Sentencia 5229 de septiembre 24 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

ACCIDENTE DE TRABAJO

CULPA DEL EMPLEADOR

EXTRACTOS: «El cargo viene dirigido por la vía indirecta y acusa la sentencia de segunda instancia de haber incurrido en errores manifiestos de hecho, al haber interpretado erróneamente el documento de folio 120.

Sobre la documental mencionada dijo el Tribunal:

“El aludido acto jurídico, que no puede ser desconocido por la jurisdicción por cuanto en la demanda no se solicitó expresamente su nulidad, tiene validez plena. Con él se demuestra que el demandante transigió toda indemnización que pudiera surgir a consecuencia de la terminación voluntaria de la relación laboral, recibiendo como contraprestación una bonificación de $199.222, cuyo pago efectivo no es materia de discusión en el informativo. Por otra parte, el convenio no violó derechos ciertos e indiscutibles del actor; pues en ese entonces no existía cuando menos un dictamen médico en firme que calificara la merma de capacidad laboral, y tampoco acto o documento proveniente del empleador en donde se aceptara como cierto que el accidente de trabajo se produjo por culpa suya, por lo que en lo relativo a la indemnización plena al petente sólo lo asistía una mera expectativa” (folio 170 cuaderno principal).

El convenio de terminación del contrato por mutuo acuerdo de folio 120, es del siguiente tenor:

“ ... 2. Dado que han surgido causales de fuerza mayor, que han hecho desaparecer el objeto y la causa que le dieron origen al contrato de trabajo, las partes han convenido de común acuerdo y en forma bilateral y voluntaria, dar por terminado el contrato de trabajo a partir de la fecha.

3. La empresa en forma voluntaria y gratuita reconoce al trabajador, además de las prestaciones sociales causadas, el pago de una suma única de dinero como bonificación por los servicios prestados, imputables a todo derecho incierto y discutible, nacido del contrato de trabajo o por cualquier indemnización que pueda nacer como causa de terminación del mismo. La suma acordada es por valor de $ 199.222 que se pagan en forma independiente de las prestaciones sociales legales ...”.

El impugnador anotó en torno al acuerdo en mención:

“En parte alguna del aludido contrato transaccional, si es que realmente se le puede tipificar como tal, se habla de que se transija la posible indemnización material y moral de perjuicios, surgidas del accidente laboral, pues era necesario determinar el objeto de la transacción, ya que todo contrato supone como uno de sus elementos básicos, la existencia de un objeto posible, lícito y determinado, que no se precisó en el documento que el H. Tribunal Superior de Medellín apreció indebidamente” (folio 12 cuaderno de la Corte, subrayas no del texto).

A consecuencia de lo anterior, aduce el censor que el Tribunal incurrió en el error evidente de hecho de dar por demostrado que entre el extrabajador y la demandada, se había celebrado un contrato de transacción sobre la eventual indemnización derivada del accidente de trabajo sufrido por el demandante (folios 11 y 12 C. Nº 2).

Cuestiona el impugnante el documento citado, pues en su juicio él no contiene una transacción, toda vez que el objeto de ella no aparece determinado, siendo éste uno de sus elementos básicos.

El artículo 15 del ordenamiento sustantivo laboral dispone que “es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles”. Igualmente, se halla regulada esta figura jurídica por el artículo 2469 del Código Civil, la que supone que la misma es viable cuando versa sobre hechos inciertos y discutibles del trabajador; a contrario sensu (cuando se trata de hechos ciertos e indiscutibles) no se configura ella, por cuanto implicaría una renuncia que se encuentra prohibida por la ley.

Es así como la doctrina foránea ha expresado que “la existencia de las concesiones recíprocas es el elemento que separa la transacción de las simples renuncias así como del allanamiento y del desistimiento, que son actos en que el sacrificio solamente pesa sobre una de las partes”.

Si se mira el documento cuestionado como contentivo de una transacción, de acuerdo al análisis que de él realizó el sentenciador de segundo grado, su objeto no puede ser otro distinto que el de transigir los derechos relacionados con la terminación del contrato de trabajo; pues en lo tocante a la “bonificación por los servicios prestados, imputables a todo derecho incierto y discutible, nacido del contrato de trabajo...” se desconoce cuáles son esos posibles derechos inciertos y discutibles. Entonces, ampliar el alcance u objetivo del “convenio de terminación de contrato por mutuo acuerdo”, implicaría por consiguiente incurrir en error manifiesto de hecho por hacerle decir a los celebrantes de la transacción algo que ellos no expresaron.

Más aún, si al texto del folio 120, en gracia de discusión se le da el carácter de transacción, con más veras aparecería lo ostensible del error, por cuanto ella —la transacción— no tendría un objeto ni actual ni eventual. Por sabido se tiene que dicha figura jurídica en materia laboral, sólo es válida cuando tiene un objeto lícito y determinado. Cuando el objeto de la transacción no es determinado como en el presente, no puede el juzgador ejercer control sobre la validez o no de ella, según lo preceptúa el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo.

No obstante las inferencias de la Sala con relación al convenio insinuado, ha de observarse que el mismo no es estrictamente un contrato de transacción, por cuanto en él no aparece el ánimo de terminar extrajudicialmente un litigio pendiente o precaver uno eventual, ni tampoco existe base alguna para deducir que hubo renuncia de derechos de parte y parte. Se trata más bien de un simple recibo por $ 199.222 en calidad de bonificación por los servicios prestados. Entonces, infiere la Corte que ese acuerdo sólo acredita que percibió el demandante tal cantidad, y darle al mismo mayor extensión implica un error de valoración, que en el caso sub examine es ostensible por cuanto comportaría una típica suposición de prueba al hacerle decir al documento de folio 120 algo que literalmente él no expresa.

No se discute en el presente asunto que Quintero Palacio laboró al servicio del Grupo Obras Civiles Metromed desde el primero de octubre de 1986 hasta el catorce de noviembre de 1989 y devengaba un salario mensual de $ 45.550 (ver documentos de folios 118 y 119).

Pretende el cargo se condene a la parte demandada al pago total de los perjuicios materiales y morales, derivados del accidente de trabajo sufrido por Héctor Quintero Palacio.

El artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo define el accidente de trabajo como “todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo ...y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima”.

A su vez, el artículo 216 del mismo ordenamiento expresa: “cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo ...está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”.

Del informe de salud ocupacional del Instituto de Seguros Sociales sobre el accidente sufrido por el demandante el 13 de enero de 1989, mientras laboraba para la entidad demandada, se da cuenta que éste perdió los dedos 2, 3, 4 y 5 de la mano derecha, en la proporción que detalla el médico laboral en el concepto de folio 44, de la siguiente manera:

“Al examen de la mano derecha presenta:

1. Dedo índice: pérdida anatómica de la última falange y el 50% de la falange media.

2. Dedo medio: pérdida anatómica de las 2 últimas falanges.

3. Dedo anular: pérdida anatómica de las dos últimas falanges.

4. Dedo meñique: pérdida anatómica de las dos últimas falanges ...”.

El informe del I.S.S., que el impugnante señala como no apreciado por el ad quem, es concreto y preciso al invocar las causas del accidente al efecto señala:

“Causas: Condición ambiental peligrosa. Creada por falla en el sistema eléctrico de los frenos del equipo lanza vigas.

Acto inseguro: Del trabajador al acercar las manos a los mecanismos móviles del freno” (folios 5 y 6 del C. Nº 1).

La Corte con base en el informe antes enunciado, infiere sin dubitación alguna que la causa primordial del insuceso no fue otra que la falla en el sistema eléctrico de los frenos del equipo lanza vigas, toda vez que el ex-asalariado “inspeccionaba el desplazamiento del lanza vigas para otro dintel y al retirar el pin del freno que se desplazaba por la guía de anclaje éste se atoró tensionando los cables del mismo, motivo por el cual fue cogido entre el freno y la estructura del equipo amputándole los dedos 2, 3, 4 y 5 de la mano derecha” .

El acto inseguro del demandante, al “acercar las manos a los mecanismos móviles del freno”, fue una circunstancia agravante del hecho, pero de todas formas es circunstancia secundaria, ya que el mismo no se hubiera presentado si no hubiese fallado el sistema eléctrico de los frenos del equipo lanza vigas.

Esta misma sección de la Sala, en sentencia del 9 de febrero de 1984, radicación 9952, expresó en asunto similar:

“No cabe duda a la Sala, según este dictamen que sirvió de base a la decisión acusada, que la verdadera causa determinante o eficiente del accidente fue la condición inadecuada del andamio, que produjo o dio origen a la caída del trabajador. El acto inseguro de éste, al no haberse sujetado a la cuerda de seguridad, fue un factor agravante, es cierto, pero de naturaleza ocasional, como simple causa segunda de la muerte del trabajador, dependiente de la causa principal, que fue evidentemente la falla del andamio, imputable a su condición peligrosa (equipo y protección) y por tanto a la empresa. Si el andamio no falla no se hubiera presentado el accidente, y entonces sería indiferente que el trabajador hubiera estado sujeto o no a la cuerda de seguridad.

El acto inseguro del trabajadorpara decirlo en otros términosno causó o generó el accidente, y tan solo puede afirmarse que agravó sus consecuencias. Pero en ningún caso puede aceptarse que hubiera implicado provocación deliberada o culpa grave de la víctima (artículo 199). De otra parte queda suficientemente demostrada la culpa del patrono en la ocurrencia del accidente, respecto a lo cual conviene anotar que bastaría una culpa leve para comprometer su responsabilidad por los perjuicios ocurridos (artículo 216) (...).

El llamado “acto inseguro” del trabajador de cujus y de sus compañeros, al no sujetarse a la cuerda de seguridad, resulta entonces un caso típico de la llamada imprudencia profesional, por la doctrina laboral y más concretamente por la medicina industrial. Es la familiaridad excesiva y temeraria con los riesgos propios del oficio, común entre los operarios experimentados y que viene a ser característica propia de su desempeño, de acuerdo con la experiencia y la observación. Y que por lo mismo que es normal y consustancial al oficio, no exime de responsabilidad al patrono, pese a ser un factor humano de gran incidencia en los infortunios del trabajo.

A este respecto, ha dicho la Sala:

“La doctrina laboral distingue entre la imprudencia extraprofesional, que es la extraña a la actividad propia del trabajador y la imprudencia profesional, que consiste en la confianza del operario que llega a habituarse con el peligro de la cotidiana tarea, olvidando elementales precauciones y que es una de las grandes fuentes generadoras de accidentes. La primera exime de pago de indemnización, mas no así la segunda” (sentencia del 26 de enero de 1954).

Y es que en realidad el operario en trabajos peligrosos requiere cierta intrepidez y arrojo, y confianza en sí mismo, para que su trabajo sea eficiente. El temor y la inseguridad, en circunstancias de suyo peligrosas, entorpecería la labor, con evidente perjuicio para la empresa. Y el trabajador, en esas circunstancias riesgosas, se ve obligado a superar el natural temor, so pena de que se afecte su sentimiento de propia valía, su seguridad en sí mismo, y su prestigio ante sus compañeros.

Es así que cabe considerar, en el presente caso, que no resulta razonable ni justo pretender que Fabio . . .. tuviese que haber sido el único, entre los trabajadores que estaban en el andamio, en estar amarrándose y soltándose de la cuerda de seguridad. No podría sancionarse a la viuda y a los hijos del extinto, porque éste haya demostrado más valor y osadía, que prudencia, al igual que sus compañeros de labor, cuando ocurrió el accidente. Resulta muy ilustrativo observar, que, según el informe del ISS sobre el accidente, recibe el nombre de “quitamiedo” la barrera de protección del andamio colgante, y que según el experto era esa demasiado baja en el presente caso (folios 92 y 93).

Los principios jurídicos arriba expuestos, que surgen nítidos en el campo del derecho laboral, encuentran apoyo inequívoco en el moderno derecho civil que en materia de “neutralización de actividades peligrosas” o “neutralización de culpas”, no acepta que la responsabilidad desaparezca por la compensación de las faltas cometidas por las partes. Menos aún en casos como el presente, en que no hubo acto deliberado y ni aun voluntario de la víctima, ni culpa grave de su parte -conforme se ha visto- de suerte que no tiene aplicación la fórmula clásica (volenti non fit iniuria)...”.

Despréndese de los medios instructorios reseñados que la empresa demandada utilizaba en sus labores la máquina que ocasionó el cercenamiento de cuatro dedos de la mano derecha del demandante, no obstante exhibir ella fallas en su funcionamiento, o sea que las condiciones en que venía prestando el servicio tal aparato, no eran las óptimas, por presentar la misma, desde antes del accidente, fallas en el sistema eléctrico de los frenos del equipo lanza vigas, creándose la condición ambiental peligrosa, según lo concluyó la investigación realizada por la división de salud ocupacional del Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquia.

Además, los declarantes recepcionados son enfáticos en afirmar que la empresa tenía conocimiento, incluso antes de producirse el insuceso en cuestión, de que el artefacto ocasionante del mismo venía presentando fallas en su funcionamiento, con lo cual se acredita la culpa de la empresa en la ocurrencia del hecho, estructurándose la indemnización ordinaria y total de perjuicios prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, por haber faltado aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes.

Un elemental sentido de prudencia ha debido observar la empresa, al poner en funcionamiento un aparato sin cerciorarse fehacientemente de que el mismo se encontrara mecánicamente en condiciones aptas para ser utilizado. Además, no exonera de responsabilidad a la empresa el hecho de haber suministrado a sus operarios guantes y haberles dado instrucción de seguridad cuando era conocedora de que el equipo que ocasionó el accidente no se hallaba en perfectas condiciones, poniéndose en grave riesgo a las personas que lo accionaban o laboraban cerca de él, incumpliendo la empleadora el deber de observar las reglas preventivas establecidas para el ejercicio lo menos inseguro posible de actividades de suyo peligrosas, lo que genera culpa, la que en los términos del artículo 216 citado, comporta para aquella la obligación de resarcir plenamente los perjuicios que se ocasionen en el desarrollo de esas actividades.

Reitera la Corte en esta oportunidad, que la acción contra las contingencias del trabajo debe dirigirse más a h prevención del mismo, que a la reparación del daño causado. Por ello una correcta previsión de los accidentes de trabajo es de suma utilidad, pues una plena aplicación de las debidas medidas de seguridad, de unos elementos de trabajo en las mejores condiciones para ser utilizados, disminuyen los riesgos, lo que representa evitar pérdida de vidas humanas o daños irreparables en el organismo, así como de índole económica, ayudándose a preservar un bienestar social de todo orden.

Esta misma sección de la Sala, dijo en sentencia del 30 de noviembre de 1990, radicación Nº 3985:

“Una buena prevención de los accidentes de trabajo puede compendiarse en un conjunto de normas legales y profilácticas, ya sean de carácter general para varias entidades o de índole especial para determinadas actividades, que como la de instalar y mantener redes eléctricas, tienen riesgos especiales. O sea que es necesario que se tenga un conocimiento del medio en el cual se presta el servicio, ya que en muchas oportunidades el accidente acaece por riesgos que pueden individualizarse y otras veces desconocidos. Al mismo tiempo es deber de las empresas, investigar las causas sobre accidentes anteriores y de las circunstancias en que éstos han ocurrido. Se desprende de lo dicho que con un conocimiento de todos esos antecedentes y de las formas como se presta el servicio será factible eliminar o al menos atenuar los riesgos que aquella engendra”.

Casado el fallo, procedería, como es lógico proferir el pertinente de instancia. No obstante ello, aprecia la Sala que previamente es necesario que se practique un dictamen pericial, con el fin de establecer, en concreto, la cuantía del perjuicio material sufrido por el demandante.

Por consiguiente, la Sala haciendo uso del artículo 61 del Decreto 528 de 1964, y para mejor proveer, decretará la práctica de aquella prueba. A cuyo efecto se comisionará al señor Juez Once Laboral del Circuito de Medellín a fin de que designe el auxiliar de la justicia que deberá dictaminar sobre la cuantía de la indemnización plena de perjuicio prevista por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

En firme el dictamen correspondiente, volverán los autos a la Sala para proferir el fallo de instancia».

(Sentencia de casación, septiembre 24 de 1992. Radicación 5229. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

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