Sentencia 5225 de noviembre 4 de 1999 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles

Ref.: Expediente 5225

Santafé de Bogotá, D.C., cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «1. De la acumulación objetiva de pretensiones.

Prescribe el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, que “El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos: ...1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía... 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias... 3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento... En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y la sentencia de cada una de las instancias...”. Trátase, pues, de la reglamentación de la denominada “acumulación objetiva originaria de pretensiones”, consistente, como es sabido, en la potestad atribuida por la ley al actor, en virtud de la cual puede éste proponer frente al demandado varias pretensiones, aunque no sean conexas, a fin de que sean tramitadas en el mismo proceso y decididas en la misma sentencia; y cuyos antecedentes históricos, se advierten ya en las siete partidas de Alfonso X (Ley 7ª título X de la partida tercera) e, inclusive, como un precedente remoto, en el “Digesto” (L. 54, tít. 1º, del lib. V).

Adviértese en tal especie de acumulación que, atendiendo los elementos esenciales del objeto del proceso, pueden darse las siguientes posibilidades:

a) Que existan varios pedimentos fundados, a su vez, en diversas causas para pedir (fenómeno que es usual en los eventos de pretensiones inconexas); b) Una pretensión única apuntalada en diversas causas para pedir; y, c) varias súplicas fincadas en la misma “causa petendi”.

De igual modo, vista la acumulación objetiva desde la perspectiva proporcionada por la forma como se ejercen o formulan las diversas pretensiones, se observa que puede ser: a) Simple, o “concurrente” o incondicionada, cuando el demandante reclama, “lisa y llanamente”, la estimación integral de las peticiones de la demanda, de modo que el juzgador debe examinar y pronunciarse sobre todas ellas, so pena de incurrir en inconsonancia, puesto que su análisis no se encuentra condicionado a la prosperidad o desestimación de alguna otra, como acontece, por ejemplo, cuando el acreedor demanda el cumplimiento de obligaciones emanadas de distintos instrumentos. Débese precisar, para ir señalando diferencias, que en la acumulación de esta especie, las distintas pretensiones acumuladas pueden ser inconexas, amén que deben ser sustancial y procesalmente compatibles; b) “... alternativa. Se ejercitan varias acciones con el fin de que sólo una de ellas sea estimada. V. gr., el demandante intenta a la vez la impugnación de un acto jurídico por dolo (nulidad relativa), y por absoluta incapacidad de la persona que ejecutó el acto (nulidad absoluta)...”. (G.J. XLIII, pág. 753); c) accesoria o sucesiva, cuando el demandante propone una o más pretensiones para que sean estimadas, siempre y cuando, prospere otra en la cual aquellas encuentran fundamento; es decir, cuando se propone peticiones en tal grado de conexidad con otra, que su éxito se halla supeditado a la estimación de aquella de la que depende, como acontece cuando a la acción de filiación extramatrimonial se acumula la de petición de herencia.

Por tratarse, pues, de “pretensiones secundarias o consecuenciales, que únicamente pueden alcanzar prosperidad en la medida en que de antemano lo logre una pretensión autónoma, la lógica indica que la desestimación o el rechazo de ésta última hace inútil el estudio de las primeras...” (G.J. CCCXXXI, pág. 726). No huelga advertir, en todo caso, que el éxito de la petición medular no se desprende necesariamente el de los pedimentos accesorios, ni que el fracaso de estos apareje imperiosamente el de aquella; d) subsidiaria o eventual, cuando el actor reclama “una concreta tutela jurídica con preferencia (y exclusión) sobre otra”, de modo que rechazada aquella, debe examinarse ésta. Tratando de establecer las peculiaridades sobresalientes de la acumulación de esta clase, es preciso señalar que es posible acumular pretensiones excluyentes (lo que permite inferir que comparten varios elementos similares); que el demandante debe jerarquizar o determinar el orden en el cual el juzgador ha de examinar los pedimentos de la demanda de tal modo que éste, el sentenciador, no se encuentra compelido a estudiar todas las reclamaciones que ella contiene, desde luego que solamente podrá abordar el análisis de la subsidiaria cuando desestime la principal.

Como ha quedado dicho, y esta es su principal característica, puede el actor proponer pretensiones que se excluyan mutuamente, sin que el ejercicio de esta facultad lo hubiese confinado la ley, hay que decirlo de una vez, a ciertos grados o niveles de incompatibilidad.

(...).

Para desarrollar este aserto, parece menester precisar de antemano que, desde el punto de vista sustancial o material, las pretensiones son excluyentes cuando las diversas relaciones jurídicas aducidas en la demanda, no pueden coexistir porque los supuestos de hecho que las sustentan o el “petitum” de cada una de ellas se niegan mutuamente o son irreconciliables entre sí, como cuando en una se pide algo que acarrea una negación y, en otra, una cosa que entraña la afirmación de lo anteriormente negado, incompatibilidad esta que implica, entonces, la elección de una de ellas para superar tal contradicción. Por consiguiente, esta modalidad de acumulación faculta al demandante para aducir, en un mismo libelo, pedimentos cuyos fundamentos aparejen la negación de lo que se ha afirmado como sustento de otro, justamente, porque se presentan en forma eventual (previsión “in eventum”), esto es, condicionando la estimación de unas pretensiones a la desestimación de otras; por supuesto que el actor, al formular súplicas subsidiarias, toma como punto de partida la hipótesis de resultar vencido en la que ha aducido de manera principal.

Si bien en el plano estrictamente lógico cabe decir que dos proposiciones son incompatibles cuando no pueden ser al mismo tiempo verdaderas, y que dicha situación de incompatibilidad o exclusión se presenta en dos hipótesis: a) cuando son contradictorias, es decir, cuando no pueden ser ambas ni verdaderas ni falsas (lo que genera una oposición fuerte entre ellas); y, b) cuando son contrarias, vale decir, cuando pueden ser ambas falsas, pero no verdaderas (lo que denota una oposición más débil), si bien es admisible, se decía, tal distinción en el ámbito de la lógica estricta, a la luz de lo prescrito por el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, no es posible establecer distinciones con miras a delimitarle o restringirle al actor la facultad de acumular pretensiones excluyentes de manera subsidiaria; cabalmente, porque el legislador no estableció ninguna especie de distinción en torno a la “contrariedad” o “contradictoriedad” entre las pretensiones, ni mucho menos, subordinó la viabilidad de la misma a que la incompatibilidad fuese únicamente en relación con el “petitum” o que lo fuese exclusivamente referida a la causa para pedir; por supuesto que éste, al negar la posibilidad de acumular pretensiones excluyentes, salvó de tal regla, sin distintos ni talanqueras de ningún temperamento, a la acumulación subsidiaria.

Siendo de ese modo las cosas, debe reiterarse lo que en el punto tiene asentado esta corporación “... aunque es verdad que la potestad para acumular no es irrestricta, también lo es que su procedencia no puede sujetarse a más requisitos de los que expresa la ley procesal (CPC, art. 82)...” (Cas., jun. 7/94).

2. Naturaleza y fundamentos de la acumulación subsidiaria de pretensiones. Del examen del citado artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que se trata de una facultad otorgada al demandante, nítidamente entroncada con el principio dispositivo, en cuanto somete al arbitrio de aquél la fijación y delimitación del objeto del proceso. En tratándose de la acumulación subsidiaria, compete al actor el señalamiento de la que considere como petición principal y de la que conciba como eventual, elección que se encuentra apuntalada en criterios de preferencia o de interés personal, habida cuenta que el legislador no le impuso restricciones lógicas o de cualquier otra índole, criterios estos que determinan la jerarquización de los pedimentos de la demanda, ello porque, como ya se dijera, cuando el actor plantea peticiones de modo subsidiario parte de la hipótesis que el pedimento principal fue denegado, vencimiento que, cabalmente, se erige en la condición cuya realización permite el examen y estimación de la petición eventual.

No son pocas, ni de poca monta, las ventajas que tal especie de acumulación le reportan al demandante: de un lado, porque consiste en un mecanismo que le permite prevalerse de los efectos negativos provenientes del transcurso del tiempo o de su inactividad, puesto que al estar facultado para hacer valer, de una sola vez, todos los fundamentos y medios de que disponga frente al demandado, con el fin de agotar las posibilidades de éxito en un único intento, no debe aguardar los resultados de un proceso para, en caso de ser vencido, emprender, posteriormente y a riesgo de ver frustradas sus aspiraciones por prescripción o caducidad, uno nuevo enderezado justamente a que se examinen los pedimentos que pudo formular subsidiariamente.

Ahora, si se dijese que el actor no está obligado esperar el vencimiento en juicio para intentar la acción con fundamento en otras pretensiones, porque puede iniciarlos coetáneamente, pronto habría que advertir que la acumulación subsidiaria tendría la innegable virtud de poner cortapisa a eventuales sentencias contradictorias por acoger ambas demandas del actor o, en su caso, por denegarlas.

Todo ello, obviamente, con evidente ahorro de tiempo, dinero y trabajo para el demandante y, en general, para las partes, como lo impone el fiel y cabal cumplimiento del principio de economía procesal.

3. Corolario . Si, pues, como ha quedado dicho, la procedencia de la acumulación de pretensiones no puede sujetarse a requisitos distintos de aquellos expresamente previstos en la ley y, de igual modo, si son tantas y tan palpables las ventajas que la acumulación subsidiaria de pretensiones le apareja al actor, no es posible cercenarle tal potestad sin, a su vez, vulnerar su derecho constitucional a una tutela jurídica efectiva la que se traduce en la prevalencia del derecho sustancial, en la forma ordenada por el artículo 228 de la Constitución Política Colombiana.

4. La acumulación de la petición de simulación como subsidiaria de la nulidad. Sostuvo esta corporación, en sentencia del 26 de febrero de 1991, que no era posible acumular “... en forma principal las pretensiones de simulación y nulidad del mismo negocio jurídico...; y la de simulación como subsidiaria de la nulidad formulada como principal, pues implícitamente excluye la subsidiaria de simulación, que presupone, contrariamente, la inexistencia de los efectos públicos queridos. En cambio su acumulación resulta pertinente cuando, siguiendo la lógica y compatibilidad jurídica, se proponga la simulación como principal y la otra como subsidiaria (CPC, art. 82, num. 2º), o la de nulidad del acto oculto como consecuencia de la declaratoria de simulación”.

Como es diáfano en la aludida providencia, cuyo criterio jurisprudencial en el punto abandona hoy la Corte, se estimó improcedente no sólo la acumulación simultánea, lo cual es obvio, de la petición de nulidad y la de simulación, sino, también, la subsidiaria de ésta con respecto aquélla, por considerar que implícitamente la excluye”. Mas, como ha podido establecerse en los párrafos antecedentes, la acumulación subsidiaria o eventual de pretensiones se caracteriza, justamente, por permitirle al demandante alegar en una misma demanda pedimentos excluyentes, bajo la condición, claro está, que se supedite el examen de unos (los eventuales) a la desestimación de otro u otros (los principales), sin que, como igualmente se ha acotado, hubiese distinguido la ley entre los diversos grados de exclusión o incompatibilidad para efectos de condicionar el ejercicio de dicha potestad, o que la hubiese restringido solamente a la exclusión en torno a la causa para pedir, o exclusivamente referida al “petitum”, pues, es evidente, que a ninguna de esas hipótesis aluden las normas pertinentes, particularmente el reseñado artículo 82 del Código de Procedimiento Civil”.

No puede aducirse, para abogar por la tesis que hoy se relega, que de presentarse la acumulación comentada, podría suceder que el sentenciador definiera, a partir de la existencia real del negocio jurídico respectivo —en este caso la compraventa disputada—, que no hay motivo para declarar su nulidad absoluta, pero que con ocasión del examen de la pretensión subsidiaria de simulación, concluyera que el mismo acto o contrato fuera solamente aparente y que en la realidad nunca se celebró, o lo fue de manera distinta, quedando de cara a una solución contradictoria consistente en que, para efectos de dirimir la nulidad tuviese como verdadero el contrato, pero, para dilucidar la simulación, infiriere su inexistencia, lo que haría tales pedimentos absolutamente incompatibles; no tiene cabida ese argumento, se decía, precisamente porque, como ya quedara establecido, la especie de acumulación en estudio permite la formulación de pretensiones excluyentes, o sea aquellas que son irreconciliables entre sí, en razón de que los supuestos de hecho que las soportan o su “petitum” se niegan mutuamente o no puedan coexistir, como cuando en una se solicita una cosa que apareja una negación y en otra se impetra una tutela que entraña la afirmación de lo anteriormente negado.

Nada impide, en fin, de conformidad con lo dicho, que a la pretensiones e nulidad de un acto o contrato se acumule en forma eventual o subsidiaria la de simulación de ese mismo negocio, interpretación esta que, por lo demás, apuntalada como se encuentra en el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, garantiza con mayor amplitud y eficacia los derechos reconocidos por la ley sustancial a las partes y pone freno a las sentencias inhibitorias con todo el lastre que sobre ellas pesa.

5. Para soportar el fallo inhibitoria proferido, acotó igualmente el tribunal, de manera claramente marginal, que como quiera que en la demanda se dijo que quien actuó como representante de la vendedora carecía de la facultad de representarla, debió ser vinculado al proceso, en acatamiento del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, pues la decisión que se adoptare “puede llegar a afectarlo, particularmente si prospera la demanda, toda vez que podría originarse una responsabilidad personal frente a los efectos del negocio jurídico”.

Empero, el desatino de tal elucidación es patente, toda vez que ni la declaratoria de la nulidad, ni la de la simulación absoluta o relativa, son declaraciones que deban hacerse en frente del sedicente representante legal de la vendedora, pues, en principio, tales pedimentos no lo afectan, desde luego que de él nada se reclama en la demanda. De lo prescrito por el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil se infiere que hay lugar a la conformación del litisconsorcio necesario cuando “la relación jurídica sustancial o material puesta a conocimiento de la jurisdicción, por su naturaleza o por disposición legal determina la participación de varios sujetos en uno de sus dos extremos o en ambos, frente a quienes, además, se ha de decidir de manera uniforme” (Cas., sept. 15/95), nada de lo cual acontece en este asunto, pues los efectos de la nulidad o la simulación del acto jurídico los soportan la demandante, dueña del inmueble y en cuya supuesta representación se hizo la venta, y la demandada, quien adujo ser la compradora del mismo.

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