Sentencia 5227 septiembre 6 de 1999 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DEMANDA DE RECONVENCIÓN

PARTES ACTIVA Y PASIVA

EXTRACTOS: «1. Como ya quedó visto, la esencia del debate radica en el hecho de que en la demanda de reconvención fue incluida como demandada, y como tal participó en el proceso, una persona que carecía de la calidad de demandante inicial.

Esa inclusión fue considerada por el ad quem inadmisible, e irregularidad de tal calado que implicaba el naufragio de las pretensiones de la demanda de reconvención, por faltar con respecto a ella el presupuesto procesal demanda en forma. Razonamiento que condujo al fallo inhibitorio.

2. De donde resultan pertinentes, antes de entrar concretamente en el estudio del cargo, algunas consideraciones generales en torno al tema de la demanda de mutua petición; se conoce, en efecto, que el demandado en un proceso puede asumir, desde una actitud francamente pasiva, desentendiéndose, si cabe, del resultado, pasando por una simple de resistencia y por la más activa de excepcionar, hasta llegar a colocarse en verdadero plan de contraataque, presentando sus propias pretensiones frente al inicial demandante. Y en esta última actividad, consiste precisamente la reconvención, con la cual, como lo dice Chiovenda, citado por la Corte, “el demandado tiende a obtener la actuación a favor propio de una voluntad de la ley en el mismo pleito promovido por el actor, pero independientemente de la desestimación de la demanda del actor. Por tanto —continúa el mismo tratadista— con la reconvención la relación procesal adquiere un contenido nuevo que habría podido formar objeto de una relación separada”. Con la demanda de mutua petición, indicó acto seguido la corporación, “se persigue debilitar o frustrar la acción principal”. (S.C.U.I./12 de diciembre 1940/ G. J. 1966, pág. 942).

Noción que es posible complementar con el concepto de Guasp, para quien la reconvención consiste en “la pretensión procesal interpuesta por el demandado frente al actor. No es una simple forma de oposición ni puede por ello concebirse como un tipo singular de excepción; es una verdadera reclamación de fondo, dirigida al órgano jurisdiccional, cuya característica estriba solamente en que su sujeto activo es el sujeto pasivo de otra pretensión anterior” (se resalta ). (Guasp, Jaime. Derecho Procesal Civil. t. I. pág. 250, 1968). Tema este último de las peculiaridades de la contrademanda sobre el cual Manresa y Navarro, en sus comentarios a la ley de enjuiciamiento civil de España, expone que “la reconvención contra persona diferente de la que demanda no merece el concepto jurídico de mutua petición o nueva demanda concurrente con la tramitada, requisito indispensable para que pueda ser tramitada al propio tiempo con ésta”. (Citado por la Corte, 1º de agosto de 1950, G. J. 2085, pág. 832).

Según puede observarse, entonces, es con alguna reticencia, o con limitantes al menos, como se admite la comentada figura, quizás porque, cual lo expresa Manuel de la Plaza, “la reconvención constituye, en rigor, una demanda independiente, en que por necesidades que acaso hoy no estén totalmente justificadas, se intercala en el proceso primitivo una nueva demanda, que, de estimarse, puede neutralizar los efectos de la primeramente ejercitada, aunque no siempre sea éste su efecto más trascendental. La conveniencia, preferentemente económica, del simultaneus processus no siempre justifica ese injerto que, en realidad, contribuye a desviar, muchas veces por cauces insospechados, el proceso primitivo” (resaltado en el original - Derecho Procesal Civil Español, t. I, pág. 383, 3ª Ed.).

En la legislación colombiana, es el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil el encargado de reglar principalmente la sobredicha figura al disponer, en la parte pertinente, que

“Durante el término de traslado de la demanda, el demandado podrá proponer la de reconvención contra uno o varios de los demandantes, siempre que sea competencia del mismo juez y pueda tramitarse por la vía ordinaria... La reconvención deberá reunir los requisitos de toda demanda y será admisible cuando de formularse en proceso separado procedería la acumulación”.

La simple lectura de la citada norma, enseña quiénes pueden estar situados en los extremos —activo y pasivo— de la demanda de reconvención.

a) En cuanto a la parte pasiva, si estuviere compuesta por un número plural de personas podrá reconvenirse contra todas, o contra una o varias de ellas, pero siempre, ineludiblemente, en el extremo pasivo de la mutua petición ha de encontrarse alguno de aquellos que convocaron a juicio a su posterior contrademandante; no otra cosa puede entenderse del aparte del precepto en que se dispone que “el demandado podrá proponer la [demanda] de reconvención contra uno o varios de los demandantes”. En otras palabras, y para indicar derechamente lo que es útil al despacho del presente cargo, la parte actora no puede resultar suplantada en su totalidad por efectos de la reconvención.

b) Y en cuanto al extremo activo de la reconvención, más evidente aún, si cabe, es la situación; para contrademandar, y esta es una verdad de a puño, se requiere, por necesidad absoluta, haber sido demandado; sobra advertir que, como es natural, cuando la parte demandada inicialmente es plural, todos, varios o uno solo de quienes la conforman pueden utilizar el mecanismo en comento.

3. Muéstrase claro entonces lo relacionado con el aludido aspecto de la reconvención: siempre debe haber, por lo menos, un demandante y un demandado iniciales en los extremos de esa relación jurídico procesal, con la advertencia de que, desde luego, esa identidad que se proclama ha de ser jurídica y no física. Y si se recalca en este tema, es con vista en la demanda de mutua petición cuyo éxito desvela al recurrente, pues a ese respecto menester es pasar a definir quiénes fueron demandantes y a quiénes se señaló como demandados en el sobredicho escrito; y dígase desde ya cómo es en este punto en donde la censura encuentra su tropiezo definitivo e irremediable, puesto que no se trata ya, según se verá enseguida, del simple fenómeno del litisconsorcio necesario, sino de uno de mayor entidad, consistente en saberse si las partes en reconvención son totalmente nuevas.

En efecto: el inicialmente demandado Luis Alberto Velásquez, al reconvenir dijo, escuetamente, actuar “en calidad de hijo legítimo/heredero de la causante Etelvina García de Ríos, en nombre y representación de la comunidad de bienes o sucesión de dicho causante”; y pretendió, con su demanda de mutua petición, no aniquilar un contrato en que él y los iniciales actores hubiesen intervenido, sino uno de compraventa celebrado entre Etelvina García y Roberto Antonio Velásquez, ambos fallecidos, por lo cual la acción la intenta a través de los respectivos herederos, implorando las restituciones correspondientes, no para sí, sino para “la sucesión” de su causante Etelvina García.

Es indudable, pues, que el contrademandante, como tal, no actuó jure proprio, cual acontece cuando los legitimarios “alegando su condición de asignatarios forzosos ejercitan la acción que la ley les concede para integrar su legítima menoscabada por acto del causante”, caso en el cual proceden como un “verdadero tercero respecto del acto impugnado”, sino jure hereditario, ejercitando “la acción que tenía el causante y que, por su muerte, se les transmitió”, “pretendiendo realizar el derecho de su causante como sucesor o representante suyo”, situaciones las apuntadas respecto de las cuales cabe afirmar, en cuanto viene al caso, que la identidad física que pudiese existir entre los herederos que eventualmente llegaren a asumir esas dos diferentes posiciones en el proceso, de ninguna manera significa que haya identidad jurídica entre ellos. (Cas. mayo 9/74; LXV, 617).

A propósito de lo cual, pertinente es memorar que, quien actúa en juicio en calidad de heredero, por activa o por pasiva, no lo hace en nombre propio y ni siquiera a nombre de la sucesión, sino como gestor que es de un patrimonio autónomo; así lo ha expresado esta corporación, por ejemplo, en providencia de 8 de agosto de 1994, cuando, con cita del tratadista Enrico Redenti, destacó cómo “la sucesión no es persona, ni natural ni jurídica, por lo mismo no tiene capacidad para ser parte de un proceso, es decir, que no puede demandar ni ser demandada, ni por lo mismo, tiene representante legal, pero el hecho de que la sucesión no sea persona ni tenga por ende representantes, no significa que no se la pueda demandar, ni demandar para esa comunidad universal. Mediante la teoría del patrimonio autónomo ello es posible, pero siempre a través de los herederos, quienes como gestores, a términos de conocidas enseñanzas de doctrina, asumen el debate judicial para proteger intereses en razón de ese oficio de administradores de un patrimonio autónomo para hacerlos valer, “sin que en tal caso se pueda decir, ni que esté en juicio en nombre propio (ya que no responde personalmente), ni que esté en juicio en nombre de otro (ya que no hay tras él un sujeto de quien sea representante). Surge mas bien de ahí un tertium genus, que es el de estar en juicio en razón de un cargo asumido y en calidad particular de tal”.

De esta suerte, resulta ya claro cómo en el caso en estudio, no hay identidad jurídica entre quien figuró inicialmente en el proceso como demandado, y la misma persona física que, sin ejercer ninguna acción propia, actuando en su carácter de heredero y pidiendo para una “comunidad de bienes o sucesión” a la que dice representar, formula demanda de mutua petición; y, se reitera, es precisamente la identidad jurídica entre el demandado y el demandante en reconvención la requerida por la norma reguladora de esta figura para que la misma resulte viable.

Por si fuera poco, la reconvención se dirigió contra los cinco iniciales actores, mas, como en ella se lee, “en su calidad de herederos del causante Roberto Antonio Velásquez, adjudicados (sic) en común y proindiviso con el derecho de cuota acá litigioso”; y, por otra parte, el contrademandante, para decirlo en palabras del censor, “presentó “adición de la demanda de reconvención” con inclusión de la señora Emma Gómez de Velásquez como cointegrante de la parte demandada, en su calidad de cónyuge supérstite del de cujus Roberto Antonio Velásquez y concurrente a la liquidación notarial de la herencia de dicho causante”.

Sentado lo anterior, ya es factible recopilar la situación:

a) La demanda reivindicatoria inicial fue promovida por María Sonia, Augusto, José Lubier, Wilmar, Emma Shirley y Martha Elisa Velásquez Gómez, actuando en nombre propio y quienes alegaban su carácter de propietarios del inmueble materia de la acción restitutoria. Y el allí demandado fue Luis Alberto Velásquez García, también en su propio nombre, señalado como poseedor del bien en litigio;

b) La demanda de mutua petición, en cambio, la formula Luis Alberto Velásquez, pero, según se ha venido puntualizando reiteradamente, en la calidad de heredero que ostenta, diciendo proceder “en nombre y representación de la sucesión” de Etelvina García, para la cual pide; de donde, la contrademanda la presenta, por así decirlo, el inicialmente demandado, mas como gestor de ese patrimonio relativa y transitoriamente autónomo que es la sucesión, y

c) Por último, todo apunta a indicar, según se dejó visto, que los actores iniciales conforman la relación reconvencional, pero llamados como herederos de Roberto Antonio Velásquez, cuya cónyuge supérstite, que no hace parte de los demandantes originales, fue convocada en la calidad de tal, so pretexto de integrar con aquellos el litis consorcio.

Y exactamente así, entre personas respecto de las cuales se invocó la calidad de herederos, quedó planteada la demanda de reconvención.

Para decirlo entonces en una palabra, y a guisa de conclusión, la demanda de mutua petición, en lugar de haber sido formulada por el demandado, lo fue —para utilizar ese imperativo del lenguaje— por una sucesión ilíquida y para ella; y por si fuera poco, los primigenios actores resultaron contrademandados pero en su carácter de herederos. Fue utilizado pues el marco de la reconvención para introducir en el litigio partes absolutamente ajenas a las originales, encajando sin razón un proceso en otro. Situación en verdad extravagante, que da al traste con la aptitud de la demanda.

Surge así con plena evidencia que, independientemente de que en la demanda de reconvención se hubiese incluido como demandada a una persona inicialmente ajena al litigio con el propósito de integrar litisconsorcio, la misma resulta inepta porque la relación reconventora se trabó entre quienes no eran parte en el proceso. Y acontece, cual lo expresara la Corte, que

“el lazo jurídico procesal establecido por la comunicación de la demanda principal se mantiene íntegro y autónomo a pesar de la reconvención, porque ésta da lugar a un pleito conjunto pero independiente sin que sea lícito a las partes utilizarla para cambiar su posición transformándose a voluntad suya, o transformando a sus litisconsortes, en demandantes o demandados sino mediante el establecimiento de otra relación procesal paralela en que los litigantes demandados reaccionan conservando sus calidades iniciales y en virtud precisamente de ellas; si así no fuera y si a más de las relaciones procesales surgida por la demanda principal y por la contrademanda pudieran establecerse otras entre cada uno de los litis consortes activos y pasivos, tal proceso civil de progresivo y ordenado desarrollo de una controversia, degeneraría en una desconcertante acumulación de acciones unidas por medios imprevistos en la ley, o cuya solución se haría casi imposible en la sentencia” —se resalta— (Cas. abr. 14/47. G. J. 2046, pág. 128).

Es incontrovertible la falta del presupuesto procesal demanda en forma. Y como todos los cargos conducen a exigir sentencia de mérito sobre la base de que la demanda no es inepta, no hay para qué decir que devienen inanes».

(Sentencia de casación, septiembre 6 de 1999. Expediente 5227. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Ardila Velásquez).

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