Sentencia 5247 de marzo 9 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

PERJUICIOS MORALES

EN LA INDEMNIZACIÓN PLENA POR ACCIDENTE DE TRABAJO

EXTRACTOS: «Dice el Tribunal:

“Es evidente, y esto no necesita mayor demostración, que la pérdida de un hijo produce tal vez la más grande aflicción que pueda padecer un ser humano. Esta aflicción es incomensurable, no se repara con ninguna suma de dinero. Sin embargo, ha dispuesto la ley que se satisfaga de alguna forma el dolor causado. Como no existe ninguna norma laboral o civil que indique en qué forma se tasan los perjuicios subjetivos o “pretium doloris’’, es necesario acudir al arbitrio judicial, el cual debe estar regido por los principios de equidad y prudencia. Encuentra la Sala que el criterio del juez de primer grado quien impuso la condena en la forma contemplada por el Código Penal, tiene valor y es perfectamente aceptable. Ahora bien, el “pretium doloris” depende del vínculo que tienen los reclamantes con la víctima. Es claro que entre más estrecho sea el vínculo o parentesco, es mayor el dolor causado. Por esta razón estima la Sala que la condena impuesta por el juez de primer grado, que es la máxima contemplada en el Código Penal, es acertada’’.

Sobre el particular esta Sala de la Corte en sentencia del 8 de abril de 1987 (G. J., Tomo CXC, número 2429, pág. 25), dijo lo siguiente:

“Se discute en el cargo la aplicación por parte del Tribunal del artículo 106 del Código Penal que regula la forma de tasar la indemnización por daño moral no valorable pecuniariamente, a falta de norma aplicable en materia laboral que prevea situación semejante.

De la lectura del texto de la citada disposición resulta claro que ella se refiere al daño moral ocasionado por hecho punible. Y como no puede decirse que la culpa atribuible al patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo, generadora de perjuicios tanto materiales como morales, revista la característica de hecho punible, ello significa que no puede ser aplicada como norma supletoria para el efecto de evaluar los perjuicios morales sufridos por el trabajador como consecuencia de un siniestro laboral, por lo cual debe concluirse, como ya lo ha expresado la Corte en fallos posteriores a la vigencia del nuevo Código Penal (Decreto 100/80), entre otros, en casación de agosto 4 de 1981 y casación de octubre 31 de 1986, que no es aplicable al presente caso el mencionado artículo 106 del Código Penal, por referirse éste a indemnizaciones que tienen origen en la violación de la ley penal’’.

Visto lo cual se produce el quebranto directo del aludido precepto 106 en relación con los artículos 19, 199 y 216 del C. S. del T., y, en consecuencia se casa parcialmente el fallo recurrido en cuanto condenó a la demandada al pago de 1.000 gramos oro para cada uno de los demandantes por perjuicios morales y en sede de instancia la Corte hace las siguientes reflexiones:

Respecto a la cuantificación de los perjuicios morales subjetivos, viene al caso transcribir la jurisprudencia dominante sobre el punto y al criterio que debe seguirse sobre la evaluación del daño moral. Así la Sala de Casación Civil de la corporación ha consignado esta enseñanza:

“En relación con la prueba, se ha de anotar que es, quiza, el tema en el que mayor confusión se advierte, como que suele entreverarse con la legitimación cuando se mira respecto de los parientes cercanos de la víctima desaparecida, para decir que ellos, por el hecho de ser tales, están exonerados de demostrarlos. Hay allí un gran equívoco que, justamente, proviene del significado o alcance que se le debe dar al término presunción. Ya un poco atrás se anotó que, conforme viene planteado el cargo, este vocablo se toma acá como un eximente de prueba, es decir, como si se estuviera en frente de una presunción iuris tantum.

Sin embargo, no es tal la manera como la cuestión debe ser contemplada ya que allí no existe una presunción establecida por la ley. Es cierto que en determinadas hipótesis, por demás excepcionales, la ley presume —o permite que se presuma— la existencia de perjuicios. Mas no es tal cosa lo que sucede en el supuesto de los perjuicios morales subjetivos.

Entonces, cuando la jurisprudencia de la Corte ha hablado de presunción ha querido decir que ésta es judicial o de hombre. O sea, que la prueba dimana del razonamiento o inferencia que el juez lleva a cabo. Las bases de este razonamiento o inferencia no son desconocidas, ocultas o arbitrarias. Por el contrario, se trata de una deducción cuya fuerza demostrativa entronca con clarísimas reglas o máximas de la experiencia de carácter antropológico y sociológico, reglas que permiten dar por sentado el afecto que los seres humanos, cualquiera sea su raza y condición social, experimentan por sus padres, hijos, hermanos o cónyuge.

Sin embargo, para salirle al paso a un eventual desbordamiento o distorsión que en el punto pueda aflorar, conviene añadir que esas reglas o máximas de la experiencia —como todo lo que tiene que ver con la conducta humana— no son de carácter absoluto. De ahí que sería necio negar que hay casos en los que el cariño o el amor no existe entre los miembros de una familia; o no surge con la misma intensidad que en otra, o con respecto a alguno o algunos de los integrantes del núcleo. Mas cuando esto suceda, la prueba que tienda a establecerlo, o por lo menos, a cuestionar las bases factibles sobre las que el sentimiento al que se alude suele desarrollarse —y, por consiguiente a desvirtuar la inferencia que de otra manera llevaría a cabo el juez—, no sería difícil, y si de hecho se incorpora al proceso, el juez, en su discreta soberanía, la evaluará y decidirá si en el caso particular sigue teniendo cabida la presunción, o si por el contrario, ésta ha quedado desvanecida.

De todo lo anterior se sigue, en conclusión, que no obstante que sean tales, los perjuicios morales subjetivos están sujetos a prueba, prueba que, cuando la indemnización es reclamada por los parientes cercanos del muerto, las más de las veces, puede residir en una presunción judicial’’. (Leonel Orozco González y otros vs. Surtiventas S. A., sentencia de 28 de febrero de 1990, Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo).

Este derrotero es de recibo más aun en el derecho del trabajo gobernado por los principios que informan equidad y dentro de un ‘’espíritu de coordinación económica y equilibrio social’’.

En este orden de ideas, en el asunto bajo examen encuentra la Corte que lo único probado en el proceso es la calidad de padres legítimos de los demandantes con relación al extrabajador de la demandada fallecido (fls. 13 a 16), hecho del cual se desprende sin duda alguna que la muerte de su hijo debió ocasionarles un sufrimiento moral que debe ser reparado, sin que de otro lado exista demostración de que viviera bajo el mismo techo con sus progenitores y tuviera con ellos una relación mucho más estrecha y afectiva que la derivada de los lazos naturales que se originan en el parentesco de consanguinidad.

Por tanto, de acuerdo con los precedentes planteamientos estima la Sala prudente, con base en las probanzas aportadas al proceso, fijar dentro de su arbitrio judicial los perjuicios morales a los demandantes en la suma de $ 3.000.000 m/cte para cada uno, cuantificación a la que se llega teniendo en cuenta también el fenómeno económico del continuo envilecimiento de la moneda colombiana, ya que esta Sala en sentencia del 21 de mayo de 1992, Radicación Nº 4680, en asunto similar fulminó condena por perjuicios morales en la suma de $2.000.000 m/cte. para un ascendiente ».

(Sentencia de marzo 9 de 1993. Radicación 5247. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera).

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