SENTENCIA 5230 DE ABRIL 29 DE 1994

 

Sentencia 5230 de abril 29 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

REQUERIMIENTO ESPECIAL

AMPLIACION

EXTRACTOS: «El artículo 45 del Decreto 2503 de 1987 (arts. 703 y 704 del E.T.), dispone:

El requerimiento especial como requisito previo a la liquidación. Antes de efectuar la liquidación de revisión, la administración enviará al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de las razones en que se sustenta” (subraya la Sala).

El requerimiento deberá contener la cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones que se pretende adicionar a la liquidación privada”.

El artículo 50 del mismo decreto (art. 708 E.T.), es del siguiente tenor:

Ampliación al requerimiento especial. El funcionario que conozca de la respuesta al requerimiento especial podrá, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responderlo, ordenar su ampliación, por una sola vez, y decretar las pruebas que estime necesarias. La ampliación podrá incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento inicial, así como proponer una nueva determinación oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones. El plazo para la respuesta a la ampliación, no podrá ser inferior a tres (3) meses ni superior a seis (6) meses” (subraya la Sala).

El propósito del requerimiento especial en la forma como fue introducido en el procedimiento gubernativo por el artículo 42 de la Ley 52 de 1977, y su ampliación, consagrada en el artículo 74 de la Ley 9ª de 1983, antecesoras de las normas transcritas, tiene por objeto preservar y garantizar el derecho de defensa, con el sentido de que “debiendo contener todos los puntos que se propone modificar la administración”, constituye la oportunidad para evitar sorpresas a los contribuyentes, en cuanto las liquidaciones de revisión modifiquen las declaraciones privadas; así como adelantar un previo debate y proceso de contradicción anterior a la determinación oficial del tributo, para evitar en lo posible las reclamaciones.

El artículo 708 del estatuto tributario, transcrito, faculta la ampliación del requerimiento especial y dispone que:

“La ampliación al requerimiento podrá incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento inicial, así como proponer una nueva determinación oficial de los impuestos...”.

Observa la Sala cómo en el artículo 50 del Decreto 2503 de 1987, se extendió la facultad de ampliación traída al procedimiento por el artículo 74 de la Ley 9ª de 1983 que era sólo para “ampliación” y para ordenar pruebas necesarias.

En cambio, dentro de las características sobresalientes del sistema consagrado en el Decreto 2503 de 1987 se destaca que puede incluir nuevos hechos y conceptos, es decir, no contemplados en el requerimiento inicial; así mismo, la ampliación puede proponer una nueva determinación oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones; también el funcionario puede decretar las pruebas que estime necesarias, que pueden ser diferentes o complementarias de las solicitadas en el requerimiento inicial; pero también amplió el plazo para la respuesta que sin ser inferior a tres meses, puede ser hasta por seis meses.

De ello se desprende que la ampliación al requerimiento especial tiene características especiales, pues la disposición prevé que se haga por una sola vez; permite que contenga hechos nuevos, esto es, no contemplados en el requerimiento inicial, conceptos nuevos, que no fueron incluidos en el inicial, se pueden solicitar pruebas nuevas, no requeridas antes y se autoriza incluir una nueva liquidación de los impuestos, anticipos, etc.

Significa lo anterior que la norma reformatoria de 1987 contempló la posibilidad de que el requerimiento inicial fuera incompleto, que no contuviera todos los puntos que la Administración se proponía modificar, que en el inicial se hubiere omitido la petición de algunas pruebas. Si contiene la ampliación nuevos puntos, hechos y conceptos, así como nuevas liquidaciones, se debe reconocer que el legislador previó, como antes se dijo, que el requerimiento inicial fue incompleto o deficiente, y por tanto se hace necesaria su modificación, complementación o sustitución con la ampliación del mismo.

De otra parte, el requerimiento especial y su ampliación forman en conjunto la motivación en que se fundamenta la liquidación de revisión.

Y es en la respuesta al requerimiento o a su ampliación, en donde el contribuyente tiene la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, mediante la formulación de sus objeciones, la solicitud de pruebas, subsanar omisiones que permita la ley, solicitar a la administración se alleguen al proceso documentos que reposan en esas oficinas, pedir la práctica de inspecciones tributarias, etc., todo de conformidad con el artículo 46 del Decreto 2503 de 1987, inclusive la de obtener una disminución a la sanción por inexactitud si acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento (D. 2503, art. 48).

Así mismo estima la Sala que en el procedimiento administrativo tributario, la ley señala en el artículo 730 del E.T. (Ley 52/77, art. 57), las causales de nulidad y las contrae en forma expresa a los actos con los cuales culmina la actuación gubernativa y que conforman la decisión administrativa, que en esta materia se concretan en las liquidaciones oficiales o en las resoluciones que fallan los recursos contra ellas. Lo que quiere decir, que deja por fuera de este régimen especial de nulidades, los actos preparatorios, como el requerimiento especial y su ampliación.

Es pertinente anotar, sin embargo, que algunas irregularidades del requerimiento especial, han sido ligadas a la causal de nulidad contenida en el numeral 2º del E.T. “cuando se omita el requerimiento especial, o se omita el término para la respuesta”, que en el asunto que se examina y como quedó expuesto, no tienen cabida, motivo por el cual es inadmisible el cargo de nulidad propuesto».

(Sentencia de abril 29 de 1994. Expediente 5230. Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate).

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