral del Circuito de Sogamoso el 27 de febrero de 1990, el actor pretendió que su demandada fuera condenada a pagarle la pensión proporcional de jubilación a partir del momento en que aquél cumpla 50 años de edad con una primera mesada pensional reajustada según el índice nacional de precios al consumidor, los reajustes legales a partir de la fecha en que empiece a gozar del derecho y las costas.

Como hechos fundamentales de sus pretensiones afirmó haber sido despedido sin justa causa el 26 de agosto de 1988, después de 16 años, 11 meses y 26 días de servicio, recibiendo el pago de salarios prestaciones e indemnización por despido injusto; que su último salario promedio fue de $ 128.500 mensuales y, por último que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda es hecho notorio que no requiere demostración en juicio.

La demandada al contestar oportunamente la demanda admitió los hechos relativos a la vinculación laboral, a sus extremos temporales, al salario y al despido sin justa causa; de los restantes afirmó que no tenían carácter de hechos. Se opuso a las pretensiones y excepcionó inexistencia de la obligación, petición antes de tiempo y petición no prevista en la ley.

El juzgado del conocimiento falló la litis en primera instancia el 31 de agosto de 1991 y declaró que existió el contrato de trabajo y que fue terminado injustamente por la demandada, de cuyas excepciones decidió que no fueron probadas; ordenó en el numeral tercero, que la demandada “le pague a su trabajador Helí Díaz Osses, pensión restringida a partir del 12 de febrero de 1993, equivalente a la suma de ochenta y un mil novecientos dieciocho pesos con setenta y cinco centavos ($ 81.918.75) mensuales, con la obligación de seguir cotizándole al trabajador al Instituto de los Seguros Sociales, hasta el cumplimiento de los requisitos para pensión de vejez”. En el numeral cuarto impuso las costas de primera instancia a la demandada.

Recurrieron las dos partes, y el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo decidió en segunda instancia confirmar la sentencia recurrida salvo en cuanto a las costas de primera instancia, las que redujo, a un 50%, porcentaje igual en que fijó las de alzada.

II.El recurso extraordinario

Inconforme el actor con la decisión del Tribunal, interpuso el recurso de casación que ahora decide la Sala por haberse agotado legalmente su trámite, tomando en consideración la demanda respectiva. No hubo réplica.

Alcance de la impugnación

Se planteó así:

“Mediante la presente demanda pretendo que la H. Corte Suprema de Justicia en sala de casación laboral CASE la sentencia impugnada, o sea la proferida el día 23 de enero de 1992 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo que desató la controversia en el proceso ordinario laboral de Helí Díaz Osses contra la Cámara de Comercio de Sogamoso, que a continuación obrando como tribunal de instancia revoque el ordinal tercero (3º) de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sogamoso en este mismo proceso y en su lugar profiera sentencia confirmando los ordinales primero (1º) segundo (2º) y cuarto (4º) de esta sentencia y condenando además a la Cámara de Comercio de Sogamoso en el sentido de que el valor de la primera mesada de la pensión será reajustada mediante la corrección monetaria que resulte de aplicarle el incremento del índice nacional de precios al consumidor o sea de la inflación, desde el día del despido, 26 de agosto de 1988, hasta el día en que Helí Díaz Osses cumpla los cincuenta años de edad, el 12 de febrero de 1993; y de esta fecha en adelante la pensión sanción vitalicia será reajustada en los términos de la Ley 4ª de 1976 y las disposiciones legales que la adicionen y reformen”.

Segundo cargo

Dice:

“Acuso la sentencia impugnada con base en la causal primera de casación, de haber violado en forma directa, por aplicación indebida, el artículo 27 del Código Civil lo que la llevó a dejar de aplicar los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 153 de 1887 y por esta falta de aplicación terminó aplicando en forma indebida los artículos 127, 145,146 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 1613 al 1617 del Código Civil junto con los artículos 1626,1627 y 1649 del mismo Código Civil, el artículo 10 del Acuerdo 29 del Instituto de Seguros Sociales aprobado por el Decreto 2879 de 1985, el artículo 874 del código de comercio y el artículo 8º de la Ley 171 y por lo mismo dejó de aplicar los artículos 3º del Decreto 677 de 1972, 16 del Decreto 678 de 1972 y 2º del Decreto 1319 de 1988 y los Decretos 2545 de 1987 y 2867 de 1991 en su integridad.

La inflación, hecho notorio que no necesita demostración dentro del proceso es de tal naturaleza y proporciones que al efecto me permito transcribir los apartes pertinentes de la sentencia proferida por la sección segunda de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el día 8 de abril de 1991 en el proceso ordinario laboral de Hernán Hoyos contra Fabricato, Exp. Nº 4087.

Para ilustrar lo dicho por la H. Corte en la sentencia acabada de transcribir, basta traer el propio caso del demandante Helí Díaz Osses, que el día de su injusto despido devengaba un salario mensual de $ 128.500 m/cte., y ese mismo día el salario mínimo legal valía $ 25.637,40 m/cte., mensuales (ver D-2545/87) luego el salario del señor Díaz equivalía a un poco más de cinco veces dicho salario mínimo legal. Hoy este vale $ 65.190 (ver D-2867/91). Síguese que el salario del señor Díaz se ha disminuido en tal proporción que actualmente sólo equivale a menos de dos veces ese salario, y para cuando cumpla los 50 años de edad su salario habrá perdido aún mucho más de su valor real.

En otras palabras, dado que el salario mínimo legal ha aumentado en el referido lapso (de la fecha del despido a hoy) en más de dos veces y media, exactamente 2.54 veces, en igual proporción debe aumentarse la mesada primera pensional de Díaz; como ésta fue liquidada en $ 81.918.85 m/cte., debe reajustarse por 2.54 veces lo que da una primera mesada pensional actualizada de $ 208.074 m/cte., que es la que debe empezar a devengar el Sr. Díaz.

Se deduce que el pago al señor Díaz liquidado con los valores nominales de 1988 al momento de su injusto despido, se convierte en un pago incompleto, parcial e injusto, que viola la equidad y por ende causaría un empobrecimiento injusto a su patrimonio y simultáneamente un enriquecimiento indebido del patrono Cámara de Comercio de Sogamoso.

Impónese en consecuencia reajustar el valor nominal de la condena contra la demandada aumentándola a los valores actualizados en proporción igual a la inflación, o lo que es lo mismo, en igual proporción al incremento del salario mínimo legal, porque este ha sido tomado como la medida del valor real de un salario y por lo mismo ha sido siempre incrementado en igual proporción a la inflación, precisamente para mantener su poder adquisitivo.

Analizando la jurisprudencia transcrita frente a la sentencia impugnada, encontramos que cuando ésta invoca el artículo 27 del código civil para fundar la absolución, de hecho lo está aplicando indebidamente y de paso deja de aplicar, para resolver adecuadamente el problema planteado, los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del código sustantivo del trabajo, porque bien lo dice la H. Corte “el artículo 19 del C.S.T. establece perentoriamente que si no existe una norma laboral aplicable al caso controvertido, se acuda a las análogas del propio código y en defecto de ellas, a la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, los convenios y recomendaciones internacionales y a los principios del derecho común que no sean contrarios al derecho del trabajo, todo dentro de un principio de equidad”. Y más adelante dice esta H. Corporación:

“De esta manera, si en el caso que se examina se dispuso que el pago se realizara en su totalidad o sea por su monto real, incluyendo la corrección monetaria, no se aplicaron indebidamente las normas sustanciales relacionadas en la formulación del cargo, como lo pretende el ataque en casación y por el contrario, el sentenciador se atemperó a la realidad de los hechos controvertidos. Por otra parte es necesario observar que al disponer el fallo cuestionado la indemnización por despido injusto y su revaluación monetaria, no se infringió directamente por desconocimiento o rebeldía las disposiciones acusadas o sea los artículos 2º de la Ley 46 de 1933, 3º de la Ley 167 de 1938 y 874 del código de comercio, que dan pleno poder liberatorio para el pago de las obligaciones contraídas en nuestro país en moneda legal colombiana, sino por el contrario, se limitó a ordenarlo dentro del ámbito normal regulado por dichos textos legales.

“De todas maneras cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la indexación, con ella no se busca establecer un incremento o un mayor valor de la deuda original, sino evitar una disminución en el patrimonio del trabajador, por el simple transcurso del tiempo y su depreciación monetaria, con lo cual fundamentalmente se está restableciendo la justicia y la equidad.

“También es importante anotar que el pago de la corrección monetaria no depende de que el empleador haya actuado de buena o mala fe, ya que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es una situación bien ajena al cumplimiento de sus obligaciones con el trabajador y lo que se busca a través de ellas es mantener su verdadero valor a través de la adaptación de ese sistema.

“Por último es conducente resaltar, que la corrección monetaria debe aplicarse como solución jurídica para el pago integral de las obligaciones que se concretan en una suma de dinero, cuando deben cubrirse aquellas donde la propia ley no se ha ocupado de reconocer la compensación de perjuicios causados por la mora en su solución, o porque ya reciban el beneficio del reajuste automático y regular en relación con el costo de la vida, situación que no se da en el caso debatido”.

En el caso concreto del señor Helí Díaz Osses encontramos que la pensión sanción decretada a su favor es una indemnización que se causa para resarcirlo de los perjuicios que le ha causado el despido injusto (como lo es la indemnización del art. 8º del D. 2351/65) y que esta pensión no recibe reajuste automático por la demora en empezar a disfrutarla, o sea en el lapso de tiempo que transcurre entre el día del injusto despido y el día en que empieza a devengar esta pensión, ya que no existe norma legal que lo ordena.

No cabe duda, pues, frente a la jurisprudencia transcrita, que debe aplicarse a este caso los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del código sustantivo del trabajo y en consecuencia debe ordenarse el reajuste de la primera mesada pensional del señor Díaz para cuando cumpla los 50 años de edad, reajuste que debe hacerse tomando como base los índices de inflación, o lo que es lo mismo, tomando los incrementos de los valores nominales del salario mínimo legal el día del despido y el día de hoy, porque ya vimos que éste ha sido tomado como la medida del valor real del salario y ha sido siempre incrementado en igual proporción a la inflación para mantener y conservar su poder adquisitivo, y porque de ahí en adelante regirán los aumentos legales que benefician a las pensiones en general. Sólo así se dará la debida aplicación a las normas sustanciales que he señalado al principio del presente cargo como indebidamente aplicadas y además se dará aplicación a las que he indicado como dejadas de aplicar.

Por todo lo dicho, SOLICITO a la H. Corte Suprema de Justicia que case la sentencia acusada, que a continuación obrando como tribunal de instancia revoque el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado y en su lugar profiera sentencia confirmando los ordinales primero, segundo y cuarto de esta sentencia y condenando además a la demandada al reajuste de la primera mesada pensional, todo en la forma como lo he pedido en el alcance de la impugnación en armonía con las peticiones de la demanda que dio origen al presente proceso”.

Se considera

Es cierto que esta Sala de la Corte, por medio de sus dos secciones, ha acogido plenamente frente a las obligaciones de carácter laboral, el fenómeno de la corrección monetaria o indexación como mecanismo para mantener el valor de las mismas, como puede verificarse, entre otras, en las siguientes providencias emanadas de esta Corporación: del 18 de agosto de 1982, 31 de mayo de 1988, 8 de abril de 1991, 13 de noviembre de 1991 y 20 de mayo de 1992, esta última proferida en Sala Plena Laboral. Por ello aparece ciertamente indebida la aplicación del artículo 27 del Código Civil, como lo denuncia el cargo, pues el tema sometido a la decisión del ad quem no podía resolverse simplemente pretextando la claridad de la ley, sino que exigía la búsqueda de solución al problema de los efectos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, no contemplado en la disposición que el Tribunal encontró suficientemente clara, para negar de manera general la procedencia del reajuste monetario, o indexación.

Expresó la Sala Plena Laboral de la Corte en la mencionada sentencia del 20 de mayo pasado:

“La jurisprudencia laboral después de analizar y ponderar en diferentes sentencias los efectos jurídicos y las consecuencias negativas que ocasiona en el derecho del trabajo el problema económico de la depreciación de la moneda originado en el aumento del nivel general de los precios, es decir en la inflación, llegó a concluir la necesidad de la aplicación analógica en el régimen laboral del sistema de la corrección monetaria, con el fin de resolver sobre el detrimento económico real que invocan los trabajadores cuando no les son cubiertas oportunamente sus acreencias laborales” (en Jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXl, p. S47 M. P. Dr. Manuel Enrique Daza Álvarez) .

Pero es cierto también que el reconocimiento que ha hecho la Sala de la teoría de la revaluación judicial o indexación de los derechos laborales, lo ha sido hasta ahora siempre en el supuesto de que exista ya la obligación con el carácter de insoluta por un tiempo más o menos prolongado a través del cual el fenómeno económico anotado haya producido el efecto de disminuir el valor real de la deuda, de suerte que la moneda del pago en la cantidad en que se concrete el débito no tiene, al momento del pago, el mismo valor intrínseco que tenía cuando debió ser solucionada la obligación. Así, en efecto. se expresó esta Sección de la Sala en la sentencia del 13 de noviembre de 1991:

“... El reajuste no implica la variación de la moneda con que debe ser cubierta la correspondiente obligación, sino, como se ha dicho y repetido en el curso de esta sentencia, la actualización de su valor, en forma tal que con la cantidad de signos monetarios colombianos de hoy se satisfagan las necesidades del acreedor en los mismos términos que cuando debió pagársele la deuda”.

De suerte, pues, que en la órbita de lo resuelto hasta el presente por la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, el reconocimiento de la indexación ha supuesto la existencia de la deuda, ya exigible e impagada, a la cual, con los elementos de prueba que se alleguen durante la actuación, por iniciativa de las partes u oficiosamente por el juzgador, pueda concretársele el monto de la corrección monetaria, en proporción a la pérdida de su poder adquisitivo.

No ha tenido la Sala, hasta ahora, la oportunidad de referirse a un caso como el que concentra su atención, referente a una obligación que, determinada en su cuantía con acomodo a una pauta legalmente establecida, aún no sea exigible, pero a la cual se proyectan indudablemente los efectos negativos de la inflación. Pues ciertamente, como lo pone de relieve la censura, el valor real del salario con referencia al cual se determina el monto de la pensión en proporción al tiempo servido, en comparación con el que tenía cuando se produjo el retiro del trabajador, será muy inferior al momento de hacerse exigible la obligación pensional.

Si se aplican las pautas generales de la doctrina jurisprudencial de esta Corporación en punto al tema que se examina, es claro concluir que las razones de justicia y equidad que han determinado la elaboración y aplicación concreta de la teoría de la indexación o actualización monetaria, militarían para reconocer su operatividad en el caso que se examina. Sin embargo, al no ser aún exigible la obligación, no puede determinarse anticipadamente la proporción de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda hasta el momento en que aquello ocurra, la petición aparece formulada anticipadamente.

Siendo ello así, es forzoso concluir que como el fallo incurrió en las transgresiones legales denunciadas en el cargo debe triunfar éste. Empero esa prosperidad no conduciría a la producción de una decisión de condena, sino, por lo dicho, a declarar de oficio demostrada la excepción de petición antes de tiempo (artículo 306, Código de Procedimiento Civil).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA PARCIALMENTE la sentencia acusada, en cuanto, confirmando la del a quo, absolvió a la demandada por la petición relativa a la indexación de la primera mesada pensional que debe cubrírsele al demandante. En sede de instancia revoca aquella decisión y en su lugar oficiosamente declara demostrada la excepción de petición antes de tiempo. No la casa en lo demás».

(Sentencia de septiembre 15 de 1992. Radicación 5221. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

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